Sentencia 2013-00372 de julio 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).

Ref.: Nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 250002337000-2013-00372-01 (21773)

Demandante: Vidrio Andino Colombia LTDA.

Demandado: UAE-DIAN

Temas: Impuesto sobre la renta año 2009. Descuento por calidad del bien comercializado, deducción por erogaciones para póliza de seguro de crédito y sobrecostos reconocidos a cliente por estrategia de fidelización. Principio de favorabilidad en la sanción por inexactitud

Sentencia segunda instancia

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015), proferida por la Sección Cuarta, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:

PRIMERO: ANÚLASE PARCIALMENTE la liquidación oficial de revisión Nº 312412012000100 de 19 de diciembre de 2012, proferida por la división de gestión de liquidación de la dirección seccional de impuestos de grandes contribuyentes, mediante la cual modificó a la sociedad VIDRIO ANDINO COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 900.234.565-9, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2009.  

SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, MODIFÍCASE la liquidación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2009 de la sociedad VIDRIO ANDINO COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 900.234.565-9 que, de acuerdo con la liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia, arroja un saldo a favor de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (1.528.515.000).  

TERCERO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

CUARTO: En firme esta providencia y hechas las anotaciones correspondientes, archívese el expediente, previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen, y de gastos del proceso a la parte demandante, si a ello hubiere lugar. Déjense las constancias del caso.  

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos.

Mediante la liquidación oficial de revisión Nº 312412012000100 de 19 de diciembre de 2012, la UAE-DIAN modificó la declaración privada presentada por la sociedad VIDRIO ANDINO COLOMBIA LTDA., por concepto del impuesto sobre la renta del año gravable 2009, porque rechazó: (i) el descuento por roturas, calidad y otros por $ 35.455.000, (ii) los gastos operacionales de administración en ventas por seguros de crédito por $ 125.346.000 y (iii) otras deducciones por concepto de multas, sanciones y litigios por $ 39.469.000. Adicionalmente impuso sanción por inexactitud por $ 133.848.000.

Lo anterior condujo a que se disminuyera el saldo a favor declarado por la contribuyente de $ 1.562.380.000 a $ 1.390.549.000, determinado de manera oficial.

Para la sociedad contribuyente los descuentos por defectos de calidad del vidrio son procedentes en los términos del artículo 26 del estatuto tributario, la póliza de cartera cumple con el requisito de necesidad previsto en el artículo 107 ibídem y asumir los sobrecostos en que incurren los clientes constituye un gasto de fidelización y mantenimiento del cliente que observa los requisitos del artículo antes citado.

En tanto que, para la administración, los descuentos por defectos solo pueden ser solicitados por los fabricantes del producto, la deducción por póliza de cartera se origina cuando se realizan las indemnizaciones derivadas del contrato de seguro y el pago de los sobrecostos corresponde a una sanción de tipo comercial; por lo tanto, no son deducibles fiscalmente.

En lo que tiene que ver con la sanción por inexactitud, para la DIAN, la sociedad contribuyente incurrió en el hecho sancionable, conforme con el artículo 647 del estatuto tributario, en tanto que, para la actora, esto no es cierto y, en gracia de discusión, se configuró una diferencia de criterios.

2. Las pretensiones.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte demandante solicitó lo siguiente:

A. Respetuosamente solicito al honorable tribunal se declare la nulidad total de la liquidación oficial de revisión Nº 312412012000100 del 19 de diciembre de 2012, proferida por la división de gestión de liquidación de la dirección seccional de impuestos de los grandes contribuyentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la cual se modificó la liquidación privada del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo gravable 2009 presentada por Vidrio Andino.  

B. Como restablecimiento del derecho solicito que se reconozca que la declaración privada del impuesto sobre la rente presentada por Vidrio Andino por el año gravable 2009 se encuentra en firme.  

C. Se solicita adicionalmente la condena en costas a la demandada, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto las actuaciones de las autoridades tributarias fueron temerarias, arbitrarias y contrarias a la buena fe, a la ley, a la Constitución y a las garantías mínimas que una entidad pública imbuida con amplias facultades de investigación y fiscalización de tributos debe observar, en la medida en que los argumentos señalados en el requerimiento oficial difieren notoriamente de los señalados en la liquidación oficial de revisión, lo cual de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, comporta una verdadera causal para la condena en costas(1). Las costas en el presente proceso se encuentran acreditadas en el certificado obrante en el Anexo J de la presente demanda.  

3. Las normas violadas y el concepto de la violación.

Para la parte demandante, la actuación de la UAE-DIAN vulneró los artículos 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), 26, 107, 647 y 711 del estatuto tributario (E.T.), y 1054, 1066 y 1080 del Código de Comercio (C. Co.).

El concepto de la violación se sintetiza así:

El desconocimiento del principio de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión. En el acto previo se afirmó que el descuento por roturas y calidad no estaba demostrado y que el gasto por seguro de crédito no procedía porque para tal propósito existía la figura de la provisión para deudas de difícil cobro, en tanto que, en la liquidación oficial de revisión se sostuvo que la devolución no le era imputable al comerciante y se centró la discusión en el periodo en el que es procedente la expensa por pago de seguros, es decir, el rechazo se fundamentó en hechos disímiles.

Esta falta de correspondencia conduce a la violación del artículo 711 del estatuto tributario y a la nulidad de la actuación demandada, tal como lo ha dicho el Consejo de Estado en diferentes pronunciamientos(2).

Los descuentos por roturas y calidad otorgados a los clientes. Dadas las características propias del vidrio, eventos como imperfecciones de fábrica, roturas, estallidos o destrucción, constituyen un riesgo permanente desde el momento en el que el producto sale de fábrica, hasta que se entrega al cliente o consumidor final.

No es cierto que fiscalmente el descuento por calidad solo pueda ser solicitado por los productores del bien o producto, porque no existe disposición que le prohíba al comercializador otorgar descuentos.

Por el contrario, el artículo 26 del estatuto tributario faculta al contribuyente para depurar los ingresos con los descuentos, sin tener que acreditar el cumplimiento de requisitos adicionales, tan solo se debe probar la realidad de la operación.

