Sentencia 2013-00338 de julio 12 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá, D.C., 12 de julio de 2018.

Exp.: 52001-23-33-000-2013-00338-01

Nº Interno: 2658-2015

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Francisco Javier Caicedo Ortiz

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Ley 1437 de 2011

Sentencia 0116-2018

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(12), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Aunado a ello, al artículo 328 del Código General del Proceso, a la Subsección A, en el presente asunto, le corresponde pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante.

Cuestión previa.

El demandante en el recurso de apelación y en el escrito de alegaciones solicitó la protección al debido proceso por no haberse decretado en la primera instancia unas pruebas testimoniales solicitadas para que dos altos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, testificaran sobre su desempeño laboral en la entidad.

Revisadas las actuaciones surtidas en la audiencia inicial, dan cuenta que al fijar el litigio, tal como quedó consignado en los antecedentes de esta providencia, el problema jurídico se limitó al estudio de legalidad del acto de insubsistencia por violación de las normas que conceden protección de estabilidad laboral a los prepensionados y no se incluyeron el desmejoramiento del servicio o la desviación de poder como vicios de nulidad del acto. Este fue el argumento del magistrado del tribunal para haber negado las pruebas testimoniales solicitadas dada la finalidad perseguida por el demandante. (Folio 509 vuelto)

Si bien dicha decisión no está sujeta a revisión de legalidad por esta Sala en atención del principio procesal de preclusión de las etapas procesales, no está de más precisar que en efecto ni en la demanda ni en la fijación del litigio se consideró una causal distinta a la ya mencionada como vicio de ilegalidad, pero aún si se hubiese contemplado el desmejoramiento del servicio o la deviación de poder, la finalidad de la prueba negada no es suficiente para demostrar el desbordamiento en el ejercicio de la potestad discrecional de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Sección(13), que ha concluido que el buen desempeño en un cargo de libre nombramiento y remoción no genera estabilidad en el servicio.

Por estas mismas razones, la Subsección no considera imperioso dar aplicación al artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para decretar pruebas de oficio, como lo solicitó el demandante durante el trámite de la segunda instancia, ni tampoco es procedente considerar los hechos alegados como sustento de desviación de poder.

Problema jurídico.

El problema jurídico que se deben resolver en esta instancia, se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿El señor Francisco Javier Caicedo Ortiz estaba cubierto por la protección de estabilidad laboral de prepensionado, pese a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción?

En caso afirmativo al cuestionamiento anterior:

2. ¿Acreditó tal condición?

1. Primer problema jurídico.

¿El señor Francisco Javier Caicedo Ortiz estaba cubierto por la protección de estabilidad laboral de prepensionado, pese a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: La condición de prepensionado también se predica del servidor de libre nombramiento y remoción, pero no excluye el ejercicio de la facultad discrecional del nominador porque la decisión de retiro debe consultar, en cada caso concreto, la afectación de los derechos fundamentales del funcionario.

En primer lugar, la Subsección resalta que en efecto, como lo advierte la parte demandante, la Corte Constitucional en Sentencia C-101 de 2013 al declarar la inexequibilidad del numeral 2º, del artículo 182, del Decreto-Ley 262 de 2000, desclasificó los cargos de procurador judicial de la Procuraduría General de la Nación como empleos de libre nombramiento y remoción. Y por lo mismo, dicha Corporación ordenó la realización de un concurso público para la provisión en propiedad de los procuradores judiciales.

No obstante, tal decisión con efectos erga omnes, no influye en nada para la resolución de este proceso, en tanto el demandante ingresó al cargo de procurador judicial II (3 de marzo de 2005)(14), mucho antes de la sentencia aludida, y su nombramiento no estuvo precedido de concurso público alguno, sino gracias a la facultad discrecional de la autoridad nominadora, así se deduce del acto de nombramiento de carácter ordinario que obra a folio 13 del expediente, luego las reglas para su retiro del servicio no son otras que las vigentes para estos funcionarios de libre nombramiento y remoción.

Sobre el particular, esta Subsección(15) recientemente sostuvo lo siguiente, dentro de un proceso de igual naturaleza respecto a un personero de libre nombramiento y remoción de la ciudad de Bogotá:

«[...]...vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado(16) como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa. [...]».

Aplicación del retén social a los empleados de libre nombramiento y remoción.

El artículo 12 de la Ley 790 de 2002 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República», señala:

«[...] ART. 12.Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del programa de renovación de la administración pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica(17), las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley. [...]».

Conforme a lo anterior, cuando se instituyó por el legislador la citada protección especial se dirigió solo para los casos de los procesos de renovación o reestructuración en la Administración Pública, consistente en que para los servidores públicos que cumplan con la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión de vejez dentro de los 3 años siguientes a la ley enunciada, no pueden ser retirados del servicio.

