SENTENCIA 2013-00346/3694-2015 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2016

 

Sentencia 2013-00346 de septiembre 28 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., 28 de septiembre del 2016.

Expediente: 200012333000201300346 01

Nº interno: 3694-2015

Demandante: Dolly Margoth Osorio Ortiz.

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FONPREMAG).

Tema: Incompatibilidad pensional invalidez y jubilación.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de junio del 2015 por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda.

Pretensiones.

La señora Dolly Margoth Osorio Ortiz, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda encaminada a obtener la nulidad parcial de la Resolución 0000206 del 4 de mayo del 2010, proferida por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, mediante la cual se le reconoció una pensión de invalidez y se suspendieron los efectos de la pensión de jubilación que aquella devengaba.

A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó: i) el pago del valor de las mesadas pensionales y adicionales con los correspondientes reajustes de ley; ii) declarar la compatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez para el caso del magisterio y los docentes vinculados en vigencia del Decreto 2277 de 1979; iii) que sobre las sumas adeudadas se incorporen los correspondientes ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor (IPC), o al por mayor y el reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 del 2011; iv) dar cumplimiento al fallo en los términos previstos en el artículo 192 ibidem; y v) condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

Fundamentos fácticos.

La Sala resume los hechos expuestos por la parte demandante de la siguiente manera:

A través de escrito del 4 de junio del 2009, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, petición que fue acogida a través de la Resolución nro. 000444 del 24 de agosto del 2009 en cuantía de $ 1.632.631 efectiva a partir del 19 de abril del 2009.

En virtud a la pérdida de su capacidad laboral del 95.1%, certificada por la entidad médico-preventiva, elevó petición el 18 de noviembre del 2009 ante la demandada para que le fuere reconocida y pagada la pensión de invalidez; solicitud que fue resuelta positivamente a través de la Resolución nro. 0000206 del 4 de mayo del 2010, ordenándose además la suspensión de los efectos de la pensión de jubilación que devengaba la actora.

Normas vulneradas y concepto de violación.

El apoderado de la parte demandante citó como disposiciones violadas las siguientes:

Los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 15 numeral 1º inciso 1º y 2º numeral 5º de la Ley 91 de 1989; 7º del Decreto 2563 de 1990; 3º del Decreto Ley 2277 de 1979; 2º literal a) y 12 de la Ley 4ª de 1992; 1º del Decreto Reglamentario 1440 del 1 de septiembre de 1992; 115 y 180 de la Ley 115 de 1994; Ley 65 de 1946; 4º de la Ley 4ª de 1966; 5º del Decreto 1743 de 1966; 1º parágrafo 2º de la Ley 24 de 1947, en concordancia con el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945; 45 del Decreto 1045 de 1978; y 81 de la Ley 812 del 2003.

Manifestó que con el acto administrativo se vulneraron sus derechos adquiridos al desconocer el derecho que tienen los docentes de acceder a la pensión de jubilación aun cuando estén percibiendo una pensión de invalidez, puesto que se trata de dos prestaciones sociales diferentes y claramente compatibles, ya que la primera es reconocida por el FONPREMAG, por haber estado vinculada al servicio del magisterio por más de 20 años y cumplir 55 años de edad; y la otra la reconoce la ARL como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral por enfermedad profesional debidamente acreditada.

Contestación de la demanda.

FONPREMAG contestó la demanda en la oportunidad de ley, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, para lo cual manifestó que de conformidad a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución Política, nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo los casos expresamente determinados por la ley, prohibición que en materia pensional ha sido desarrollada por el Decreto 2709 de 1994 reglamentario de la Ley 71 de 1988, por lo que concluyó que las prestaciones solicitadas son incompatibles.

La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 18 de junio del 2015, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, para lo cual argumentó que las pensiones de jubilación e invalidez tienen su origen en una relación laboral, están condicionadas a los aportes que el afiliado haga a la seguridad social y diseñadas para un mismo fin, que no es otro a brindarle una congrua subsistencia al trabajador que haya perdido la capacidad laboral por enfermedad o cumplir los requisitos de edad y tiempo establecidos en la ley, según el caso, razones por las cuales consideró que son incompatibles.

Del recurso de apelación.

