Sentencia 2013-00331/2003-2014 de mayo 17 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 15001-23-33-000-2013-00331-01 (2003-2014)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Julio Roberto Piñeros Heredia

Demandado: E.S.E. Centro de Salud San Sebastián de Somondoco

Bogotá D.C., diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

I. Antecedentes 

Procede la Sala de Subsección A, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de febrero de 2014, proferida por la Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Julio Roberto Piñeros Heredia en contra de la E.S.E. Centro de Salud San Sebastián de Somondoco.

1.Pretensiones. 

El actor formuló las siguientes pretensiones:

“1. Declarar que es nulo el contenido en el oficio ESE 2012-142 del 26 de julio de 2012, suscrito por la gerente de la ESE empresa social del Estado Centro de Salud San Sebastian de Somondoco por medio del cual se indicó a mi mandante que no hay lugar a obtener el reconocimiento de sus derechos salariales, prestacionales e indemnizatorios, derivados de la prestación de sus servicios como conductor de ambulancia.

2. Declarar que es nulo el contenido en el oficio ESE 2012-199 del 30 de octubre de 2012, suscrito por la gerente de la ESE empresa social del Estado Centro de Salud San Sebastian de Somondoco por medio del cual se indicó a mi mandante que no hay lugar a obtener el reconocimiento de sus derechos salariales, prestacionales e indemnizatorios, derivados de la prestación de sus servicios entre el 18 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012, pero mediante una vinculación irregular.

3. Declarar que la entidad demandada está obligada a indemnizar al demandante, reconociendo y liquidando y pagando a su favor las prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales que legalmente corresponden como contraprestación de sus servicios en el cargo de conductor de ambulancia” (texto de su original).

2. Hechos.(1) 

El apoderado judicial sostiene que el señor Julio Roberto Piñeros Heredia fue vinculado como conductor de ambulancia desde el 18 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2012, fecha en la que la E.S.E. Centro de Salud San Sebastián de Somondoco (Boyacá) lo desvinculó sin justa causa. Aseguró que durante el periodo transcurrido se le exigía estar disponible las 24 horas al día, todos los días de la semana, incluyendo domingos y días feriados, como quiera que era su deber transportar a los pacientes desde la E.S.E hasta instituciones de salud de algunos municipios circunvecinos.

Además de las funciones orientadas a trasladar pacientes de un lugar a otro, le eran asignadas otras de mensajería, tales como radicar documentos en entidades del municipio, sacar fotocopias y hacer consignaciones bancarias. Todas estas funciones le eran atribuidas por sus jefes inmediatos, gerentes de turno de la entidad de salud y sus superiores.

El actor recibió diferentes valores como contraprestación por sus servicios, sin embargo jamás se le afilió al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, caja de compensación familiar, ni le fue suministrada dotación alguna, y mucho menos disfrutar de vacaciones.

El 9 de julio de 2012 el actor solicitó ante la E.S.E. Centro de Salud San Sebastián de Somondoco el reconocimiento, liquidación y pago de la totalidad de sus derechos salariales, prestacionales e indemnizatorios como consecuencia de la prestación de sus servicios, solicitud que amplió el 9 de octubre de 2012. Las solicitudes fueron respondidas a través de los oficios ESE 2012-142 del 26 de julio de 2012 y ESE 2012-199 del 30 de octubre de 2012, proferidos por el Gerente de la E.S.E. Centro de Salud San Sebastián de Somondoco.

3. Disposiciones violadas y concepto de violación.(2) 

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones normativas: artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 25, 29, 53, 58, 90 y 91 de la Constitución Política; artículo 10 del Código Civil; artículo 5º de la Ley 57 de 1887; leyes 72 de 1931, 65 de 1946, 70 de 1988, 344 de 1996 y 100 de 1993; los decretos 1054 de 1938, 2939 de 1944, 2767 de 1945, 1160 de 1947, 2922 de 1966, y decretos-leyes 3135 de 1968, 3148 de 1968, 2712 de 1999, y 1045 de 1978.

