Sentencia 2013-00320/21060 de agosto 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicado: 680012333000201300320-01 [21060]

Actor: Ventanal Arketipo S.A. Ventanar S.A.

Demandado: UAE-DIAN

Referencia: Impuesto sobre las ventas segundo bimestre de 2010

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, debe la Sala determinar: i) La base para liquidar el impuesto sobre las ventas del 2º periodo del año gravable 2010, por las operaciones realizadas por la sociedad, ii) Verificar si se debe aplicar sanción por inexactitud, y iii) Si es procedente condenar en costas a la demandada.

2. De la base gravable del impuesto sobre las ventas - adición de impuesto generado a la tarifa del 16% Reiteración jurisprudencial(7). 

2.1. La sociedad demandante alega que la actividad de construcción de fachadas y ventanería en bienes inmuebles corresponde a la construcción o confección de obra material, por lo que la base gravable del impuesto sobre las ventas es la utilidad del constructor, de acuerdo con el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992.

La administración de impuestos por su parte sostiene que la actividad de la demandante corresponde a una venta de bienes muebles con instalación, según lo dispuesto en el artículo 421 literal c) del estatuto tributario. Por tanto, la base gravable del impuesto es el valor total de la operación, de acuerdo con el artículo 447 ibídem.

2.2. El artículo 420 del estatuto tributario define los hechos sobre los que recae el impuesto, así:

“ART. 420.—El impuesto a las ventas se aplicará sobre:

a) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente;

b) La prestación de los servicios en el territorio nacional;

c) La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente;

(…)”

El artículo 421 del estatuto tributario define los hechos que se consideran venta para efectos del tributo, de la siguiente manera:

“ART. 421.—Hechos que se consideran venta. Para los efectos del presente libro, se consideran ventas:

a. Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y a nombre de terceros.

b. Los retiros de bienes corporales muebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa.

c. <Literal modificado por el artículo 50 de la Ley 488 de 1998>. Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios no gravados, así como la transformación de bienes corporales muebles gravados en bienes no gravados, cuando tales bienes hayan sido construidos, fabricados, elaborados, procesados, por quien efectúa la incorporación o transformación”.

De acuerdo con el artículo 421 literal c) del estatuto tributario, se considera venta la instalación de un bien corporal mueble a un inmueble, cuando el bien mueble es fabricado o elaborado por quien hace la instalación.

2.3. Por su parte el artículo 447 del estatuto tributario, establece que la regla general, en la venta y prestación de servicios, es que la base gravable está integrada por “el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición” (negrilla fuera de texto).

De manera, que la imposición recae sobre el valor total de la operación que da lugar a la obligación tributaria.

2.4. Sin embargo, frente a algunas actividades, el legislador fijó en forma especial la base gravable para determinar el tributo a cargo, como es en los contratos de construcción de bien inmueble. El artículo 3º del Decreto 1372 de 1992 determina una base especial, así:

“ART. 3º—Impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble. En los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares …”.

De conformidad con la anterior disposición la base gravable del impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bienes inmuebles, corresponde a la prestación de un servicio, son los honorarios obtenidos por el constructor, en caso de no pactarse se causa sobre la utilidad obtenida, que se encuentra estipulada en tales contratos.

La base gravable para liquidar el IVA en los contratos de construcción, prevista en el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, no modifica la regla general descrita en el artículo 447 del estatuto tributario, sino que la aclara sin exceder los límites previstos en la mencionada disposición. Así lo precisó esta sección al analizar la legalidad de la citada norma(8).

En dicha oportunidad, la sección señaló, en lo pertinente, lo siguiente:

“[…] la expresión “valor total de la operación” corresponde al valor total de la remuneración que obtenga el responsable por el servicio prestado lo cual resulta acorde con el hecho generador del impuesto en este evento relacionado con la actividad de “prestación de servicios”, y con el nuevo tratamiento que la Ley 6a. da a este hecho generador del impuesto a las ventas.

