Sentencia 2013-00305/22522 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 47001-23-33-000-2013-00305-01

Nº Interno: 22522

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Demandante: C.I. Prodeco S.A.

Demandado: Municipio de Zona Bananera – Magdalena.

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - Impuesto de alumbrado público.

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

FALLO:

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 28 de octubre de 2015 del Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda (numeral primero de la parte resolutiva) y no condenó en costas (numeral segundo)(1).

Antecedentes

Mediante los cupones de pago 0285 y 0312 de 1º de septiembre de 2012, 0294, 0303, 0312, 0321 de 2 de enero de 2013 y 0330 de 1º de febrero de 2013, la Alcaldía Municipal de Zona Bananera solicitó a la actora el pago del impuesto de alumbrado público por los meses de agosto de 2012 a febrero de 2013(2).

El 15 de marzo de 2013, la Secretaría de Hacienda Municipal de Zona Bananera profirió la Resolución 2013-03-15-003, en la que liquidó oficialmente el impuesto de alumbrado público por los meses de agosto de 2012 a febrero de 2013, por la suma de $ 281.715.000(3).

Previa interposición del recurso de reconsideración, el 17 de octubre de 2013 el Municipio notificó a la actora la Resolución 2013-09-09-006 de 9 de septiembre de 2013, que confirmó el acto de liquidación(4).

Demanda

C.I. Prodeco S.A., en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones(5):

“Primera: Que decrete la nulidad de los siguientes Actos Administrativos, proferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Alcaldía Municipal de Zona Bananera:

3.1. Resolución 2013-03-15-003 del 15 de marzo de 2013 por medio del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Alcaldía Municipal de Zona Bananera liquidó oficialmente el Impuesto al servicio de Alumbrado Público a C.I. Prodeco S.A. para los períodos gravables de agosto de 2012 a febrero de 2013.

3.2. Resolución 2013-09-09-006 9 (sic) de septiembre de 2013 mediante la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Alcaldía Municipal de Zona Bananera resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por C.I. Prodeco S.A. en contra de la Resolución 2013-03-15-003 del 15 de marzo de 2013, confirmándola en todas sus partes.

Segunda: Que a título de restablecimiento del derecho ordene al Municipio de Zona Bananera reembolsar a C.I. Prodeco S.A. todas las sumas que hubiere pagado por concepto del Impuesto de Alumbrado Público por los períodos comprendidos entre agosto de 2012 y febrero de 2013, con los intereses causados desde la fecha de pago y hasta la fecha de reembolso, o en subsidio con la indexación mediante IPC correspondiente desde la fecha de pago y hasta la fecha de reembolso.

Tercera: Solicito que condene a la entidad demandada al pago de las costas judiciales que se causen dentro del presente proceso”.

Invocó como disposiciones violadas las siguientes:

— Artículo 29 de la Constitución Política.

— Artículo 863 del Estatuto Tributario.

— Artículos 2º, 335 a 338 y 359 del Acuerdo 14 de 2008 del Concejo de Zona Bananera.

— Artículo 9º de la Resolución 43 de 23 de octubre de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

El concepto de la violación se sintetiza así:

1. Nulidad por violación de las normas en que deberían fundarse los actos demandados.

En este caso, la administración no cumplió el procedimiento requerido para la expedición de la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público, ya que previamente a la liquidación, esta debió agotar el procedimiento de aforo establecido en el Estatuto de Rentas del Municipio de Zona Bananera [arts. 335 y 336] y el Estatuto Tributario Nacional [arts. 715 a 717].

Si la administración consideraba que la actora había incumplido el deber de declarar el impuesto de alumbrado público de los meses de agosto de 2012 a febrero de 2013, debió notificarle el emplazamiento por no declarar, de la forma prevista en los artículos 335 del Acuerdo 14 de 2008 del Municipio de Zona Bananera y 715 del Estatuto Tributario. Si vencido el mes para responder ese emplazamiento, la actora continuaba omisa, la administración debía sancionarla por no declarar, decisión que podía ser discutida en reconsideración [arts. 335 del Estatuto de Rentas del Municipio de Zona Bananera y 716 del E.T.].

Cumplido lo anterior, y dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, la administración debía notificar a la actora liquidación de aforo, de acuerdo con los artículos 336 del Estatuto de Rentas del Municipio de Zona Bananera y 717 del Estatuto Tributario, frente a la cual procedía igualmente el recurso de reconsideración.

Debido a que la administración pretermitió las etapas procesales indicadas al liquidar el impuesto de alumbrado público de los meses de agosto de 2012 a febrero de 2013, incurrió en la violación de los derechos al debido proceso y de defensa de la actora.

2. Nulidad por expedición irregular de los actos demandados.

La Resolución 2013-03-15-003 de 15 de marzo de 2013, por la cual se liquidó el impuesto de alumbrado público de los meses de agosto de 2012 a febrero de 2013, es nula porque la administración omitió el emplazamiento para declarar previo al aforo, lo que constituye un vicio de procedimiento y expedición irregular del acto, de conformidad con el artículo 359 numeral 3º del Estatuto de Rentas de Zona Bananera.

3. Violación del Acuerdo 8 de 2009 del Concejo Municipal de Zona Bananera.

Los artículos 6º y 7º del Acuerdo 8 de 2009 del Concejo Municipal de Zona Bananera se contradicen al señalar, en el primer caso, que es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público el propietario, arrendatario, ocupante o usuario de bien inmueble que goce o no de la prestación del servicio de energía eléctrica y en el segundo evento, que la obligación de pagar el impuesto de alumbrado público surge para todo beneficiario directo o indirecto de la prestación de ese servicio en toda la jurisdicción del Municipio de Zona Bananera.