Como concepto de violación, indicó que los actos administrativos demandados son contrarios a la Constitución y a la ley, pues entre la E.S.E. Centro de Salud San Sebastián de Somondoco y el señor Julio Roberto Piñeros Heredia existió una relación de dependencia y subordinación toda vez que este cumplía con un horario de trabajo establecido por la entidad demandada, con sometimiento a órdenes, y que recibía mensualmente una remuneración como retribución a la labor que desempeñaba para lo cual debía entregar mensualmente informe de las actividades realizadas.

Se hizo referencia a la posición jurisprudencial que han mantenido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre los contratos de prestación de servicios que celebran entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, así mismo, se indicó cómo, en diferentes oportunidades, las corporaciones mencionadas han condenado a las entidades oficiales al reconocimiento, liquidación y pago de los diferentes derechos salariales y prestacionales a que haya lugar.

4. Contestación de la demanda.(3) 

A través de apoderado, la ESE Centro de Salud San Sebastián de Somondoco, solicitó negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en los siguientes argumentos:

Expresó que la entidad demandada actuó conforme a derecho, toda vez que pagó todos y cada uno de los valores adeudados de acuerdo con el vínculo contractual que tenía con el demandante.

Consideró que los oficios demandados no pueden ser considerados como actos administrativos generadores de obligaciones y derechos, en la medida que estos no crearon, modificaron o extinguieron ninguna situación jurídica, como tampoco adoptaron decisiones de fondo sobre derechos subjetivos de los que pudiera ser titular el demandante.

Así mismo, indicó que la parte actora no aportó prueba alguna que indicara la subordinación y dependencia que pretendía hacer valer. Igualmente, mencionó que el demandante cumplió con sus obligaciones contractuales de forma independiente, autogestionaria y sin permanecer en las instalaciones de la entidad.

Finalmente, propuso como excepciones, i) ineptitud de la demanda, ii) inexistencia del acto administrativo, iii) improcedencia de la acción, iv) acción Indebida - pago acreencias laborales v) caducidad de la acción y vi) “la innominada o genérica”.

5. Trámite en primera instancia. 

Mediante auto de 1º de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Boyacá fijó la audiencia inicial para el día 22 de octubre del mismo año.

En la fecha señalada, el a quo celebró la audiencia inicial(4) del proceso de la referencia; en dicha diligencia (i) fue saneado el proceso, (ii) fueron resueltas las excepciones previas y (iii) se fijó el litigio en los siguientes términos:

“[...] Se advierte que entre las partes inicialmente existe un consenso en cuanto a que el demandante entre el 18 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012 fue contratado por la ESE Centro de Salud San Sebastián de Somondoco mediante sucesivos contratos de prestación de servicios para prestar el servicio de conductor de ambulancia, y que el demandante solicito (sic) el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, petición que fue despachada desfavorablemente por la entidad argumentando la naturaleza jurídica de su vinculación mediante la expedición de los actos administrativos acusados.

En efecto, pues mientras el demandante aduce, que entre este y la entidad existió una relación legal y reglamentaria, que el servicio lo prestaba permanentemente las 24 horas incluso domingos y festivos, que recibía una remuneración periódica, que se encontraba permanentemente subordinado a sus jefes inmediatos, superiores, en especial a los gerentes de la ESE y que además desempeñaba otras funciones encomendadas distintas a las del contratado.

El debate versa esencialmente en establecer las condiciones en que el demandante prestó sus servicios como conductor de ambulancia de la ESE Centro de Salud San Sebastián de Somondoco entre el 18 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012, en orden a determinar si en esta convergieron o no los elementos propios de una verdadera relación laboral con las implicaciones que esto conlleva”.

6. La sentencia apelada.(5) 

La Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 17 de febrero de 2014, negó las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial relativo a las órdenes de prestación de servicios y de analizar las pruebas obrantes en el expediente, el tribunal evidenció que en cuanto al elemento de la prestación personal del servicio, el demandante y la entidad demandada efectivamente celebraron contratos que tenían como objeto la prestación del servicio de conductor de la ambulancia de la E.S.E. Centro de Salud San Sebastián de Somondoco, que el señor Julio Roberto Piñeros Heredia proporcionaba el servicio, y además, que recibía una contraprestación económica que era cancelada como estaba estipulado en el contrato.

