Sentencia 2013-00338/4400-2014 de junio 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 54001-31-10-004-2014-00246-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Aprobado en Sala de treinta de mayo de dos mil dieciocho

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «5. Consideraciones

5.1. Si bien en el cargo, indistintamente, se alude a la apreciación de las pruebas en conjunto, debe precisarse que en ninguna parte el extremo recurrente se queja de haber valorado el tribunal la pluralidad de medios de convicción, al margen del entonces vigente artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(1), para así predicar que la acusación, desde lo formal, no amerita un análisis de fondo.

La mención al respecto, simplemente se hizo en la censura con el fin de significar que los errores de hecho enrostrados, llevaron al ad-quem a no dejar por sentado en el “conjunto de las pruebas” la convivencia permanente y singular de los contendientes, lo cual, por sí, descarta que esa conclusión se haya derivado de su estimación global.

Ninguna interpretación distinta, por tanto, puede tener la expresada afirmación de la impugnante, pues si los errores de derecho en la apreciación en conjunto de las pruebas, parten de que el juzgador no se equivocó al constatar su materialidad ni al fijar su contenido objetivo, en el cargo nada de ello se acepta. Todo lo contrario, los problemas probatorios se plantearon alrededor de la preterición y tergiversación de las pruebas, exactamente, como presupuesto obligado para analizar su razonabilidad.

5.2. Frente a la otra parte del escrito de réplica, es cierto, el recurso de casación al ser de carácter excepcional y extraordinario, en cuanto solo tiene lugar bajo ciertas causales legales y se estructura en las precisas hipótesis normativas, se orienta a derruir la presunción de legalidad y acierto que abriga a la sentencia recurrida.

5.2.1. Por esto, al ser el fallo atacado el objeto concreto y directo del recurso de casación, la Corte, en el ámbito de los errores de hecho, no aprecia las cuestiones fácticas o probatorias controvertidas, dado que ello es propio de las instancias, sino simplemente constata si la apreciación realizada por el juzgador de segundo grado es o no equivocada, desde luego, con independencia de la posición subjetiva sobre el mismo particular de la parte recurrente, por muy elaborada que sea.

En el referido campo, por tanto, los yerros deben asociarse, de una parte, con la presencia física de las pruebas en el proceso y ocurren cuando el ad-quem las inventa o pasa por alto; y de otra, con su contenido, en cuanto partiendo de la presencia material de los distintos elementos de juicio en el dossier, sin embargo, el fallador de segundo grado los tergiversa por adición, cercenamiento o alteración. Igualmente, en uno y otro caso, cuando son trascendentes, en la medida que hayan determinado la decisión adoptada, en una relación lógica de causa a efecto.

5.2.2. Según la recurrente, el tribunal incurrió en errores de hecho, porque “no tuvo en consideración” o “pasó desapercibidas” unas pruebas, esto es, las pretirió, omitió o “ignoró”. Además, por cuanto otras fueron “apreciadas erróneamente”, vale decir, supuso en su contenido, para dejar sentada una inexistente contradicción, hechos ajenos a los lugares donde se desarrolló la convivencia marital, amén de cercenar la animadversión u hostilidad de unos testigos contra la demandante.

Entroncado lo anterior con la constatación física de unos medios de convicción y con el alcance objetivo de otros, lo cual, al decir de la censura, incidió en la decisión final, resulta contrario a la realidad sostener, como lo afirma el opositor del recurso, que el cargo se limitó a suplantar al ad-quem en la apreciación probatoria.

5.3. En el derecho patrio, a partir de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, toda “comunidad de vida permanente y singular” de dos personas no casadas o con impedimento para contraer nupcias, daba lugar a una unión marital de hecho, como otra forma de constituir familia natural, al lado del concubinato(2), que también la compone, y a originar un auténtico estado civil, según doctrina probable de la Corte (arts. 4º de la L. 169 de 1886 y 7º del Código General del Proceso, y Sentencia de la Corte Constitucional C-836 de 2001)(3).

5.4. La normatividad vino a reconocer, satisfechas las premisas legales, con los alcances fijados por la jurisprudencia constitucional(4), una realidad social que era digna de tutelar, resultando después coherente con el artículo 42 de la Constitución Política de 1991, a cuyo tenor la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos mediante la decisión autónoma de una pareja de unirse en matrimonio o de la voluntad responsable de conformarla.

Lo anterior, incontrastablemente, fiel reflejo del derecho de toda persona al libre desarrollo de la personalidad, sin conocer más limites que los impuestos por los derechos de los demás y el mismo ordenamiento jurídico (art. 16 de la Constitución Política).

Por esto, la unión marital de hecho, en palabras de esta misma corporación, “(…) ya no es [un aspecto] meramente legal. De tal suerte que cualquier análisis en torno al punto impone necesariamente adelantarlo con vista en los nuevos valores y principios constitucionales que, por razones palmarias, en su sazón no pudo la ley conocer”(5).