En este caso y dando aplicación al principio de equidad al que debe ajustarse la interpretación de las normas, debe entenderse que la norma que grava a quien es beneficiario directo o indirecto del servicio, es decir, que define el hecho generador del tributo, prima sobre la norma que define el sujeto pasivo.

Como la actora no cuenta con instalaciones ni operaciones en el municipio de Zona Bananera, no es beneficiaria directa ni indirecta del servicio de alumbrado público prestado en dicha jurisdicción y no se le puede dar el tratamiento de sujeto pasivo ni imputársele la realización del hecho generador del tributo, pues esto constituye la imposición de una carga tributaria que se opone a los postulados del artículo 338 de la Constitución Política.

Por lo anterior, el artículo 6º del Acuerdo 8 de 2009 viola la equidad y el espíritu de justicia que consagra el artículo 363 del Estatuto Tributario, por lo que procede, en este caso, la excepción de ilegalidad e inconstitucionalidad.

4. Violación de la Resolución 43 de 23 de octubre de 1995 de la CREG.

Dado que la Resolución 43 de 1995 de la CREG permite a la administración cobrar únicamente los costos y gastos incurridos en la prestación del servicio, un mayor valor de recuperación de estos es ilegal y desconoce el espíritu de justicia del artículo 638 del E.T.

En el presente asunto, la tarifa impuesta a la actora es excesiva, pues no hay fundamento para que cada contribuyente con las características de la actora se vea forzado a pagar el impuesto sobre la tarifa de 70 salarios mínimos legales. No hay sustento fáctico y contable que permita conocer que el cobro corresponde proporcionalmente a los costos y gastos incurridos en la prestación del servicio, como lo ordena la Resolución 43 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, en concordancia con el artículo 338 de la Constitución Política.

Contestación de la demanda

El demandado propuso las siguientes excepciones(6):

Inepta demanda: la actora no indicó las razones de la violación de las normas invocadas como violadas ni la causal de nulidad que se configuró.

Además, hubo indebida acumulación de pretensiones, pues la actora debió promover por separado las acciones respecto de cada mes del impuesto de alumbrado público, para obtener el restablecimiento particular y concreto de manera independiente.

Además, los argumentos de la demanda se encaminan a desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que sirvieron de título ejecutivo dentro del proceso de cobro seguido en contra de la actora, por lo que la acción que se debió promover era la de simple nulidad.

Indebida escogencia de la acción.

El artículo 84 del C.C.A. establece como causal de nulidad que los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, no que las normas que le sirven de fundamento contravengan el orden legal vigente. Por tanto, si la intención del demandante era anular los acuerdos mediante los cuales se reguló el impuesto de alumbrado público en el municipio de Zona Bananera debió ejercer la acción de nulidad.

Igualmente, como los cargos 2, 3 y 4 de la demanda, persiguen que se declare la nulidad de los actos demandados con argumentos que van encaminados a atacar los acuerdos municipales que sirvieron de fundamento a las liquidaciones oficiales acusadas, sin explicar cómo los actos particulares violaron los principios de equidad, igualdad y capacidad contributiva y causación del tributo, no es posible acceder a las súplicas de la demanda, pues ello extralimita la finalidad de la presente acción.

Indebido agotamiento de la vía gubernativa.

Ante los jueces no se pueden adelantar debates que no se hayan planteado previamente en vía administrativa, de manera que entre el asunto que fue objeto de revisión por la administración y el que se somete a juzgamiento debe haber identidad, es decir, que lo solicitado en vía judicial y en vía gubernativa debe ser lo mismo, aunque puedan variar los argumentos para hacer la petición.

Falta de agotamiento de la vía gubernativa.

El agotamiento de la vía gubernativa se presenta cuando se interponen los recursos procedentes contra los actos definitivos y se exponen los mismos hechos que conocería el juez.

Imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos.

Lo que se pretende con esta medida es que ante los jueces no se inicien conflictos que no se hayan planteado previamente ante la administración. Por tanto, debe haber identidad en la pretensión sometida a consideración de la administración y del juez, sin perjuicio de que puedan presentarse ante este, nuevos y mejores argumentos(7).

Igualmente, la administración solicitó que se negaran las súplicas de la demanda por los motivos que se sintetizan así:

La administración no incumplió ningún deber legal al expedir la liquidación oficial sin haber notificado previamente a la actora un acto previo, pues por la naturaleza del impuesto de alumbrado público, que no está sometido a declaración por parte del contribuyente y que constituye un tributo de contrapartida directa, no existe para la administración tal obligación.

Además, las “liquidaciones oficiales” de este asunto no hacen referencia a los actos descritos en el Estatuto Tributario, sino a actos que liquidan un impuesto creado por la administración y a cargo del contribuyente. Así, la palabra “liquidación”, describe la obligación tributaria a cargo del contribuyente y el vocablo “oficial”, indica que esa liquidación la realizó la administración.

El numeral 2.4 del capítulo III del Manual de Fiscalización para las Entidades Territoriales de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó que en el caso de los tributos respecto de los cuales no existe la obligación de declarar, la Administración Tributaria puede expedir un acto administrativo de determinación del tributo y notificarlo en debida forma.

Dentro del procedimiento para la administración, coordinación, determinación, discusión, control y recaudo del impuesto de alumbrado público del municipio de Zona Bananera, descrito en los artículos 14 a 18 del Acuerdo 8 de 2009, no está contemplado el emplazamiento para declarar.

Los actos administrativos de liquidación oficial del impuesto de alumbrado público no violaron los límites económicos que deben observar los entes territoriales al momento de recuperar los costos en que incurrió para la prestación de dicho servicio, pues están antecedidos de un estudio de factibilidad y conveniencia dentro del cual se justificó la necesidad de que el municipio trasladara los costos a los usuarios del servicio. Así mismo, se diagnosticó el servicio para la época y se determinaron los costos de prestación, mantenimiento y expansión del servicio, entre otras cosas.