Así las cosas el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, que establece la base gravable en los servicios originados en los contratos de construcción de bien inmueble, “en la parte de los ingresos correspondientes a los honorarios obtenidos por el constructor” y “cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor”, no modifica la base gravable que de manera general establece el artículo 447 del estatuto tributario, sino que por el contrario la precisa o determina en la parte que corresponde a la contraprestación o remuneración por el servicio que involucra este tipo de contratos, llámese honorarios o utilidades para el constructor, con lo cual sigue la base gravable circunscrita al ingreso percibido por la prestación del servicio, sin sufrir modificación alguna, imprimiendo claridad y precisión, sobre el particular; no produciéndose ampliación de la base gravable ni confusión, como lo afirma el accionante. Precisiones que contrariamente a lo que considera el accionante, evitan gravar conceptos de origen y destinación distintos a la remuneración obtenida por la prestación del servicio de ingeniería o arquitectura por parte del constructor, que es el hecho generador del impuesto a las ventas, en este caso, cuando no están vinculados a la vivienda hasta de dos mil trescientos (2.300) UPACS numeral 7, artículo 25 de la Ley 6ª de 1992.

Entenderlo de otra manera, sería tanto como admitir que dentro de tal base gravable quedan involucradas otras operaciones ajenas a la prestación del servicio por parte del sujeto pasivo, para el caso, los costos y gastos imputables al bien construido, conceptos sobre los cuales, obviamente, no recae el gravamen al no ser objeto del impuesto la venta de bien inmueble.

En consecuencia, la base gravable establecida en el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, para los servicios originados en los contratos de construcción de inmuebles, no modifica la regla establecida en el artículo 447 del estatuto tributario, sino que como quedó visto, la aclara sin exceder los límites previstos en la mencionada disposición, motivo por el cual no es viable acceder a la nulidad incoada por el accionante, al respecto.

(…) (se destaca)

Por tanto, la base gravable para liquidar el IVA en la prestación del servicio de construcción es el valor total de la operación, esto es, la remuneración que perciba el constructor, llámense honorarios o utilidad, según el caso.

2.5. El contrato de confección de obra material de bien inmueble y de construcción y los servicios inherentes a esta actividad, se encuentra definido en el Concepto Unificado 001 de 2003 de la DIAN, en su título IV, capítulo II numerales 1.3 y 1.4, así.

1.3. Confección de obra material.

Los contratos de confección de obra material son aquellos por los cuales el contratista directa o indirectamente edifica, fabrica, erige o levanta obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción en sí no constituyendo contratos de construcción las obras o bienes que pueden removerse o retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble como divisiones internas en edificios ya terminados. Por lo tanto y para efectos impositivos, no por el hecho de denominarse en forma diferente varía su naturaleza, en cuanto hay elementos que siendo de su esencia los caracterizan.

El artículo 3º del Decreto 1372 de 1992 establece que (…)

La base gravable para liquidar el impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios será el valor total de la remuneración que perciba el responsable por el servicio prestado, independientemente de su denominación y de los factores que se hayan aplicado en la determinación de la misma. Por ejemplo, en contratos en los que se utilice la fórmula A.I.U. (anticipo, imprevistos y utilidades) o se aplique el factor multiplicador, estos no se tendrán en cuenta para efectos de determinar la base gravable del IVA, es decir la base estará conformada por el valor total de la remuneración percibida por el contratista, llámese honorarios o utilidad según el caso.

1.4. Servicio de construcción.

Son contratos de construcción y urbanización y en general de confección de obra material de bien inmueble aquellos por los cuales el contratista, directa o indirectamente, edifica, fabrica, erige o levanta las obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción en sí, tales como: electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la construcción. No constituyen contratos de construcción las obras o bienes que puedan retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble, como divisiones internas en edificios ya terminados.

(…)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondientes a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares (negrillas fuera de texto).

2.6. Según la definición de contratos de construcción prevista en el concepto unificado de IVA 1 de 2003, que ambas partes aceptan, se entiende por construcción en inmuebles no solo el levantamiento de obras o edificaciones, directa o indirectamente, sino todas “las obras inherentes a la construcción en sí, tales como: electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la construcción”, siempre y cuando al retirarse las obras de la construcción se cause detrimento al inmueble. Si las obras pueden retirarse fácilmente de la construcción sin causar detrimento a esta, no se consideran construcción.