5.5. Así, entonces, cabe seguirse que la “voluntad responsable de conformarla” y la “comunidad de vida permanente y singular”, se erigen en los requisitos sustanciales o esenciales de la unión marital de hecho.

5.5.1. La voluntad aparece, cuando la pareja integrante de la unión marital de hecho en forma clara y unánime actúa inequívocamente en dirección de conformar una familia. Por ejemplo, disponiendo de sus vidas para compartir asuntos fundamentales de su ser, coincidiendo en metas, presentes y futuras, y brindándose respeto, socorro y ayuda mutuas.

Presupone, en palabras de esta Corte, la “(…) conciencia de que forman un núcleo familiar, exteriorizado en la convivencia y la participación en todos los aspectos esenciales de su existencia, dispensándose afecto y socorro, guardándose mutuo respeto, propendiendo por el crecimiento personal, social y profesional del otro (…)”(6).

5.5.2. La comunidad de vida se refiere a la conducta de la pareja en cuyo sustrato abreva, subyace y se afirma la intención de formar familia. El presupuesto, desde luego, no alude a la voluntad interna, en sí misma considerada, sino a los hechos de donde emana, como tales, al margen de cualquier ritualidad o formalismo.

En coherencia con la jurisprudencia de esta corporación, en dicho requisito se encuentran elementos “(…) fácticos objetivos, como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis (…)”(7).

Es la misma relación vivencial de los protagonistas, con independencia de las diferencias que le son anejas, propias del desenvolvimiento de una relación de dicha naturaleza, ya sean personales, profesionales, laborales, económicas, en fin, como es natural entenderlo, y de los mecanismos surgidos para superarlas.

Lo sustancial, entonces, es la convivencia marital, donde, respetando la individualidad de cada miembro, se conforma una auténtica comunión física y mental, con sentimientos de fraternidad, solidaridad y estímulo para afrontar las diversas situaciones del diario existir. Es el mismo proyecto de vida similar al de los casados, con objetivos comunes, dirigido a la realización personal y en conjunto, y a la conformación de un hogar doméstico, abierto, si se quiere, a la fecundidad.

5.5.3. El requisito de permanencia alude estabilidad, continuidad o perseverancia en la comunidad de vida, al margen de elementos accidentales involucrados en su devenir, como acaece con el trato sexual, la cohabitación o su notoriedad, los cuales pueden existir o dejar de existir, según las circunstancias surgidas de la misma relación fáctica o de las condiciones establecidas por los interesados.

5.5.4. La singularidad comporta una exclusiva o única unión marital de hecho, en respuesta al principio de monogamia aplicable a la familia natural, como una de las células básicas de la sociedad, igual y al lado de la jurídica. Desde luego, expuesta al incumplimiento del deber de fidelidad, pero sin incidencia alguna en la existencia de la relación, pues su extinción solo ocurre frente a la separación física y definitiva de los convivientes.

5.6. Expuesto lo anterior, procede la Corte a estudiar si el tribunal incurrió en error de hecho manifiesto al apreciar las pruebas singularizadas.

Con ese propósito, se advierte que para el ad-quem el elemento “cohabitación”, el cual calificó como esencial de la unión marital, no se había acreditado. Puntualización se estima necesaria hacerla para significar que las pretensiones no fueron negadas sobre la base de haberse demostrado la inexistencia de la convivencia marital, sino porque como lo explicitó el tribunal, “realmente no se probaron los elementos necesarios para establecer que sí había una relación de pareja”, en tanto, una cosa es que cierta circunstancia haya quedado huérfana de prueba, y otra, distinta, que hubiese sido desvirtuada.

5.6.1. En esa dirección, si la relación de compañeros permanentes, empezó a gestarse en los barrios “Bogotá”, “Bellavista” y “Santa Teresita”, cual desde el escrito genitor se afirmó, no se remite a duda que el tribunal no podía hallar la unión marial de hecho en las pruebas que asociaban a las partes del proceso, en cualquier condición, amigos o novios, en Villa del Rosario, urbanizaciones Quintas de Tamarindo o Tamarindo Contemporáneo.

5.6.1.1. El ad-quem, por lo tanto, no incurrió en yerro fáctico rutilante y trascendente, al apreciar los testimonios que, recibidos el 2 de diciembre de 2014, refirieron hechos acaecidos en estos últimos puntos geográficos, menos cuando ninguno mencionó cuestiones maritales sucedidas en aquellos otros lugares, ciertamente, las investigadas, inclusive en la hipótesis de aceptarse que el dicho de tales testigos no contradice a otros declarantes.

Así, Jairo Enrique Cruz Castiblanco, vive en Villa del Rosario; hace “tres meses” supo de Yurley Adriana Delgado Jaimes, porque Iván Patricio Padilla Salcedo, con quien tenía negocios hacía diez años, se la presentó. Acota que iba a Quintas de Tamarindo, donde él vivía con su esposa, y que en los últimos tres años no le conoció pareja estable.