El apoderado de la parte demandante mediante escrito del 7 de julio del 2015 interpuso recurso de apelación frente a la decisión del a quo, en los siguientes términos:

Manifestó que las pensiones de jubilación e invalidez son compatibles, pues la primera fue reconocida por sus servicios prestados al magisterio por más de 20 años y haber cumplido 55 años de edad y la segunda como consecuencia de la pérdida de su capacidad laboral, razón por la cual consideró que la naturaleza de los pagos es diferente.

Refiriéndose a la sentencia del 1 de diciembre del 2009(1) de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que la pensión de invalidez por causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional es compatible con la pensión de jubilación, pues la finalidad es la protección de dos riesgos distintos, a saber, el paso inexorable de los años y la pérdida de la capacidad laboral.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Problema jurídico.

El problema jurídico se circunscribe, de conformidad con la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación a:

¿Determinar si en el presente asunto existe compatibilidad entre las pensiones de jubilación y vejez cuya beneficiaria es la actora tal como lo alega el apelante; o si por el contrario, son incompatibles, como lo concluyó el a quo en la sentencia de primera instancia?

Resolución del problema planteado.

Atendiendo al problema jurídico señalado, procede la Sala a abordar el presente asunto en el siguiente orden:

Fundamento normativo.

Al respecto, establece el artículo 128 de la Constitución Política que:

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. 

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”. 

Consagra la anterior disposición constitucional, la imposibilidad de desempeñar más de un empleo público y percibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Dentro de esta prohibición ha de entenderse no sólo la percepción de más de una asignación proveniente de varios empleos públicos, sino la de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como pensiones.

Este precepto, fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4ª del 18 de mayo 1992(2), en el que se dispuso:

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones: 

a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa; 

(...) 

g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. 

En este estado, advierte la Sala que de conformidad a lo normado en artículo 81 de la Ley 812 de 2003(3), las personas vinculadas al servicio educativo, a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, se encontrarían amparadas por el régimen de prima media, y las vinculadas antes de la misma, se les continuaría aplicando las disposiciones previas a la norma en cita; Criterio que fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 001 de 2005(4).

Así las cosas, toda vez que en el presente asunto la demandante se encontraba vinculada en el servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003(5), pues su vinculación se efectuó el 31 de octubre de 1971, se colige que en lo correspondiente al régimen pensional de la misma se rige por las disposiciones de la Ley 91 de 1989.

Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que el régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica a los empleados públicos del orden nacional, las prerrogativas que regulan las pensiones de invalidez y jubilación en el presente asunto se encuentran reguladas por la Ley 33 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Al respecto, esta Sala ha manifestado(6):

“Teniendo en cuenta las normas transcritas, advierte la Sala que ninguna de ellas establece, en estricto sentido, los elementos constitutivos del régimen pensional aplicable a los docentes. Empero, debe decirse, que ellas sí remiten a las disposiciones de la Ley 91 de 1989 la cual, a su turno, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta corporación(7) establecían como régimen pensional aplicable a los docentes nacionales y nacionalizados el previsto para los empleados públicos del orden nacional, a saber, en el Decreto-Ley 3135 de 1968 y los decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978”.

Así se señaló, en la sentencia en cita proferida, por esta misma sección:  

“(...) Lo anterior permite deducir que el régimen aplicable para los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 26 de junio de 2003, es el establecido para el Magisterio antes de dicha fecha, es decir el contemplado en la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que en su artículo 15 dispone: 

(...) 

De la norma transcrita se colige que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el dispuesto para los empleados públicos del orden nacional. 

Si bien es cierto el artículo 48 de la Constitución Política respetó el régimen pensional que venían gozando los docentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, también lo es que dicho régimen no contemplaba requisitos especiales para efectos de obtener el reconocimiento de la pensión, por el contrario, remite a las normas de carácter general vigentes para los empleados del sector público nacional. 

(...) 

De acuerdo con el recuento normativo expuesto en precedencia, estima la Sala que tratándose del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, a favor de un docente oficial, resulta necesario verificar el momento de su vinculación al servicio para efectos de determinar el régimen pensional aplicable. En efecto, si la vinculación al servicio se registró con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 el régimen aplicable es el vigente con anterioridad a esa fecha si, por el contrario, la vinculación se registró con posterioridad, no hay duda que el régimen aplicable será el general en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.  

