Sentencia 2013-00304/2623-2014 de noviembre 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-42-000-2013-00304-01

Nº interno: 2623-2014

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Antonio José González Castaño

Demandado:Ministerio de Relaciones Exteriores

Ley 1437 de 2011

Sentencia O-141-2017

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(14), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Cuestión previa

El Consejero de Estado doctor Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó su impedimento para conocer del presente proceso(15), por cuanto en su calidad de procurador delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, actuó en el asunto de la referencia.

La Subsección encuentra fundadas las razones aducidas por el citado funcionario para separarse del conocimiento del presente asunto y configurada la causal prevista en el ordinal 2º del artículo 141 del Código General del Proceso(16), teniendo en cuenta que visible a folio 158 del cuaderno 1 se advierte claramente que en su calidad de agente del Ministerio Público compareció a la audiencia inicial.

En consecuencia, se separará del conocimiento de la controversia de la referencia al consejero Rafael Francisco Suárez Vargas.

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿Opera el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho cuando se solicita la reliquidación de las cesantías anualizadas?

2. ¿Operó el fenómeno de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento en el presente caso?

Primer problema jurídico

¿Opera el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho cuando se solicita la reliquidación de las cesantías anualizadas?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: Cuando se solicita la reliquidación de cesantías anualizadas no opera el fenómeno de la prescripción extintiva cuando se encuentra vigente el vínculo laboral. Para desarrollar con mayor precisión el problema jurídico es necesario realizar las siguientes precisiones.

Régimen de liquidación de cesantías en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Dada la naturaleza especial de las relaciones internacionales se requiere de funcionarios especializados que atiendan la política exterior del país, así lo ha referido esta corporación en casos anteriores(17).

Ahora, es característica esencial de la carrera diplomática y consular la denominada “alternación”, de ahí que unos miembros de dicha carrera se desempeñen en el servicio exterior y otros al interior del ministerio, bajo las condiciones y formas fijadas en sus respectivas épocas, entre otros, por el Decreto 10 de 1992 y el Decreto 274 de 2000 para ello aparecen regladas equivalencias entre la planta exterior y la interna.

En sentencia de 6 de julio de 2011, esta Subsección indicó que el régimen especial de la carrera diplomática, y de forma específica la condición de alternación, afectan las condiciones en que deben liquidarse las cesantías del personal que labora en el servicio exterior(18).

Para el caso, el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, que contiene el estatuto orgánico del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular(19) dispuso:

“(...) Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores”(20).

Mediante Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo antes transcrito, el cual hacía referencia a la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios de la planta externa del ministerio con fundamento en los salarios devengados por quienes desempeñaban cargos equivalentes en planta interna, se resaltó además la inviabilidad jurídica de que persistieran esa clase de normas en el ordenamiento jurídico que permiten dichas desigualdades. Al respecto sostuvo:

“(...) Los problemas constitucionales planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y por la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior con base en el salario que corresponde a un cargo equivalente en planta interna y no con base en el salario realmente devengado, son los mismos. Esto es así en tanto en uno y otro caso se incurre en tratamientos diferenciados injustificados que contrarían el mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, frente a casos concretos, resultan lesivos de derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital. Entonces, tratándose de problemas constitucionales similares, la uniforme línea jurisprudencial desarrollada de tiempo atrás por esta corporación resulta aplicable y por lo mismo se debe declarar la inexequibilidad de la norma legal demandada. El Ministerio de Relaciones Exteriores se opone a la declaratoria de inexequibilidad argumentando que el régimen legal diferenciado que se consagra respecto de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior se justifica por la necesidad de adecuar los ingresos de tales servidores al costo de vida de los países en los que cumplen sus funciones. Para la Corte, ese tratamiento no está justificado pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción, desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones”.

Por su parte, el Decreto 274 de 2000(21), por el cual se regula el servicio exterior de la república y la carrera diplomática y consular(22), en su artículo 66 previó:

“(...) Liquidación de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna”.