Respecto a la relación de subordinación, entendida como la facultad que tiene el empleador de dar órdenes, impartir instrucciones, exigir el cumplimiento de un horario, determinó el tribunal que los testimonios practicados indicaban que la conducción de la ambulancia no era una labor permanente, puesto que dependía de las urgencias que se presentaran en el centro de salud para trasladar a un paciente desde ese lugar hasta otro municipio.

Resaltó que el actor no cumplía con horario de trabajo en las mismas condiciones de los empleados de la E.S.E., como quiera que no permanecía todo el tiempo en el centro de servicios, sino que acudía cuando se le requería, es decir no tenía una función permanente. Aunado a ello, el tribunal constató de lo manifestado en las declaraciones de los testigos, que el actor normalmente se encontraba en un negocio de su propiedad.

Así mismo, indicó que al no obrar en el expediente pruebas que mostraran la frecuencia con que era utilizada la ambulancia para transportar los pacientes, o la existencia del cargo de conductor dentro de la planta de personal del centro de salud o que la labor fuese compartida con un funcionario de carrera, no existe certeza sobre la supuesta subordinación a la que se encontraba sometido el demandante en cumplimiento de su función. Sumado a lo anterior, respecto de las órdenes que se le impartían para la realización del objeto contratado, se indicó que estas no implicaban per se que estuviera el contratista ejerciendo su labor de manera dependiente, sino que ese llamado constituía la única manera para tener conocimiento de que debía prestar el servicio.

Concluyó el tribunal que no se demostró la totalidad de los elementos que constituyen una relación laboral, en tanto que las pruebas practicadas confirmaron la existencia de un verdadero contrato de prestación de servicios que se ejecutó con apego al clausulado del mismo, por lo que condenó en costas al demandante.

7. Recurso de apelación. 

Contra la decisión anterior, el demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos.

El apoderado de la parte demandante(6), reiteró los argumentos expuestos en la demanda y manifestó que las labores que desplegaba el señor Julio Roberto Piñeros Heredia no cumplen con la exigencia propia del contrato de prestación de servicios como es la de tener un conocimiento específico, especializado o científico en áreas de la salud. Por lo anterior, señaló enfáticamente que los contratos como el celebrado por el actor exigen que la prestación de servicios verse sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, características que no eran necesarias para conducir la ambulancia.

Respecto de la carga probatoria que tiene quién pretende obtener los beneficios de un contrato de trabajo, destacó aquella presunción que trae el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo según la cual toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo. Así, refuerza su argumento diciendo que, como lo ha enunciado en repetidas ocasiones la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a quien alegue en su favor la relación de trabajo le será suficiente con demostrar la prestación personal del servicio para entenderse cobijada por la presunción, mientras que al beneficiario de la prestación le correspondería desvirtuar que en la misma no existe el elemento de la subordinación. Para complementar este punto anotó que el elemento de la subordinación es el que determina la diferencia del contrato laboral y el de prestación de servicios.

Consideró que la condena en costas debería ser revocada, al igual que la sentencia impugnada, toda vez que el demandante no actuó de mala fe al interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y lo hizo con plena convicción de la titularidad de los derechos que reclama.

8. Alegatos de segunda instancia. 

— El apoderado de la parte demandante guardó silencio.

— El apoderado de la entidad demandada(7), reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y agregó que de las escasas piezas probatorias allegadas por el actor, que corresponden en su mayoría a testimonios de familiares y amigos cuyo criterio es parcializado, no se determinaron la configuración de los elementos de subordinación, ni de cumplimiento de horario.

Anota que se demostró totalmente que el actor no permanecía en las instalaciones de la E.S.E Centro de Salud San Sebastián de Somondoco durante la jornada laboral de la institución, que únicamente acudía a esta cuando había remisión de un paciente, siendo informado con anticipación, y que una vez terminaba su labor volvía al municipio a cumplir con otras labores personales que le permitían percibir diferentes ingresos. Tal es el caso de la heladería de su propiedad que atendía a diario.