Los actos administrativos demandados no se motivaron falsamente porque, aunque en esos actos de liquidación no se hizo mención a las normas en que se fundamentó la administración, lo cierto es que esta se ciñó a tales disposiciones y no desbordó su competencia.

No es necesario que la tarifa del impuesto de alumbrado público se fije con fundamento en un sistema y un método que defina los costos, los beneficios que se derivan del servicio y la forma de hacer el reparto, como lo sugiere el demandante, pues el servicio de alumbrado público, en realidad, es un impuesto.

Sentencia apelada

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes razones(8):

Al impuesto de alumbrado público no se aplica el procedimiento de aforo, pues se trata de un impuesto carente de relación directa e individualizada, dado que está dirigido a toda la colectividad. Además, es un tributo que requiere de la presentación de una declaración para su liquidación.

El numeral 2.4 del capítulo III del Manual de Fiscalización de Entidades Territoriales, expedido por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señala que cuando se trata de impuestos en los que no existe la obligación de declarar no es necesario el requisito del emplazamiento previo y puede expedirse un acto administrativo de determinación, que debe notificarse debidamente.

Conforme con lo anterior, el municipio de Zona Bananera no tenía la obligación de expedir un emplazamiento previo a la liquidación oficial.

La actora es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en Zona Bananera, pues a pesar de que no tiene establecimiento de comercio en ese municipio, utilizó esa jurisdicción para transportar carbón y se benefició del servicio de alumbrado público, por lo cual es usuaria potencial.

Aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que son sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público las empresas que tengan residencia en la jurisdicción del respectivo municipio, lo cierto es que el articulo 9º [9.2.4] del Acuerdo 8 de 2009, que fijó los elementos de este impuesto en el municipio de Zona Bananera, estableció que las empresas mineras o carboneras que utilizan el territorio de la jurisdicción del municipio para el transporte del carbón mineral y/o natural debían pagar impuesto de alumbrado público a la tarifa de 70 SMMLV.

La recuperación del costo del servicio de alumbrado público a través de un impuesto no requiere de un método o sistema que defina tales costos ni la forma de hacer su reparto. De conformidad con el Decreto 2424 de 2006 y la Resolución 43 de 1995 de la CREG, los municipios no pueden recuperar más de lo que los usuarios pagan por el servicio, incluida la expansión y el mantenimiento.

En este caso, las argumentaciones de la actora y las pruebas recaudadas no permiten determinar los costos reales del servicio, ni lo que le cuesta al municipio la expansión y el mantenimiento del servicio de alumbrado público.

La legalidad del artículo 9º [núm. 9.2.4] del Acuerdo 8 de 2009 del Concejo de Zona Bananera, fue confirmada por el Consejo de Estado(9).

No se condena en costas porque en el proceso no se encontraron pruebas de haberse causado y el comportamiento de la demandante tampoco justifica su imposición.

Recurso de apelación

La demandante fundamentó el recurso de apelación así(10):

El tribunal no tuvo en cuenta las pruebas que están en el expediente ni los pronunciamientos recientes del Consejo de Estado, que, en asuntos similares, ha señalado que solamente se puede cobrar el impuesto de alumbrado público a residentes del respectivo municipio, pues solo así pueden ser sujetos potenciales del servicio(11).

En la sentencia apelada se indicó que la aclara era “usuario potencial” del servicio de alumbrado público con base en el fallo de 10 de mayo de 2012 del Consejo de Estado, que reiteró la definición sobre usuario potencial adoptada por la Sección Cuarta el 11 de marzo de 2010, conforme con el cual son usuarios potenciales los sujetos que forman parte de una colectividad que residen en determinada jurisdicción territorial.

Así, en la actualidad el Consejo de Estado considera que la legalidad de las normas que establecen como sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público a las empresas dedicadas a la exploración, explotación y transporte de recursos no renovables está condicionada a los siguientes requisitos(12):

— Que se trate de usuarios potenciales del servicio, en tanto hagan parte de la colectividad que reside en el municipio que administra el tributo. Es decir, que tengan establecimiento en esa jurisdicción.

— Que, por la razón anterior, resulten beneficiados directa e indirectamente, de forma transitoria o permanente con el servicio de alumbrado público.

Conforme con lo anterior, para que una compañía sea sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, debe ser, por lo menos, usuario potencial del servicio, y necesariamente, debe residir en la jurisdicción del correspondiente municipio.

Como la actora no cuenta con instalaciones ni operaciones en el municipio de Zona Bananera ni reside en esa jurisdicción, no se configura el hecho generador del impuesto (Ac. 8/2009, art. 7º) ni los requisitos para que la demandante sea sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 6º del mismo acuerdo.

La determinación del impuesto de alumbrado público a cargo de la actora es contraria a la equidad y vulnera el artículo 338 de la Constitución Política, pues el servicio de alumbrado público no le ha sido prestado.

Adicionalmente, el artículo 6º del Acuerdo 8 de 2009 contradice el artículo 7º del mismo ordenamiento, pues el primero considera sujeto pasivo a cualquier individuo, goce o no del servicio, mientras que el segundo, precisa que el impuesto de alumbrado público se cobra a los beneficiarios directos e indirectos del servicio. Frente a esta situación, debe inaplicarse el artículo 6º, pues debe preferirse la interpretación que se ajusta al principio de equidad y al espíritu de justicia.

