Sentencia 2013-00303/10844-25 de septiembre 2 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 50011102000201300303 01 (10844-25)

Acta de Sala 74

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Bogotá D.C., dos de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112–4, parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996 y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas homólogas de los Consejos Seccionales, cuando fueren desfavorables a los procesados y éstas no hayan sido apeladas.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

Se trata del disciplinable MARCO ATEHORTÚA DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 6.815.500 y tarjeta profesional 53.998, según certificado obrante a folio 17 del c.o. de 1ª instancia.

3. De las Faltas endilgadas.

La conducta, por la cual fue sancionado en primera instancia el jurista MARCO ATEHORTÚA DÍAZ, se encuentra contenida en los numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas

(…)”

4. De los requisitos para sancionar.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 “Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados”.

Se debe resaltar, que para proferir fallo sancionatorio se requiere de existencia de prueba que conduzca a la certeza de la tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

5. Del caso en concreto.

La presente actuación disciplinaria se originó en la queja presentada por el señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OCAMPO, solicitando se investigara la conducta del abogado MARCO ATEHORTÚA DÍAZ, quien en el proceso de sucesión 2007-0192 de la señora JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (q.e.p.d.); solicitó el 6 diciembre de 2010 la suma de $500.000 para adelantar la sucesión de la causante OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.) ante Notaria, ya que ésta había fallecido durante el trámite del precitado litigio, cuando tal situación no era necesaria porque el Despacho de Conocimiento la había incluido en la sentencia del 10 noviembre de 2010, en la cual aprobó el trabajo de repartición y adjudicación de los bienes relictos de la señora Juana Rodríguez Ocampo (Q.E.P.D.).

Adelantada la actuación en sede de instancia, la misma culminó con la sentencia proferida el 29 de abril de 2015, en la cual se encontró responsable al togado encartado, de incurrir en la falta prevista en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por exigir dineros para gastos irreales.

5.1. De la tipicidad.

En cuanto a la materialidad de los hechos investigados, se tiene como probado que al doctor MARCO ATEHORTÚA DÍAZ, le fue sustituido el 27 de julio de 2009 el poder por la doctora ANA FABIOLA BERRIO dentro del proceso 2007-0192, siéndole reconocida personería jurídica al jurista encartado mediante auto del 31 de julio de 2009 (fls. 71 72 c. o 1ª instancia), posteriormente, el litigante presentó la repartición y adjudicación de los bienes relictos de la causante JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.), en la cual incluyó a la señera OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.), por cuanto está aún no había fallecido (fls. 81 - 84 - 105 c. o 1ª instancia).

También observa esta Sala que el disciplinado mediante memorial aportó al el certificado de defunción de la causante OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.) al proceso 2007-0192 (fls. 92 c. o 1ª instancia), registrando ésta como herederos a sus hermanos, por tanto, el Juzgado de Conocimiento a través de auto del 27 de agosto de 2010, requirió al togado elaborar otra vez el trabajo de repartición de los bienes relictos de causante JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.), pero excluyendo a la señora OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.), pues, esta había fallecido el 22 de marzo de 2010, por tanto, no era procedente incluirla en la repartición tramitada al interior del proceso 2007-0192 (fl. 92 c. o 1ª instancia).

Seguidamente, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bello, con auto del 24 de septiembre de 2010, ordenó tener en cuenta al momento de la adjudicación de los bienes a la señora OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.), por cuanto ésta ya había sido reconocida en el proceso de la causante JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.) (fls. 97 c. o 1ª instancia), en consecuencia, el Despacho de Conocimiento, aprobó mediante sentencia del 10 noviembre de 2010 la repartición de la herencia de la causante JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.) (fls. 120 - 121 c. o 1ª instancia).

De otro lado, evidencia esta Colegiatura que a folio 3 del cuaderno de primera instancia, el recibo fechado 6 de diciembre de 2010, firmado por el litigante, por la suma de $500.000 para realizar el trámite de sucesión de la señora OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO (Q.E.P.D.) ante Notaría; según el quejoso para incorporarlo al proceso 2007-0192, cuando no era necesario, por cuanto la señora OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO (q.e.p.d.) ya había sido incluida en la repartición de los bienes relictos de la sucesión de causante JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (q.e.p.d.) en la sentencia del 10 de noviembre de 2010, tornándose el trámite Notarial inocuo.

En este orden de ideas, considera esta Sala, conforme al material probatorio obrante en el expediente, ciertamente el jurista exigió gastos irreales, aduciendo pagos para trámites notariales de la causante OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO (q.e.p.d.), cuando los mismos no eran necesarios, por cuanto, el Despacho de Conocimiento ya había ordenado incluirla en la repartición de la sucesión de la señora JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (q.e.p.d.), configurándose así la falta enrostrada en sede de instancia.