En el mismo sentido, en el oficio 029840 de 2006, la DIAN estableció lo siguiente:

“Para una correcta aplicación de lo previsto en el concepto unificado, es preciso observar que el mismo, al señalar que no constituyen contratos de construcción las obras o bienes que puedan removerse o retirarse fácilmente, establece como condición que dicho retiro pueda efectuarse sin detrimento del inmueble. En esas circunstancias, cuando el concepto indica que no constituyen contrato de construcción las obras o bienes que pueden removerse o retirarse fácilmente, se está refiriendo a aquellas que se segregan a la construcción como accesorios (y que por ello cita como ejemplo las divisiones internas en edificios terminados), pero no a los elementos estructurales que hacen parte de la construcción en sí.

En consecuencia, si se trata de contratos que tienen por objeto la fabricación de edificaciones del tipo puentes o estaciones de transporte, los mismos se adecuan a la definición de contratos de confección de obra material, independientemente de la tecnología que se utilice para llevar a cabo la construcción. El hecho de que se utilicen estructuras metálicas removibles o no, por ejemplo ladrillo o concreto, no le quita el carácter de construcción a las obras pues, en el evento de que tales estructuras sean removidas, se causa inevitablemente, un detrimento al inmueble o edificación. En otras palabras, la modernización de las construcciones y el uso de materiales, no obsta para que a los respectivos contratos se les dé el tratamiento tributario previsto en la ley”.

Entonces, lo determinante para que las obras o bienes en los inmuebles se consideren construcciones es que no puedan retirarse sin deterioro de los inmuebles.

Con el mismo criterio, en el Concepto 044201 de 29 de mayo de 2009, la DIAN reiteró la doctrina vigente sobre los contratos de construcción y señaló lo siguiente:

“[…]

Mediante los oficios 029840 y 073113 de 2006 (que se remite al Concepto unificado del impuesto sobre las ventas), esta oficina se refirió al concepto de detrimento en los siguientes términos:

Oficio 029840 de 2006 “… El hecho de que se utilicen estructuras metálicas removibles y no, por ejemplo, ladrillo o concreto, no le quita el carácter de construcción a las obras pues, en el evento de que tales estructuras sean removidas, se causa, inevitablemente, un detrimento al inmueble o edificación. En otras palabras, la modernización de las construcciones y el uso de materiales con bajo impacto ambiental, como estructuras de metal, ajustables y removibles, no obsta para que a los respectivos contratos se les dé el tratamiento tributario previsto en la ley…”.

Oficio 073113 de 2006: “En el Concepto Unificado del impuesto sobre las ventas 00001 de 2003, dentro del capítulo II “Servicios gravados” del título IV, esta entidad hizo las siguientes precisiones:

“SERVICIOS GRAVADOS

DESCRIPTORES: SERVICIOS GRAVADOS. SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN. (PÁGINA 143-144)

1.4. SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN

Son contratos de construcción y urbanización, y en general de confección de obra material de bien inmueble aquellos por los cuales el contratista directa o indirectamente, edifica, fabrica, erige o levanta las obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción en sí, tales como: Electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la construcción. No constituyen contratos de construcción las obras o bienes que puedan retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble como divisiones internas en edificios ya terminados. […]

Obsérvese que en esta definición se diferencia claramente entre las obras inherentes a la construcción en sí (tales como: electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes) y las obras o bienes que puedan retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble. Es decir las primeras están estrechamente unidas a la construcción en sí y son imprescindibles para el funcionamiento de la edificación, en tanto que las segundas aluden a las adecuaciones que se le hacen a la edificación en atención a su destinación”.

[…]

Considerando que existe un amplio grupo de actividades a las que resulta aplicable el concepto de construcción, se reitera que en cada caso deben tenerse en cuenta las circunstancias propias del negocio para efectos de la aplicación del IVA, pues en efecto, no es posible confundir una venta con instalación, con un contrato de construcción propiamente dicho”.

2.7. Así, son obras y bienes inherentes a la construcción aquellas que están estrechamente unidas a la construcción y son imprescindibles para su funcionamiento, al punto que si se retiran se deteriora o pierde funcionalidad la construcción.