Respecto del cobro excesivo e ilegal del impuesto porque lo liquidado no corresponde a la liquidación del costo por la prestación del servicio, el Tribunal consideró que las pruebas recaudadas no permitieron conocer los costos reales del servicio, ni lo que cuesta al municipio la expansión y mantenimiento del servicio de alumbrado público. Sin embargo, en primera instancia se solicitó la práctica de una inspección judicial y exhibición de documentos con intervención de perito contador y la prueba fue negada por el a quo, que incluso resolvió no reponer la decisión.

Se insiste en que el cobro del impuesto de alumbrado público por parte del municipio de Zona Bananera es caprichoso y exagerado, porque la tarifa de 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes del artículo 9º [9.2.4] del Acuerdo 8 de 2009, no cuenta con sustento fáctico ni contable, lo que lleva a que el municipio obtenga recursos de compañías que no se han beneficiado de dicho servicio.

El Consejo de Estado debe inaplicar el Acuerdo 8 de 2009, toda vez que desconoce lo establecido en la Resolución 43 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gar(sic) - CREG, y anular los actos administrativos demandados que se expidieron con fundamento en el citado acuerdo.

Como liquidación oficial de aforo que es, la Resolución 2013-03-15-003 de 15 de marzo de 2013 debió estar precedida de un emplazamiento para declarar, de conformidad con el Acuerdo 14 de 10 de diciembre de 2008 y el Estatuto Tributario Nacional. No obstante, como la administración no lo expidió, como tampoco los actos sancionatorios por no declarar, dicha entidad violó los derechos constitucionales de legalidad, debido proceso y de defensa de la actora.

La Resolución 2013-03-15-003 de 15 de marzo de 2013 es una liquidación oficial de aforo, puesto que con esta la administración persigue el pago de un tributo y contra ella procede el recurso de reconsideración, del que son susceptibles únicamente los actos administrativos relacionados con impuestos.

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación y solicitó que en aplicación del derecho a la igualdad se le dé un tratamiento análogo al dado a empresas mineras que se dedican a actividades de exploración, explotación, transporte y exportación de carbón, que no residen en el municipio de Zona Bananera, es decir, que no tiene inmuebles, infraestructura, o algún establecimiento en ese municipio, y que solamente utilizan la línea férrea operada por Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. - Fenoco, que es el caso de la sentencia de 24 de septiembre de 2015, expediente 21217(13).

El municipio de Zona Bananera no alegó de conclusión en esta instancia.

El Ministerio Público no emitió concepto.

Consideraciones de la Sala

La demandante controvierte la legalidad de los actos administrativos por los cuales el Municipio de Zona Bananera - Magdalena, liquidó el impuesto de alumbrado público a C.I. Prodeco S.A., por los períodos comprendidos entre agosto de 2012 y febrero de 2013.

Previó al estudio de fondo del presente asunto, la Sala se pronuncia sobre la excepción de “imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos”, propuesta por el Municipio y respecto de la cual nada dijo el Tribunal(14).

La Sala declara no probada esta excepción, que realmente es la de indebido agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto desde la vía administrativa la actora ha alegado que la violación al debido proceso por falta del emplazamiento previo al aforo, la expedición irregular de los actos por no haberse cumplido el trámite para el aforo y que no es sujeto pasivo del impuesto en el municipio, por lo cual los actos están falsamente motivados. El argumento de la demanda en el sentido de que la tarifa impuesta no corresponde a la recuperación del costo del servicio es solo un mejor argumento de derecho frente a los mismos hechos alegados en la vía administrativa, consistentes en que no es sujeto pasivo del tributo y que no es legal el acto que le determinó el impuesto por los periodos en discusión.

Violación del debido proceso.

En relación con la alegada violación del debido proceso de la actora, porque el Municipio expidió la liquidación oficial de aforo sin haber expedido previamente emplazamiento para declarar y no haber cumplido el trámite para la expedición de dicha liquidación, previsto en el Estatuto de Rentas de Zona Bananera, en concordancia con el Estatuto Tributario Nacional, la Sala reitera el criterio expuesto en un caso similar(15). Al respecto, la Sala hizo el siguiente análisis(16):

3.4. Facultad del municipio para iniciar un proceso de liquidación de impuesto.

3.4.1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, los municipios deben aplicar el procedimiento tributario establecido en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación y discusión de los impuestos por ellos administrados. El término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de los tributos.

3.4.2. Determinación, que es considerada por la Corte Constitucional como una interferencia razonable, orientada a la promoción de procedimientos tributarios equitativos para los administrados y eficaces para la administración y susceptible de adecuarse a las connotaciones propias de la materia tributaria a cargo de esas entidades.

Esto significa que las entidades territoriales deben aplicar el procedimiento nacional a los tributos territoriales, pero adecuándolo a su propia realidad, mediante la simplificación de procedimientos.

3.4.3. Uno de los aspectos relevantes en la aplicación del procedimiento tributario de orden nacional al territorial, es que los departamentos, municipios y distritos, en ejercicio de la función pública de administración y recaudo de los tributos, cuentan con la potestad para determinar el gravamen a cargo de los contribuyentes mediante un acto administrativo denominado liquidaciones oficiales(17).

Sin embargo, en esa normativa las liquidaciones oficiales tienen por objeto modificar una declaración tributaria o suplir la falta de declaración por parte del contribuyente. Es decir, presuponen la presentación de una declaración tributaria.

3.4.4 La Sala, en varias oportunidades(18), ha señalado que, en la práctica, el cumplimiento de esta regla de unificación, a nivel nacional, del régimen procedimental en materia tributaria tiene la dificultad de que en la estructura de los procedimientos tributarios para la aplicación de los impuestos nacionales el punto de partida es la declaración, lo que no ocurre con todos los tributos del orden territorial, porque algunos son liquidados por la propia administración, como es el caso del impuesto de alumbrado público, en el que, por su naturaleza, no es posible que el contribuyente presente una declaración, es decir,no existe la obligación formal de declarar.