Edward Alberto Acevedo Torres, vecino hace “tres años” de Tamarindo Contemporáneo, dijo que Iván Patricio Padilla Salcedo “vivía ahí”, “solo lo he visto con los hijos”, “siempre va solo” a las reuniones de convivencia. Distinguió a Yurley Adriana Delgado Jaimes, porque en una ocasión entró sin permiso al conjunto residencial, a la casa de Iván.

Bertha Cecilia Burgos Blanco, señaló que hace “quince meses”, cada ocho días, los miércoles, concurría a donde Iván Patricio Padilla Salcedo, en Tamarindo Contemporáneo, a hacer limpieza, “cuando he ido a trabajar la casa se encuentra sola”, él me dejaba las llaves en portería, a veces “me dice que le haga almuerzo”; que ahí ha visto en dos ocasiones a Yurley Adriana Delgado Jaimes.

Ana del Carmen Ortiz Torres, indicó que laboró nueve años con Iván Patricio Padilla Salcedo, una o dos veces a la semana, hasta el “año pasado”; últimamente, en Tamarindo Contemporáneo; que él vivía solo, a veces iba con Yurley Adriana Delgado Jaimes, presentándola como amiga.

Juan Manuel Bedoya Jurado, residente en Villa del Rosario y compadre de Iván Patricio Padilla Salcedo, declaró que cuando Senaida Serrano, entonces compañera y madre de sus hijos, se fue de Quintas de Tamarindo, él se quedó ahí, luego se pasó a Tamarindo Contemporáneo. No sabe si formó hogar con Yurley Adriana Delgado Jaimes, a quien conocía desde 2011, porque él se la relacionó.

Como se observa, ninguno de los declarantes desvirtúa la convivencia marital afirmada en los barrios “Bogotá”, “Bellavista” y “Santa Teresita” de la ciudad de Cúcuta, como para concluir que el tribunal tuvo por acreditada su inexistencia con fundamento en ese acervo demostrativo.

5.6.1.2. El testigo Juan Bautista Villamizar Ferrer, arrendador del apartamento del barrio “Bellavista”, señaló que la relación de tenencia empezó en marzo o abril de 2012 y duró seis meses, aproximadamente; que Iván Patricio Padilla Salcedo “no vivía ahí”, pero venía a visitar a Yurley Adriana Delgado Jaimes, “como dos veces a la semana”.

Si para el tribunal, era cierto lo del arriendo y las visitas, vale decir, lo indicado por el deponente, el error fáctico no se estructura. Lo mismo, frente a una aparente contradicción del declarante en punto de si el demandado pernoctaba en dicho lugar, pues si con ello se pretendía negarle mérito demostrativo a la declaración, esto supone aceptar que el testigo negó la existencia de la unión marital, empero, ya quedó fijado, en esa precisa dirección, el juzgador no trajo a cuento ningún medio de convicción.

5.6.2. Así las cosas, todo se reduce a establecer si el ad-quem se equivocó al apreciar las demás pruebas memoradas en fallo, singularizadas también en la demanda de casación, al decir de la recurrente, demostrativas de la unión marital de hecho solicitada.

5.6.2.1. Con relación a la declaración de Marisol Arias Pulido, arrendadora de Iván Patricio Padilla Salcedo del inmueble en “Santa Teresita”, “desde julio o agosto de 2012”, hasta el “7 o 10 de julo de 2014”, el tribunal dijo que la testigo había señalado que “cuando iba a la casa siempre la encontraba a ella”, a Yurley Adriana.

Según la deponente, los cánones los pagaba Iván Patricio, “siempre iba con la señora (…) yo le entregaba el recibo a Adriana”; una vez me pidió permiso para hacer reformas con el fin de colgar unas gorras y “ahí están todos los huecos que hizo”; también me solicitó que pidiera una habitación a unos muchachos porque dejaban la puerta abierta y le hice caso; los “veía” a ambos; él “estaba con su computador, cuando fui a pintar el frente de la casa (…), don Iván tomó fotos”; “él siempre estaba ahí (…), lo veía ahí”, inclusive cuando iba entre semana a hacer ciertos arreglos.

En el contraste, salta de bulto, el juzgador acusado tergiversó el anterior testimonio. Primero, porque la declarante en ninguna parte eliminó del lugar la presencia de Iván Patricio Padilla Salcedo, no obstante, le hizo decir que “cuando iba a la casa siempre la encontraba a ella”; y segundo, por cuanto todas las demás menciones de la deponente, respecto del demandado, fueron cercenadas.

5.6.2.2. El ad-quem citó otros testigos, de quienes señaló que únicamente dijeron que Iván Patricio Padilla Salcedo y Yurley Adrina Delgado Jaimes, “convivieron” o “convivían” en la Libertad o en Santa Teresita.