Además, en cada caso deben analizarse las circunstancias propias del negocio para determinar si existe venta de muebles con instalación o prestación de servicios de construcción, pues la base gravable del IVA, esto es, el valor total de la operación, es distinta en los dos eventos.

2.8. En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

2.8.1. En la declaración del IVA por el bimestre 2 del año gravable 2010, la sociedad determinó el impuesto generado a la tarifa del 16% sobre el valor correspondiente a la utilidad del constructor(9).

2.8.2. Previo requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió lliquidación oficial de revisión por la que modificó la declaración para fijar el IVA generado a la tarifa del 16% sobre el valor total de la operación e imponer sanción por inexactitud(10). La citada decisión se confirmó en reconsideración.

2.8.3. Según el certificado de representación legal de la sociedad dentro de las actividades que desarrolla están las siguientes: “La fabricación y comercialización nacional e internacional, distribución, importación y exportación de productos para uso arquitectónico y decorativo, relacionados con la carpintería y el amoblamiento de espacios de trabajo; la realización de obras civiles relacionadas: con la remodelación, conservación, mantenimiento y adecuación de toda clase de inmuebles. La producción, fabricación, comercialización, distribución, exportación e importación de equipos, insumos y productos arquitectónicos y decorativos relacionados con la carpintería y el amoblamiento de espacios de trabajo; el desarrollo de actividades de asesoría, servicio, consultoría, obras, investigación, diseño y demás actividades relacionadas con los productos arquitectónicos y decorativos. […]”(11).

2.8.4. En el certificado de inscripción, clasificación y calificación de proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, consta que de acuerdo con el sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), la actividad principal de la actora corresponde al código 4330 “Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil” y figura como actividad secundaria, la del código 3110, que corresponde a la fabricación de muebles.(12)

2.8.5. En el RUT del contribuyente consta que su actividad económica principal es 4551 (instalación de vidrios y ventanas).(13)

2.8.6. El ejercicio de la actividad de construcción está probado con los contratos allegados al proceso que dan cuenta de que la actora desarrolla las actividades de adecuación, remodelación, reparación y construcción, con inclusión de fachadas de edificios; de construcción e instalación de puertas y ventanas en aluminio y vidrio; suministro e instalación de ventanería en aluminio, vidrio y espejos; construcción de la carpintería en aluminio anodizado color natural y cristal importado; construcción e instalación de ventanería y vidrio; construcción de ventanería; construcción e instalación de ventanas basculante, ventana corredera, vitrina fija, puerta de corredera y rejillas en aluminio, etc.(14)

2.8.7. Igualmente obran facturas de ventas, en las que se lee: Expedidas por la demandante, por concepto de confección y construcción de obra material y montaje para la instalación de la carpintería en aluminio, construcción de fachadas(15) y se especifica la utilidad.(16)

2.8.8. Así mismo, de acuerdo con las pruebas que figuran en el expediente, la DIAN adjudicó la licitación pública LP-NC-002-2012 a la Unión Temporal conformada por las sociedades Consultoría e Imagen SAS y Ventanal Arketipo S.A., quien acreditó la calidad de constructor, pues este era uno de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones(17). Como resultado de este proceso, se suscribió el contrato de obra 100215312-217-0-2012, cuyo objeto fue “contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, remodelación, reparación y construcción, con inclusión de fachadas, de los edificios sede de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, en las ciudades de: Grupo 1 Pereira, Armenia Bogotá (Escuela)l(18).

2.8.9. Si bien el contrato que suscribió la actora con la DIAN no se refiere al periodo gravable en discusión, se advierte que con la adjudicación de la licitación, la demandada reconoció que la actora ejerce la actividad de construcción o confección de obra material, pues, se reitera, el ejercicio de dicha actividad era uno de los requisitos de la licitación.

2.8.10. En los antecedentes obra oficio de la firma de Arquitectos Arqur dirigido a Ventanal Arketipo, en el que conceptuó respecto a la elaboración e instalación de carpintería en aluminio anodizado color natural y cristal para crear fachadas de un edificio, en los siguientes términos:(19)

“[…]

lo que aquí se describe no es otra cosa que una intervención de construcción sobre un predio, no podría ni tan siquiera considerarse una reparación locativa, o mejoras simples, ya que su objeto en este evento es la construcción de una fachada, lo cual permite que el interior del predio no quede a la intemperie, lo cual coincide en el finiquito de la construcción.