5.2. Antijuridicidad.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su artículo 4º, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte alguno de los deberes allí consagrados.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado al togado investigado, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge por parte del inculpado el desconocimiento de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite; imponiéndose así determinar que se encuentre agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria. Ahora bien, revisada la actuación y los argumentos a los cuales recurrió el investigado al momento de alegar de conclusión, quien señaló haber pactado por honorarios la suma de $1.500.000 para adelantar el proceso de sucesión 2007-0192 de la causante JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (q.e.p.d.) y en igual sentido, lo manifestado por la señora CECILIA RODRÍGUEZ en su declaración rendido el 12 de febrero de 2015 en la Audiencia de Juzgamiento, en el cual afirmó haber pactado como estipendios la suma arriba indicada.

Al respecto, advierte esta Sala que estos argumentos defensivos no eximen al abogado ATEHORTÚA DÍAZ, por cuanto no debió exigir dinero para gastos irreales, cuando no era necesario el trámite notarial de la causante OLIVA RODRÍGUEZ OCAMPO, por cuanto ésta, había sido tenida en cuenta en la repartición y adjudicación de los bienes relictos de la señora JUANA RODRÍGUEZ OCAMPO (q.e.p.d.) en sentencia del 10 de noviembre de 2010 (fls. 120 - 121 c. o 1ª instancia), quedando demostrado el injustificado incumplimiento por parte del disciplinado, de los deberes consagrados en el Estatuto Deontológico del Abogado, en relación con la falta de honradez en que incurrió para con su cliente.

5.3. Culpabilidad.

Respecto a la culpabilidad, debe decirse que la falta a la honradez profesional es un comportamiento por naturaleza doloso, por cuanto se incurre en ella con el conocimiento del carácter reprochable de su actuar con intención de lesionar el patrimonio, la confianza y la honradez.

Ahora, es evidente que dada su condición de abogado del investigado y por su experiencia profesional, era plenamente conocedor que al haber cobrado expensas irreales, conllevaba a la realización de un comportamiento contrario al deber de actuar con absoluta honradez en el ejercicio de la profesión, pues resulta inexplicable la exigencia al quejoso de la suma de $500.000 para un trámite Notarial, cuando el mismo no era necesario.

En el señalado orden de ideas, al no existir prueba demostrativa que justifique el actuar reprochable al togado investigado y ante la ausencia de causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, la Sala confirmará la sentencia sancionatoria.

7. Dosimetría de la sanción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción se requiere tener en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Finalmente, considera esta Sala que la sanción de suspensión impuesta al jurista debe confirmarse, atendiendo los parámetros del artículo 13 del Estatuto de la Abogacía.

En efecto, para las faltas endilgadas al investigado consagra el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, exclusión, suspensión, y censura, norma que adicionó al capítulo de sanciones la multa(2), la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

Ahora, teniendo en cuenta que el profesional del derecho registró antecedentes disciplinarios (fl. 15 c. o 1ª instancia), así como, la modalidad y gravedad de la conducta reprochable cometida por el abogado MARCO ATEHORTÚA DÍAZ, a quien se le exigía un actuar diligente y honrado en aras de la protección de los derechos de su cliente, la sanción de suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión, impuesta en la sentencia materia de consulta, cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, pues como profesional del derecho estaba obligado a cumplir con el compromiso suscrito con el quejoso.

Así pues, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le está permitido a este operador disciplinario afectar con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión al implicado, en tanto, la prevención general que caracteriza la utilidad de la sanción, cumple el propósito de

“(…) amenaza de un mal a todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias (…)”(3).

Igualmente, la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, en el presente caso, para el abogado MARCO ATEHORTÚA DÍAZ, para que en el futuro, se abstenga de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado.

Ahora, en el sub lite, la sanción de suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión, impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma; asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la confirmación de la sanción, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

8. De otras determinaciones.

Observa esta Sala que a folio 22 del cuaderno de segunda instancia, el escrito presentado por el quejoso, en el cual recurrió la providencia, proferida el 29 de abril de 2014 Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Judicatura de Antioquía, por cuanto, no se accedió en el fallo a todas sus pretensiones, al respecto precisa este Juez Colegiado que el señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OCAMPO no está facultado para apelar la precitada sentencia, conforme al parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, veamos:

“ART. 66.—Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para:

(…)

PAR.—El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintasalasentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva” (snft).

Por lo anterior, Concluye esta Colegiatura que el señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OCAMPO en su calidad de quejoso no estaba legitimado para apelar la sentencia condenatoria, razón por la cual, esta Superioridad no se pronunciara frente a los argumentos expuestos por el quejoso en el escrito adiado 6 de julio de 2015.

Así las cosas, esta Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida el 29 de abril de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía, a través de la cual sancionó con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión al abogado MARCO ATEHORTÚA DÍAZ, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida el 29 de abril de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía, a través de la cual sancionó con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión al abogado MARCO ATEHORTÚA DÍAZ, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por Secretaria Judicial comuníquese al quejoso el acápite de otras determinaciones.

3. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

4. COMISIÓNASE al Magistrado Sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía, para que en el término de Ley, notifique a las partes de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a ésta Corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

2 Artículo 42 de la Ley 1123 de 2007

3 Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008. Pág. 45 y 46.