Sentencia 2013-00360 de septiembre 22 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Gabriel Valbuena Hernández

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 41001-23-33-000-2013-00360-01 (5006-2014).

Actor: José Marcel Medina Bravo

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Asunto: Pensión gracia. Ley 1437 de 2011.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO cumple los requisitos establecidos por la ley para el reconocimiento de la pensión gracia.

En ese orden de ideas, se definirá en primer lugar, si la pensión de invalidez es compatible con la pensión gracia, para luego establecer el tiempo de servicio requerido para acceder a esta prestación y si el demandante efectivamente lo cumple.

Así las cosas y a fin de resolver el debate jurídico planteado, la Sala de Decisión analizará las pruebas obrantes en el expediente frente al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.2.1. Pensión gracia.

El 4 de diciembre de 1913, el Congreso de Colombia expidió la Ley 114 que creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros de escuelas oficiales que hubiesen prestado sus servicios en el magisterio por un tiempo no menor de veinte años, equivalente a la mitad del salario devengado en los dos últimos años de labor, o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre y cuando cumplieran con los siguientes requisitos, establecidos en su artículo 4º:

«1°. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.  

2°. Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres.  

3º. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un Departamento.  

4º. Que observa buena conducta.  

5º. Que si es mujer está soltera o viuda.  

6º. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento». 

Esta prestación fue extendida en el año 1928 a través de Ley 116, a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.

Cinco años después, mediante la Ley 37 de 1933, cobijó a los maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria.

Posteriormente, se expidió la Ley 43 de 1975 «por la cual se nacionaliza la educación primaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

Este cuerpo normativo terminó con el régimen anterior de responsabilidades compartidas en materia educativa entre la Nación y los departamentos y municipios al establecer que «La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente ley».

Así, con ocasión del proceso de nacionalización en comento y la posterior centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y nacionalizado, se expidió la Ley 91 de 1989 a través de la que el legislador no solo creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, sino que además buscó amparar la expectativa que en cuanto a pensión gracia ostentaban todos aquellos docentes que siendo territoriales (es decir, sujetos de su otorgamiento conforme con la finalidad con la que se previó inicialmente dicha prestación gratuita), quedaron inmersos dentro de la mencionada nacionalización a 31 de diciembre de 1980.

En esa fecha, en la que culminó el mencionado proceso, y se consagró un régimen de transición para éstos que les permitiera mantener dicho beneficio hasta la consolidación de su derecho protegiendo dicha expectativa frente al coyuntural cambio que implicaba la extinción del derecho a la pensión gracia, y se precisó además, que para los demás docentes, es decir los vinculados con posterioridad a tal fecha, tan sólo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación.

Ahora, en cuanto a la correcta interpretación del contenido de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena Contenciosa en sentencia de 27 de agosto de 1997 definió su ámbito de aplicación frente al extinto derecho a la pensión gracia y los docentes que gozaban de una expectativa válida en cuanto a la misma con ocasión del mencionado proceso de nacionalización, en virtud del cual en principio la perderían, por lo que precisó con toda claridad el alcance del régimen de transición que ésta contenía, en el sentido de:

«3. El artículo 15 numeral 2º, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece: 

“Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”. 

“4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “... otra pensión o recompensa de carácter nacional”. 

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales. 

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculados después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (lit. B, num. 2º, art. 15 ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia...siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley». 

Lo anterior permite concretar: i) la inexistencia de derecho alguno a la pensión gracia para los docentes nacionales, como quiera que no fueron sujetos de su creación o previsión legal; ii) la vigencia del derecho a la pensión gracia para aquellos docentes territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando reúnan la totalidad de requisitos consagrados en la ley para tal efecto; iii) la extinción de dicho beneficio para los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980; como también, iv) la excepción en cuanto a la pensión gracia que permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional -pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación- en virtud de la Ley 91 de 1989, que es limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberán reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo dicho beneficio.

Ahora, a fin de determinar en cada caso la clase de vinculación que ostenta el personal docente que aspira a acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989, en su artículo 1°, definió quiénes son docentes nacionales, y quiénes ostentan vinculación nacionalizada y territorial, así:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, particularmente en el artículo 10.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

2.2.2. Compatibilidad de la pensión gracia y la pensión de invalidez.

La pensión de invalidez es una prestación social que tiene por objeto la protección del trabajador disminuido física o mentalmente, circunstancia que le impide el desempeño de sus labores.

Al respecto, la Ley 100 de 1993 en su artículo 38 dispuso que una persona se considera inválida cuando que «por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral».