La norma anterior que derogó el Decreto 10 de 1992, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001, por cuanto consideró que la facultad de regular el régimen prestacional de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estaba dentro de las potestades otorgadas extraordinariamente por el legislador.

En atención a lo anterior, la liquidación de las prestaciones contaba con regulaciones especiales que ya no se encuentran en el ordenamiento jurídico, ante lo cual se advierte que, la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior deben efectuarse con base en el salario realmente devengado, porque liquidar sus prestaciones, entre estas la cesantía, con base en una equivalencia, tal como lo indicó la Corte Constitucional implica dar un tratamiento diferenciado e injustificado, contrario al mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, resulta lesivo a los derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital, pues lo cierto es que las prestaciones sociales, en especial las cesantías deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no es su realidad.

Si bien la Corte Constitucional no moduló los efectos de la declaratoria de inexequibilidad, a pesar de ello, la disposición que permite la equivalencia para efectos de liquidación de prestaciones de cargos de planta externa a los de planta interna dentro del ministerio fue, desde sus inicios, violatoria de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, el principio de la primacía de la realidad frente a las formas y la favorabilidad, entre otros, de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, razón por la cual es viable que durante la vigencia de la misma se aplique la excepción de inconstitucionalidad.

Sobre este último aspecto, la sentencia proferida por esta corporación con ponencia de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez(23) precisó lo siguiente:

“(...) Los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional por las cuales se decide la declaratoria de inexequibilidad de una norma, por regla general, tienen efectos hacia futuro; salvo que la misma Corte expresamente manifieste, de conformidad con su reglamento interno, los alcances que le da a la misma. Esto implicaría que las situaciones adquirieron firmeza durante la vigencia de aquellas normas que posteriormente son declaradas inconstitucionales.

Empero, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 estableció lo siguiente respecto de los efectos de la sentencia de constitucionalidad:

“ART. 45.—Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.

Según lo anterior, en algunas oportunidades es viable, dadas las condiciones de la norma que se retira del ordenamiento jurídico, aplicar durante la vigencia de la misma la excepción de inconstitucionalidad, en aras de no permitir la existencia de situaciones que a todas luces son inconstitucionales por afectar derechos de naturaleza fundamental (...)”.

Sobre la prescripción

La prescripción extintiva del derecho es una sanción a la inactividad prolongada e injustificada del titular del derecho para efectuar su reclamación.

En materia laboral administrativa, la prescripción de derechos prestacionales de los empleados públicos está regulada en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y complementariamente en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Así las cosas, se colige que una vez se hace exigible un derecho, el titular del mismo cuenta con un lapso de tres años para reclamarlo y, el simple reclamo escrito interrumpe dicho término prescriptivo por otro lapso igual.

La entidad demandada argumentó en el recurso de apelación, entre otros, que el término de prescripción inició a partir de la Sentencia C-535 de 2005 por tener efectos erga omnes y carácter obligatorio general, motivo por el cual, al haberse reconocido en esta que la liquidación de las prestaciones de los funcionarios de carrera diplomática y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores se realizó de forma incorrecta, a partir de la publicación del fallo la parte demandante contaba con tres años para exigir la reliquidación de sus cesantías.

En materia de cesantías, la regla jurisprudencial que primaba era que el auxilio de cesantía no era una prestación periódica sino unitaria y que solo se concretaba al momento de culminar la relación laboral.

Dicha posición fue rectificada en sentencias del 4 de marzo(24) y 8 de abril de 2010(25), en la última de las cuales se expuso lo siguiente:

“(...) Se examinará, en primer término, la necesidad de agotar la vía gubernativa, en lo que concierne a cada uno de los actos mediante los cuales se liquidaron anualmente las cesantías que fueron reconocidas al demandante”.

“Como muestra la demanda, el demandante dice tener derecho a que la “prima especial” sea tomada como factor para incrementar el cómputo de las cesantías a que tiene derecho porque, según su apreciación, la invalidación de los decretos que la excluían como factor salarial, ahora le otorga ese carácter de que antes carecía y, por tanto, debe tener incidencia en el cálculo no solo de las cesantías, sino de las demás prestaciones sociales”.