No sobra mencionar, que esta fachada hace parte vital y de la esencia de la construcción en mención y hace imposible el retiro del material de carpintería en aluminio o la ventanería, sin detrimento del inmueble […]”.

2.8.11. De acuerdo con las pruebas relacionadas, la sociedad sí se dedica a la actividad de construcción. Además, la construcción de fachadas y ventanería en aluminio y vidrio están destinadas al uso y beneficio del inmueble y constituyen elementos estructurales de la construcción.

El hecho de que las ventanas o fachadas se puedan separar, retirar o remover del inmueble, no le quita el carácter de construcción de obra, pues estos elementos hacen parte integral de la construcción y no como accesorios de esta, por lo que su remoción genera un detrimento o deterioro al inmueble.

Por lo anterior, está demostrado que la actividad de instalación de fachadas y ventanería desarrollada por la actora corresponde a una construcción en los términos del Concepto Unificado 001 de 2003, toda vez que estos elementos son indispensables para el bien inmueble, porque sin ellos se pierde la esencia de la construcción y la finalidad para la cual fue construido el inmueble, pues su retiro genera detrimento en el inmueble.

2.9. Por lo expuesto, la base gravable sobre la que se debía liquidar el IVA es el valor de la utilidad del constructor, conforme con el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, como lo hizo la demandante. Y no era procedente la liquidación efectuada por la DIAN al incluir en la base gravable del IVA la totalidad del valor de la operación por concepto de la venta de bienes muebles, según lo dispuesto en el artículo 421 del estatuto tributario y la definición que de la base gravable del IVA se encuentra, de manera general, en el artículo 447 ib., esto es, sobre el valor total de la operación.

3. Condena en costas y agencias en derecho.

3.1. El tribunal, en la sentencia apelada, señaló: CUARTO: CONDÉNASE en costas a la demandada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y a favor de la sociedad accionante, las cuales serán liquidadas por Secretaria una vez ejecutoriada la sentencia. Para tal efecto FÍJANSE por concepto de agencias en derecho la suma equivalente al uno por cuento (1%) del valor de las pretensiones de la demanda, conforme lo señalado en la parte considerativa. Esta decisión se mantiene por no haber sida apelada por la parte demandada.

3.2. Respecto de la condena en costas en esta instancia, se advierte que conforme con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(20), cuando el juez disponga sobre la condena en costas, tendrá que consultar las reglas previstas el Código de Procedimiento Civil, actual Código General del Proceso, es decir, el artículo 365, dentro de las que se encuentra la que prevé que “[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” [numeral 8].(21)

3.3. Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013(22), señaló lo siguiente:

“La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”.

3.4. En el caso concreto en el expediente no existe ningún medio de prueba para que en esta instancia se profiera condena a alguna de las partes, razón suficiente para negarla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la Sentencia de 13 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Tatiana Orozco Cuervo, como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los fines del memorial poder que obra en el folio 623 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(7) Sentencias del 13 y 19 de julio de 2017, Exps. 21188 y 21554, C.P. Milton Chaves García.

(8) Sentencia de 19 de noviembre de 1993, Exp. 4415, C.P. Delio Gómez Leiva.

(9) Fl. 267 c.a.

(10) Fls. 323-340 c.a.

(11) Fls. 2 a 5 c.p.

(12) Fls. 31-37 c.p.

(13) Fl. 272 c.a.

(14) Fls. 38-181 c.p.

(15) Según se verifica con la respuesta del emplazamiento para corregir en la corrección de la declaración se incluyó el IVA correspondiente a facturas por concepto de ventanas, puertas, angeos y divisiones de baño (fl. 262 c.a.).

(16) Fls. 80-221 c.a.

(17) Fls. 38-54 c.p.

(18) Fls. 55-56 c.p.

(19) Fls. 315-316 c.a.

(20) “ART. 188.—Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

(21) Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 5 de marzo de 2015, Exp. 20585, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(22) M.P. Mauricio González Cuervo.