9. Concepto del Ministerio Público. 

El Ministerio Público conceptuó que la sentencia debe ser confirmada, ya que no se acreditaron plenamente los elementos que configuran la relación de trabajo. Consideró que las actividades realizadas por el conductor tan solo corresponden al área operativa, destinados a producir bienes o servicios para el buen funcionamiento de la E.S.E. Centro de Salud San Sebastián de Somondoco - Boyacá.

II.Consideraciones 

1. Problema jurídico.

En el presente asunto se trata de determinar si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento del contrato realidad, durante los periodos en los cuales se vinculó con la E.S.E. Centro de Salud de Somondoco - Boyacá a través de contratos de prestación de servicios y órdenes de trabajo en calidad de conductor de ambulancia.

Para dilucidar la cuestión litigiosa, se verificará el desarrollo jurisprudencial en torno a la figura del contrato realidad, para luego del análisis del acervo probatorio definir, si, en el caso concreto, se cumplieron los requerimientos que legalmente se exigen para su configuración, todo ello enmarcado dentro de lo que se alegó en el recurso de apelación.

2. Del contrato realidad y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral.

La Corte Constitucional (Sen. C-154/97) al examinar la exequibilidad del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, determinó la posibilidad que existe de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público. Luego de definir sus características y establecer las diferencias con el contrato de trabajo, señaló que el ejercicio de tal potestad se ajusta a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para esconder la existencia de una verdadera relación laboral personal, subordinada y dependiente.

Por su parte, esta corporación en varias decisiones ha reiterado la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se acrediten fehacientemente los tres elementos que le son propios, a saber: la prestación personal del servicio, la remuneración como contraprestación del mismo, y en especial, la continuada subordinación laboral y dependencia del trabajador respecto del empleador, consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

En la actualidad se tiene, que para acreditar la existencia de una relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos; especialmente, que el contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a un servidor público. Contrario sensu, se constituye una relación contractual cuando se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública, el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, le pagan honorarios por los servicios prestados y la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.

Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, importa señalar que se debe restringir o se exceptúan aquellos casos en los que la entidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional; porque si contrata por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores públicos, caso en el cual no se desdibuja dicha relación contractual.

Teniendo en cuenta el tratamiento jurisprudencial que se ha dado al contrato realidad se concluye, en cuanto a su configuración, que constituye requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, ya aludidos: la prestación personal del servicio, la remuneración respectiva, y en particular la subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier servidor público, siempre y cuando la subordinación continuada que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito.

A lo dicho debe agregarse que la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de un contrato realidad depende exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante, según el aforismo onus probandi incumbit actor, dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida y a acreditar la presencia real de los elementos anteriormente señalados dentro de la actividad desplegada, especialmente el de subordinación que, como se mencionó, es el que de manera primordial entraña la comprobación de la existencia de una relación laboral.

3. La autonomía e independencia en la ejecución de la labor de conductor.

El artículo 1º de la Ley 769 de 2002(8), define la acepción conductora de la siguiente manera: “Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo”. La referida ley no determina si la labor de conducción de vehículo implica per se el desarrollo de una actividad subordinada, por lo que en cada caso particular y específico habrá de examinarse el cumplimiento de este requisito para, de esa manera, establecer la existencia o no de una relación laboral.

Esta corporación se ha pronunciado sobre la existencia de una relación laboral tratándose de conductores de ambulancia de manera concreta ha indicado lo siguiente:

“(...) De las declaraciones reseñadas puede concluirse que existía una relación de subordinación entre el demandante y la entidad accionada, toda vez que aquel recibía órdenes del director del hospital para el desempeño de su misión. Las declaraciones son aún más claras en el sentido de indicar que la labor desempeñada por el actor era compartida por un funcionario de carrera, Manuel Francisco Díaz Pico, quien ejercía la misma actividad, conducción de la ambulancia del CAMU. Entre el demandante y Díaz Pico cumplían un horario de 24 horas continuas cada uno, forma en la que atendían los requerimientos de la entidad para la cual prestaban sus servicios, conforme a las órdenes impartidas por el director del hospital. Así las cosas, si el otro conductor se encontraba vinculado por una relación legal y reglamentaria, según se deriva de los testimonios, propia de una típica relación de trabajo, no hay motivo para pensar que el tipo de relación que unía al actor con la entidad accionada fuera distinto. Esta circunstancia permite concluir a la Sala que entre el demandante y la accionada existía un vínculo de subordinación que configura el primero de los tres elementos de la relación de trabajo”(9).