“Para la Sala, es menester recordar que año tras año se liquida el valor de las cesantías y se deposita en el fondo elegido por el servidor público; por lo mismo, que en principio deberían ser demandados oportunamente cada uno de los actos administrativos por los cuales se hizo tal liquidación anual, pues son esas manifestaciones de la administración las que hipotéticamente causarían el agravio a los derechos de la demandante”.

“No obstante, a partir de la sentencia de esta Sección de 4 de marzo de 2010, se cambió el criterio tradicional para tomar en cuenta que no es posible exigir al empleado que impugnara cada año las liquidaciones periódicas de cesantías que se le hicieron. En verdad, no puede esperarse que el interesado se anticipara a lo que tiempo después determinó la jurisdicción, cuando anuló las normas que excluyeron la prima especial como factor salarial. En suma, no estaba obligado el empleado a impugnar los actos, si es que para cuando ellos se expidieron se ajustaban a la normatividad entonces vigente, pues no podía contar la administración, tampoco los interesados, con que luego de expedidos esos actos, una de las normas aplicadas como soporte de su expedición sería retirada del ordenamiento”.

“Así las cosas, el ciudadano hizo lo que estaba a su alcance, pues una vez decretada judicialmente la nulidad de los actos que restringían el carácter salarial de la prima especial, encaminó su petición ante la autoridad competente para que la declaración de nulidad pudiera tener los efectos propios de ella en punto de permitirle reclamar el nuevo cálculo de sus cesantías y de las demás prestaciones”.

“No era menester ni posible exigir al demandante el agotamiento de la vía gubernativa para cada uno de los actos mediante los cuales se liquidaron anualmente las cesantías, pues no podía anticiparse el interesado a la nulidad de las reglas que por entonces limitaban su derecho, pues mientras ellas no fueran excluidas del ordenamiento conservaban la presunción de legalidad. Si tiempo después, la jurisdicción contenciosa administrativa anuló la norma que excluía la prima especial de servicios como componente del salario, a partir de ahí se generó la expectativa legítima del ciudadano a exigir que se rehiciera la liquidación (...)”.

Finalmente, la Sección Segunda de esta corporación en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016(26) concluyó que las cesantías anualizadas son una prestación imprescriptible, mientras que las definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción. Veamos:

“(...) Así las cosas, ha de concluirse que respecto de las cesantías anualizadas, en el marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, pues la obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la afectación de los derechos del empleado.

(...).

No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago, no puede constituir un beneficio a su favor (...).

La imprescriptibilidad de las cesantías anualizadas se explica en el hecho que, consisten en un ahorro que hace parte del patrimonio del empleado, y que puede ser reclamado por él en el instante de quedar cesante o en una fecha posterior al no estar sujeto a ningún término para retirar los montos que le fueron depositados en su favor durante la relación laboral.

Caso concreto

Según certificación que obra a folios 1271 y 1272 del cuaderno 6, el señor Antonio José González Castaño, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores el 14 de septiembre de 1979 y para la fecha de expedición de esa certificación, esto es el 7 de febrero de 2013, desempeñaba el cargo de ministro consejero en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Portugal, en consecuencia está plenamente probado que para el momento de la presentación de la demanda, el 4 de febrero de 2013(27) se encontraba vinculado y activo en la entidad demandada.

Lo anterior resulta de suma importancia, teniendo en cuenta que de la vinculación del señor Antonio José González Castaño en la entidad demandada al momento de la presentación de la demanda, se infiere que la solicitud está relacionada con la reliquidación de cesantías de carácter anualizadas y no de definitivas, ello para poder dilucidar la imprescriptibilidad, o no, de las cesantías en atención a la sentencia de unificación proferida por esta Sección.

El ministerio sostiene que el demandante contaba con 3 años a partir de la fecha en que la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-535 de 2005 para solicitar la reliquidación de las cesantías por los años acá reclamados, argumento que no es acogido teniendo en cuenta que las cesantías anualizadas en el presente asunto son imprescriptibles y bajo este entendido, mal podría afirmarse que por el hecho de no haberse reclamado dentro de esos 3 años se haya extinguido para el demandante su derecho.