En el caso concreto se debe tener en cuenta: (i) que se trata de productos importados, (ii) que el descuento está asociado al deber de garantizar el producto conforme con las normas de protección al consumidor(3), (iii) que está acreditado el descuento otorgado y (iv) que al fabricante se le solicitó el reembolso del correspondiente descuento, ingreso que se declaró como gravado en la declaración en cuestión.

En consecuencia, la liquidación oficial de revisión demandada está viciada de nulidad por falsa motivación y por desconocer los artículos 26 y 683(4) del estatuto tributario.

El gasto por seguro de crédito. En la actuación demandada la DIAN tomó de manera descontextualizada un pronunciamiento del Consejo de Estado(5) en el que la tesis expuesta se concretó en la procedencia de los gastos por los siniestros que las compañías aseguradoras deben pagar, operación que es disímil a la que interesa en este proceso.

El gasto por adquirir el contrato de seguros es procedente, porque constituye un gasto necesario para reducir el riesgo del crédito comercial.

Se trata de una medida que en la actualidad han adoptado las compañías, porque en los últimos años el impago de las obligaciones, en general, ha mostrado un incremento importante. Así se desprende del informe expedido por Economic & Business Report(6), para los periodos 2008-2009, en los que el impago de las obligaciones asumidas se incrementó en un 121,2%.

Esta situación condujo a que la venta de primas de crédito comercial se incrementara en un 33.7%, pasando de 4.242 primas emitidas en el año 2008 a 5.671 en el año 2009(7), lo que prueba que se trata de un gasto acostumbrado dentro del sector real y, por ende, la deducción de dicho pago es procedente.

El gasto registrado como multas, sanciones y litigios. La DIAN desconoció que las empresas deben asumir ciertos costos “extraordinarios” para conservar los clientes que reportan ingresos significativos.

En el caso concreto, debido a que uno de los pedidos de vidrio no llegó del Brasil, el cliente VID PLEX UNIVERSAL S.A. debió solicitar el producto a otro proveedor, por un costo superior al originalmente acordado con Vidrio Andino.

Este sobrecosto lo asumió la contribuyente para mantener y lograr la fidelización del cliente, que en el año 2009 le facturó la suma de $ 1.596.000.000.

Es decir, se trata de una erogación encaminada a mantener un cliente que está asociado a la continuidad de la generación de la renta. De manera que, no aceptar este sobrecosto implica una ruptura de las relaciones comerciales y, por consiguiente, una disminución en los ingresos gravados con renta(8).

Adicional a lo anterior, la DIAN desconoció el artículo 228 de la Constitución Política porque, aunque este gasto se registró en la partida 539520 —multas, sanciones y litigios—, en realidad, se trata de un sobrecosto. Es decir, la denominación de la cuenta no determina la naturaleza del gasto y, por lo tanto, se descarta que se trate de una sanción.

Finalmente, expuso que contrario a lo dicho por la DIAN, el sobrecosto para la contribuyente se generó en el año 2009, es decir, en el que se realizó el correspondiente pago.

Aclaró que en el año 2008 (9 de octubre) solo se contaba con un informe de lo sucedido, pero fue tan solo en el año 2009 que la sociedad decidió reconocer el sobrecosto y, por eso, el 18 de marzo de ese mismo año se otorgó la nota de crédito, tornándose en exigible, conforme con el artículo 104 del estatuto tributario.

La sanción por inexactitud. No se configuraron los hechos sancionables previstos en el artículo 647 del estatuto tributario, porque la información presentada con ocasión de la declaración de renta del año 2009 fue veraz, completa y correcta, en la medida en que se reflejó la realidad de las operaciones.

En gracia de discusión, se debe reconocer que se configuró la diferencia de criterios y tener en cuenta que la sociedad nunca obró con la intención de defraudar al fisco(9).

4. La contestación de la demanda.

La UAE-DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se resumen a continuación:

La liquidación oficial de revisión no está viciada de nulidad por falsa motivación, porque en esta se expresaron los fundamentos de hecho, de derecho y los hechos probados, que fundamentaron la determinación oficial del tributo.

Tampoco se desconoció el principio de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, porque (i) no se incluyeron nuevos hechos y (ii) a la administración le está permitido exponer mejores argumentos o razones jurídicas para sustentar el acto oficial de revisión(10).

Afirmó que la devolución se originó en reclamación por calidad, que es predicable del fabricante, no del comercializador; razón por la cual, esta glosa se debe mantener, porque en los términos del artículo 26 del estatuto tributario, el descuento debe corresponder a la fuente de los ingresos del contribuyente, que va ligado al objeto social, presupuestos que se echan de menos en este caso.

El gasto relativo a la adquisición de un seguro para amparar el riesgo de crédito comercial es un gasto voluntario que puede resultar útil y beneficioso para la compañía, pero, no es obligatorio; por lo tanto, no se cumplió el requisito de necesidad.

Tampoco se verificó el requisito de la causalidad como lo dispone el artículo 107 del estatuto tributario, porque en consideración al objeto social de la actora, no se vislumbra la injerencia del gasto en la producción de la renta.

Además, la sociedad no tuvo en cuenta lo previsto en el artículo 145 del estatuto tributario —deducción de deudas de dudoso o difícil cobro—, que permite las provisiones de cartera aceptadas fiscalmente.

Respecto del gasto registrado como multas, sanciones y litigios, afirmó que no se trata de un gasto en el que la demandante haya tenido que incurrir de manera forzosa, tampoco se vislumbra su injerencia en la actividad productora de renta, además, corresponde a otro periodo gravable, es decir, no cumple los requisitos previstos en el artículo 107 del estatuto tributario.

Aclaró que, el rechazo de este gasto no se sustentó en la contabilización de la operación o en el nombre que se le haya dado al hecho económico; por el contrario, la decisión se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 107 del estatuto tributario; en consecuencia, se descarta la violación del artículo 208 de la Constitución Política.

Finalmente, expuso que procede la sanción por inexactitud, porque la sociedad contribuyente, de manera voluntaria, incluyó en su declaración de renta del año 2009 datos equivocados que derivaron en un mayor saldo a favor, es decir, se incurrió el hecho sancionable, previsto en el artículo 647 del estatuto tributario.

