Sentencia 2013-00346 de enero 27 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 130011102000201300346 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta 05 de la misma fecha

Ref.: Disciplinario contra abogado Paulo Enrique Martelo Rodríguez

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil dieciséis

EXTRACTOS «Consideraciones de la Sala

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política y 112-4 de la Ley 270 de 1996, esta Corporación es competente para desatar los recursos de apelación que se formulen dentro de los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las SalaJurisdiccional DisciplinariadelConsejoSuperiorde laJudicatura, ejerceránsusfuncioneshastaeldíaqueseposesionenlosmiembros de laComisión Nacionalde Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales aplicables en este caso.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

La falta disciplinaria atribuida en el fallo de primera instancia, al letrado investigada, se encuentra prevista en el actual Código Disciplinario del Abogado, en el artículo 37 numeral 1º:

“…1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejarlas de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”

Ahora bien, procede esta Sala, a analizar las pruebas obrantes en el plenario, de donde se evidencia que entre el abogado Paulo Enrique Martelo Rodríguez y el Banco GNB SUDAMERIS (apoderado general Jesús Eduardo Cortés Méndez), existió una relación abogado - cliente, tal y como lo corrobora el poder obrante a folio 7 del cuaderno original, para que el abogado representará los intereses de la entidad bancaria dentro del proceso ordinario de mayor cuantía incoado por la Sociedad Comercial Trabajos Técnicos Especializados S.A.

De la prueba documental aportada al plenario en especial el expediente contentivo de la demanda ordinaria de mayor cuantía, el abogado atendió la asistencia de la entidad demandada sin que su actuación generara ningún tipo de reproche disciplinario por parte de su poderdante. El 2 de octubre de 2012 el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena, profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso referido donde se declaró civilmente responsable al Banco Sudameris, y así lo condenó a la suma de $868.536.821 por concepto de daño emergente y por lucro cesante la suma de $2.894.000.048(3).

El 10 de octubre de 2012 el abogado Paulo Enrique Martelo Rodríguez interpuso recurso de apelación contra el mencionado pronunciamiento desfavorable a los intereses de su cliente(4). El Juez 2º Civil del Circuito de Cartagena mediante auto del 12 de diciembre de 2012 concedió el recurso en el efecto suspensivo y ordenó su remisión al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena(5). El 26 de febrero de 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena al admitir el recurso de apelación reconsideró su efecto para concederlo en el devolutivo; por lo anterior en la parte final del auto ordenó que el recurrente sufragara los costos de las copias del expediente dentro del término no mayor de 5 días, contados a partir de la notificación del auto, o de lo contrario declararía desierto el recurso(6).

Según se advierte del estado que figura en la parte inferior del auto del 26 de febrero de 2013, el cual fue desfijado el 28 de febrero de la misma anualidad a las 8:00 a.m., era claro que el término para sufragar los recursos para obtener las copias del expediente y sustentar el recurso de apelación vencían el 7 de marzo de 2013 a las 5:00 p.m.

Se aprecia que el 18 de marzo de 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena-Sala Civil-Familia declaró desierto el recurso de apelación impetrado por el apoderado judicial de Sudameris S.A., a falta del pago del costo de las copias del expediente(7).

Obra en el plenario a folio 45 del cuaderno original un comprobante de egreso que al final tiene consignada la firma del señor Gilberto Urueta y los datos contenidos en este comprobante son: ciudad y fecha: Cartagena 7 de marzo de 2013 por $200.000 pagado a Gilberto Urueta por concepto de pago de cuadernos, recurso de apelación, Tribunal de Bolívar.

Así como la comunicación por correo electrónico que hizo el togado a su cliente indicándole que el mensajero no pudo radicar el memorial junto con el pago de las copias para surtir el recurso de apelación.

Obran los testimonios de Zambrano Manzur y Gilberto Ureta quienes indicaron que no se pudo cancelar los emolumentos para surtir el recurso de apelación en el proceso de marras porque el señor Ureta no pudo llegar a tiempo, quien le había hecho las advertencias de rigor indicándole que ese mismo día —7 de marzo de 2013— debían ser entregados en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena(8).

Vistas las anteriores pruebas recaudadas, se advierte que objetivamente incurrió en falta a la debida diligencia, pues no entregó de manera directa o por interpuesta persona el dinero para cumplir con la carga procesal prevista en el artículo 324 del CPC que regula lo pertinente a la expedición de copias necesarias para el trámite del recurso, carga procesal en cabeza del recurrente, quien actuaba a través de apoderado judicial Dr. Martelo Rodríguez, tal y como lo indica el inciso 2º del artículo anteriormente citado:

“…en el auto que conceda la apelación se ordenará que antes de remitirse el expediente se deje una reproducción de las piezas que el juez señale, a costa del recurrente, quien deberá suministrar las expensas necesarias en el término de cinco (5) días, so pena de ser declarado desierto…”

Pues bien, la imposibilidad de que el recurso se surta sin el cumplimiento de esa carga procesal no es sólo jurídica sino física, en la medida en que las situaciones acusadas se refieren al recurso de apelación en los efectos devolutivo y diferido, en los cuales el juez de primera instancia conserva la competencia para decidir sobre ciertos asuntos, por lo que no puede enviar la totalidad del expediente a su superior.

