Sentencia 2013-00362/21282 de septiembre 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Rad.: 170012333000-2013-00362-01 (21282)

Actor: DCP Auditores y revisores fiscales S.A.

Demandado: UAE – DIAN

Ref.: Impuesto sobre la renta del año gravable 2009. Indebida notificación de la liquidación oficial de revisión. Firmeza de la liquidación privada.

Bogotá, D.C., seis de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

Conforme con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿en los términos del artículo 565 del estatuto tributario, resulta procedente la notificación de la liquidación oficial de revisión en la última dirección informada por la sociedad contribuyente en el RUT, cuando en el trámite administrativo esta estuvo representada por apoderada que también tiene registrada dirección en el RUT? y ¿en la actuación administrativa se tuvo en cuenta el término previsto en el artículo 710 del E.T. para notificar, en debida forma, la liquidación oficial de revisión demandada?

De encontrar que la liquidación oficial de revisión acusada de ilegalidad se notificó en debida forma y dentro del término legal, se deben resolver estos problemas jurídicos: (i) ¿vulnera la DIAN el artículo 107 del estatuto tributario al desconocer la deducción por el pago realizado por la sociedad demandante a favor del señor David Ricardo Cano Baena, llevado como deducción en la declaración del impuesto sobre la renta del año 2009?, ¿desconoce la DIAN que en el año 2009 la sociedad actora realizó un ajuste a la cuenta 41555001 en relación con las sociedades Lumínica S.A. y Expansión Inversiones S.A. con ocasión a la sobrefacturación de ingresos que se presentó en el año 2008 y, por ende, no se ajusta a derecho la adición de ingresos por este concepto? y (iii) ¿se configuró la diferencia de criterios como causal de exoneración de la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos demandados?

2. En los términos del parágrafo 2 del artículo 565 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006, cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante actúe a través de apoderado en el curso de la actuación administrativa ante la UAE - DIAN, la notificación del respectivo acto administrativo se debe surtir en la última dirección que dicho apoderado tenga registrado en el RUT, dirección que prima respecto de la informada en el mismo registro por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. La inobservancia de esta norma conduce a la indebida notificación del acto administrativo.

2.1. El artículo 565 del estatuto tributario, modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006, dispone que “[l]os requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente” (SSubraya la Sala).

2.2. Tratándose de la notificación por correo, que es la que interesa en el caso concreto, esta misma norma señala varias reglas, a saber15:

2.2.1. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante ha informado dirección en el Registro Único Tributario – RUT16, la notificación por correo de los actos administrativos expedidos por la administración tributaria se debe surtir mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por estos en el RUT17.

2.2.2. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria18.

2.2.3. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúe a través de apoderado en el proceso que se adelante ante la administración tributaria, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado tenga registrada en el Registro Único Tributario, RUT19.

2.3. Conforme con lo anterior, se infiere que si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en el curso de una actuación administrativa, actúa asistido por los servicios profesionales de un abogado y este tiene dirección registrada en el RUT, la notificación por correo del correspondiente acto administrativo se debe llevar a cabo en dicha dirección y de manera preferente respecto de la informada por su representado en el RUT. A menos, claro está, que se haya informado dirección procesal20, caso en el cual, esta prima sobre las demás21.

2.4. En el asunto sub examine, está probado, y no es objeto de discusión, que la sociedad demandante, en el curso del proceso administrativo adelantado por la UAE – DIAN en relación con el impuesto sobre la renta del año 2009, estuvo representada por un profesional del Derecho.

2.4.1. También está probado que el 12 de julio de 2012, la Dirección de Impuestos y Aduanas de Manizales expidió el Requerimiento Especial Nº 102382012000036, por el que se propuso modificar mediante liquidación oficial de revisión la declaración del impuesto de renta presentada por la sociedad DCP auditores y revisores fiscales S.A. por el año gravable 200922. Acto administrativo que se notificó por correo en la calle 100 Nº 17-09 Piso 5 de esta ciudad, por corresponder a la “dirección que actualmente se encuentra registrada por la sociedad (…) (Según RUT Actualizado el 21 de noviembre de 2011)”23.

