Sentencia 2013-00351 de diciembre 6 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado 500011102000201300351 01

Aprobado según Acta de Sala 110 de la fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Bogotá, D.C., 6 de diciembre de 2016

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el artículo 256 - 3 de la Constitución Política numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia-, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.”, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 - Código Disciplinario del Abogado.

Dable es señalar que tal facultad Constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso:

“(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional en diferentes providencias, entre ellas, el Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso:

“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Caso concreto.

Decide la Sala si confirma, revoca o modifica la sentencia sancionatoria proferida el 3 de julio de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, donde sancionó al abogado Javier Danilo Ladino Castañeda con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la faltas disciplinarias descritas en el numeral 4 del artículo 30 y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En cuanto al recurso de apelación se estudiaran únicamente los puntos de disenso del mismo, pues la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe en relación con los aspectos impugnados por cuanto se presume que aquellos tópicos que no son objeto de la altura no suscitan inconformidad por el sujeto que hace uso de este instrumento, es decir, no puede el Juzgador de Segunda Instancia decidir sobre el asunto, pues su labor se limita a realizar un control de legalidad.

El autor de la verticalidad, plantea de forma decidida su infortunio en virtud de coincidir que los asuntos disciplinarios adelantados en su contra justamente en la Sala a quo han correspondido a la magistrada ponente en este caso, donde resultó sancionado siempre, por ello cree existe una animadversión o molestia en esa instancia.

Acerca de la protesta sobre el fallo que nos ocupa, discurre sobre dos aspectos en los cuales considera se soporta la sentencia atacada; primer extremo el haber fundado la sanción tomando en consideración los testimonios de personas que califica como de dudosa aceptación teniendo en cuenta la condición de presidiario de Cristian Eduardo Mazo Anzola condenado por el delito de Acceso Carnal Violento en menor de 14 años y su padre Martín Eduardo Mazo Viatela a quien define como cómplice del reo.

El segundo punto de discusión lo fundamenta en el hecho de la inexistencia de prueba alguna donde se indique su actuación ante despacho judicial, pues no ha ejercido la profesión en defensa de Cristian Eduardo Mazo Anzola con la presentación de escrito, por ello no se puede predicar en su contra una gestión o ejercicio ilegal de la profesión y falta a la dignidad de la profesión.

La sentencia recurrida contiene un análisis con el cual se descendió en esa decisión, pues rebate la ausencia de documento formal de poder o contrato de prestación de servicios profesionales; se apoya en pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, donde se indica que se reputa perfecto por la mera aceptación de la gestión, bien sea de manera expresa, por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o por cualquiera otro medio inteligible conforme con los artículos 2149 y 2150 del Código Civil.

En conclusión, se precisa que para el perfeccionamiento de un acuerdo de voluntades no se requiere el lleno de formalidades especiales.

En otro orden, se evalúa el comportamiento del togado de cara a las faltas enrostradas y en un cotejo serio y responsable de su literalidad con los hechos acaecidos, se logra determinar que efectivamente se presentó una situación con suficiente capacidad de alterar el orden jurídico disciplinario regente para la labor profesional del abogado.

Se tiene como el sancionado compromete su labor para adelantar las acciones pertinentes en dirección a obtener la libertad de Cristian Eduardo Mazo Anzola, conforme con el contacto que tuvo con el padre de aquél, Martín Eduardo Mazo Viatela quien lo ubicó para tal finalidad y le hace requerimiento de una suma de dinero, para lo cual le manifestó que en un término de dos meses lograría la liberación judicial con una acción de tutela.

Respalda la solicitud dineraria con unas letras de cambio, con lo que pretende registrar que esta transacción se produjo a manera de un préstamo de dinero y en caso de triunfo jurídico no debería cancelar dinero alguno; esta postura del inculpado protege el dicho de la queja pues admite la vinculación de dinero en el trato, además de haberle manifestado al quejoso que se hallaba sancionado, acto que motivó la variación de la calificación jurídica ya enrutada para agregarle la falta del artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, sustrayéndose la del artículo 37-1 y 34 b de la misma normatividad, pues por razón de peso se debilitan en la relación.