De acuerdo con José del Carmen Corzo Hernández, residente en Bellavista, los contendientes “vivían ambos, vivieron en la 27 de Bellavista, después en la 34 y otro barrio que hay más abajo que se llama Santa Teresita, hasta ahí supe”; “salían a pasear juntos con la familia de ella”; “cuando [Yurley Adriana] vivía con la mamá éramos vecinos y se fue y volvió y ahora somos vecinos”; “ellos llegaban ahí y salen, llegaban a las siete u ocho de la noche, de vez en cuando los domingos, los lunes, a cualquier hora de la semana”.

Azucena Jaimes Rodríguez, madre de Yurley Adriana, declaró que su hija empezó a vivir en “febrero de 2011” con Iván Patricio, quien le pidió permiso para el efecto, primero en “Bellavista” y “después en Santa Teresita”, vivieron “cuatro años”; iban a “ferias yo salí con ellos, me llevaron a Salazar, a Cartagena, a Santa Marta (…) a Málaga”, a “donde la familia mía (…) en San José de Miranda”; “yo le planchaba la ropa al señor Iván, y ayudaba a lavarle”; el 24 y el 31 de diciembre lo “pasábamos más que todo en la casa mía”, era “fanático de las gorras”.

Luis Alfonso Rozo Cáceres, vecino de Yurley Adriana, no conoce a Iván Patricio, lo distinguió cuando “iban a llevar el niño al colegio (…) lo entregaba la mamá (…) él no se bajaba”, sabe que vivían, porque “pasaba y veía la camioneta”, “ningún diálogo con él, ni de vista, nada, solo tenía conocimiento que era Iván”.

En ese orden, no es cierto que los testigos Azucena Jaimes Rodríguez y José del Carmen Corzo Hernández, se limitaron a decir que las partes “convivían” o “convivieron” en la Libertad y Santa Teresita. Si cada declarante, como se observa, circunstanció lo narrado, en esos apartes, sus dichos fueron mutilados por el tribunal.

Lo mismo, en cambio, no ocurre con lo manifestado por Luis Alfonso Rozo Cáceres, respecto de quien sí se puede predicar que solamente hizo la afirmación en referencia, pues fuera de no tener trato con Iván Patricio Padilla Salcedo, al punto de no describir sus rasgos físicos, el hecho lo supuso al ver la camioneta de él cuando pasaba, mas no porque le constara.

5.6.3. Las demás pruebas testimoniales referidas en el cargo, no fueron mencionadas en el fallo confutado, razón por la cual se procede a verificar si el problema es de “deficiencia de expresión” o de “apreciación probatoria”(8), pues como en otra ocasión lo explicó esta corporación, “(…) la ‘mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma, no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado el ad-quem tal medio de convicción, la conclusión del pronunciamiento ciertamente hubiere tenido que ser distinta a la adoptada por el fallador’”(9).

5.6.3.1. Erika Lancheros Martínez, conoce donde habitaron Yurley Adriana e Iván Patricio, en “Bellavista” y “Santa Teresita”, porque aparte de ser amiga de la demandante desde hace siete años, trabajó con ellos durante “tres meses” en oficios domésticos; él la presentaba como “mi señora”, se vestía “con su gorra (…), combinaba sus gorras”; les “hacía caso a los dos”; los “veía juntos y él tenía todos los elementos en la casa”; “a él se le hacía desayuno, el almuerzo”, se le preparaba frutas para llevar, la “comida y se le arreglaban sus cosas personales”.

Élida Carreño Pinto, residente en “Santa Teresita”, conoció a Iván Patricio y a Yurley Adriana, durante el tiempo de convivencia en el barrio “dos años o dos años larguitos”, entre el 2012 y 2014; “vivían como pareja”, “eran esposos”, “pasaron dos navidades”, “tenían una relación muy bonita, él la llevaba en el carro, siempre participaba con ella, él patrocinó un equipo y llegaba (…) con ella”; los fines de semana se iban a piscina, “siempre en pareja los dos, era una pareja muy unida”; la “camioneta grande la guardaba a la vuelta de la casa de ellos”; “yo tenía una venta de minutos frente a la casa” y don Iván Patricio me llamó la atención para que dejara la venta cuando venía almorzar porque “él parqueaba el carro”; en dos ocasiones, cuando no estaban en la casa, él me llamó para que le recibiera encomiendas.

Gustavo Sánchez Uribe, residente en “La Libertad” primo de Yurley Adriana, cruzó palabras con Iván Patricio en julio de 2014, cuando le pidió movilizar un carro. Sin embargo, lo ha “visto (…) hace rato con la prima”; vivieron “cuatro años y medio, me consta porque siempre los veía con el señor, con el niño, siempre (…) almorzando en un restaurante cerca de la casa”; “él vivía con Adriana en Santa Teresita, incluso allí hacen campeonatos de fútbol y el patrocinó a los niños, era buena gente”; “después de la separación ya no los volvía a ver a ellos”.

Como se observa, los testigos, cada uno en su ámbito circunstancial, se refieren a la vida marital de Iván Patricio Padilla Salcedo y Yurley Adriana Delgado Jaimes.