2.4.2. La doctora Alexandra Castellanos Alzate, en “su calidad de mandataria” de la sociedad contribuyente, mediante escrito radicado ante la DIAN el 12 de octubre de 2012, presentó respuesta al citado requerimiento especial. En este escrito no se indicó dirección procesal para efectos de notificación24.

En el poder otorgado consta que la apoderada “cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, en especial la de dar respuesta al requerimiento especial, interponer recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial de revisión para agotar la vía gubernativa, interponer y sustentar toda clase de recursos, hacer solicitudes especiales, cancelar gastos procesales y recibir cualquier excedente, conciliar, recibir, aceptar total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas las demás facultades a que se refiere el Código de Procedimiento Civil, que sean necesarias para llevar a buen término la diligencia encomendada”25 (resalta la Sala), es decir, también estaba facultada para recibir notificación de la decisión adoptada por la Administración con ocasión de la respuesta al citado requerimiento especial26.

2.4.3. El 4 de abril de 2013, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales expidió la Liquidación Oficial de Revisión 102412013000023, por la que se modificó de manera oficial la liquidación del impuesto sobre la renta presentada por la sociedad DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A. por el año gravable 2009.

2.4.4. Para efectos de notificar la anterior liquidación, la DIAN envió correo por Servientrega a la “CL 100 17 09 P 5” de esta ciudad, a nombre de DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A, recibido en esa dirección el 6 de abril de 2013, sin que conste su devolución27.

2.4.5 Con la reforma a la demanda, la parte actora aportó copia de tres (3) formularios del RUT —hoja principal—, que corresponden a la “Actualización” del Registro Único Tributario a nombre de Alexandra Castellanos Alzate, en los que en la casilla 61 para uso exclusivo de la DIAN, se registraron las siguientes fechas: “2011/10/18”, “2013/02/28” y “2013/04/01”.

En estos tres (3) formularios del RUT consta que la dirección de “Ubicación” (casilla 41) de la apoderada es la “CL 51 26 19 AP 305 ED Balcones de San Luis” de la ciudad de Manizales del Departamento de Caldas28.

2.5 Del anterior recuento de pruebas que obran en el expediente, se infiere que en el curso de la actuación administrativa que dio origen a la liquidación oficial de revisión demandada, la sociedad actora estuvo representada por apoderada, a quien le confirió poder, entre otras, para (i) dar respuesta al requerimiento especial y (ii) notificarse de las resultas de su actuación, que en este caso se concretó en la liquidación oficial de revisión29, acto administrativo que determinó de manera oficial el tributo30 .

Como para la fecha de expedición de la liquidación oficial de revisión demandada —04/04/2013—, esta apoderada tenía registrada la “CL 51 26 19 AP 305 ED Balcones de San Luis” en el RUT y no se había informado dirección procesal, la DIAN, para efectos de notificar la liquidación oficial de revisión librada en contra de la sociedad DCP por concepto del impuesto de renta del año 2009, debió atender lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 565 del estatuto tributario31 y, por lo tanto, enviar el correo, para efectos de notificación, a esa dirección, no a la de la sociedad contribuyente, porque como se expuso en el numeral 2.3 de esta providencia, cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante actúe a través de apoderado en el curso de la actuación administrativa ante la UAE DIAN, la notificación del respectivo acto administrativo se debe surtir en la última dirección que dicho apoderado tenga registrado en el RUT, dirección que prima respecto de la informada en el mismo registro por su poderdante, sin que sea potestativo de la administración optar por una u otra dirección de notificación.

2.6. La Sala aclara que el hecho que no se haya devuelto el correo enviado a las instalaciones de la sociedad no subsana la inobservancia de la citada norma, aun cuando la parte actora haya podido acudir ante esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque lo cierto es que la indebida notificación de la liquidación oficial de revisión le cercena la oportunidad al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante de decidir si acepta total o parcialmente la determinación oficial del tributo por parte de la DIAN, lo que repercute en la liquidación de la sanción por inexactitud32.