Y en el literal j) de su artículo 13, consagró la incompatibilidad de las pensiones de vejez y de invalidez de conformidad con el artículo 128 de la Constitución Política que prohíbe percibir más de una asignación que provenga del tesoro público.

No obstante lo anterior, esta corporación ha reconocido de forma reiterada la compatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión gracia, pues las dos prestaciones tienen una naturaleza y finalidad distintas, así lo ha señalado:

«[...] no existe ninguna norma que establezca la incompatibilidad expresa entre ellas [pensión de invalidez y pensión gracia] pues la ley autoriza percibir simultáneamente una pensión especial (la gracia) y una pensión ordinaria (de jubilación) y, adicionalmente, están a cargo de entidades distintas, puesto que la pensión gracia la paga la Caja Nacional de Previsión Social y la pensión de invalidez el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La pensión de invalidez tiene su origen en una relación laboral y está condicionada a los aportes que el afiliado haga al Sistema General de Pensiones y, por el contrario, la pensión gracia, por tratarse de un régimen especial, no necesita de afiliación ni cotizaciones para su reconocimiento y pago.

Es por ello que ante la ocurrencia de una disminución física o mental que determine la pensión de invalidez no podría verse truncada la posibilidad del reconocimiento de un derecho pensional especial y exclusivo que no riñe legalmente con el régimen ordinario(12).[...]»(13) 

Aunado a lo anterior, la compatibilidad de la pensión de jubilación y la pensión gracia se encuentra expresamente consagrada, en el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 a cuyo tenor: «Esta pensión [gracia] seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

Así las cosas, dicha norma es el supuesto legal que permite a un trabajador gozar de la pensión de jubilación y de la pensión gracia y se constituye en la excepción a la norma superior precitada que prohíbe percibir doble asignación del tesoro público.

En conclusión, la pensión de invalidez y la pensión gracia son compatibles toda vez que su naturaleza y finalidad son distintas y como se vio, la ley consagra expresamente la excepción a la prohibición dispuesta en el artículo 128 de la Constitución Política.(14)

2.2.3. Pensión gracia con dos terceras partes de tiempo de servicio. Procedencia cuando no se puede completar el tiempo requerido por invalidez.

Sobre el reconocimiento de la pensión gracia sin cumplir con el requisito de los 20 años al servicio docente territorial o nacionalizado, la Sala de Subsección acogerá el criterio manifestado por esta corporación en sentencia de 30 de septiembre de 2010, que dispuso:

«[...] con el propósito de garantizar el derecho a la seguridad social de la actora previsto en el artículo 48 de la Constitución, la Sala encuentra que la docente prestó sus servicios al Magisterio durante dieciocho (18) años, ello significa que laboró más de las dos terceras partes del tiempo exigido legalmente para tener derecho a la pensión gracia, pero por razones que no le fueron imputables a ella, sino debido a su situación de invalidez —fue calificada con la pérdida del 95% de la capacidad laboral—, no pudo continuar trabajando en la docencia, quedándole faltando tan sólo dos años para completar los veinte años de servicios.

Es en consideración al estado de invalidez de la actora y por haber laborado más de las dos terceras partes, esto es, por más de quince (15) años como maestra territorial de primaria y secundaria, que la Sala considera que tiene derecho a percibir la pensión gracia. Esta última circunstancia (prestación de servicios por más de las dos terceras partes del tiempo exigido por la ley) ha sido tenida en cuenta igualmente por la Corte Constitucional frente al reconocimiento de prestaciones de carácter pensional, especialmente, en aplicación del régimen de transición y que ahora se acoge para el caso sub lite.

Expuso dicho tribunal sobre el particular:  

‹(...) el principio de proporcionalidad no alcanza la misma importancia que adquiere en el caso de quienes han completado el 75% del tiempo indispensable para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión, pues con las tres cuartas partes del tiempo cotizado tiene mayor fundamento tanto el interés del trabajador en la pensión futura, como la protección que a esa aspiración se le brinda, lo que no ocurre cuando apenas se cuenta con la mitad del tiempo cotizado, porque en este evento la aspiración a pensionarse no tiende a concretarse tan pronto y, en esa medida, es menor la relevancia del mantenimiento de las condiciones del régimen de transición que permite pensionarse con los requisitos del sistema anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993›(15) (destacado fuera del texto).

[...]»(16) Negrillas del texto original.

En otros términos, tratándose de un docente que en razón de su estado de invalidez dejó de laborar, se requerirá el cumplimiento de las dos terceras partes de los 20 años previstos para acceder a la pensión gracia en aras de garantizar el derecho a la seguridad social y en desarrollo del principio de proporcionalidad constitucional.(17)

2.3. Caso concreto.

Bajo las anteriores precisiones normativas, se procede a examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verificar si al señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente a los tiempos de servicios acreditados en consideración a la invalidez que alegó para desempeñar el cargo docente.