Teniendo en cuenta la postura de unificación de la Sección Segunda, en el sentido de la imprescriptibilidad de las cesantías anualizadas, resulta claro que el derecho a reclamarlas en el caso concreto es imprescriptible, razón por la cual no prospera el cargo propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este orden, tal como se evidencia en la demanda, la pretensión de restablecimiento del demandante está dirigida a que se ordene la reliquidación de las cesantías de los años 1987 a 1991, 1994 a 1996 y 1999 a 2003 toda vez que las mismas no fueron liquidadas en atención al salario realmente devengado.

Es importante destacar, que lo viable es inaplicar la norma a través de la excepción de inconstitucionalidad, pues pese a la ausencia de modulación de la sentencia de inexequibilidad C-535 de 2005, es pertinente advertir que para el caso de las cesantías liquidadas con anterioridad al 24 de mayo de 2005, se presenta una situación consolidada, pero la misma reviste la apariencia de inconstitucionalidad.

En consecuencia debe declararse la excepción de inconstitucionalidad conforme con lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política, toda vez que el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, como ya lo anotó la Corte Constitucional, contraría los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, entre otros, de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En conclusión, al no haber operado el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho con respecto a la solicitud de reliquidación de las cesantías anualizadas del demandante para los años 1987 a 1991, 1994 a 1996 y 1999 a 2003, debe ordenarse la reliquidación tal como lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero en atención a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Segundo problema jurídico

¿Operó el fenómeno de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento en el presente caso?

El despacho sostendrá la siguiente tesis: En el caso concreto no operó término de caducidad del medio de control. Lo anterior por las siguientes razones:

La caducidad es un presupuesto procesal(28) o instrumento a través del cual se limita el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los administrados en desarrollo del principio de la seguridad jurídica, bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal para la reclamación judicial de los derechos.

Este fenómeno, según la jurisprudencia de esta corporación “(...) busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso (...)”(29).

Ahora bien, tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 164 del CPACA, regula el término para presentar la demanda, so pena de que opere la caducidad, en diferentes escenarios, según el caso.

“(...) ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...).

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...) c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso; (...)”.

Caso concreto

En primer lugar es preciso advertir que para esta Subsección no es de recibo el planteamiento de la entidad demandada en el sentido que el término de caducidad debe contarse a partir de la ocurrencia de cualquiera de las siguientes dos hipótesis, i) la ejecución de los actos que liquidaron las cesantías del demandante o; ii) a partir de la notificación por conducta concluyente contada desde el momento en que el demandante radicó el derecho de petición por medio del cual solicitó la reliquidación de sus cesantías.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, no es posible exigir al empleado que impugnara cada año las liquidaciones periódicas de cesantías que se le hicieron, y en ese sentido no podía el interesado anticiparse a lo que tiempo después determinó la Corte Constitucional, cuando declaró la inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992.

Ahora, con respecto a la conducta concluyente, debe indicarse que si bien el demandante presentó el 27 de abril de 2010(30) petición para la reliquidación de las cesantías y la entidad profirió el oficio DTH 27576 de 11 de mayo de 2010, este acto administrativo no fue notificado al señor González Castaño, tal como lo refirió en la demanda y como se advierte del análisis de la actuación administrativa, bajo este entendido, la caducidad debe contarse en el presente asunto desde la notificación del acto administrativo DITH 49416 del 23 de julio de 2012, esto es el 27 de julio de 2012(31).

El Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 en el artículo 3º prescribe:

“(...) La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:

a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o

b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, o

c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.

En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.

La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.

PAR. ÚNICO.—Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o prescripción (...).

En el presente asunto tenemos los siguientes presupuestos fácticos:

— El acto administrativo demandado DITH 49416 del 23 de julio de 2012, fue notificado el día 27 de julio de 2012, lo que quiere decir que el término de la caducidad empezó a contar a partir del día siguiente a su notificación, es decir el 28 de julio de 2012.

