Sentencia 2013-00307 de noviembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Rad.: 23001233300020130030701

Actor: Pedro(1).

Accionado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Dirección de Sanidad.

Acción de tutela – impugnación

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia: Corresponde a esta Sala conocer la presente acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”.

2. Planteamiento del problema jurídico.

Vistos los antecedentes fácticos del caso, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse, consiste en determinarsi la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, al no proferir una orden con el fin que le sea practicado una nueva junta médico laboral para emitir su concepto de calificación y determinar sus reales condiciones de salud.

3. Fundamentos de decisión.

3.1. La protección especial de las personas portadoras del VIH/SIDA.

Tal y como lo consagra la Carta Magna en su artículo 13, es deber del Estado proteger a las personas “que por su condición económica, física o mental, se encuentren en estado de debilidad manifiesta”. El anterior precepto es aplicable a las personas portadoras de VIH y las que padecen SIDA.

El VIH/SIDA ha sido catalogado como una de las principales causales de mortalidad en el mundo, por ello, los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas han previsto la urgente necesidad de unir y aumentar esfuerzos para alcanzar el acceso universal a programas de prevención, tratamiento, apoyo y ratificación de los derechos de las personas, reiterando su compromiso en la lucha contra esta patología “con miras a orientar e intensificar la respuesta mundial frente al VIH y el SIDA promoviendo el mantenimiento y compromiso político, reafirmando los derecho de las personas que padecen esta patología, de conformidad con la legislación interna, las prioridades nacionales en materia de desarrollo y las normas internacionales de derechos humanos”, así como también “intensificar los esfuerzos de las naciones a crear marcos jurídicos sociales y normativos en cada contexto nacional a fin de eliminar el estigma, la discriminación, la violencia relacionados con el VIH y promover el acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relativos al VIH y el acceso no discriminatorio a la educación, la atención de la salud, el empleo y los servicios sociales, a proporcionar la protección jurídica de las personas afectadas por el VIH ...”.

En aras de contribuir al compromiso adquirido por el Estado la Jurisprudencia Constitucional(10) elevó a la categoría de sujetos de especial protección, a las personas portadoras de VIH y SIDA, en acatamiento a los principios rectores que lo rigen tal como lo es el artículo 93(11) Superior. Por lo anterior, y debido a las circunstancias específicas del asunto bajo análisis, se avalará la procedencia de la presente acción de tutela como mecanismo principal, con fundamento en los siguientes aspectos:

3.2. Procedencia de la acción de tutela para solicitar la revisión de los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral.

Dado su carácter preferente y subsidiario, la procedencia del amparo constitucional está limitada al cumplimiento de unas circunstancias específicas que permitan su invocación, todo ello con el propósito de impedir que cualquier asunto que no se encuentre ligado a su naturaleza, sea ventilado o resuelto por esta vía excepcional, pues dado su carácter residual, subsidiario, inmediato, autónomo, directo y preferente para la protección de los derechos fundamentales de las personas, siempre que estos se vean vulnerados o amenazados por la actuación de una autoridad pública y no exista otra vía de protección judicial y/ó acredite la existencia de un perjuicio irremediable.

Por regla general la jurisprudencia constitucional ha determinado la inviabilidad de la acción de tutela para controvertir la legalidad de los dictámenes de pérdida de capacidad psicofísica proferidos por las juntas de calificación de invalidez, en nuestro caso, la calificación proferida por la Junta y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía Nacional a través de las actas 677 del 8 de junio de 2012 y 3662 de 3 de diciembre de la misma anualidad, como quiera que el escenario judicial que surjan con su expedición es la jurisdicción contencioso administrativa.

Pese a lo anterior, se ha consentido la posibilidad de que en ocasiones meramente excepcionales proceda la acción de tutela para la práctica de una nueva valoración de la pérdida de la capacidad laboral, tales como i) cuando pese a la existencia de un mecanismo judicial, éste no resulta idóneo o eficaz ii) o cuando aún si el mecanismo reviste de idoneidad es necesaria la intervención del juez de tutela en aras de evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Como ya se dijo, el presente asunto cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para su procedencia excepcional pues, el recurso de amparo se interpone en aras de impedir la configuración de una lesión iusfundamental de los derechos del accionante.