En ese sentido, la Sala de Subsección observa que el demandante cumplió los 50 años de edad el 5 de septiembre de 2004 de acuerdo con el registro civil de nacimiento en folio 30 del expediente y laboró como docente nacionalizado en el Departamento de Huila, antes del 31 de diciembre de 1980 como consta en los certificados laborales en folios 33 y 35 del proceso.(18)

Ahora, respecto a la incapacidad por la que fue pensionado, se evidencian los siguientes documentos que dan cuenta de ello:

• Certificado de fecha 6 de mayo de 1983, suscrito por el Jefe de Servicios Médicos de la Caja Departamental de Previsión Social del Huila en el que consta que el señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO «tiene una incapacidad permanente total con merma de su capacidad laboral del 100%» y «debe pasar a régimen de invalidez».(19)

• Resolución Nº 018 de 1984 proferida por el jefe de la división administrativa y financiera de la Caja Departamental de Previsión Social del Huila, mediante la cual reconoce a favor del señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO el beneficio de la pensión por invalidez en razón al dictamen médico precitado.(20)

Por otra parte, sobre el tiempo de servicio laborado por el demandante, obran en el expediente, las siguientes pruebas:

• Certificados de información laboral de la Secretaría de Educación Departamental de la Gobernación del Huila que demuestra la vinculación del demandante con ese ente territorial como docente del sector publico departamental o distrital por el término de dieciocho días en el mes de agosto y por los meses de septiembre a diciembre de 1979; por los años 1980, 1981, 1982, 1983, 1984; y por los meses de enero a abril y por siete días del mes de mayo 1985.(21)

• Certificado de tiempo de servicio de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Huila, en el que consta que el señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO «prestó sus servicios en el nivel Básica Primaria, vinculación: En propiedad como Nacionalizado en forma continua» por el término de 5 años, 8 meses y 25 días, desde el 13 de agosto de 1979 hasta el 7 de mayo de 1985.(22)

De estas pruebas la Sala de Decisión advierte que el señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO laboró como docente nacionalizado de escuela primaria en el Departamento del Huila desde el 13 de agosto de 1979 hasta el 24 de agosto de 1996 hasta el 7 de mayo de 1985 para un total de 5 años, 8 meses y 25 días.

Además, se evidencia que el reconocimiento de la pensión de invalidez se realizó a través de Resolución Nº 018 de 1984, lo que supone que dejó de trabajar el 7 de mayo de 1985, en razón a la reducción, en un 100%, de su capacidad laboral, tal como se encuentra certificado en folio 28 del expediente.

Dados estos supuestos fácticos acreditados, no se le puede imponer al demandante la carga de los 20 años de servicio dispuestos en la norma, sino, como lo ha señalado la jurisprudencia precitada, solo las dos terceras partes del tiempo requerido.

Ahora bien, aun cuando el tiempo requerido en este caso es menor, por tratarse de un docente que dejó de trabajar en razón a su estado de invalidez, la Sala observa que el señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO no cumple con este presupuesto legal pues solo acreditó 5 años, 8 meses y 25 días, lo cual dista en demasía de las dos terceras partes señaladas, que equivalen aproximadamente a 13 años y 3 meses.

En conclusión, el señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO no cuenta con todos los requisitos legales para acceder a la pensión gracia de modo que la Sala de Subsección confirmará la sentencia impugnada.

2.4. De la condena en costas en segunda instancia(23).  

Dado que en el presente caso se confirmará la sentencia a quo, para esta Sala de Decisión es necesario poner de presente el criterio que la misma ha adoptado frente a las costas que hace referencia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho(24), los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso(25) y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.

Tiene previsto el artículo 188 ídem que «salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», hoy día por el Código General del Proceso.

En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta corporación ya ha referido la pertinencia en estos términos:

«2.5.3. Sobre la condena en costas y agencias en derecho en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 

“En cuanto al último motivo de inconformidad de la accionante, relativo a que se le condenó a asumir las costas del proceso y las agencias en derecho, aunque no actuó de mala fe o de manera temeraria, se destaca que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala, que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”, actualmente por el Código General del Proceso, que en sus artículos 361 y siguientes regula lo correspondiente a la costas del proceso. 