Se destaca para el estudio de la presente actuación, la definición de la mala fe como ingrediente de valor para establecer la conducta relacionada con el artículo 30-4 de la Ley 1123 de 2007:

“MALA FE “es el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión del carácter delictuoso o cuasi delictuoso de su acto o de los vicios de su título”

Huelga decir entonces, que la decisión recurrida cuenta con respaldo jurídico suficiente pues en el ejercicio disciplinario se descubrió firmemente la existencia de los elementos encargados de configurar la materialidad de las faltas por las que se sancionó al libelista como de los necesarios para demostrar la responsabilidad del mismo frente a dichas conductas.

El haber aceptado adelantar gestiones, en cualquiera fuera su movilidad jurídica por parte del togado sancionado a sabiendas aceptado por el mismo—, de hallarse suspendido del ejercicio de la profesión, entra a vulnerar un postulado legal contenido en el tantas veces citado y ya transcrito artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.

De otro lado, sí se afectó la dignidad de la profesión, por obrar con mala fe en las actividades que guardan relación con el ejercicio de la labor, conforme con el artículo 30-4 de la ley en cita, al atender y comprometerse con el quejoso a obtener un resultado favorable a sus intereses en un término fijado a sabiendas de no contar con habilitación para proceder.

Estos elementos conforman entonces la decisión de la Sala, para indicar desde ya que confirmará el fallo recurrido al observar en su diseño los planteos básicos con los cuales se arribó la decisión de sanción y sobre todo en la fijación del castigo disciplinario.

De la tipicidad

Las faltas por las cuales se imputó y sancionó al togado Javier Danilo Ladino Castañeda con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión, se encuentran descritas en el numeral 4 del artículo 30 y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

4. Obrar de mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

Se conoce que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber plasmado en el catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

Al asumir el compromiso profesional el abogado, surge la obligación de adelantar todas las actividades tendientes al cumplimiento de las mismas en procura de cumplir los servicios a él encomendados, por ello, a partir de ese momento cobra vigencia el consagrado deber de asistir los asuntos a su cargo, éste encargo lleva consigo un actuar positivo, por tanto cuando el litigante se aparta injustificadamente de sus deberes, incurre en una infracción a la ley.

Respecto de las conductas enrostradas al profesional del derecho, contempladas la una en el artículo 30 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, referente a la infracción contra la dignidad de la profesión, se incurre en esta falta cuando se actúa de mala fe en los asuntos que guarden relación directa con el ejercicio de la profesión,

En la segunda transgresión se tiene la del artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, relacionada con el ejercicio ilegal de la profesión, violación de las disposiciones legales sobre el régimen de incompatibilidades establecidas para el ejercicio de la profesión y al deber de independencia profesional.

El sancionado reconoció hallarse corregido con suspensión en el ejercicio profesional al momento de ser contactado por el quejoso para adelantar las gestiones tendientes a lograr la libertad de su hijo, además de comprometerse a obtener el beneficio reclamado por los interesados en un término de dos meses y a través de un mecanismo que como abogado conoce perfectamente sus requisitos y complejidades; en estos dos extremos se enmarcan perfectamente las faltas de los artículos 30-4 y 39 de la Ley 1123 de 2007.

Antijuridicidad

Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad de la conducta, se tiene entonces que efectivamente con el actuar del disciplinado se vulneró el deber de la dignidad de la profesión, conjuntamente con la afectación a la credibilidad profesional pues se comprometió a adelantar gestión profesional encontrándose inhabilitado en razón a la sanción de suspensión que él mismo reconoció existía en su contra.

De esta forma se concluye de manera concreta, el hallarse afectados los bienes jurídicos disciplinarios sin ninguna justificación.

Culpabilidad

Se entiende por culpabilidad, la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona responsable jurídicamente quien decide actuar contra derecho teniendo consciencia de la antijuridicidad.

Por las anteriores razones resulta un deber jurídico considerar integrada la ecuación jurídica que constituye la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra el abogado Javier Danilo Ladino Castañeda

Respuesta al disenso.

Las argumentaciones del recurrente no cuentan con vocación de progresar, teniendo en cuenta su propia versión libre en la que reconoce haberse contactado con Martín Eduardo Mazo Viatela, le hizo una solicitud dineraria y en caso de sacar avante su pretensión no le cancelaría suma alguna respaldada en letras de cambio; así mismo, le dio a conocer el hallarse afectado con una sanción de suspensión.