En principio, el retén social fue concebido exclusivamente para eventos en los que las entidades públicas se encontraban en reestructuración, no obstante la jurisprudencia lo ha extendido a otras situaciones, puesto que la prerrogativa en cuestión no se origina en un mandato legal sino que tiene su fundamento en la Constitución Política de 1991. Al respecto la Corte Constitucional, se expresó(18):

«[...] Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional ha precisado que el fundamento del reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional, es decir, “opera para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público”; así las cosas, sostuvo que la mencionada estabilidad no solo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se sustenta en su supresión ante la liquidación de la entidad, o en el marco de los procesos de restructuración de la Administración Pública (retén social), siendo estos casos, apenas una especie de mecanismo, dentro de los múltiples que pueden considerarse para garantizar los derechos fundamentales involucrados por la permanencia en el empleo público de los servidores próximos a pensionarse [...]» (Subrayas de la Sala).

Asimismo, la Corte Constitucional afirmó que esta garantía cubre, no solo a los empleados en carrera administrativa o en provisionalidad, sino también a quienes ocupan empleos de libre nombramiento y remoción, lo que se fundamentó en la obligación de brindar un tratamiento igual a quienes conforman un grupo de especial protección como los prepensionados toda vez que por el tipo de vinculación no se pierde esta calidad(19). Estas fueron las conclusiones:

«[...] En consecuencia, si bien es cierto, las personas que se encuentran en cargos de libre nombramiento y remoción tienen una estabilidad laboral precaria, dentro de estos procesos administrativos deben ser tratados de manera igualitaria cuando hacen parte de este grupo de protección especial. Pues resulta claro que la intención de legislador es proteger a un grupo de personas en estado de vulnerabilidad, por ello se estableció que el retén social opera para los procesos de liquidación y de reestructuración independientemente si es del orden nacional o departamental, es así, que por la naturaleza de la vinculación como en cargos de libre nombramiento y remoción, no se pierde la condición de ser un sujeto de especial protección constitucional. Esta situación que debe ser evaluada dentro del desarrollo del estudio técnico utilizando los medios para establecer quienes hacen parte del grupo, mediante el análisis de las hojas de vida y de información que resulta de fácil acceso para el empleador, como es el caso de los prepensionados.

3.8. Así las cosas, en los procesos de reestructuración, aún en los cargos de libre nombramiento y remoción, deberán respetarse los mandatos constitucionales y los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección; no obstante, su estabilidad sea precaria. En estos eventos, la administración pública está obligada a adoptar medidas de diferenciación positiva a favor del servidor público que pueda llegar a ser considerado como sujeto de especial protección y que resulte afectado con la supresión del cargo del que es titular, independientemente de la naturaleza de su nombramiento. [...]» (Subrayas de la Sala)

Al respecto, la Subsección en providencia de 2016 fijó las siguientes reglas en cuanto a la aplicación del denominado «reten social» para esta clase de servidores públicos(20), posición reiterada recientemente en la anterior providencia aludida(21):

«[...] De las consideraciones esbozadas, la Sala concluye lo siguiente:

a) La protección especial de estabilidad laboral conferida a quienes están próximos a consolidar el status pensional, es aplicable tanto a empleados en provisionalidad, como a empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera, respecto de cualquier escenario que materialice una causal objetiva de retiro del servicio.

b) Al ejercer la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, la administración deberá tener en cuenta que la protección especial de quienes están próximos a consolidar el status pensional es un imperativo constitucional, razón por la cual es necesario que el nominador realice un ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales de los pre pensionados (mínimo vital, igualdad, seguridad social) y la satisfacción del interés general del buen servicio público, con el fin de tomar la decisión más “adecuada a los fines de la norma que la autoriza” y “proporcional a los hechos que le sirven de causa”, buscando en lo posible, armonizar el ejercicio de la facultad discrecional del literal a) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 con las disposiciones que consagran la protección especial de los sujetos que están próximos a pensionarse. 

c) La protección especial en razón a la condición de sujeto “pre pensionado”, resulta aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”, por lo tanto, quien para la fecha de retiro del servicio ya tiene consolidado su estatus pensional, no se encuentra en la situación fáctica de sujeto pre pensionable, aunque sí goza de otro tipo de garantía otorgada por el legislador para la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social, la cual se encuentra establecida en la Ley 797 de 2003, en su artículo 9º, parágrafo 1º, al establecer que los fondos encargados tienen el deber de reconocer la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho, motivo por el cual la persona no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión.