Además, no se configuró la diferencia de criterios alegada por la demandante, porque conforme con lo expuesto con anterioridad, lo que se evidencia es el desconocimiento del derecho aplicable.

Por otra parte, solicitó que se condene en costas a la parte actora.

5. La sentencia apelada.

El tribunal declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado, por las siguientes razones:

No es cierto que el descuento por roturas, calidad y otros, solo radique en cabeza del productor, porque de aceptarse dicha afirmación, necesariamente se tendría que concluir que un distribuidor o proveedor no fabricante de la mercancía defectuosa que comercializa, no podría realizar operaciones de descuento a sus clientes, lo que desconoce la realidad de las prácticas corrientes comerciales.

En este caso, la DIAN está exigiendo un requisito que no está previsto en la ley para que proceda el descuento en discusión(11).

Además, está probado que el descuento se otorgó y se acreditó su monto, que no resulta ser desproporcionado, por lo que se accedió al descuento de la suma en discusión.

Respecto de los gastos operacionales de administración de ventas por seguro de crédito, el tribunal aclaró que la sentencia de 12 de mayo de 2010, radicado Nº 16534, que sustentó la actuación de la administración, no se puede aplicar en el asunto analizado, porque en esa ocasión el contribuyente que pretendía el reconocimiento del gasto, era una compañía aseguradora que había efectuado el pago de una indemnización. Por lo tanto, dicho pronunciamiento no resulta vinculante en el caso sub examine.

Tampoco encontró acertado que la DIAN pretendiera vincular el gasto del seguro con las provisiones de deudas de difícil cobro, porque en el curso de la actuación administrativa la sociedad contribuyente probó que para el año 2009, el saldo por concepto de provisión para este tipo de deudas fue de cero pesos ($ 0).

Concluyó que está probado que el gasto en cuestión cumplió los requisitos previstos en el artículo 107 del estatuto tributario, en la medida en que: (i) se trata de una erogación que busca evitar la disminución de ingresos de la sociedad frente a un eventual incumplimiento por parte de sus clientes, (ii) constituye una actuación diligente que tiene por finalidad evitar un detrimento patrimonial de la compañía, con la consecuente pérdida de capacidad financiera, por falta de pago, (iii) se trata de una expensa normalmente acostumbrada en la actividad mercantil, conforme con el análisis del sector asegurador en Colombia por Economic & Bussiness Report, aportado al expediente y, (iv) es proporcional porque los ingresos brutos obtenidos por la contribuyente en el año 2009 fueron de $ 77.829.155.000 y el gasto ascendió a $ 125.346.000, es decir, corresponde al 0,16% de los ingresos.

En consecuencia, también accedió a este cargo.

En lo que tiene que ver con las deducciones por concepto de multas, sanciones y litigios, consideró que no se trata de una expensa que cumpla con los requisitos de necesidad y de causalidad, porque se derivó del incumplimiento de una obligación contractual y el efecto perseguido es lograr la fidelización del cliente, es decir, su fin corresponde a una expectativa en el desarrollo de sus relaciones comerciales, más no a una erogación que se encuentre vinculada a la percepción directa o indirecta en la vigencia fiscal analizada.

Recalcó que con dicha erogación la actora pretendió cubrir el mayor valor que uno de sus clientes tuvo que pagar a otros distribuidores, registrada en la contabilidad como sanción pagada al cliente; por lo tanto, no se trata de un gasto asociado a la generación de la renta.

Si bien, con este gasto se pretendió conjurar una situación perjudicial para las relaciones comerciales, es claro que se trata de una carga económica originada en un incumplimiento, que no se puede trasladar al Estado a través de su reconocimiento como deducción.

Por lo anterior, no accedió a este cargo.

Conforme con lo anterior, concluyó que la sanción por inexactitud impuesta en el acto administrativo demandado se debía mantener respecto de la deducción que no prosperó.

En consecuencia, el tribunal procedió a liquidar el tributo a cargo de la demandante, determinando que la sanción por inexactitud ascendía a $ 48.946.000 y el saldo a favor a $ 1.528.515.000.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de un proceso en el que se ventila un asunto de interés público —tributos—.

6. El recurso de apelación.

6.1. La parte demandada interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, en lo que le resulta desfavorable, porque insiste en que los descuentos que otorgó la sociedad por defectos de “calidad” del producto comercializado (vidrio), son atribuibles a quien fabrica el bien y no a su comercializador; por lo tanto, no tienen relación con la fuente del ingreso —comercialización—.

Discrepa de lo afirmado por el tribunal en la sentencia apelada, porque parte del hecho que los contribuyentes pueden conceder descuentos sin tener en cuenta si los mismos tienen relación con la actividad generadora de renta, es decir, según la tesis del a quo, cualquier clase de descuento podría ser depurado de los ingresos.

Es cierto que las operaciones de descuento, devoluciones y rebajas son comunes en operaciones comerciales, pero, también lo es, que, en casos como el presente, la demandante recobrará al fabricante el descuento otorgado por los vidrios importados con defectos de calidad, con lo cual, queda aún más en evidencia que dichos descuentos se reputan del fabricante y no de comercializador.

Por otra parte, puso de presente que el referente jurisprudencial indicado en primera instancia no es aplicable en este asunto, porque en esa oportunidad, el desconocimiento se soportó en el hecho de que los mismos eran desproporcionados.

En lo que concierne con los gastos operacionales de administración de ventas por seguro de crédito, expuso que en materia tributaria, el legislador estableció el procedimiento a seguir para que los contribuyentes que dentro de sus actividades generen cartera o créditos a su favor de difícil cobro, puedan deducir un importe de los mismos, dependiendo de si la provisión realizada es individual o general, por lo que es esa manera y no otra como se debe tratar este tipo de deducciones (art. 145, E.T. y D.R. 187/75).

En gracia de discusión, si fuera procedente analizar la deducción a la luz del artículo 107 del estatuto tributario, como lo hizo el tribunal, no se cumplen los requisitos de necesidad y de relación de causalidad, porque se puede prescindir del gasto, sin que esto implique la ausencia o disminución de la renta.

En este caso, la comercialización de vidrio se realiza con independencia y con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro y, necesariamente, al pago de la póliza, es decir, esta erogación no coadyuva a la comercialización del producto; por lo tanto, se trata de un pago voluntario(12).