Ahora, si para el tribunal “realmente no se probaron los elementos necesarios para establecer que sí había una relación de pareja”, los errores de apreciación probatoria, en la vertiente de preterición, surgen a la vista, porque al resultar contraevidente dicha conclusión, frente a la prueba testimonial compendiada, se descarta por completo que haya podido quedar valorada implícitamente o catalogar la temática como simple “deficiencia de expresión”.

5.6.3.2. La declaración rendida bajo juramento por Iván Patricio Padilla Salcedo, el 26 de abril de 2014, en la Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta, es otro de los elementos de juicio no mencionados en el fallo atacado.

En esa ocasión el antes citado manifestó ser de “estado civil soltero con unión marital de hecho”, domiciliado y residente en “Tamarindo Contemporáneo”, y “no conviv[ía] en unión libre y bajo el mismo techo desde hace cuatro (4) años con Senaida Serrano Rodríguez”.

Si bien el demandado no señala el nombre de su actual compañera permanente ni desde cuándo sostenía la nueva relación, de ahí no puede seguirse fatalmente que ese medio de convicción nada demostraba, pues como se observa, asociada su versión con lo controvertido en el caso, allí se confiesa la existencia de una unión marital y la extinción de otra. El error de hecho enarbolado alrededor, por tanto, igualmente resulta palpable.

5.6.3.3. En el expediente se encuentran un número determinado de fotografías, respecto de las cuales en la demanda se afirmó aparecía la “demandante compartiendo con la familia del compañero permanente, suegra e hijos”; y en la contestación de las excepciones de mérito, ver en las mismas al “señor Iván Patricio y la señora Adriana compartiendo juntos”, así como con la “familia” de uno y otro, inclusive en “viajes, reuniones etc.”.

Los referidos documentos representativos, en cuanto no contienen declaraciones de voluntad, en tanto, unen lo representado (las imágenes) con el soporte (electrónico o material) que lo contiene, constituyen unidades jurídicas probatorias que permiten inferir la existencia del elemento convivencia, echado de menos por el tribunal, desde una perspectiva muy diferente, pero complementaria a los declarativos perceptibles en la denuncia de la primera compañera y en la declaración notarial del demandado.

Esos documentos no fueron desconocidos expresamente por la parte contra la cual se opusieron sus propias imágenes, y pese a ello, en ningún sentido fueron mencionados por el tribunal en la sentencia. El error de facto denunciado al respecto, por lo tanto, igualmente resulta patente, porque siendo demostrativos de la interrelación personal y familiar de las partes, resultaba clara su significación, desde luego, en dirección de la unión marital de hecho investigada.

5.7. Los yerros de hecho manifiestos constatados, desde luego, también son trascendentes.

Desde la perspectiva material y objetiva, pruebas como la confesión extraprocesal del demandado, los testimonios de Marisol Arias Pulido, José del Carmen Corzo Hernández, Erika Lancheros Martínez, Élida Carreño Pinto, Gustavo Sánchez Uribe y Azucena Jaimes Rodríguez, y los documentos representativos, dejan descubierto que entre Iván Patricio Padilla Salcedo y Yurley Adriana Delgado Jaimes, en efecto, hubo una convivencia permanente y singular y no un trato de novios o de visitas recíprocas.

Si el tribunal, por tanto, hubiese fijado en las mentadas pruebas lo antes despejado, habría concluido la existencia de la unión marital de hecho reclamada. Pero como no lo hizo, los errores lo llevaron a dejar sentado de manera equivocada que la parte demandante se sustrajo a demostrar los elementos estructurales de la institución, de modo particular, el de cohabitación.

5.8. La acusación, en consecuencia, se abre paso, razón por la cual, ante el éxito del recurso extraordinario, no hay lugar a condenar a la demandante recurrente a pagar costas en casación.

6. Sentencia sustitutiva.

6.1. No existiendo controversia sobre la constitución válida de la relación jurídico procesal y constatada la ausencia de vicios de procedimiento incidentes en la actuación desarrollada, procede la Corte a resolver el recurso de apelación interpuesto por el interpelado Iván Patricio Padilla Salcedo, respecto del fallo estimatorio proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de Cúcuta, el 16 de diciembre de 2014.

6.2. Como ut supra quedó compendiado, para el sentenciador de primer grado, según lo explicó, las razones de la defensa, en el sentido de que para la época cuestionada el demandado convivía maritalmente con Senaida Serrano Rodríguez, quedaron desvirtuadas.

La unión marital reclamada, en cambio, la halló probada en los interrogatorios de parte; en la certificación del Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Teresita; y en los testimonios de Marisol Arias Pulido, Erika Lancheros Martínez, José del Carmen Corzo Hernández, Luis Alfonso Rozo Cáceres, Gustavo Sánchez, Élida Carreño Pinto y Azucena Jaimes Rodríguez.