Alegó a su favor la presencia de una baja valoración probatoria, indicó que la Sala a quo solamente tuvo en cuenta los testimonios de Cristian Eduardo Mazo Anzola y su padre Martín Eduardo Mazo Viatela, a quienes califica de delincuentes por encontrarse el primero en prisión y pretende por ese hecho descalificar su deponencia, al igual que la de su padre a quien refiere como el cómplice de su hijo.

El manejo ofrendado al proceso y su valoración probatoria, encuentran respaldo en la actuación pues la primera instancia apuntó en forma acertada a las transgresiones protagonizadas por el togado sancionado, amén de conocer su estado competitivo y comprometer su actuar en ese campo para alcanzar unos fines que requieren de la intervención profesional, pues la persona que lo contacta lo ubica para conocer si su hijo ya condenado tendría alguna posibilidad de obtener su libertad y justamente el preparado en leyes Javier Danilo Ladino Castañeda le plantea posibles solución a esa inquietud.

De nada basta con querer desvirtuar el dicho de haber previsto una acción de tutela, cuando manifiesta haber hablado de una acción de revisión y que la misma demoraba, por tanto en realidad de verdad deja bastante incertidumbre tal apreciación pues la razón por la que se convenció al cliente fue el haber previsto un término de dos meses y la acción de revisión es bien extendida en el tiempo.

No encuentra asidero alguno las exculpaciones del sancionado en su impugnación, pues contrario a su interés por lograr una variación del fallo en sentido absolutorio o desvanecer el impacto de la exclusión por una suspensión, no se logra visualizar ningún elemento que permita tal proceder; contrario a ello se observa como el profesional cuenta con varias sanciones impuestas en los últimos cinco años, con suspensión en 6, 20 y 24 meses respectivamente.

Legalidad de la sanción.

Frente a la sanción impuesta, la Sala mantendrá la sanción impuesta por encontrarla acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, en cuanto a que se impuso de cara a los criterios de trascendencia social de la conducta, en el presente caso, porque el jurista desprestigió y dejó en entredicho la profesión de la abogacía; la modalidad de la falta, es decir dolosa, debido a asumir un compromiso profesional cuando no contaba con las posibilidades de atenderlo en virtud de contar con una sanción de suspensión en su contra, además de haber realizado actos de manifestar al quejoso su gestión profesional, término de entregar un resultado favorable y solicitar dinero para ello; el perjuicio causado al quejoso quien debió cubrir la suma requerida por el profesional de su propio pecunio, y además teniéndose en cuenta la existencia de antecedentes disciplinarios en la forma y términos ya referenciados en contra del jurisconsulto.

Respecto a los principios consagrados en el artículo 13 de la misma codificación, en cuanto al de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub examine, le era imperativo al operador disciplinario afectar al implicado con EXCLUSIÒN en el ejercicio de la profesión, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este, como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias, o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Además, atendiendo la personalidad proclive del sancionado, reflejada en la existencia de los antecedentes disciplinarios comentados.

De igual manera, la sanción antes referida, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, pues sin justificación alguna el letrada conculcó el estatuto deontológico, al haber trasgredido el deber a la dignidad de la profesión y ejercer la misma de manera ilegal por hallarse suspendido.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, la cual justifica la sanción disciplinaria de EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión impuesta al disciplinado, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo:

“la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad(2)”.

Por los argumentos expuestos, ésta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de las faltas endilgadas, y ante las características de la situación planteada, se considera inmodificable el quantum de la sanción impuesta, por ello habrá de confirmarse el fallo recurrido.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR el fallo recurrido, proferido el 3 de julio de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, done se sancionó al abogado Javier Danilo Ladino Castañeda con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión, teniendo en cuenta para ello la presencia de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la misma, por las conductas de los artículos 30-4 y 39 de la Ley 1123 de 2007, acorde con lo expuesto en el cuerpo motivo de esta providencia.

Segundo: Anótese la sanción en el Registro Nacional de abogados, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

Tercero: Por secretaría judicial de esta corporación, líbrense las comunicaciones de ley, devuélvase el expediente al Seccional para que notifique a las partes y cumpla lo ordenado en esta providencia.

2 Sentencia C-884 de 2007 Corte Constitucional.