En este punto, debe precisarse que cuando la Ley 812 de 2003 hace alusión al régimen anterior, esto es, para los docentes que venían vinculados antes de la entrada en vigencia de la citada norma, dicha norma se refiere finalmente a lo dispuesto en el Decreto-Ley 3135 de 1968 y los Decreto 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en cuanto estos contemplan el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor de los servidores públicos que experimentaran una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 75%”. 

Así entonces, establecido que en el presente asunto el régimen pensional de la demandante, en lo concerniente a la pensión de invalidez, es el contenido de los Decretos 3135 de 1968(8) y 1848 de 1969(9), advierte la Sala que dichas normas disponen la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de jubilación. Al respecto, el artículo 31 del primero de los anteriores dispone:

Artículo 31.Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas”. 

Así mismo, el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969 establece:

“Artículo 88.Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente”. 

Como se puede observar, la normativa que regula lo concerniente a las pensiones de jubilación e invalidez a las que tendría derecho la demandante, establecen de manera clara que las dos pensiones resultan excluyentes, motivo por el cual, si la demandante opta por alguna de ellas, la consecuencia de esa decisión implica la incompatibilidad con la otra.

Sobre lo aquí expuesto, esta corporación ha tenido la oportunidad de señalar(10):

“Descendiendo al caso concreto, los jueces de instancia consideraron que la pensión de jubilación que le fue reconocida al actor es incompatible con la pensión de invalidez, y, en consecuencia, los actos administrativos que ordenaron la suspensión de la primera de las prestaciones en virtud del reconocimiento de la segunda, no están viciados de nulidad. 

Al respecto, las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en ningún defecto judicial, pues, en efecto, la incompatibilidad de la pensión de invalidez y de jubilación esta prevista en el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968(11) que prevé que las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí y que el empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas. 

En el mismo sentido, el artículo 88 Decreto 1848 de 1969(12), precisa la incompatibilidad entre las tres contingencias, así: 

“ART. 88.—Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente”.

Lo señalado en las normas anteriores ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, en el sentido de aclarar que si bien la ley no contempla incompatibilidad entre la pensión gracia de los docentes y la pensión de invalidez, pues la de gracia tiene un régimen exclusivo que no depende de la afiliación a seguridad social, no ocurre lo mismo en lo relacionado con la pensión de jubilación y la de invalidez, las cuales tienen su origen en una relación laboral, y están condicionadas a los aportes que el afiliado haga a la seguridad social, por lo que su reconocimiento es incompatible.

En este sentido, la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación, en sentencia del 26 de marzo de 2009(13), señaló: 

(...) 

El reconocimiento de la pensión de jubilación por el contrario, depende de los aportes que se efectúen a lo largo de la vida laboral y viene a constituir el sustento económico de las personas que por razón de la edad ya deben retirarse de la prestación del servicio.  

En cuanto a la pensión de invalidez, su origen se funda en la necesidad de asegurar la congrua subsistencia a los trabajadores que por la ocurrencia de un percance físico ven menguada su capacidad laboral.  

Tanto la pensión de jubilación como la de invalidez tienen su origen en una relación laboral y están condicionadas a los aportes que el afiliado haga a la seguridad social, por el contrario, la pensión gracia por tratarse de un régimen especial no necesita de la afiliación” 

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que en el caso sub examine las autoridades judiciales no incurrieron en el defecto sustantivo alegado por el actor, al concluir, en aplicación de la normativa y la jurisprudencia vigente, que la pensión de jubilación reconocida previamente al demandante, es incompatible con la pensión de invalidez, porque provienen de la misma relación laboral y corresponden a beneficios ordinarios que difieren de la pensión de gracia, pues si bien el actor era docente, la pensión se reconoció al amparo del régimen aplicable a los empleados del sector público”. 

Por lo anterior, se colige con absoluta claridad que cuando una pensión, sea de invalidez o jubilación, reconocida en razón de los aportes efectuados por el afiliado al Sistema General de Seguridad Social, no es factible el reconocimiento simultaneo con la otra pensión, pues se estarían reconociendo dos prestaciones por una misma causa, situación que se encuentra restringida toda vez que la normativa aplicable y la jurisprudencia han establecido así incompatibilidad, resultando jurídicamente inviable que una misma persona perciba simultáneamente la de invalidez y la de jubilación.