Tampoco está probado que la erogación haya ocasionado un ingreso en el año 2009, porque no se asocia a las indemnizaciones recibidas en ese periodo.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se mantenga la sanción por inexactitud impuesta en la actuación demandada.

6.2. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia y pidió que se revoque el rechazo de las erogaciones registradas como otras deducciones por multas, sanciones y litigios, en consecuencia, se declare la firmeza de la declaración privada, porque el pago en discusión se realizó con el fin de obtener la fidelización del cliente, no corresponde al reconocimiento de una multa o sanción.

El tribunal no tuvo en cuenta la realidad del gasto —extraordinario— ni su finalidad, tan solo se fijó en la forma como este se registró en la contabilidad (cuenta 539520), cuestión que no necesariamente determina su naturaleza(13).

Se trató de un sobrecosto que la sociedad asumió para mantener las buenas relaciones con su cliente, una decisión comercial estratégica a iniciativa del proveedor, que repercutió en mayores ingresos para la sociedad.

No hubo declaratoria de incumplimiento; por tanto, no se puede hablar de una retribución de carácter sancionatorio.

Además, para restablecer el equilibrio contractual no es indispensable que exista incumplimiento contractual, pues como ocurrió en este caso, la circunstancia que descompensó la relación contractual obedeció a una causa extraña que impidió que la mercancía a distribuir llegara oportunamente al país, por lo que su cliente necesariamente tuvo que adquirir el vidrio con otro proveedor, por un precio superior al inicialmente acordado.

Contrario a lo afirmado por el a quo, el gasto en cuestión constituye una expensa necesaria, porque no es indispensable que se pruebe la generación del ingreso, basta con que se demuestre la incidencia del gasto en la actividad productora de renta(14).

Recalcó que el gasto se debía realizar de manera forzosa para asegurar la continuidad de la relación comercial al fidelizar el cliente(15). Se trató de un gasto estratégico que incidió directamente en el desarrollo de la actividad generadora de renta y que permitió que la sociedad, durante el año 2009, obtuviera unos ingresos(16) de más de $ 1.596.000.000, tal como se evidencia en las facturas que obran en los antecedentes administrativos aportados al expediente, pruebas que no fueron valoradas.

Por lo anterior, la sanción por inexactitud se debe levantar, porque no se configuró el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del estatuto tributario(17); por el contrario, la declaración privada está basada en información correcta, clara y completa sobre el gasto que se invoca como deducible.

Además, se debe tener en cuenta que la actuación de la sociedad obedece a una aplicación razonada y fundada de las normas y la jurisprudencia aplicable, lo que evidencia una diferencia de criterios.

7. Los alegatos de conclusión.

La parte demandante insistió en lo manifestado en la demanda y en el recurso de apelación.

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación.

El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa. Impedimento de la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto.

La Consejera de Estado doctora Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó que se encuentra impedida para conocer de este asunto, por estar incursa en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso(18), porque conoció en primera instancia del proceso de la referencia. En consecuencia, solicitó que se acepte el impedimento y que se le separe del conocimiento del mismo.

Teniendo en cuenta las razones que apoyan la manifestación de impedimento y conforme con el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo(19), la Sala, integrada por tres consejeros de Estado, quienes conforman el quórum decisorio(20), encuentra fundada la solicitud, motivo por el cual, lo acepta y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso.

2. Los descuentos por calidad otorgados a los clientes.

2.1. La Sala advierte que el único argumento planteado por la DIAN en la liquidación oficial de revisión demandada, para rechazar esta glosa, consistió en que “resultan improcedentes fiscalmente las devoluciones de bienes enajenados, cuyo origen es atribuible al fabricante y no al comercializador(21).

2.2. Está probado que la sociedad demandante tiene por objeto social principal “LA IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL DE VIDRIO Y CRISTALES DE TODA CLASE, INCLUIDA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MISMOS(22) (Negrilla de la Sala).

2.3. Si comercialización significa “[a]cción y efecto de comercializar(23), es decir, “[d]ar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta”, es claro que, dentro de esta actividad se encuentra, en términos generales, la compra, el transporte, el almacenaje y la venta del producto, más no su producción.

2.4. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que, conforme con el Decreto 3466 de 1982(24), el Gobierno Nacional definió, para los efectos de esa disposición, que productor es “[t]oda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o servicios destinados al consumo público. Los importadores se reputan productores respecto de los bienes que introduzcan al mercado nacional” (art. 1º) (Negrilla de la Sala) y, en relación con la responsabilidad de los productores por la idoneidad y calidad de sus bienes y servicios, el artículo 23 del citado decreto dispuso que “[t]ratándose de bienes importados serán solidariamente responsables el importador y el productor de dichos bienes; solidaridad que se deducirá de conformidad con las normas legales pertinentes(25).

2.5. Es decir, en la legislación colombiana, el importador de bienes es responsable solidariamente con el productor, por la calidad de estos.

2.6. En el caso concreto, está probado que la sociedad demandante le respondió a sus clientes por los “imperfectos originados en la fabricación” del producto –vidrio-, en palabras de la DIAN, “por problemas de calidad(26), cuestión que la contribuyente atribuyó al cumplimiento de un deber legal, aspecto que la Administración no cuestionó.

Además, es preciso recalcar que en el informe final de visita de 10 de abril de 2012, la DIAN puso de presente que “se pudo establecer [que] la sociedad no realiza ningún proceso productivo, comercializa los productos importados en las mismas condiciones; en consecuencia el costo de ventas refleja el costo de adquisición de la mercancía, más gastos por seguros, fletes, bodegajes y otros gastos necesarios para poner la mercancía en condiciones de venta (...)(27) (Negrilla de la Sala), lo que corroboraría el argumento de la demandante, según el cual, estaba llamada a responderle a sus clientes, en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 3466 de 1982, norma vigente para la época de los hechos.

Decreto que, a su vez, en el artículo 11 señala que “ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía mínima presunta (...), recae directamente en los proveedores o expendedores, sin perjuicio de que estos puedan, a su turno, exigir el cumplimiento de dicha garantía mínima a sus proveedores o expendedores, sean o no productores”.