Inclusive, con lo vertido por Yeimy Maidelin Delgado Jaimes, hermana de la actora, pues así entrambas existiere animadversión, de todos modos manifestó la relación de novios de su consanguínea con el demandado; y en el dicho de Juan Bautista Villamizar Ferrer, el arrendador en Bellavista, en cuanto igualmente señaló que Iván Patricio Padilla Salcedo, iba dos veces a la semana a visitar a Yurley Adriana Delgado Jaimes.

En sentir del juzgador, la referida unión marital no quedaba desvirtuada con lo narrado por Juan Manuel Bedoya Jurado, Jairo Enrique Cruz Castiblanco, Edward Alberto Acevedo Robles, Bertha Cecilia Burgos Blanco y Ana del Carmen Ortiz Toro, porque en general desconocían el entorno donde se desarrolló, en los barrios Bogotá, Bellavista y Santa Teresita de Cúcuta, pues solo aludieron sucesos ocurridos en Villa del Rosario, casas de Quintas de Tamarindo y Tamarindo Contemporáneo.

6.3. Cada una de las razones anteriores, fueron refutadas en el recurso de apelación, cual se puso de presente en el compendio que del mismo se hizo.

6.3.1. Se advierte ante todo, ninguna polémica existe sobre los lugares donde vivió Yurley Adriana Delgado Jaimes, particularmente, en los barrios Bellavista y Santa Teresita de Cúcuta, en los cuales fungió como arrendatario Iván Patricio Padilla Salcedo, cual así lo declararon, respectivamente, los arrendadores Juan Bautista Villamizar Ferrer y Marisol Arias Pulido, quienes igualmente percibieron su presencia, el primero, al menos dos veces a la semana, y la segunda, en forma constante.

6.3.2. En pro de la unión marital reclamada, el juzgador apreció las declaraciones de Erika Lancheros Martinez, Gustavo Sánchez Uribe y Élida Carreño Pinto.

Para el apelante, los testimonios no podían apreciarse por extemporáneos, pues si bien se solicitaron durante el traslado de las excepciones de mérito, lo fueron como nuevas pruebas del proceso y no para desvirtuar dichas defensas. El argumento, sin embargo, no puede ser de recibo, porque si en el escrito de contestación de la demanda se alegó la “inexistencia de la unión marital”, la prueba en comento fue impetrada allí mismo, precisamente, para acreditar lo contrario, esto es la “existencia de la unión marital”. Sin embargo, no existe norma procesal que obstaculice o limite pedir pruebas cuando se descorre el traslado de las excepciones.

En todo caso, dice, las versiones de Erika Lancheros Martínez y Gustavo Sánchez Uribe, carecían de credibilidad, empero, aparte de lo fijado al resolverse el recurso de casación, inclusive de Élida Carreño Pinto, a cuyo contenido la Corte se remite por economía, los motivos aducidos para el efecto, tampoco son aceptables. Con relación a la primera testigo, porque la existencia de la unión marital no se mide por el número de visitas realizadas; y del segundo deponente, porque el trato personal que dice tuvo con Iván Patricio, hasta el 2014, no necesariamente excluye haberlos visto en actitud de compañeros permanentes, almorzando, en visitas familiares, en fiestas, en cine, en paseos, etc., nada de lo cual se refuta.

6.3.3. La declaración de José del Carmen Corzo Hernández, evocada también para edificar la decisión apelada, el recurrente la confuta solo por ser vecino de la mamá de la actora, no de las partes, pero nunca porque haya dejado de ser responsivo, en los términos como igualmente quedaron objetivados al resolverse el recurso extraordinario. La crítica, por tanto, se cae de su peso, pues el conocimiento de los hechos constitutivos de las relaciones de familia, la ley no los reserva de manera exclusiva a las personas inmediatas del entorno; lo pueden hacer todos aquellos que hayan percibido los hechos materia de instrucción y juzgamiento.

6.3.4. Para el recurrente, la versión de Azucena Jaimes Rodríguez, madre de Yurley Adriana, igualmente fundante de la decisión apelada, carecía de mérito demostrativo, dado el parentesco con la actora. El argumento, empero, no es de recibo, porque amen de no criticarse el contenido de la prueba, en la forma como quedó fijado al resolverse el cargo en casación, el dicho de la deponente concuerda con los demás testimonios indicativos de la unión marital de hecho.

Y bien se sabe, “(…) la sospecha no descalifica de antemano —pues ahora se escucha al sospechoso—, sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”(10).

El testimonio, como los demás medios probatorios, conllevan riesgos y peligros en la comprobación de los hechos y en la búsqueda de la verdad, porque esta puede ser sustituida o alterada. En todo caso, el juez debe hacer uso de la sana crítica, con el rigor del caso; sin embargo, hoy, a pesar de los avances de las ciencias humanas no se puede prescindir del testimonio. Tratándose de los motivos de sospecha, el sentenciador tiene la potestad de apreciarlos, de modo que cualquier amistad íntima o enemistad, parentesco, dependencia, sentimientos o interés, no pueden obstaculizar su práctica, simplemente el juzgador analizara estos aspectos al momento de fallar, por cuanto no es un simple operario obsecuente y mudo de los hechos. Asume, analiza, sintetiza, reprocha y valora la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica.