Así las cosas, la sola condición de estar próximo a consolidar el estatus pensional no tiene el alcance de enervar la facultad discrecional con que cuenta la administración para retirar del servicio a un empleado de libre nombramiento y remoción, mediante la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento [...]» (Subrayas de la Sala).

Como se observa, las reglas jurisprudenciales definidas son: (i) La condición de prepensionado la tienen los funcionarios que les falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos a la pensión. (ii) Esta condición también se predica del servidor de libre nombramiento y remoción, pero no excluye el ejercicio de la facultad discrecional del nominador porque la decisión de retiro debe consultar, en cada caso concreto, la afectación de los derechos fundamentales del funcionario y; (iii) la protección de estabilidad laboral de prepensionado no se aplica para quien tiene cumplidos los requisitos para adquirir la pensión.

Por su parte, la Corte Constitucional, bajo similares parámetros ha protegido los derechos de estas personas cuando su desvinculación suponga una afectación de su mínimo vital derivada del hecho de que su salario y eventual pensión son la fuente de su sustento económico. En efecto, la mera condición de prepensionado no es suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador sino que es necesario evidenciar en el caso concreto que la desvinculación está poniendo en riesgo los derechos fundamentales del accionante, donde la edad del mismo es un indicador de la falta de probabilidades de integrarse al mercado laboral que debe apreciarse junto con el hecho de que el salario sea la única fuente de ingresos de este o, en todo caso, que los ingresos por otros conceptos sean insuficientes para garantizar una vida en condiciones dignas ante la ausencia del primero:

«[...] En todo caso, a pesar de haberse superado el contexto de la renovación de la administración pública como requisito para ser considerado sujeto de especial protección constitucional en el caso de los prepensionados, la Corte ha protegido los derechos de estas personas cuando su desvinculación suponga una afectación de su mínimo vital derivada del hecho de que su salario y eventual pensión son la fuente de su sustento económico. En efecto, la mera condición de prepensionado no es suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador sino que es necesario evidenciar en el caso concreto que la desvinculación está poniendo en riesgo los derechos fundamentales del accionante, donde la edad del mismo es un indicador la falta de probabilidades de integrarse al mercado laboral que debe apreciarse junto con el hecho de que el salario sea la única fuente de ingresos de este o, en todo caso, que los ingresos por otros conceptos sean insuficientes para garantizar una vida en condiciones dignas ante la ausencia del primero. [...]»(22)

2. Segundo problema jurídico.

¿El demandante acreditó la condición de prepensionado?

En aplicación de los razonamientos expuestos al sub lite, se observa que el señor Caicedo Ortiz, como sustento de la nulidad del Decreto 1982 del 30 de 2012, que declaró insubsistente su nombramiento del cargo de procurador judicial II 36 administrativo de la ciudad de Pasto, alegó en la demanda lo siguiente(23):

«[...] Mi condición de pre pensionable amerita especial protección legal y constitucional, tal como se expresa en la Sentencia T-729 de 2010. Sencillamente, estoy amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzada dispuesto por el Decreto 3905 de 2009, teniendo en cuenta que no ocupaba un empleo del sistema de carrera como para que fuera afectado, y que con la declaratoria de insubsistencia dejé de continuar en la prestación del servicio y de percibir el único sustento económico.

La autoridad accionada debió tener en cuenta las especiales circunstancias en las que me encuentro, sobre todo mi condición de pre pensionado, que repito me da un status privilegiado, que necesariamente debe ser protegido. [...]».

Pues bien, revisado el expediente se observan los siguientes aspectos:

• Para el 30 de mayo de 2012, fecha de expedición del acto de insubsistencia, el demandante contaba con 62 años de edad(24).

• Si bien no se aportó al proceso certificación de semanas cotizadas se acreditó que trabajó i) al servicio de la Rama Judicial desde el 1º de septiembre de 1975 hasta el 15 de enero de 1991(25), ii) en la Fiscalía General de la Nación desde el 16 de julio de 1992 hasta el 24 de marzo de 1997(26) y; iii) en la Procuraduría General de la Nación desde el 1º de abril de 2005 hasta el 12 de junio de 2012(27), para un total aproximado de 28 años de tiempo de servicios.

De la documental se deduce que el demandante al momento de proferirse el acto de la insubsistencia superaba ampliamente los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, dado que las reglas del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 lo cobijaban por contar para la vigencia de la ley (23 de diciembre de 1993) con más de 40 años de edad pues, si nació el 16 de septiembre de 1950(28) se deduce que para el año 1993 contaba con 43 años, es decir que con acreditar tan solo 20 años de servicios de los 28 años laborados y 55 años o más, podía obtener su pensión.

En resumen, está probado que el demandante no se encontraba en el supuesto del retén social o estabilidad laboral especial por cumplir al momento de su desvinculación (30 de mayo de 2012) con los requisitos para acceder a la pensión.