2.7. En este orden de ideas, no es de recibo el argumento de la DIAN, según el cual, como la demandante, en el año 2009 “no fabricaba vidrio en Colombia, solo comercializaba, los problemas de calidad no se originan en cabeza de Vidrio Andino” y, por ende, “no está demostrado que la devolución [le] sea imputable(28), porque como se expuso con anterioridad, por disposición legal, la parte actora estaba obligada a responderle a sus clientes, quienes optaron por solicitar el descuento a causa de los problemas de calidad del producto(29).

2.8. Por otra parte, se advierte que el descuento en discusión está soportado con las facturas(30), las reclamaciones de los compradores(31) y la solicitud de nota crédito con el comprobante de devolución(32), pruebas que fueron aportadas en sede administrativa y que no fueron cuestionadas por la administración.

2.9. En consecuencia, le asiste razón al tribunal al acceder a la deducción por este concepto.

3. El gasto operacional por seguro de crédito.

3.1. La DIAN rechazó la suma de $ 125.346.000, que corresponde al importe pagado por la demandante por el seguro de crédito tomado, porque (i) se desconoció lo previsto en el artículo 145 del estatuto tributario y el Decreto 187 de 1975, (ii) se “trata de una decisión unilateral del tomador (beneficiario) acudir a las compañías aseguradoras, en pos de tomar pólizas que aseguran un riesgo(33), (iii) las expensas derivadas de los contratos de seguros surgen cuando se realiza el riesgo asegurado(34), de manera que, “si no hay lugar a resarcir el riesgo asegurado, fiscalmente no habría lugar al gasto(35) y (iv) el saldo de cartera (deuda) reconocida por la aseguradora ocurrió en el año 2010.

3.2. Para el tribunal, esta erogación cumplió los requisitos previstos en el artículo 107 del ET, porque se trata de un gasto necesario para la obtención del ingreso, con el que se pretende evitar la disminución de los ingresos de la sociedad, frente al incumplimiento de sus clientes.

3.3. Afirmación de la que discrepó el apoderado de la DIAN en el recurso de apelación, porque se trata de un gasto voluntario, que no era necesario para la realización del negocio de comercialización del vidrio.

3.4. Esta corporación(36), al analizar el requisito de necesidad previsto en el artículo 107 del estatuto tributario, ha afirmado que las expensas necesarias corresponden a los gastos que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta. Sin estos no se puede obtener la renta.

Son indispensables, aunque no sean permanentes sino esporádicos. Lo esencial es que el gasto sea normalmente acostumbrado en cada actividad.

Entonces, se excluyen los gastos simplemente suntuarios, innecesarios o superfluos y los puramente útiles o convenientes(37).

Y respecto del requisito de causalidad, la Sala ha dicho que es preciso que los gastos, erogaciones o salida de recursos del contribuyente guarden relación de causa-efecto con la actividad generadora de renta de este. El vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que se desarrolla (el objeto social principal o secundario), que es la que produce la renta del contribuyente, de tal manera que sin la expensa no es posible obtenerla(38).

Es preciso recalcar que estos requisitos se deben analizar teniendo en cuenta las situaciones reales del comercio y la situación fáctica concreta.

3.5. Tratándose del pago realizado por la demandante a la compañía aseguradora Mapfre Seguros de Crédito S.A., Mapfre Crediseguro S.A., por concepto de la “PÓLIZA SEGURO DE CRÉDITO INTERNO” Nº 1002002000230, cobertura riesgo comercial(39) que, en términos generales, lo protege de “una eventual falta de pago de sus ventas a crédito en el territorio nacional(40) (Negrilla original), para la Sala, esta erogación cumple los requisitos de necesidad y de relación de causalidad previstos en el artículo 107 del estatuto tributario, porque la obtención de dicha póliza incide en la actividad productora de renta —comercialización de vidrio—, en la medida en que con este seguro la sociedad contribuyente se protege del riesgo del impago de sus clientes, por las ventas de la mercancía que realiza a crédito, respaldo, que en últimas, le permite minimizar riesgos e incrementar y flexibilizar las ventas por este medio.

3.6. Se trata de una expensa que en la actualidad es normalmente acostumbrada por parte de las empresas que corren riesgo por el impago de los bienes y servicios prestados a crédito, cuestión que está probada en el expediente, como lo advirtió el tribunal.

3.7. Además, la Sala aclara que aunque las cuentas de dudoso o difícil cobro tienen su origen en las ventas que se hacen a crédito, con la probabilidad que resulten incobrables, por lo que contablemente deben ser provisionadas y reconocida su pérdida, esta posibilidad no excluye que los contribuyentes opten por adquirir un seguro de crédito, con el que se repite, se pretende obtener protección del riesgo por el impago por parte de sus clientes, máxime, si como lo expuso el tribunal, en el curso de la actuación administrativa la sociedad contribuyente probó que para el año 2009, el saldo por concepto de provisión para este tipo de deudas fue de cero pesos ($ 0), afirmación que no fue cuestionada por la DIAN en el recurso de apelación.

3.8. Finalmente, se aclara que la sentencia proferida por esta corporación el 12 de mayo de 2010(41), que sustenta la actuación de la DIAN, no resulta aplicable en este asunto, porque en esa oportunidad la Sala analizó la procedencia de la deducción de aquellos gastos en que incurren las compañías de seguros, originados en el pago de indemnizaciones por contratos de seguros, en tanto que, en este asunto, se discute si procede la deducción del importe pagado por la demandante por el seguro de crédito tomado, cuestiones que son completamente distintas.

3.9. En consecuencia, le asiste razón al tribunal al acceder a la deducción por este concepto.

4. El gasto registrado como multas, sanciones y litigios.

4.1. La DIAN rechazó la suma de $ 39.469.000, porque obedece al pago de una sanción comercial.

4.2. En tanto que, para la sociedad contribuyente, se trata de un sobrecosto con el fin de fidelizar al cliente VID-PLEX UNIVERSAL S.A.