3.4.5. En efecto, la estructura técnica del impuesto sobre el servicio de alumbrado público —que exige que el recaudo debe sufragar los costos de operación— conduce a que sean los municipios, como entes encargados de prestar directa o indirectamente el servicio, los que conozcan de primera mano la información correspondiente al impuesto a cargo de cada contribuyente y, que, por ende, algunos, como el de Zona Bananera, hubieren optado por determinar el tributo.

3.4.6. Para el efecto, la administración señala mediante un acto administrativo la cuantía exacta a cargo del sujeto pasivo; lo hace de oficio,cuando cuenta con la información necesaria para ese cometido(19), sin perjuicio de que se agoten las funciones de fiscalización y medios de discusión(20).

La Sala, en sentencia del 25 de junio de 2015(21), consideró que la determinación directa del tributo no afecta la validez de los actos de determinación del impuesto.

Para evitar cualquier equívoco, se precisa que la administración tiene facultades para liquidar de forma directa el tributo, por ser de su competencia, sin necesidad del denuncio previo del sujeto pasivo del impuesto, cuando no existe tal deber formal.

3.4.7. Por las razones expuestas, es procedentequeel municipiode ZonaBananera liquidara de forma directa el impuesto de alumbrado público.

3.5. La administración omitió expedir un acto previo a la liquidación oficial de revisión y, por el contario (sic), profirió dos actos liquidatorios —cupones de pago y la liquidación oficial—.

3.5.1.Los procedimientos de fiscalización, determinación y discusión se cumplieron en este caso, pues, como se expuso en el numeral2.3.delapresenteprovidencia, la administración expidió los siguientes actos administrativos:

i)acto previo: Cupones de pago,

ii)acto liquidatorio: liquidación oficial del impuesto de alumbrado público y

iii) acto confirmatorio: resoluciónque resolvióel recursode reconsideracióncontra el acto liquidatorio.

3.5.2. No puede perderse de vista que los cuponesdepagoylaliquidaciónoficial constituyen dos actuaciones surtidas en etapas diferentes del procedimientotributario.

El primero es un acto previo,expedido en la etapa de fiscalización, que tiene por objeto comunicar el cobro del tributo, y porende, solo contiene la explicaciónsumaria de los hechos objeto del mismo información básica, descripción del pago,período gravable, forma de pago y valor del impuesto(22).

El segundo es la liquidación oficial del tributo, practicada en el proceso de determinación, que constituye la manifestación de la voluntad de la administración de establecer la obligación tributaria a cargo del contribuyente, en la que explicó los motivos por los cuales consideró que la sociedad actora era sujeto pasivo de la obligación tributaria en discusión y expuso los factores que tuvo en cuenta para fijar y cuantificar el tributo.

3.5.3. Aclarado lo anterior, concluye laSala que al acto de determinacióndel tributo le antecedió un acto previo y, que la administración soloexpidió una liquidaciónoficial que determinó el impuesto de alumbrado público por los períodos junio a diciembre delaño 2009” (subraya la Sala).

En consecuencia, el municipio de Zona Bananera no violó el debido proceso de la actora, pues como no existe el deber de declarar el impuesto de alumbrado público en su jurisdicción, no son aplicables las normas sobre la liquidación de aforo. Además, está facultado para determinar el impuesto oficialmente, como lo hizo mediante la Resolución 2013 -03-15-003, para lo cual expidió un acto previo, que son los cupones de pago que están en los folios 37 a 43.

De la calidad de sujeto pasivo de la actora

Los actos demandados determinaron el impuesto de alumbrado público a la actora por ejercer en su jurisdicción la actividad de transporte de carbón, con fundamento en el artículo 9.2.10 del Acuerdo 8 de 2009.

La actora sostiene que no es sujeto pasivo del impuesto porque no se benefició de la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio. Alega que debe inaplicarse el artículo 6º del Acuerdo 8 de 2009, porque considera que según esa norma es sujeto pasivo del impuesto cualquier individuo que goce o no del servicio de alumbrado público, lo que es contrario al artículo 7º del mismo acuerdo, conforme con el cual el hecho generador del impuesto es la prestación del servicio de alumbrado público y los sujetos pasivos son todos los contribuyentes beneficiarios directos o indirectos de la prestación del servicio de alumbrado público en todo el municipio.

Pues bien, el artículo 6º del Acuerdo 8 de 2009 señala lo siguiente:

“ART. 6º—Son Sujetos Pasivos del Impuesto al servicio de Alumbrado Público el contribuyente o responsable del impuesto, la persona natural, jurídica o sociedad de hecho, pública o privada, de economía mixta y sus asimiladas como patrimonios autónomos, consorcios, Uniones Temporales, beneficiados directa o indirectamente con el servicio de alumbrado público prestado en la jurisdicción del municipio de Zona Bananera, denominado “Hecho Generador” así mismo el propietario y/o arrendatario y/o ocupante y/o usuario del bien inmueble que reciba el beneficio directo o indirecto del servicio de alumbrado público o de energía eléctrica prestado en toda el área de la jurisdicción del Municipio, también aquellos bienes inmuebles que gocen o no de la prestación del servicio de energía eléctrica, así como todo aquel que realice cualquier actividad en jurisdicción del municipio, y en general, quienes utilicen los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del Municipio sobre tos cuales recae el servicio”.

De acuerdo con dicha norma son sujetos pasivos del impuesto, en general, quienes se beneficien directa o indirectamente del servicio de alumbrado público, por lo que no asiste razón a la actora. Además, no existe contradicción entre los artículos 6º y 7º del Acuerdo 8 de 2009. Por el contrario, se complementan, al punto que el artículo 6º del acuerdo remite al hecho generador previsto en la norma siguiente.