Ahora bien, las pruebas allegadas por el demandante(29), como recibos de servicios públicos, y certificaciones de préstamos de consumo no muestran la afectación del derecho al mínimo vital con ocasión de su desvinculación, como lo afirma el demandante, para haber considerado una protección laboral especial.

Dichos documentos si bien muestran obligaciones ciertas de subsistencia, las circunstancias personales del demandante por su trayectoria profesional, preparación académica, su condición de abogado y otras circunstancias favorables, indican que contaba con los medios necesarios para satisfacer su mínimo vital mientras adquiría en definitiva su reconocimiento pensional.

Asimismo, el demandante, tal como lo indicó el tribunal de instancia(30), para fecha en que ocurrió el retiro del demandante su hijos ya habían alcanzado la mayoría de edad(31), es decir que no contaba con hijos menores dependientes sin las condiciones necesarias para realizar una actividad productiva, por ende no se vislumbra una condición para invocar una protección especial.

Por las anteriores condiciones, para la Subsección no se probó la causal de nulidad alegada del acto administrativo demandado, dado que el señor Francisco Javier Caicedo Ortiz, quien para la fecha se desempeñaba en el cargo de Procurador Judicial II, no se encontraba en el supuesto del retén social o estabilidad laboral especial por tener al momento de su desvinculación el derecho adquirido a la pensión y porque no se probó que con su desvinculación se hubiese afectado su mínimo vital.

En conclusión: El señor Francisco Javier Caicedo Ortiz no acreditó la condición de prepensionado por no estar próximo a cumplir los requisitos para pensionarse al momento de su desvinculación y, además, no se evidenció que para misma época estuviese en una situación de vulneración a su mínimo vital, por lo que la entidad podía ejercer la facultad discrecional para declarar la insubsistencia en el cargo que ocupaba.

Decisión de segunda instancia.

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas.

Esta Subsección con ponencia del magistrado William Hernández Gómez(32) sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del Código General del Proceso.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el Código General del Proceso, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo Nº 1887/2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el Código General del Proceso(33), previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(34) en el presente caso se condenará en costas al señor Francisco Javier Caicedo Ortiz y a favor de la Procuraduría General de la Nación, toda vez que él resulta vencido en esta instancia y se causaron agencias en derecho porque la demandada intervino en sede de apelación. Las costas tendrán que ser liquidadas por el a quo conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 8 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que denegó las pretensiones de la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Francisco Javier Caicedo Ortiz contra la Procuraduría General de la Nación.

2. Condenar en costas en la segunda instancia al señor Francisco Javier Caicedo Ortiz y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.

3. Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa Justicia Siglo XXI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Consejeros: William Hernández Gómez—Rafael Francisco Suárez Vargas—Gabriel Valbuena Hernández».

12 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de enero de 2018, Exp. 150012331000201100557 01 (3889-2015), Actor: Francisco Guillermo Vega Supelano, M.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, Rad. 050012333000201200285 01 (3685-2013), Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

14 Fl. 13.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 8 de febrero de 2018, Rad. 250002325000201201184 01 (2130-2016) Actor: Ranulfo Cossio Mosquera.

16 Corte Constitucional, Acción de tutela, Sentencia T-372 del 16 de mayo de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Demandante: Ronald Ameth Jaller Serpa.

17 Texto subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-044 de 2004, en el entendido de que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Bogotá D.C. 29 de febrero de 2016, Exp. 050012333000201200285-01, Nº interno: 3685-2013. Autoridades Departamentales. Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya. Ver también Corte Constitucional Sentencia T-186 de 2013.

19 Corte Constitucional, Sentencia T-862 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Bogotá D.C. 29 de febrero de 2016, Exp. 050012333000201200285-01, Nº interno: 3685-2013. Autoridades Departamentales. Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya, M.P Gerardo Arenas Monsalve.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 8 de febrero de 2018, Rad. 250002325000201201184 01 (2130-2016) Actor: Ranulfo Cossio Mosquera.

22 Corte Constitucional, Acción de tutela, Sentencia T-357 del 6 de julio de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Demandante: Luis Fernando Rosas.

23 Fl. 8 del cuaderno anexo.

24 Nació el día 16 de septiembre de 1950, según consta en la cédula de ciudadanía visible a folio 1 del expediente.

25 Fl. 7.

26 Fl. 10.

27 Fl. 11.

28 Fl. 1.

29 Fls. 638 a 646 y 838 a 846.

30 Fl. 711.

31 Así lo indican los registros civiles que obran en los folios 3, 5 y 6.

32 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Exp. 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

33 “ART. 366.—Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (...)”.

34 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Exp. 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.