4.3. En el expediente está probado que el 10 de marzo de 2009, la sociedad VID PLEX UNIVERSAL S.A. presentó “RECLAMACIÓN DE CLIENTES” ante la contribuyente, en la que consta que el cliente “PARA NO INCUMPLIR CON EL CONTRATO Y EVITAR EL COBRO DE LA PÓLIZA SE COMPRÓ EL MATERIAL A UN DISTRIBUIDOR EN BOGOTÁ” y, en este mismo documento se puso de presente que la “RECLAMACIÓN SE PRESENTA YA QUE EL VIDRIO GRIS REFLECTIVO EL CUAL SE LE VENDIÓ AL CLIENTE NO LLEGÓ DE LA PLANTA DE BRASIL Y EL CLIENTE PARA CUMPLIR CON SU CONTRATO LO COMPRÓ A UN DISTRIBUIDOR EN BOGOTÁ Y GENERANDO UN SOBRECOSTO LIQUIDADO EN LA NC(42).

La compra a los terceros está probada con las facturas Nos. 1753 de 8 de agosto de 2008(43) y 102084 de 30 de septiembre de 2008(44), expedidas por Vidriería San Ver E.U. y Universal de Vidrios, respectivamente.

También está acreditado que mediante nota crédito Nº 448 de 24 de marzo de 2009, la sociedad contribuyente le reconoció a VID PLEX UNIVERSAL S.A. la suma de $ 39.469.422. En texto escrito a mano se lee: “SANCIÓN COBRADA X EL CLIENTE X INCUMPLIMIENTO DE VIDRIO ANDINO(45).

4.4. La Sala no es ajena a que las empresas o compañías cuentan con estrategias para fidelizar los clientes, y reitera que “las actividades de mercadeo son uno de los rubros que los entes económicos utilizan como estrategia para mantener y/o atraer clientes activos o potenciales y para conservar la buena imagen de las empresas(46), pero, no encuentra viable que asumir los sobrecostos en los que incurrió un cliente, por tener que comprar el producto a otro proveedor, ante el incumplimiento de la contribuyente, constituya una estrategia de fidelización, como lo sostiene la parte actora.

4.5. Para la Sección, la fidelización del cliente no se puede aislar de la actividad generadora de renta, del producto mismo.

Fidelizar un cliente supone la inversión en recursos económicos, técnicos y humanos para que el producto, el servicio o la marca sea más atractiva, para diferenciarse de la competencia, se trata de ofrecer ofertas, promociones, en definitiva, mejores condiciones de compra.

Se puede decir, corresponde a un valor agregado al producto y a su comercialización, no a la asunción de sobrecostos en los que pueda haber incurrido el cliente de la contribuyente al verse abocado a adquirir el bien a otro proveedor.

4.6. El hecho que la sociedad actora haya decidido de manera voluntaria asumir el sobrecosto a favor de VID PLEX UNIVERSAL S.A., con el fin de mantener y continuar con las buenas relaciones comerciales, incluso, si este contribuye de manera importante en la percepción de ingresos por parte de la demandante, constituye una estrategia que puede resultar conveniente, más no necesaria en la actividad generadora de renta.

4.7. Por lo anterior, se concluye que esta erogación no cumple los requisitos de necesidad y de relación de causalidad previstos en el artículo 107 del estatuto tributario, razón por la cual, se mantiene el rechazo de la suma de $ 39.469.000.

5. La sanción por inexactitud.

5.1. Conforme con el artículo 647 del estatuto tributario, constituye inexactitud sancionable (i) la omisión de ingresos, la inclusión de costos, deducciones o descuentos inexistentes y (ii) en general, la utilización en la declaración de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados; siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.

Esta misma norma señala que no se configura inexactitud sancionable cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

5.2. Respecto de los errores de apreciación o de la diferencia de criterio relativos al derecho aplicable la Sala ha dicho que debe versar sobre el derecho aplicable, con la condición que los hechos y cifras declaradas sean veraces y completos. De esta manera, para que exista diferencia de criterio “(...) la discrepancia debe basarse en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento que su actuación estaba amparada legalmente”. Por lo tanto, no existe diferencia de criterios “cuando a pesar de su apariencia jurídica, no tiene fundamento objetivo y razonable(47).

5.3. Es por lo anterior que, la Sala(48) ha dicho que aunque una erogación sea real, no necesariamente conduce a que se exonere al contribuyente de la sanción por inexactitud, porque en cada caso particular se debe analizar si la inclusión de esta, como deducción, obedeció a una errónea interpretación que “se presenta cuando se aplica la norma pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde”(49), caso en el cual, se debe examinar si el contenido de la norma se prestaba a distintas interpretaciones y, en concreto, a la dada por el contribuyente, o a una indebida interpretación que “ocurre cuando, sin mediar un error de entendimiento sobre el significado de la norma, se aplica a un hecho o situación no previsto en el supuesto fáctico de la disposición, o se le hace producir efectos distintos de los contemplados en el precepto legal”(50).

5.4. En casos como el presente, en el que la parte actora alega una diferencia de criterios en cuanto a la norma aplicable, es imprescindible que se parta del hecho que la redacción de la norma induce a varias interpretaciones, incluida la otorgada por el contribuyente, por lo que se descarta la exoneración de la sanción por inexactitud cuando la norma es clara o cuando se hace una interpretación forzada o carente de argumentación.

5.5. Conforme con lo expuesto y descendiendo al asunto sub examine, la Sala advierte que en el presente asunto no se configuró la diferencia de criterios alegada por la parte actora; por el contrario, se evidenció una indebida interpretación de la norma aplicable (art. 107 del E.T.).

5.6. Por lo anterior, la sanción por inexactitud impuesta en la liquidación oficial de revisión se encuentra ajustada a derecho y se debe mantener, teniendo en cuenta lo resuelto en esta sentencia.

5.7. Finalmente, la Sala advierte que al igual que en otros casos(51), se debe aplicar el principio de favorabilidad, en consecuencia, dicha sanción será equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, y no del 160% como lo liquidó la administración y el tribunal.

6. Las costas.

No se condena en costas (gastos o expensas del proceso y agencias del derecho), en esta instancia, porque no se configuran los supuestos previstos en los numerales 3º y 4º del artículo 365 del Código General del Proceso(52), aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Nótese que en este asunto las pretensiones de la demanda prosperaron de manera parcial, supuesto que en los términos del numeral 5º del citado artículo 365 del Código General del Proceso(53), permite que el juez se abstenga de la condena en costas.