4. Como acervo probatorio allegarán al expediente los siguientes documentos:

• A folios 18 a 21 obra derecho de petición del 9 de julio de 2012, solicitando el pago de todas las prestaciones sociales.

• A folios 22 a 23 se observa Oficio ESE 2012-142 de fecha 26 de julio de 2012, suscrito por la gerente encargada de la entidad demandada.

• A folios 24 a 25 obra escrito de adición al derecho de petición.

• A folios 26 y 27 se observa Oficio ESE 2012-199 de fecha 30 de octubre de 2012, suscrito por la gerente de la entidad demandada.

• A folios 28 a 31 obra reporte de semanas cotizadas en Colpensiones.

• A folio 32 se observa certificación de afiliación como cotizante en Saludcoop E.P.S.

• A folio 33-34 se observa histórico de aportes en Saludcoop E.P.S.

• A folio 35 obra certificación de las vinculaciones que tuvo el señor Julio Roberto Piñeros Heredia con la ESE, suscrita por la gerente de esa entidad

• A folio 36 se encuentra acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 002.

• A folios 37 a 44, se observan copias simples de la orden de prestación de servicios 097, 109, 125, 134, 003, 003, y 026, respectivamente.

• Copia simple de la orden de prestación de servicios 038.

• A folio 46 obra acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 038.

• A folios 47 y 48 se observa copia simple de la orden de prestación de servicios 048 y Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 048.

• A folios 50 obra acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 071.

• A folio 51 se observa copia simple de la orden de prestación de servicios 002.

• A folios 52 -53 se observan copia simple de la orden de prestación de servicios 015.

• A folio 54 se observa acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 015.

• A folios 55-56 obra copia simple de la orden de prestación de servicios 028

• A folios 57-59 se observa copia simple de la orden de prestación de servicios 041 y Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 04, respectivamente.

• A folios 60-62 obra copia simple de la orden de prestación de servicios 047 y Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 047, respectivamente.

• A folios 63-65 se observan copia simple de la orden de prestación de servicios y Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 055.

• A folios 66-67 se encuentra copia simple de la orden de prestación de servicios 062.

• A folios 68-70 se observa copia simple de la orden de prestación de servicios y Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 070.

• A folios 71-73 se encuentra copia simple de la orden de prestación de servicios y Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 003.

• A folios 74-75 se observa copia simple de la orden de prestación de servicios 023.

• A folios 76- 78 se observa copia simple de la orden de prestación de servicios y Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 023.

De acuerdo con el anterior contexto normativo y probatorio, la Sala observa que entre la parte demandante y la empresa social del Estado Centro de Salud San Sebastián de Somondoco, y Julio Roberto de Piñeros Heredia se suscribieron contratos de prestación de servicios de manera continua entre el 18 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012, teniendo por objeto contractual pactado en cada uno de ellos el siguiente: “El objeto de la presente orden es la prestación de servicios como conductor de la ambulancia de la E.S.E. San Sebastián de Somondoco y Julio Roberto de Piñeros Heredia”(10)

De conformidad con las pruebas documentales relacionadas, se colige que el actor no gozaba de autonomía e independencia para llevar a cabo las obligaciones contractuales, pues si bien es cierto el actor acudía a la ESE San Sebastián de Somondoco solo cuando era requerido para prestar el servicio, también lo es que la actividad ejecutada por el contratista está unida al servicio que presta la empresa, que en el caso concreto, una de ellas, consiste en atender el llamado o prestar la asistencia cuando se requiera transportar, trasladar, y/o remitir un paciente a un centro médico o a otros centros hospitalarios, bajo una jornada de trabajo que no discriminaba horarios, pues su disponibilidad era de 24 horas.

Ahora bien, si en algunos días este tipo de actividad no se efectuaba, no por ello, dejaba de existir la obligación de la entidad demandada de llevar a cabo el auxilio y traslado de pacientes a los centros hospitalarios.