— El plazo máximo que en principio tenía el demandante para acudir a la jurisdicción era inicialmente hasta el día 28 de noviembre de 2012.

— Sin embargo la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día 19 de septiembre de 2012, la cual fue desarrollada en audiencia ante la procuraduría 1 judicial II para asuntos administrativos el 5 de diciembre del mismo año, ello en atención a la constancia sin fecha que obra a folio 16 del cuaderno 1.

— La reanudación del conteo del término de caducidad, incluso si se hace desde la fecha de celebración de la audiencia, daría como fecha límite para presentar la demanda el 20 de febrero de 2013.

— La demanda se presentó el día 4 de febrero de 2013.

Del anterior recuento se concluye que en el presente asunto la demanda se presentó dentro del término previsto en las normas y en consecuencia no operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden, la Subsección confirmará la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó reliquidar y pagar las cesantías al señor Antonio José González Castaño con el salario realmente devengado con respecto a los años 1987 a 1991, 1994 a 1996 y 1999 a 2003.

De la condena en costas

De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(32) en el presente caso se condenará en costas de segunda instancia, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 365 del CGP, toda vez que se resolvió desfavorablemente el recurso y la parte demandante presentó alegatos de conclusión en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Aceptar el impedimento manifestado por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas y, en consecuencia, se le declara separado del conocimiento del proceso de la referencia.

2. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de octubre de 2013, que ordenó reliquidar y pagar las cesantías al señor Antonio José González Castaño con el salario realmente devengado con respecto a los años 1987 a 1991, 1994 a 1996 y 1999 a 2003.

3. Se condena en costas de segunda instancia.

4. De conformidad con los términos y para los efectos del poder obrante a folio 258, se reconoce personería adjetiva para actuar en nombre y representación de la parte demandada Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, a la abogada Paola Andrea Cerón Guerrero, identificada con cédula de ciudadanía 52.410.832 y portadora de tarjeta la profesional 173.799 del Consejo Superior de la Judicatura.

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(14) El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

(15) Folio 281 cuaderno 1.

(16) Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1º del mismo artículo.

(17) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2010, Expediente 110010325000200500010 00 (0177-2005), actor: Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Semrex, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(18) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2011, radicado 25000-23-25-000-2007-00278-01 (1963-2008), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(19) Este cuerpo normativo fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas mediante el artículo 43 de la Ley 11 de 1991; y, de conformidad con lo establecido en su artículo 79, derogó el Decreto 2016 de 1968.

(20) Con posterioridad, el Decreto-Ley 1181 de 1999 reguló el estatuto orgánico de servicio exterior y de carrera diplomática y consular; sin embargo, esta normatividad fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-920 de 1999, en razón a que la Corte había declarado inconstitucional el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y en consecuencia, los decretos-leyes dictados con fundamento en él debían correr la misma suerte.

(21) El Decreto 274 de 2000, de conformidad con lo establecido en el artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992.

(22) Este decreto fue dictado por el ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 6º de la Ley 573 de 2000.

(23) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Expediente 25000232500020050760501 (2158-2008).

(24) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Radicación 1469-2007. Aura Luz Mesa Herrera.

(25) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Expediente 25000232500020040838701 (0115-08). Manuel Antonio Saray Gutiérrez.

(26) Consejo de Estado, Sección Segunda. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016. Radicación 080012331000201100628-01 (0528-14). Yesenia Esther Hererira Castillo.

(27) Folio 29 anverso cuaderno 1.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Actor: Seguridad el Pentágono Colombiano Ltda. - Sepecol Ltda. Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros. Sentencia de 10 de diciembre de 2014. Proceso: 25000-23-26-000-2000-01305-01.

(29) Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio28 de septiembre de 2006. Radicación: 44001-23-31-000-2005- 00695-01(32628).

(30) Folios 1063 a 1066 cuaderno 5.

(31) Folio 14 cuaderno 1.

(32) Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandado: José Francisco Guerrero Bardi.