7. Conclusión.

Conforme con lo expuesto, la Sala confirmará el numeral primero de la sentencia de veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015), proferida por la Sección Cuarta – Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto, declaró la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión Nº 312412012000100 de 19 de diciembre de 2012, por la que la UAE-DIAN modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta presentada por VIDRIO ANDINO COLOMBIA LTDA., por el año gravable 2009.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en esta instancia se resolvió aplicar el principio de favorabilidad en relación con la sanción por inexactitud impuesta en la liquidación oficial de revisión anulada de manera parcial, se procederá a practicar nueva liquidación, lo que conduce a que se modifique el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

La nueva liquidación queda en los siguientes términos:

 LIQ PRIVADAL.O.R.LIQ TRIBUNALLIQ C. DE E.
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro4.150.322.0004.150.322.0004.150.322.0004.150.322.000
Cuentas por cobrar12.308.482.00012.308.482.00012.308.482.00012.308.482.000
Acciones y aportes2.689.537.0002.689.537.0002.689.537.0002.689.537.000
Inventarios4.962.975.0004.962.975.0004.962.975.0004.962.975.000
Activos fijos478.120.000478.120.000478.120.000478.120.000
Total patrimonio bruto24.589.436.00024.589.436.00024.589.436.00024.589.436.000
Pasivos24.160.575.00024.160.575.00024.160.575.00024.160.575.000
Total patrimonio líquido428.861.000428.861.000428.861.000428.861.000
Ingresos brutos operacionales71.402.743.00071.402.743.00071.402.743.00071.402.743.000
Ingresos brutos no operacionales5.976.949.0005.976.949.0005.976.949.0005.976.949.000
Intereses y rendimientos financieros449.463.000449.463.000449.463.000449.463.000
Total ingresos brutos77.829.155.00077.829.155.00077.829.155.00077.829.155.000
Devoluciones, rebajas y descuentos25.580.608.00025.545.153.00025.580.608.00025.580.608.000
Total ingresos netos52.248.547.00052.284.002.00052.248.547.00052.248.547.000
Costos de ventas38.614.813.00038.614.813.00038.614.813.00038.614.813.000
Total costos38.614.813.00038.614.813.00038.614.813.00038.614.813.000
Gastos operacionales de administración2.744.777.0002.744.777.0002.744.777.0002.744.777.000
Gastos operacionales de ventas8.683.870.0008.558.524.0008.683.870.0008.683.870.000
Deducción inversiones en activos fijos35.784.00035.784.00035.784.00035.784.000
Otras deducciones1.801.389.0001.761.920.0001.761.920.0001.761.920.000
Total deducciones13.265.820.00013.101.005.00013.226.351.00013.226.351.000
Renta líquida del ejercicio367.914.000568.184.000407.383.000407.383.000
Renta líquida367.914.000568.184.000407.383.000407.383.000
Renta presuntiva45.215.00045.215.00045.215.00045.215.000
Renta líquida gravable367.914.000568.184.000407.383.000407.383.000
Impuesto sobre la renta líquida gravable121.412.000187.501.000134.437.000134.436.000
Impuesto neto de renta121.412.000187.501.000134.437.000134.436.000
Total impuesto a cargo121.412.000187.501.000134.437.000134.436.000
Autorretenciones154.012.000154.012.000154.012.000154.012.000
Otros conceptos1.557.886.0001.557.886.0001.557.886.0001.557.886.000
Total retenciones año gravable 20071.711.898.0001.711.898.0001.711.898.0001.711.898.000
Sanciones28.106.000133.848.00048.946.00041.130.000
o Total saldo a favor1.562.380.0001.390.549.0001.528.515.0001.536.332.000

CÁLCULO DE LA SANCIÓN
Saldo a favor contribuyente sin sanciones1.590.486.000 
Saldo a favor C. de E. sin sanciones1.577.462.000 
Base de sanción inexactitud 13.024.000
Tarifa sanción inexactitud (E.T. arts. 648 y 640)100% 
Sanción por inexactitud 13.024.000
(+) Sanción declarada por contribuyente 28.106.000
Total sanciones 41.130.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. ACÉPTASE el impedimento manifestado por la Consejera de Estado doctora Stella Jeannette Carvajal Basto. En consecuencia, SEPÁRASELE del conocimiento del presente asunto.

2. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia de veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015), proferida por la Sección Cuarta – Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto, declaró la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión Nº 312412012000100 de 19 de diciembre de 2012, por la que la UAE-DIAN modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta presentada por VIDIRIO ANDINO COLOMBIA LTDA., por el año gravable 2009.

3. MODIFÍCASE el numeral segundo de la citada sentencia y, en su lugar, se declara que como consecuencia de la declaratoria de la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión demandada y, a título de restablecimiento del derecho, el impuesto sobre la renta por la vigencia fiscal de 2009 a cargo de la parte actora, corresponde a la liquidación practicada por esta corporación, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

4. CONFÍRMASE en lo demás.

5. SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.

6. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Angie Alejandra Corredor Herrera, como apoderada de la UAE-DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el folio 270 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Milton Chaves García, Presidente de la Sección—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 “De la norma mencionada se desprende que en esta regulación se establece la igualdad procesal, al disponer que en todos los procesos podrá haber condena en costas contra la parte vencida en el juicio, que le exige al juez una valoración y ponderación subjetivas, pues esta se deberá ejercer teniendo en cuenta “la conducta asumida por las partes”, exigencia que se traduce en que no basta que se haya vencido a la parte sino que se hace necesario analizar la conducta asumida por ella. (C.E., Sent. 18790 del 7 de marzo de 2013)”.

2 Sentencias de 6 de octubre de 2005, Rad. 14635, C.P. Ligia López Díaz, de 8 de mayo de 2008, Rad. 14346, C.P. Héctor Romero Díaz, de 18 de junio de 2009, Rad. 15540, C.P. Héctor J. Romero Díaz, de 2 de febrero de 2012, Rad. 16760, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 10 de mayo de 2012, Rad. 17766, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

3 Artículos 11, 12 y 29 del Decreto 3466 de 1982 – Estatuto del Consumidor y conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio Nos. 12-1300036 de 30 de agosto de 2012 y 5078443 de 12 de septiembre de 2005.