De otra parte, también se observa que el demandante, no solo debía cumplir con el objeto del contrato, que consistía en auxiliar y/o trasladar a los diferentes usuarios del régimen subsidiario del municipio, sino que además debía asear, revisar y atender de manera permanentemente el estado del vehículo que tenía bajo su responsabilidad para que este se encontrara en condiciones óptimas de funcionamiento, e informar de cualquier situación que se presentara al jefe inmediato, obligaciones que sin duda llevan implícito el componente de subordinación y que se encuentra en cada uno de los contratos de prestación de servicios (fols. 37 - 84).

Frente a la remuneración, advierte esta corporación que al demandante se le cancelaron las sumas reconocidas en las respectivas órdenes de servicios, tal como se puede apreciar en los distintos comprobantes de pago aportados al expediente (fols. 36, 43, 46, 48, 50, 54, 59, 62, 65, 70, 73, 78).

Conforme con las razones expuestas, la subsección considera que, en el caso del señor Julio Roberto Piñeros Heredia, se encuentran presentes todos los elementos de la relación laboral, de tal manera que resulta procedente declarar la existencia del contrato realidad, razón por la cual se condenará a la E.S.E Centro de Salud San Sebastián de Somondoco a reconocer y pagar a favor del Julio Roberto Piñeros Heredia el valor de las prestaciones sociales a que tiene derecho por el tiempo comprendido entre el18 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012(11), tomando como base para la respectiva liquidación lo correspondiente a los honorarios pactados en cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, por ser el único parámetro acreditado en el expediente.

Condena en costas

En cuanto a la condena en costas, conforme ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sala(12) en aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, se condenará en costas en las dos instancias a la parte vencida en el proceso y en favor de la favorecida con esta sentencia. La liquidación de las costas, conforme se encuentra prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso, se realizará por el juez de la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia proferida el 17 de febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo de Boyacá que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Julio Roberto Piñeros Heredia contra la ESE Centro de Salud de Somondoco, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar la nulidad de los oficios ESE 2012-142 del 26 de julio de 2012 y ESE 2012-199 del 30 de octubre de 2012, suscritos por el gerente de la ESE Centro de Salud San Sebastían de Somondoco, mediante los cuales se le negó al demandante el reconocimiento de sus derechos salariales y prestacionales.

3. Declarar la existencia del contrato realidad entre el señor Julio Roberto Piñeros Heredia y la ESE San Sebastian de Somondoco entre el 18 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012.

4. Condenar a la ESE Centro de Salud San Sebastián de Somondoco pagar al señor Julio Roberto Piñeros Heredia el valor correspondiente a las prestaciones sociales, durante el periodo del 18 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2012, liquidados conforme al valor en que fue contratada, sumas que serán ajustadas conforme al inciso final del artículo 187 CPACA.

De igual forma, condenar a la ESE Centro de Salud San Sebastián de Somondoco a título de restablecimiento del derecho, a tomar el ingreso base de cotización o IBC pensiona(13) del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

5. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, en el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que duraron los vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

6. Condenar en costas en ambas instancias, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

7. Reconocer personería a la abogada Claudia Milena Aguirre Chaparro, en los términos del poder que reposa a folio 281 del expediente, conferido por la E.S.E. Centro de Salud de Somondoco.

8. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Gabriel Valbuena Hernández—William Hernández Gómez—Rafael Francisco Suárez Vargas.

1 Fols. 5 - 8, exp.

2 Fols. 8 -12, exp.

3 Fols. 156 - 166, exp.

4 Fol. 193 - 199, cdno. ppal.

5 Fols. 228 - 236, exp.

6 Fols. 241 - 253, exp.

7 Fols. 1286 - 289, exp.

8 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

9 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 7 de abril de 2005, expediente: 23001-23- 31-000-2001-00050-01(1199-04), Actor: Juan Morales Castro, M.P. Jesús Maria Lemas Bustamante.

10 Copia de las ordenes de prestación de servicios que reposan a folios 36 a 84 del cuaderno principal.

11 En el caso objeto de estudio, la petición de reconocimiento y pago de las acreencias laborales fue radicada ante la entidad demandada el 9 de julio de 2012

12 Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014).

13 Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.