Del análisis probatorio y de la solución del caso concreto.

De la cédula de ciudadanía se establece que la señora Dolly Margoth Osorio Ortiz nació el 18 de abril de 1954(14).

Prestó sus servicios en la Secretaría de Educación del Cesar desde el 31 de octubre de 1977, desempeñándose como docente en la Escuela Urbana Sagrado Corazón de Jesús en el Municipio de Aguachica Cesar(15).

En razón a una solicitud elevada por la demandante el 4 de junio del 2009, la entidad demandada expidió la Resolución nro. 000444 del 24 de agosto del 2009, a través de la cual le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $ 1.632.631 efectiva a partir del 19 de abril del 2009(16).

En virtud a que la demandante sufrió una disminución de su capacidad laboral del 95.1%, a través de la Resolución 0000206 del 4 de mayo del 2010, se le reconoció a la demandante una pensión de invalidez, en una cuantía de $ 2.546.810(17).

Con relación al argumento de la apelante, en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia admite la posibilidad de percibir simultáneamente las pensiones de jubilación e invalidez cuando el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente, dichos supuestos fácticos y jurídicos no se dan en este caso, toda vez que las pretendidas se originan de igual causa, esto es, los aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social, sin dejar de vista además que se encuentran a cargo de una misma entidad, esto es, el FONPREMAG, motivos por los cuales la providencia que citó la demandante no resulta aplicable, pues no es factible que por una misma relación laboral se deriven dos prestaciones.

Ahora bien, al resultar incompatibles las pensiones de jubilación y de invalidez, la demandante tenía la posibilidad de optar por la que más le convenía económicamente, siendo una actuación administrativa ajustada al ordenamiento jurídico, pues era facultad de aquella escoger cuál le era más favorable, lo anterior de conformidad a lo consagrado en los artículos 31 y 88 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.

Al verificarse la incompatibilidad entre las dos prestaciones, se concluye que a la demandante la pensión de invalidez le resulta más favorable que la de jubilación toda vez que por el porcentaje de pérdida de su capacidad laboral el monto equivale al 100% del último salario devengado(18); resultando mayor al de la otra que equivale a un 75% del promedio de salarios devengados durante el último año de servicios, tal y como la entidad lo decretó en la Resolución nro. 0000206 del 4 de mayo del 2010(19), y en consecuencia se mantiene la presunción de legalidad en toda su integridad, ya que lo dispuesto no afecta principios constitucionales como el de la favorabilidad o derechos adquiridos.

Así las cosas, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar se encuentra acorde a la normativa y jurisprudencia reguladora de la materia y, en consecuencia, la providencia recurrida que negó las pretensiones de la demanda, deberá ser confirmada atendiendo las previsiones y reglas señaladas en las consideraciones precedentes.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la Sentencia del 18 de junio del 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Por secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen y dejar las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión, por los señores consejeros.

Consejeros: Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter—César Palomino Cortés.

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Camilo Tarquino Gallego Bogotá D.C., 1 de diciembre del 2009, Rad.: 33558.

2 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

3 ART. 81.—Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

(...)

4 PAR. TRANS. 1º—El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

5 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario” Derogada por el art. 276, Ley 1450 de 2011, salvo los arts. 20, 59, 61, 64, 65, 81 y 121. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 177 de 2004. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 975 de 2004. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 3111 de 2004. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 2005.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Gerardo Arenas Monsalve Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014). Rad.: 15001-23-33-000-2012-00170-01(3008-13).

7 Ver Sentencia de 12 de febrero de 2009. Rad. 1959-2008, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

8 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”. Aclarado por el art. 1º, Decreto Nacional 3193 de 1968. Reglamentada por el Decreto Nacional 1848 de 1969

9 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), Rad.: 11001-03-15-000-2013-01689-01(AC).

11 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.

12 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.

13 Rad.: 116608, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

14 Fl. 3.

15 Fl. 8.

16 Fls. 8-9.

17 Fls. 10-11.

18 ART. 63.—Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con base en el segundo salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación, así:

a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable.

(...).

19 Fls. 10-11.