6.3.5. Lo analizado, no lo desvirtúa lo vertido do (sic) por Yeimy Maidelin Delgado Jaimes, hermana de la pretensora, porque así entrambas existiera animadversión, no niega en forma absoluta la existencia de alguna relación entre las partes, como se sostiene en la apelación.

Por el contrario, narra hechos significativos de convivencia marital, como que “Iván iba dos veces a la semana y se quedaba y en los fines de semana iba y se quedaba”, “llevaba la ropa que se iba a poner al otro día”, “los fines de semana (…) se iba con ella”.

Además, ante una supuesta infidelidad de la actora, concomitante con la cohabitación auscultada, esta Corte tiene explicado que “(…) establecida una unión marital de hecho, la singularidad que le es propia no se destruye por el hecho de que un compañero le sea infiel al otro, pues lo cierto es que aquella (…) solo se disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros permanentes (…)”(11). Los solos devaneos pasajeros no tienen la virtualidad de anonadar la convivencia.

6.3.7. El hecho investigado, desde luego, no se neutraliza con los testimonios de descargo, rendidos por Jairo Enrique Cruz Castiblanco, Juan Manuel Bedoya Jurado, Edward Alberto Acevedo Torres, Bertha Cecilia Burgos y Ana del Carmen Ortiz Toro, porque así hayan ubicado a Iván Patricio, inclusive residiendo, en Quintas de Tamarindo o Tamarindo Contemporáneo, esto tampoco excluye, fatalmente, la convivencia marital en otros lugares, considerando que para el efecto, como recientemente lo sostuvo también esta Sala, “(…) [no], necesariamente, implica residir constantemente bajo el mismo techo, dado que ello puede estar justificado por [distintos] motivos (…)”(12).

6.3.8. La unión marital del caso, queda plenamente establecida, a su vez, corroborada con el análisis probatorio hasta ahora realizado, con la declaración del propio interpelado ante el Notario Segundo del Círculo de Cúcuta, efectuada el 26 de abril de 2014, en cuanto para esa fecha sostenía una “unión marital de hecho” con la demandante, con mayor razón si no “(…) conviv[ía] en unión libre y bajo el mismo techo desde hace cuatro (4) años con Senaida Serrano Rodríguez”, la antigua compañera.

Por supuesto, el valor demostrativo de la anterior probanza, no se supeditaba a su ratificación en el proceso, sino se requería su demostración con otros medios de convicción, precisamente, por tratarse de una confesión, en cuanto le produce consecuencias adversas a quien la hace. Tampoco, para su eficacia, era necesario acreditar que fue realizada de manera consciente, libre y espontánea, pues la carga de la prueba de tales hechos le correspondía a la parte contra la cual se aduce.

La confesión como se sabe, puede ser judicial o extrajudicial. La primera se verifica al interior del proceso cuando el juez en ejercicio de sus funciones media y participa directamente en su práctica; la segunda, es cualquiera otra producida fuera del juicio respectivo, en forma verbal o escrita.

En el caso de esta última, aducirla e incorporarla a la controversia, implica utilizar y recurrir a otros elementos de juicio, como “prueba de la prueba”, esto es, a la “probatio probanda(13), por ejemplo, mediante documentos, declaraciones, en fin, para establecer su existencia; de ese modo su fuerza demostrativa fluye y depende de la certidumbre, de la veracidad y del vigor de las pruebas que la verifican(14).

Desde luego, con el documento contentivo de una manifestación de la propia parte, es dable demostrar una confesión extrajudicial, tal cual de antaño lo aludía el artículo 604 del Código Judicial, o el 637 ejúsdem lo ejemplificaba: “(…) un documento privado tiene fuerza de confesión judicial acerca de sus estipulaciones (…) cuando han sido extendidos, registrados o reconocidos en la forma legal por las personas que deben cumplirlas”.

De ahí, al decir de la Corte, citando a Redenti, “(…) se trata de ‘una probatio probanda (prueba que debe ser probada), y se resolverá en un desplazamiento del thema probandum (tema de la prueba) (del hecho confesado al hecho de haberse realizado la confesión)’, situación que el mismo autor ejemplifica así: ‘... quien hace un pago, es corriente que se haga librar por la otra parte la confesión de haberlo recibido (recibo). Si ello no obstante y después de que ello ocurra, se pide en juicio su condena a pagar, bastará para hacer que se rechace la demanda ope exceptionis (en virtud de la excepción), que produzca, es decir haga conocer oficialmente al juez, el recibo, adquiriéndolo para los autos. El recibo (como escritura privada…) probará la confesión; la confesión a su vez probará la realización del pago, y este (si no obsta otra cosa) valdrá para hacer que se acoja la excepción’. (Derecho Procesal Civil, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, pág. 286)”(15).