Dicha carga procesal, por consiguiente atiende una necesidad fáctica derivada del trámite del recurso que no se puede desconocer. La consecuencia de ese incumplimiento da lugar a una situación desfavorable, por cuanto constituye la preclusión de una oportunidad procesal para el apelante.

Pues bien, no realizar oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, en este caso el cumplir con una carga procesal como el pago de las copias para surtir el recurso de apelación concedido en el efecto diferido, comporta una conducta omisiva, en la medida que el profesional del derecho injustificadamente se apartó del encargo encomendado al no haber procurado el pago efectivo en el despacho judicial para surtir el recurso de apelación, generando como consecuencia que se declarara desierto el mismo. Lo anterior, representa una indiligencia que refleja una actitud negativa de la voluntad, dejando de ejecutar una determinada acción de contenido material que le era exigible,

Cuando un abogado asume una representación judicial mediante poder, como claramente se demuestra en el expediente, se obliga a realizar una serie de actividades procesales consecuentes con el mandato que le otorgan, en orden a favorecer la causa encomendada, momento en el cual cobra vida el deber que le asiste de atender con celosa diligencia y cuidado los asuntos bajo su cargo, lo que conlleva a una obligación de realizar su gestión positivamente, con prontitud y celeridad frente al compromiso.

En este orden de ideas, es claro, más allá, de toda duda razonable, que el proceder del disciplinado, encuadra perfectamente con la conducta reprochada del Estatuto Disciplinario del Abogado, más puntualmente en la falta a la debida diligencia profesional que se expuso en renglones anteriores, y en efecto se le catalogó como omisión a su deber de diligencia profesional.

Ahora bien, si bien es cierto que el abogado pudo haber hecho entrega oportuna de la documentación y el dinero necesario para cumplir el requerimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para la concesión del recurso de apelación al mensajero de su oficina, ello a juicio de la primera instancia y de esta Sala no lo exime de responsabilidad disciplinaria al togado investigado, pues su deber era garantizar que de manera efectiva el dinero se consignara en el lugar y hora indicados, y si para hacerlos se valió de la colaboración de terceros, no pudiéndose excusar en esos terceros cuando no se cumple el cometido, ya que es de suma claridad y contundencia el contenido del numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 siendo extensivo el deber de la celosa diligencia al control de los dependientes así:

“10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

En este caso, de manera categórica esta Sala afirma que no es cierto que lo acontecido sea una circunstancia propia de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

En el caso de marras era absolutamente previsible para el abogado encartado que el cierre de los despachos se efectuaba a las 5 de la tarde y por ende debió enviar a su mensajero en las horas de la mañana o antes del día que se vencía el término, ya que si no aportaba el dinero para tales copias su recurso de apelación se iba a declarar desierto, como en efecto ocurrió, siendo que su responsabilidad se hizo extensiva al personal que contrató para prestar el servicio.

Así las cosas, es claro para esta instancia que la conducta del abogado constituyó un incumplimiento al deber profesional de atender con celosa diligencia los encargos encomendados, tipificándose tal conducta dentro de la descripción que contiene el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Respecto a la sanción, encuentra la Sala que debe ser confirmada teniendo en cuenta lo siguiente:

En cuanto al impacto que genera esta serie de comportamientos en la vida en sociedad, es la percepción general de que los abogados no sirven como instrumento necesario para materializar la justicia o para hacer efectivo un derecho sustancial puesto en litis, ya que descendiendo al caso concreto si bien es cierto el abogado fue diligente durante todo el trámite procesal, por una indiligencia a título de culpa no se aportaron los emolumentos para tramitar el recurso de apelación y por ello se le declaró desierto el recurso de apelación de un proceso con pretensiones que superaban los tres mil millones de pesos.

Los demás aspectos para dejar incólume la sanción es la modalidad de la falta, debido a que no se probó dolo en el actuar del jurista, pero sí una falta de diligencia para que las expensas se entregaran en el lugar y día indicados.

Es por todo lo anterior que se confirmará en su integridad el fallo de instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la Ley.

Resuelve

1. Confirmar la sentencia de fecha 31 de octubre de 2014, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, impuso sanción de Suspensión de tres meses al Abogado Paulo Enrique Martelo Rodríguez, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

2. Remitir copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. Devolver el expediente a su lugar de origen, para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase»

(3) Folios 6 a 32 del cuaderno anexo 3.

(4) Folio 34 del cuaderno anexo 3.

(5) Folio 36 del cuaderno anexo 3.

(6) Folios 9 y 10 del cuaderno original.

(7) Folios 12 a 14 del cuaderno original.

(8) Folio 15 del cuaderno original.