Tampoco subsana la indebida notificación el hecho que la administración haya notificado la liquidación oficial de revisión a Seguros del Estado en su calidad de garante de la obligación tributaria y que esta sociedad haya interpuesto recurso de reconsideración contra dicho acto33, porque, indiscutiblemente, a la parte actora no se le dio la oportunidad de impugnar el acto proferido en su contra.

2.7. En este orden de ideas, se concluye que ante la inobservancia del parágrafo segundo del artículo 565 del estatuto tributario, en el caso sub examine se incurrió en indebida notificación de la liquidación oficial de revisión —acto administrativo demandado—, por lo que en los términos del artículo 72 del CPACA, “(…) no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales”.

2.8. Así las cosas, observa la Sala que fue con la presentación de la demandada que la parte actora reveló que conocía el contenido de la Liquidación Oficial de Revisión 102412013000023 de 4 de abril de 2013 y ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir su legalidad; por lo tanto, se entiende que la notificación de dicho acto administrativo se llevó a cabo por conducta concluyente el 6 de agosto de 201334.

2.9. Por último, la Sala aclara que en pronunciamientos más recientes al tenido en cuenta por el Tribunal en la sentencia apelada, esta Corporación ha insistido en que la dirección procesal prevalece sobre las demás informadas por el contribuyente, que procede la notificación por conducta concluyente y que la notificación extemporánea de la liquidación oficial de revisión “deviene en nulidad de los actos demandados por falta de competencia temporal, pues, como se indicó, el término de 6 meses con los que contaba la administración para proferir dicho acto administrativo es preclusivo, porque su incumplimiento conduce a que se configure la firmeza de las declaraciones privadas35. Y al ser preclusivo, se entiende que, a su vencimiento, la Administración perdió la competencia para manifestar su voluntad tanto en la liquidación oficial de revisión, como en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración3637.

3. Oportunidad para notificar la liquidación oficial de revisión. La pretermisión del término previsto en el artículo 710 del estatuto tributario conduce a la nulidad de dicho acto administrativo, conforme con lo previsto en el numeral 3 del artículo 730 del Ib., y a la firmeza de la declaración privada como lo dispone el artículo 714 del mismo ordenamiento.

3.1. El artículo 710 del estatuto tributario38 señala que si hay mérito para que se profiera liquidación oficial de revisión, la Administración “deberá” notificarla dentro del término de seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso.

3.2. El anterior término se podrá suspender de conformidad con los siguientes supuestos: (i) cuando se practique inspección tributaria de oficio, se suspenderá por tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete, (ii) cuando se practique inspección contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, se suspenderá mientras dure la inspección y (iii) cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente, se suspenderá durante dos (2) meses.

3.3. La inobservancia de esta norma y, por ende, la pretermisión del término señalado en la misma, conduce a la nulidad de la liquidación oficial de revisión en los términos del numeral 3 del artículo 730 del estatuto tributario, según el cual: “[l]os actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la administración tributaria, son nulos” cuando “no se notifiquen dentro del término legal”.

3.4. En el caso concreto, está probado que el 12 de julio de 2012 la DIAN profirió el Requerimiento Especial 102382012000036 en contra de la sociedad demandante, por concepto del impuesto de renta del año 2009, decisión que se notificó por correo el 14 de julio de 2012; por ende, conforme con el artículo 707 del estatuto tributario39, la sociedad contribuyente tenía hasta el 16 de octubre de 201240 para dar respuesta a dicho requerimiento41.

3.5. Como en este asunto no se presentó ninguno de los supuestos que dan lugar a la suspensión del término de los seis (6) meses previsto en el artículo 710 del estatuto tributario, la administración tenía hasta el 16 de abril de 2013 para notificar la liquidación oficial de revisión demandada y comoquiera que dicha notificación se realizó por conducta concluyente el 6 de agosto de 201342, fecha de presentación de la demanda, es claro que se excedió el término previsto en la norma en cita y, por ende, la liquidación privada, presentada por DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A., por concepto del impuesto de renta del año 2009, adquirió firmeza en los términos previstos en el artículo 714 del estatuto tributario43, lo que conduce a la nulidad de la liquidación oficial de revisión demandada y de la resolución que la confirmó [Resolución 102362013900100 de 11 de septiembre de 2013]44, acto administrativo que aunque no se demandó en este proceso, se entiende cuestionado conforme con lo dispuesto en el artículo 163 del CPACA45.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada.