“Para el caso de autos se estima pertinente precisar en primer lugar, que según el artículo 361 del mencionado código, “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho(26)”, y que de conformidad con el artículo 365 del mismo estatuto, las siguientes constituyen algunas de las circunstancias por la que puede condenarse en costas: 

“Artículo 365. Condena en costas. 

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. 

De la lectura de la norma antes transcrita se observa, que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad como argumenta la accionante.  

En consonancia con lo anterior, se encuentra el artículo 80 del Código General del Proceso, en el cual puede apreciarse que un asunto es que pueda sancionarse a una de las partes por actuar de mala fe o de manera temeraria, y otra, que deba imponérsele a una de las partes el pago de las costas: 

“Artículo 80. Responsabilidad patrimonial de las partes. 

Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente. 

(...)”. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, tampoco se advierte que el Tribunal accionado haya incurrido en alguna de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, al haberle impuesto a la demandante al pago de las costas del proceso, que incluyen las agencias del derecho(27), en tanto al revocarse la sentencia de primera instancia proferida en su favor, la peticionaria resultó vencida en el juicio».(28)

Para finalizar la Sala – Subsección A llama la atención en que inclusive en el evento del desistimiento tácito ya consagra el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que el juez «condenará en costas»(29), superando el simple dispondrá que consagra el artículo 188 ibídem.

Lo anterior permite establecer unas conclusiones básicas sobre las costas:

a) La legislación varió del Código de Procedimiento Civil al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo;

b) Toda sentencia “dispondrá” sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con abstención;

c) Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso)

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal ; y,

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

En orden a lo anterior, esta Sala de Decisión condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, quien resultó vencida en las resultas del proceso.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia (Art. 280 CGP) y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CORFÍMESE la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2014 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral del Tribunal Administrativo de Huila que negó las súplicas de la demanda presentada por el señor JOSÉ MARCEL MEDINA BRAVO, a través de apoderado, en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. CONDÉNESE en costas a la parte demandante de acuerdo con las razones que fundamentaron esta decisión. El Tribunal Administrativo de Huila realizará la liquidación.

En firme esta decisión, envíese al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros: Gabriel Valbuena Hernández—William Hernández Gómez».

12 “Así lo expuso recientemente esta Sala en sentencia del 26 de marzo de 2009. Rad. 25000-23-25-000-2006-05328-01(1166-08), C.P. Gerardo Arenas Monsalve”.

13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Sentencia de fecha 30 de septiembre de 2010, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 17001-23-31-000-2007-00187-01(1067-09).

14 En sentencia de 12 de octubre de 2011, C.P. Gustavo Gómez Aranguren. Rad. 25000-23-25-000-2008-01127-01(0292-11). Esta sección del Consejo de Estado, en un caso similar al que aquí se estudia, afirmó: «[...] Debe entenderse entonces, que para los beneficiarios de la pensión gracia, es decir, que quienes reúnen los requisitos consagrados en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, no existe incompatibilidad para percibir la pensión de invalidez de la que puedan ser beneficiarios en razón de la pérdida de su capacidad laboral [...]» Negrillas fuera del texto original.

15 Sentencia C-794 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 17001-23-31-000-2007-00187-01(1067-09). Actor: Stella Ramirez castaño.

17 En un reciente pronunciamiento en sede de tutela, la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió amparar los derechos del actor en contra del Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, quienes no tuvieron en cuenta la providencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve, citada en el numeral anterior, que señaló la procedencia de las dos partes del tiempo establecido en la Ley para conceder la pensión gracia, cuando se trata de un docente que se retiró del servicio por su estado de invalidez. Ver sentencia de veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015). Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Rad. 11001-03-15-000-2014-02940-00(AC). Actor: Jairo José de la Rosa Caro.

18 Estos certificados acreditaron que el demandante laboró como docente al servicio del Departamento de Huila en el mes de agosto de 1979 y durante todo el año 1980.

19 Fl. 28 del expediente.

20 Fls. 26 a 27 del expediente.

21 Fls. 33, 35, 36, 37 y 38 del expediente.

22 Fl. 156 del expediente.

23 Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), C.P. William Hernández Gómez.

24 Artículo 361 del Código General del Proceso.

25 Artículo 171 Nº 4 en concordancia con el art. 178 ib.

26 La doctrina denomina “las agencias y trabajos en derecho, que fija el magistrado ponente o juez”. Manual de derecho procesal civil, Cardona G. Pedro Pablo, t. i, pág. 734.

27 Artículo 361 del Código General del Proceso.

28 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, acción de tutela, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, 30 de julio de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2014-01045-00, Publicada en Boletín del Consejo de Estado Nº 151-15 de septiembre de 2014.

29 Artículo 178 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.