La confesión dicha, ciertamente, no la infirma el testimonio de la excompañera permanente de Iván Patricio Padilla Salcedo, señora Senaida Serrano Rodríguez, porque ella misma es quien confirma, de alguna manera concordante con la confesión en cuestión, haberse separado definitivamente de aquel en la “primera semana de febrero de 2011” o en “agosto de 2011”.

Y si en el sentido de la separación física de dicha pareja fue tomada como referente la denuncia por violencia intrafamiliar mencionada en la sentencia apelada, con independencia de si hubo o no condena penal, el mérito demostrativo conferido al respecto, en el conjunto probatorio analizado, no resulta equivocado.

En todo caso, no se pierda de vista que la testigo muestra interés en el resultado del proceso, al señalar que “es una injusticia, porque yo convivió (sic) 12 años y no hice repartición de bienes y me interesa el bienestar de mis hijos, y viene uno de la noche a la mañana a ver cosas injustas”.

6.4. En lo demás, ningún reparo amerita los límites temporales de la unión marital de hecho fijada por el juzgador de primer grado, entre el 5 de febrero de 2011 y el 10 de julio de 2014. En particular, porque si bien en el recurso de apelación se acepta, en el peor de los casos, una convivencia marital de “tres meses”, según lo declarado por Erika Lancheros Martínez, quien laboró en la casa de las partes como empleada doméstica, cierto es, aquel otro punto específico no fue controvertido en la alzada.

En adición, si el propio demandado confiesa el 26 de abril de 2014, que hace cuatro años no convivía maritalmente con Senaida Serrano Rodríguez, vale decir, desde abril de 2010, esto permite inferir que la unión marital reclamada existía por lo menos en febrero de 2011, fecha cubierta también, en general, por los testigos que la indicaron, incluyendo los arrendadores de Iván Patricio Padilla Salcedo, Juan Bautista Villamizar Ferrer y Élida Carreño Pinto, respecto de los inmuebles en Bellavista y Santa Teresita, entre marzo de 2012 y julio de 2014.

6.5. El recurso de apelación, en consecuencia, resulta infundado.

6. (sic) Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia de 3 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por Yurley Adriana Delgado Jaimes contra Iván Patricio Padilla Salcedo.

En sede de instancia, confirma en todas sus partes el fallo de 16 de diciembre de 2014, emitido por el Juzgado Cuarto de Familia de Cúcuta.

Las costas en segunda instancia corren a cargo del demandado apelante. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de tres salarios mínimos legales vigentes, por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen».

1 En los términos del precepto, “[l]as pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos.

“El juez expondrá razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

2 CSJ. Civil. Cfr. Sentencia de 21 de junio de 2016, expediente 00129.

3 CSJ. Civil. Cfr. Sentencias de 11 de marzo de 2009, expediente 00197, y de 19 de diciembre de 2012, expediente 00003, entre otras. Autos de 18 de junio de 2008, expediente 00205, y de 19 de diciembre de 2008, expediente 01200.

4 La Corte Constitucional, en Sentencia C-075 de 7 de febrero de 2007, resolvió “[d]eclarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”.

5 CSJ. Civil. Sentencia de 10 septiembre de 2003, Radicación 7603.

6 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2013, expediente 00084.

7 CSJ. Civil. Sentencia 239 de 12 de diciembre de 2001. Reiterada en fallos de 27 de julio de 2010, expediente 00558, y de 18 de diciembre de 2012, expediente 00313, entre otros.

8 Para esta Corte, “[T]ratándose de error de hecho por preterición de una prueba o de un hecho de la demanda, no le basta al censor con señalar que en las consideraciones del fallo no se mencionó, sino que debe demostrar es que efectivamente no se tuvo en cuenta. Porque de haberse considerado, establecido implícitamente por sus conclusiones, su no mención sería una deficiencia de expresión, pero no de apreciación probatoria o de la demanda” (sent. de 5 de mayo de 1998 ‘CCLII-1355‘, reiterada en fallos de 30 de agosto de 2010 ‘expediente 06826’ y de 12 de diciembre de 2014 ‘Radicación 00193’, entre otros).

9 Sentencia de 16 de diciembre de 2010 expediente 2003-00502, reiterando doctrina anterior.

10 CSJ. Civil. Sentencia 180 de 19 de septiembre de 2001, expediente 6624, reiterada en fallos 140 de 12 de diciembre de 2007, expediente 00310, y de 16 de abril de 2009, expediente 00361, entre otros.

11 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de septiembre de 2005 (expediente 00150), reiterada en fallo de 26 de octubre de 2016 (Radicación 00069).

12 CSJ. Casación Civil. Sentencia de 24 de octubre de 2016, expediente 00069.

13 Cfr. CSJ. Casación Civil. Sentencia de 8 de noviembre de 1974 (CXLVIII-283/289).

14 Vid. CSJ. Sala de Casación Penal. Sentencia de 7 de octubre de 1964.

15 CSJ. Civil. Sentencia 005 de 23 de enero de 2006, expediente 00193.