Así mismo, en sentencia de 26 de febrero de 2015(23), dictada dentro del proceso 19042, en el cual se negó la nulidad del artículo 6º del Acuerdo 8 de 2009, la Sala precisó lo siguiente:

“Sin embargo, la norma demandada es clara en establecer que tales personas jurídicas asumen esa condición en la medida en que resulten beneficiadas, directa o indirectamente, con el servicio de alumbrado público prestado en esa jurisdicción.

Tal como lo ha reiterado la Sala(24), el servicio de alumbrado público es un derecho colectivo(25) que los municipios tienen el deber de suministrar de manera eficiente y oportuna y, a su vez, la colectividad tiene el deber de contribuir a financiar para garantizar su sostenibilidad y expansión. En ese orden de ideas, como se precisó anteriormente, el objeto imponible es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo genera es el ser usuario potencial(26) receptor de ese servicio. Y, es usuario potencial todo sujeto que forma parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción territorial. No se requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, porque el servicio de alumbrado público, en general, es un servicio en constante proceso de expansión. El hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo.

De manera que, en cada caso particular, el municipio que administra el tributo deberá demostrar, en caso de que quiera conminar a una de las personas a que alude el artículo sexto del Acuerdo 8 de 2009, que es usuario potencial del servicio público en la jurisdicción territorial del municipio respectivo”.

Sobre la calidad de sujeto pasivo de la actora, la Sala se remite, de nuevo, al análisis de la sentencia de 24 de septiembre de 2015, en los siguientes términos(27):

“5.1. La administración estableció que la sociedad era sujeto pasivo del tributo porque la actividad de transporte de carbón que realiza en el municipio, se encuentra gravada por el artículo 9.2.4. del Acuerdo 8 de 2009(28), que dispone:

“ART. 9º—El impuesto al servicio de alumbrado público, se cobrará mensualmente para todos los sectores y estratos, teniendo en cuenta los siguientes esquemas tarifarios:

(...)

9.2. Tarifa aplicable a quienes no se les pueda determinar el consumo mensual de energía eléctrica.

(...)

9.2.4. Empresas mineras o carboneras (carbón natural y/o mineral): las empresas que utilizan el territorio de la jurisdicción del municipio de Zona Bananera para el transporte del carbón mineral y/o natural, pagarán una tarifa mensual equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv).

[...]

[...] sostuvo que no obtiene beneficio del servicio de alumbrado público en tanto no es propietaria de un bien inmueble o establecimiento de comercio, ni suscriptora o usuaria del servicio de energía eléctrica en el municipio de Zona Bananera. Además, el corredor férreo es de propiedad de Fenoco S.A.

[...]

5.5. En el presente caso se encuentra demostrado que el sustento legal que invocan los actos demandados, el artículo 9.2.4. del Acuerdo 8 de 2009, fue demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Esta corporación, mediante sentencia del 10 de mayo de 2012(29), negó la solicitud de nulidad, bajo los siguientes argumentos:

[...]

5.6. En ese litigio se negó la nulidad del artículo 9.2.4. Ibídem por considerar que no infringía los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001, en tanto no gravaba la actividad de transporte de carbón sino que servía como referente para determinar el sujeto pasivo del tributo.

5.7. Por consiguiente, la sentencia del 10 de mayo de 2012, que denegó la nulidad del artículo 9.2.4. del Acuerdo 8 de 2009, surte efectos de cosa juzgada erga omnes, pero únicamente sobre la causa petendi señalada.

5.8. En dicho aspecto, debe tenerse en cuenta que en la citada providencia, que reiteró el criterio jurisprudencial el 11 de mano de 2010(30), así como en las sentencias del 5 de mayo de 2011(31), del 15 de noviembre de 2012(32), del 7 de marzo de 2013(33), del 6 de febrero de 2014(34), y del 26 de febrero de 2015(35), la Sala ha condicionado la legalidad de las normas que imponen la calidad de sujeto pasivo a las empresas dedicadas a la exploración, explotación y transporte de recursos no renovables, a las siguientes premisa.

i) Que sean usuarios potenciales del servicio en tanto hagan parte de la colectividad que reside en el municipio que administra el tributo. Es decir, que tengan establecimiento en esa jurisdicción municipal.

ii) Que por tal motivo, resulten beneficiadas directa o indirectamente, de forma transitoria o permanente con el servicio de alumbrado público.

5.9. Con fundamento en esa posición jurisprudencial, la Sala negó la nulidad del artículo 6º del Acuerdo 8 de 2009(36), que regula la calidad de sujeto pasivo para el impuesto y períodos aquí discutido, precisando que las empresas que explotan o exploran recursos naturales pueden ser sujetos pasivos del tributo siempre que tengan establecimiento en el municipio que administra el tributo.

5.10. En consecuencia, aplicando el criterio indicado al sub examine, la imposición del gravamen estaría condicionada a que dichas empresas cuenten con establecimiento dentro de la jurisdicción del municipio demandado, pues de lo contrario no hacen parre de la colectividad y serían usuarios ocasionales.

5.11. Sin embargo, esa circunstancia no fue probada en el proceso.

5.11.1. Para la Sala, le correspondía a la parte demandada demostrar que la sociedad demandante era sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, esto es, que hacía parte de la colectividad que reside en su jurisdicción municipal y, que por ende, se beneficiaba de forma directa o indirecta con la prestación del servicio.

Así lo consideró, en la sentencia del 26 de febrero de 2015(37), que decidió la legalidad del artículo 6º del Acuerdo 8 de 2009, al señalar que en cada caso particular, el municipio que administra el tributo debe demostrar, en caso de que quiera conminar a una de las personas a que alude el artículo sexto del Acuerdo 8 de 2009, que es usuario potencial del servicio público en la jurisdicción territorial del municipio respectivo.