4. Del caso concreto.

En el sub examine, se encuentra demostrado que:

— Al señor Pedro, Intendente de la Policía Nacional se le diagnosticó “Infección por HIV estadio B1 sin secuelas valorables” (fl. 81) y que la misma pasó de un “Estadio B1 a B2 sin secuelas valorables” (fl. 82), “fractura de peroné derecho sin secuelas valorables y cicatriz traumática de antebrazo derecho”, con una calificación de disminución de la capacidad laboral de un 8%.

— Que por medio del derecho de petición de 28 de mayo de 2013 dirigido a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional solicitó se le realizara una nueva valoración por parte de la junta médico laboral para que evaluara las reales condiciones de su salud (fl. 12).

— En respuesta a lo anterior la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional señaló la improcedencia de su solicitud, bajo el argumento que el Tribunal de Revisión Militar y de Policía en segunda instancia había emitido su pronunciamiento, siendo improcedente la práctica de una nueva junta, afirmación que fue respaldada por la entidad accionada en sus escritos de contestación e impugnación, quien agregó que dicha imposibilidad nacía de la norma reguladora de estos asuntos como lo es el Decreto 1796 de 2000, en donde consta que la misma sólo puede ser practicada por una sola vez, y contra el concepto emitido proceden los recursos de ley y los medios de control contencioso administrativos pertinentes.

No obstante, es importante tener en cuenta, que tal disposición autoriza la práctica de una nueva calificación de la junta médico laboral, sí después de realizada la valoración primigenia las condiciones cambian y el paciente presenta nuevas lesiones o afectaciones, que como en el caso de las personas afectadas por el VIH/SIDA pueden indudablemente presentarse. En virtud de lo anterior, la Sala considera necesaria la práctica de todos los exámenes pertinentes que ayuden a determinar el verdadero estado de salud y condición patológica del paciente, además de considerar que los mismos deben ser practicados con regularidad.

La anterior afirmación encuentra respaldo en los mismos conceptos emitidos por los galenos al servicio de la entidad quienes al emitir el “concepto de especialistas” plausible en la Junta Médico Laboral 677 de 8 de junio de 2012, manifestaron la necesidad de adelantarle al actor “controles periódicos”.

En ese sentido y con el propósito de evitar la configuración de un perjuicio irremediable a un sujeto de especial protección constitucional, se accederá al amparo invocado por el señor Pedro, pues la negativa de la práctica de una nueva valoración medico laboral, desconoce desde todo punto de vista los preceptos superiores e internacionales(12) encaminados a mejorar la calidad de vida a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

En consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión proferida por el juez constitucional a quo en el sentido de otorgar la protección de los derechos a la salud y vida del ciudadano Pedro, y se adicionará en el sentido de garantizar el derecho a la intimidad del accionante en tanto mantener la reserva del expediente y que la única opción de consulta se limitará a la sentencias proferidas en primera y segunda instancia, por lo menos mientras permanezca en esta corporación.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda —Subsección A—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VI. FALLA:

I. CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia de 5 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba en el sentido de amparar el derecho a la salud y vida del ciudadano Pedro de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

II. ADICIÓNESE el anterior proveído en el sentido de garantizar el derecho a la intimidad del accionante, en tanto mantener la reserva del expediente y que la única opción de consulta se limitará a las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, por lo menos mientras permanezca en esta corporación.

III. LÍBRENSElas comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En atención a lo solicitado en el líbelo demandatorio por el apoderado de la parte actora y en aras de garantizar el derecho a la intimidad, el nombre del actor será cambiado a Pedro.

(9) Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 10 de junio de 2011, 95ª Sesión Plenaria.

(10) Corte Constitucional Sentencias: T-554 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio, T-848 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(11) Constitución Política de Colombia ART. 93.—“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consignados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia...”.

(12) Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT (2001)”El VIH/SIDA y el mundo del Trabajo”.