3.6. Habiendo prosperado este cargo de ilegalidad, la Sala se releva del estudio de los demás propuestos en la demanda y su reforma.

4. La condena en costas.

4.1. El artículo 365 del CGP, aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del CPACA, dispone que “[c]uando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias” (num. 4).

4.2. De la anterior norma se infiere que, aun cuando no haya sido apelada la decisión de condena en costas a la parte vencida en primera instancia, como ocurre en este proceso, si en segunda instancia se le da la razón, no es acertado mantener la imposición de costas hechas por el a quo.

4.3. Por lo anterior, en este caso se impone revocar el numeral segundo de la sentencia apelada, por el que se dispuso: “(…) condenar en costas a cargo de la parte accionante, fijándose como agencias en derecho la suma de $1.600.000, liquídense las costas por Secretaría una vez ejecutoriada la presente”.

4.4. Finalmente, la Sala aclara que aunque la DIAN resultó vencida en este asunto, tampoco procede la imposición de costas en primera y segunda instancia, como lo ordena el numeral 4 del artículo 365 del CGP, porque en el expediente no se probó su causación, como lo exige el numeral 8 del citado artículo46.

4.5. En consecuencia, no se condena en costas a las partes que intervinieron en este proceso.

5. Conclusión.

5.1. Conforme con lo expuesto, se impone revocar el numeral primero de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 102412013000023 de 4 de abril de 2013 y de la Resolución 102362013900100 de 11 de septiembre de 2013, que desató el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad garante de la obligación.

A título de restablecimiento del derecho, se declarará en firme la declaración privada, presentada por la sociedad demandante por concepto de renta del año 2009.

5.2. Sin condena en costas a las partes que intervinieron en este proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE EL NUMERAL PRIMERO de la sentencia de ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar:

DECLÁRASE LA NULIDAD de la Liquidación Oficial de Revisión 102412013000023 de 4 de abril de 2013, proferida por la UAE-DIAN, por medio de la cual se determinó de manera oficial el impuesto sobre la renta a cargo de la sociedad DCP Auditores y Revisores Fiscales, S.A, por el año gravable 2009 y, de la Resolución 102362013900100 de 11 de septiembre de 2013, que la confirmó.

A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declara en firme la declaración privada del impuesto sobre la renta del año 2009, presentada el 12 de octubre de 2012 por la sociedad demandante.

2. REVÓCASE EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia apelada. En su lugar: se declara que no hay lugar a condena en costas, en primera instancia, a cargo de la parte actora.

3. SIN CONDENA EN COSTAS en primera y segunda instancia a cargo de la UAE – DIAN.

4. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Margarita Villegas Ponce, como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el folio 438 de este cuaderno.

5. Se confirma en lo demás.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

15 Parágrafos 1 y 2 del artículo 565 del E.T.

16 Conforme con el artículo 555-2 del estatuto tributario, creado por el artículo 19 de la Ley 863 de 2003, el “Registro Único Tributario, RUT, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción.

(…)”.

17 Cfr. el parágrafo primero del artículo 565 del estatuto tributario.

18 Ibidem.

19 Cfr. el parágrafo segundo del artículo 565 del estatuto tributario.

20 “Artículo 564. Dirección procesal. Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Administración deberá hacerlo a dicha dirección”.

21 Esta Sala, mediante auto de 3 de agosto de 2016, radicado 05001 23 33 000 2014 02275 01 (22377), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez expuso que “el artículo 564 del Estatuto Tributario permite que el sujeto pasivo del tributo suministre de forma expresa una dirección para que se surtan las notificaciones de los actos proferidos en determinado procedimiento administrativo, la cual denomina la ley como dirección procesal y tendrá preferencia sobre cualquier otra dirección de notificación”. En oportunidad anterior, mediante sentencia de 30 de abril de 2014, radicado 13001-23-31-000-2007-00251-01 (19553), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, afirmó que “la dirección que haya registrado el contribuyente en el RUT o en la actualización del mismo, solamente podría ser utilizada por la Administración en defecto de la dirección procesal, esto es, en aquellos casos en que no se hubiere informado dirección alguna dentro de la actuación administrativa correspondiente”.