No puedeperdersedevista que este impuestofue liquidadodeformadirectaporel municipioy,desde esa perspectiva, le correspondía señalar los supuestos de hechos previstos para poder atribuirle tal consecuencia jurídica —la calidad de sujeto pasivo—. 

En efecto, la autoridad tributariaestabafacultadaparaadelantarlainvestigación correspondiente y propiciar el debate probatorio pertinente,a efectosde fundamentar las decisiones que adopta. 

5.11.2. Máxime cuando la demandante sostuvo que no tiene bien inmueble o establecimiento en el municipio de Zona Bananera y, que, por esa razón, no era sujeto pasivo del impuesto(38).

Este argumento no fue controvertido porelmunicipioy,constituyeunanegación indefinida quenorequieredeprueba,conformeconelartículo177 delCódigode ProcedimientoCivil,correspondiéndolealademandadadesvirtuartalafirmación, circunstancia que no está probada en el expediente. 

5.12. Habida consideración de quenoseencuentraprobadoqueDrummondLtd., hicierapartede lacolectividadque resideen elmunicipiode ZonaBananera, no es procedente que se le impusiera la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público.

En consecuencia, procede el cargo para el apelante” (subraya la Sala).

Así, para la Sala, la imposición del gravamen está condicionada a que los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público tengan establecimiento dentro de la jurisdicción del municipio prestador del servicio de alumbrado público pues, de lo contrario, no son parte de la colectividad sino usuarios ocasionales del servicio.

En tal sentido, al municipio de Zona Bananera le correspondía demostrar que la actora era sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público porque tenía establecimiento en dicha jurisdicción y, en consecuencia, era usuaria potencial del servicio de alumbrado público.

En el caso en estudio está probado que el 4 de junio de 2015 el superintendente de tierras de la actora Fabio Esteban de Jesús Barrera, declaró, en la etapa de pruebas de primera instancia, que C.I. Prodeco S.A. no tenía bienes inmuebles en el municipio de Zona Bananera y no realizaba ninguna operación en esa jurisdicción. Que tan solo utilizaba la línea férrea de Fenoco para movilizar el carbón desde el lugar de explotación y que la sede administrativa de C.I. Prodeco S.A. está en Barranquilla(39) .

Igualmente, en el expediente se encuentra la certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, de 13 de marzo de 2015 en el que consta lo siguiente(40):

“Asunto: Derecho de petición - Solicitud de certificación, Rad. 1472015ER253.

De acuerdo a (sic) lo solicitado en el oficio precitado en el asunto, nos permitimos informarle que consultada la base catastral del Municipio de Zona Bananera - Magdalena, se constató que no aparecen inmuebles inscritos a nombre del (sic) C.f. Prodeco S.A.

Cordialmente,

José de Jesús Villamil Quiroz.

Director Territorial Magdalena”.

También se encuentra en el expediente, la certificación de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Ciénaga - Magdalena, de 25 de mayo de 2015, en la que se indicó lo siguiente(41):

“El registrador de instrumentos públicos seccional Ciénaga Magdalena

Certifica:

Que revisado el índice de propietario en el sistema de folio Magnético, correspondiente a este Circulo Regional (Municipio de Ciénaga, Zona Bananera, Pueblo Viejo y Pivijay) a la fecha no aparece como propietario inscrito el (la) señor (a) Cía.

C.I. Prodeco S.A., identificado con Nit. 860.041.312-9.

[...]

Eduardo Castillo Sirtori

Registrador de II.PP Secc. Ciénaga Magd.”.

A su turno, la demandada no presentó ningún elemento probatorio para controvertir que la actora no poseía inmuebles o algún establecimiento en la jurisdicción del municipio de Zona Bananera.

A partir de lo probado por la actora, y ante la ausencia de pruebas que desvirtúen lo demostrado por C.I. Prodeco S.A., la Sala concluye que la actora no era sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el municipio de Zona Bananera para los meses comprendidos entre agosto de 2012 y febrero de 2013. En consecuencia, no procedía la determinación oficial del impuesto por los citados periodos.

Las razones anteriores son suficientes para revocar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, anular los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, declarar que C.I. Prodeco S.A. no está obligada al pago del impuesto de alumbrado público por los periodos en discusión.

Condena en costas.

El Tribunal no condenó en costas porque no se probó que se hubieran causado y no existió comportamiento inadecuado de la actora que ameritara tal condena.

La Sala confirma la no condena en costas impuestas por el a quo en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada y niega la condena en costas en esta instancia, con base en el siguiente análisis:

En relación con la condena en costas, el artículo 188 del CPACA consagra lo siguiente:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Por su parte, el artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes”.

Así pues, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción” (destaca la Sala).

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 4º del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), puesto que la sentencia de primera instancia se revocó y en su lugar se declaró la prosperidad de las pretensiones de la demanda. No obstante, la Sala ha precisado que estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º(42).

Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en esta instancia.

En suma, se revoca el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, se anulan los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho se declara que la actora no está obligada al pago del impuesto de alumbrado público del municipio de Zona Bananera por los meses comprendidos entre agosto de 2012 y febrero de 2013. No se ordena la devolución de suma alguna de dinero porque la actora no demostró el pago del impuesto de alumbrado público por los periodos en discusión.

Así mismo, se declara no probada la excepción de “imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos” y no se condena en costas en segunda instancia. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar dispone:

1. DECLÁRASEla nulidad de la Resolución 2013-03-15-003 de 15 de marzo de 2013 y de la Resolución 2013-09-09-006 de 9 de septiembre de 2013, que fijaron el impuesto de alumbrado público a cargo de la actora por los meses de agosto de 2012 a febrero de 2013.

