Sentencia 2013-00365 de enero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 230012332300020130036501

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Ángela María Flórez Álvarez

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Vigésima Novena Brigada de Popayán.

Acción de tutela – Impugnación.

Bogotá, D. C., veinte de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y numeral 2 del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido el día 17 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Tercera de Decisión.

2. Problema jurídico.

En atención al asunto planteado por la petente, la Sala deberá determinar la procedencia del amparo fundamental de conformidad con los postulados establecidos tanto por esta Corporación, como por la Corte Constitucional, para así concluir con la protección o no de los derechos invocados por la accionante.

Para ello, se realizará el estudio de las siguientes temáticas,

3. De la procedencia de la acción de tutela.

En múltiples pronunciamientos de esta corporación, y de la Corte Constitucional, se ha determinado la naturaleza legal y social de la acción de tutela, así denominada en nuestro ordenamiento jurídico, más aún, dentro de una cultura legal llamada a observar los postulados de la constitucionalización del derecho o neoconstitucionalismo(5) como corriente postpositivista de la filosofía jurídica contemporánea. Dicha relación, y por los fundamentos existenciales de la acción de amparo, hace imperioso determinar que dicha herramienta es, sin duda alguna, uno de los pilares máximos sobre los cuales se estructura el nuevo constitucionalismo colombiano.

En ese orden de ideas, de la aplicación directa de la Constitución, en esta ocasión por intermedio de la jurisdicción constitucional, que por efecto de la acción de tutela se hace visible, inferimos que aquella se constituye como una garantía que legitima el régimen jurídico, en tanto que su ejercicio se traduce en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de un procedimiento simple que no genera mayor dificultad para acceder a la administración de justicia, incluso, sin necesidad de apoderado judicial.

La Corte Constitucional, desde sus inicios, particularmente desde la primera sentencia proferida por la Corporación, estableció:

“Se trata, entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal y en la certeza de que obtendrá oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”(6).

Dicho postulado, aún goza de plena vigencia, y suprema efectividad en torno a lo que ha sido su ejercicio en las últimas dos décadas, constituyéndose como un figura de avanzada, columna cardinal de la justicia constitucional de Colombia.

Ahora bien, dada la informalidad, la subsidiariedad, la inmediatez, entre otros aspectos que constituyen la acción de tutela, esta debe ser ejercida, como ut supra se advirtió, como un mecanismo que revista la mayor idoneidad para resolver los conflictos jurídicos constitucionales, y no para intentar reemplazar aquellos procedimientos que el legislador ha establecido para salvaguardar los derechos del conglomerado social.

4. Del estudio jurídico del caso concreto.

Acudió la demandante a este mecanismo de amparo constitucional, con el propósito de salvaguardar sus derechos fundamentales de petición, mínimo vital y vida digna, presuntamente vulnerados por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Vigésima Novena Brigada de Popayán, en tanto que desde el 30 de julio de 2013 no recibe noticias de su esposo, el señor Fernando Arroyo Ortiz quien pertenece al Ejército Nacional, Vigésima Novena Brigada de Popayán.

Analizado el material probatorio obrante en el plenario de tutela, la Sala considera acertada la decisión del juez constitucional a quo, en tanto que evidentemente el Ejército Nacional a través de la Vigésima Novena Brigada de Popayán vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante al omitir proferir una respuesta que determine la real situación de uno de sus integrantes.

Ahora bien, en virtud de la gran problemática que abarca la perdida física de un ciudadano, en este caso esposo y padre de familia, la Sala considera pertinente instar a los organismos de control para que inicien las investigaciones a que haya lugar con el propósito de salvaguardar los derechos, no solo del sujeto desaparecido, sino también de su hogar, el cual se encuentra constituido por la hoy accionante y sus dos menores hijos.

Es pertinente aclarar, que no es la acción de tutela el mecanismo mediante el cual se pretenda ordenar al Ejército Nacional al pago de los emolumentos percibidos por el señor Arroyo Ortiz a su cónyuge, en tanto que dicho procedimiento obliga inminentemente a atender la respuesta de fondo por parte de las fuerzas militares, tal y como efectivamente lo ordenó el Tribunal de primera instancia.

Así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Tercera de Decisión, y la adicionará en el sentido de compulsar copias de las actuaciones aquí surtidas a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que dichos entes realicen los procesos investigativos pertinentes que conlleven a la ubicación final del señor integrante las Fuerzas Militares Fernando Arroyo Ortiz. Igualmente, se exhortará tanto al Ejército Nacional, si aún no lo ha hecho, como a la Fiscalía General de la Nación para que informen de manera detallada las actuaciones sobre las actuaciones surtidas con ocasión de la denuncia incoada por la hoy tutelante.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. Falla

I. CONFÍRMASE PARCIALMENTE, por las razones expuestas en este proveído, la sentencia proferida el día 17 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Tercera de Decisión.

II. A través de secretaría general COMPULSAR copias a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo descrito en la parte motiva del presente fallo.

III. EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación y al Ejército Nacional de Colombia, si aún no lo ha hecho, para que informen de manera detallada las actuaciones surtidas en el asunto que nos ocupa, en un lapso de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia.

IV. NOTIFÍQUESE esta providencia en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

V. REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) “[E]ntendido como el término o concepto que explica un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado constitucional contemporáneo”. Fuente: Miguel Carbonell – Leonardo García Jaramillo Editores, “El Canon Neoconstitucional”, Universidad Externado de Colombia, 2010, página 161.

(6) Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.