22 Folios 610 a 624 del c.a. Nº 2B.

23 Folios 611 y 623 del c.a. Nº 2B.

24 Folios 627 a 664 del c.a. Nº 2B.

25 Folio 666 del c.a. Nº 2B.

26 “ART. 70.—El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos:

Solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de este, realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente en proceso separado las condenas impuestas en aquélla.

El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan.

El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros.

El apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma; tampoco recibir, salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa” (Subraya la Sala).

27 Folio 722 anverso del c.a. Nº 2 B.

28 Folios 257 a 259 del c.p. Nº 1.

29 “ART. 703.—El requerimiento especial como requisito previo a la liquidación. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la Administración enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta”.

30 Con motivo de la respuesta al requerimiento especial, la sociedad presentó declaración de corrección el 12 de octubre de 2012, “provocada por el requerimiento especial, en la cual de conformidad con el artículo 709 del Estatuto Tributario, se aceptan las glosas correspondientes a gastos de capacitación por valor de $6.284.000, pasajes aéreos por valor de $11.995.000 y Alojamiento (sic) y manutención por la suma de $1.074.986, para un total de $19.354.082, las cuales corresponden a gastos operacionales de venta glosados, por un total de $155.104.000”. Cfr. la página 14 del anexo de la liquidación oficial de revisión demandada. Folio 67 del c.p. Nº 1.

31 PAR. 2º—Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado tenga registrada en el Registro Único Tributario, RUT”.

32 Conforme con el artículo 713 del estatuto tributario, “[s]i dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la correspondiente oficina de Recursos Tributarios, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida”.

33 Folios 724 a 434 del c.a. Nº 2 B.

34 Folio 48 del c.p. Nº 1.

35 “Artículo 122. Firmeza de la liquidación privada.

(…).También quedará en firme la declaración, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó.”

36 “Sentencias de 21 de octubre de 2010, exp. 17142, de 19 de enero de 2012, exp. 17578, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 12 de septiembre de 2013, exp. 19515, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia”.

37 Sentencia de 30 de agosto de 2016, radicado 76001-23-31-000-2010-000602-01(20681), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Con anterioridad a esta sentencia, en la providencia de 8 de junio de 2016, radicado 08001-23-33-000-2013-00420-01 (21354), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, se expuso que: “En diferentes oportunidades la Sección [Exp. 20422. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Actor: Alianza Fiduciaria Vocera del Patrimonio Autónomo Invertip contra el Distrito Capital. Al respecto, ver también la sentencia del 2 de agosto de 2012. Exp. 18577, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Actor: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. Coltabaco S.A. contra la DIAN] se ha pronunciado respecto de la pérdida de competencia temporal de la administración para modificar las declaraciones tributarias privadas por efecto de la notificación extemporánea de la liquidación oficial de revisión, como una garantía de los principios de seguridad jurídica y debido proceso

38 “ART. 710.—Término para notificar la liquidación de revisión. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso, la Administración deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello.

(…)”.

39 “ART. 707.—Respuesta al requerimiento especial. Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, éstas deben ser atendidas”.

40 El 15 de octubre de 2012 fue un lunes feriado; por lo tanto, el término para contestar el requerimiento especial se extendió al día hábil siguiente.

41 La respuesta al requerimiento especial se radicó el 12 de octubre de 2012.

42 Ver el numeral 2.8 de esta providencia.

43 “ART. 714.—Firmeza de la liquidación privada. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.

La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.

También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó”. (Subraya la Sala).

44 Es decir, la Resolución 102362013900100 de 11 de septiembre de 2013, por la que la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad Seguros del Estado S.A., en su calidad de garante.

45 “ART. 163.—Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron. (…)”.

46 “ART. 365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 9. (...)”.