A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que C.I. Prodeco S.A. no está obligada al pago del impuesto de alumbrado público del municipio de Zona Bananera por los periodos de agosto de 2012 a febrero de 2013.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. DECLÁRASEno probada la excepción de “imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos”.

3. RECONÓCESEpersonería a Vanessa Pernett Polo como apoderada del municipio de Zona Bananera, según poder que está en el folio 442.

ACÉPTASE la renuncia del poder de Vanessa Pernett Polo(43) y RECONÓCESEpersonería a Epigmelio Perea Arroyabe, como apoderado del municipio de Zona Bananera, según poder que está en el folio 515.

No se condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Stella Jeannette Carvajal Basto, presidente—Milton Chaves García—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(1) Folios 355 a 366.

(2) Folios 37 a 43.

(3) Folios 53 a 56.

(4) Folios 59 a 68.

(5) Folio 23.

(6) Folios 77 a 94 c. ppal.

(7) En la audiencia inicial, la Magistrada Ponente declaró no probadas las excepciones propuestas por el Municipio. Sin embargo, no se pronunció sobre la excepción de imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos, por tratare de una excepción de fondo.

(8) Folios 355 a 366.

(9) Sentencia de 10 de mayo de 2012, exp. 18043, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(10) Folios 375 a 394.

(11) Sentencia de 24 de septiembre de 2015, exp. 21217, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(12) Ibídem.

(13) Folios 443 a 463.

(14) Se reitera que salvo esta excepción, todas fueron resueltas y se declararon no probadas en la audiencia inicial llevada a cabo el 30 de enero de 2015, decisión que se notificó en estrados y quedó en firme.

(15) EI ponente es del criterio de que, por lo menos antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, que fijó como hecho generador del impuesto de alumbrado público “el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público” (artículo 349), los municipios y distritos del país no podían adoptar en su jurisdicción el referido impuesto. Esto, porque el artículo 1º literal d) de la Ley 97 de 1913 autorizó la creación del tributo pero no especificó el hecho imponible, es decir, el hecho económico revelador de capacidad contributiva y, según la Sentencia C-035 de 2009, para que las entidades territoriales puedan fijar los elementos esenciales de los tributos, la ley debe autorizar la creación del gravamen y delimitar el hecho gravado.
Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala con el fin de dar continuidad a la jurisprudencia, en esencia, porque la Sentencia C-504 de 2002, que declaró exequible el artículo 1º literal d) de la Ley 97 de 1913, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y desde la sentencia de 11 de marzo de 2010, exp. 16667, la Sección Cuarta tiene una constante y reiterada posición en el sentido de que con base en el artículo 1 literal d) de la Ley 97 de 1913 “el objeto imponible {del impuesto] es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo genera es el ser usuario potencial receptor de ese servicio”. Además, porque el artículo 353 de la Ley 1819 de 2016 permite mantener la vigencia de los acuerdos que se adecuen a lo previsto en los artículos 349 a 342 de la misma ley, salvo aquellos acuerdos que deben ser modificados, lo que debe realizarse en un año, como plazo máximo.

(16) Sentencia de 24 de septiembre de 2015, exp. 21217, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(17) En el Libro V del ETN, las liquidaciones oficiales revisten diferentes modalidades y finalidades: (i) verificar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o corregir los errores de las declaraciones privadas (v. gr. liquidación oficial de revisión y de corrección aritmética) o (ii) para suplir su falta adelantando, para tal fin, las investigaciones necesarias para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias en su jurisdicción, no declarados (v. gr. liquidación de (aforo).

(18) Sentencias del 4 de noviembre de 2010, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez, exp. 17211, y del 4 de mayo de 2015, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 20615

(19) Piza Rodríguez, Julio Roberto. Régimen Impositivo de las entidades territoriales en Colombia, Universidad Externado de Colombia. 2012, pp. 493-494.

(20) En igual sentido se pronunció esta Sala en Sentencia del 4 de noviembre de 2010, C.P. Carmen Teresa Ortiz, exp. 17211.

(21) C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, exp. 21113.

(22) Cfr. numeral 2.3.1.

(23) Exp. 19042 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(24) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá D.C., 11 de marzo de 2010. Rad. 54-001-23-31-000-2004-01079-02. Nº interno: 16667. Demandante Ernesto Collazos Serrano Demandado: Municipio San José de Cúcuta.

(25) Literal j) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.

(26) DRAE. Definición de Potencial 4. adj. Que puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe.

(27) Expediente 21217. C.P Jorge Octavio Ramírez.

(28) “Por el cual se precisan los sujetos pasivos, bases gravables y se modifican las tarifas del impuesto de alumbrado público municipal de Zona Bananera”.

(29) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, exp. 18043.

(30) C.P. Hugo Fernando Bastidas, exp. 16667.

(31) C.P. William Giraldo Giraldo, exp. 17822.

(32) C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, exp. 18107.

(33) C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, exp. 18579.

(34) C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, exp. 18632.

(35) C.P. Hugo Fernando Bastida Bárcenas, exp. 19042. En esta providencia se analizó la legalidad del articulo 6º Acuerdo 8 de 2009 del Municipio de Zona Bananera que dispone la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público.

(36) Sentencia del 26 de febrero de 2015, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, exp. 19042.

(37) C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, exp. 19042.

(38) FI. 12 C.P.

(39) CD con folio 277.

(40) Folio 314.

(41) Folio 315.

(42) Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(43) Por escrito de 8 de febrero de 2017, la doctora Vanessa Pernett Polo renunció al poder (folio 505). Además se cumplieron los requisitos del artículo 76 del Código General del Proceso.