4 Espíritu de justicia en materia tributaria.

5 Rad. 16534.

6 Es una compañía con más de 12 años de presencia en el mercado latinoamericano, que realiza análisis empresariales, financieros y sectoriales en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Centroamérica.

7 Cfr. el análisis del sector asegurador en Colombia, elaborado por la compañía Economic & Bussiness Report. Anexo K de la demanda.

8 Sustentó su posición en las sentencias del Consejo de Estado de 16 de diciembre de 2011, Rad. 18368 y de 17 de mayo de 2012, Rad. 17996, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

9 Cfr. sentencia de la Corte Constitucional C-690 de 1996.

10 Cfr. sentencia del Consejo de Estado de 11 de marzo de 2010, Rad. 17178.

11 Fundamentó su decisión en la sentencia del Consejo de Estado de 17 de noviembre de 2011, Rad. 16875, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

12 Transcribió apartes de las sentencias del Consejo de Estado de 14 de abril de 2011, Rad. 17261, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 13 de marzo de 2014, Rad. 19416, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

13 Sentencia del Consejo de Estado de 3 de noviembre de 2011, radicado Nº 17188, C.P. William Giraldo Giraldo.

14 Sentencia del Consejo de Estado de 24 de octubre de 2013, Rad. 17550, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en la que se citó la sentencia de 24 de marzo de 2011, Rad. 17286, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

15 Sentencia del Consejo de Estado de 22 de marzo de 2011, Rad. 17286, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

16 Sentencia del Consejo de Estado de 16 de diciembre de 2011, Rad. 18368, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

17 Sentencia del Consejo de Estado de 24 de marzo de 2011, Rad. 17042, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

18 “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

19 “Serán causales de recusación e impedimento para los consejeros, magistrados y jueces administrativos, además de las señaladas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, [actual Código General del Proceso] las siguientes: (...)”.

20 Numeral 3º del artículo 131 del CPACA. “Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez”.

21 Cfr. la página 9 de la LOR. Fl. 819 del cdno. a.

22 Cfr. el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, visible en los folios 41 s 42 del cdno. p.

23 Según la RAE. En http://dle.rae.es/?id=9vTsXmy.

24 Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones.

25 Aunque esta norma no estaba vigente para la época de los hechos, es preciso mencionar que en el artículo 6º de la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones, dispone que “[t]odo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias”. Esta norma, adicionalmente, señala que el incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la “[r]esponsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores”.

Conforme con el artículo 1º de la citada ley, productor es “[q]uien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria” (Negrilla de la Sala).

26 Cfr. la página 9 de la LOR. Fl. 818 del cdno. a.

27 Cfr. la página 2 del informe final. Fl. 525 del cdno. a.

28 Ibídem.

29 Mancha (fl. 387 del cdno. a.), el material se sometió a proceso de temple y salió con defecto, dio aspecto de mancha (fl. 393 del cdno. a.) y, el vidrio llegó con mancha, con rayas de marcador, sucio, parece vidrio de segunda (fl. 409 del cdno. a.).

30 Nros. 120 de 25 de septiembre de 2008 (fl. 386 del cdno. a.), 00575 de 28 de octubre de 2008 (fl. 394 del cdno. a.) y 04660 de 14 de septiembre de 2009 (fl. 410 del cdno. a.), cada una, por las sumas de $ 18.441.946,46, 19.604.253,99 y 12.755.215, 66, respectivamente.

31 Reclamación presentada el 12 de junio de 2009 (fls. 387 a 389 del cdno. a.), el 7 de julio de 2009 (fl. 393 del cdno. a.) y el 21 de octubre de 2009 (fl. 409 del cdno. a.).

32 Fls. 383 y 384 del cdno. a., 390 y 391 del cdno. a. y, 407 y 408 del cdno. a. Las notas crédito corresponden a los números 830 de 25 de septiembre de 2009, 831 de 25 de septiembre de (no legible) y 950 de 23 de noviembre de 2009, $ 14.276.149,71, $ 15.400.218,96 y $ 5.696.614,84, respectivamente.

33 Cfr. la página 10 de la LOR. Fl. 819 del cdno. a.

34 Conforme con la sentencia del Consejo de Estado con número de radicado 16534.

35 Ibídem.

36 Cfr. las sentencias del 6 de agosto de 2014, Rad. 250002327000-2009-00220-01 (19288) y de 10 de agosto de 2017, Rad. 760012331000-2010-01447-01 (20951), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

37 Sentencia del 12 de mayo de 2005, Rad. 13614, C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz.

38 Entre otras, ver sentencias del 25 de septiembre de 1998, Rad. 9018, C.P. Delio Gómez Leyva, del 13 de octubre de 2005, Rad. 13631, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, del 2 de agosto de 2006, Rad. 14549, C.P. Ligia López Díaz, del 12 de diciembre de 2007, Rad. 15856, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, del 24 de julio de 2008, Rad. 16302, C.P. Ligia López Díaz, del 1º de octubre de 2009, Rad. 16286 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 6 de agosto de 2014, Rad. 250002327000-2009-00220-01 (19288), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 10 de agosto de 2017, Rad. 760012331000-2010-01447-01 (20951), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

39 Fls. 57 a 64 del cdno. p. y 164 a 172 del cdno. a.

40 Fl. 529 del cdno. a.

41 Rad. 250002327000-2004-00977-01 (16534), actor: Compañía Aseguradora de Finanzas S.A., demandado: UAE-DIAN, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

42 Fl. 645 del cdno. a. El sobrecosto está discriminado en el folio 646 del cdno. a.

43 Fl. 648 del cdno. a.

44 Fl. 647 del cdno. a.

45 Fl. 643 del cdno. a.

46 Cfr. la sentencia del Consejo de Estado de 13 de marzo de 2014, Rad. 250002327000-2009-00219-01 (19416), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

47 Sentencia del 12 de marzo de 2009, Rad. 16575, C. P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Reiterada en las sentencias del 6 de agosto de 2014, Rad. 250002327000-2009-00220-01 (19288) y del 15 de noviembre de 2017, Rad. 250002327000-2010-00277-01 (21042), C.P. Jorge Octavio Ramírez.

48 Cfr. la sentencia de 15 de noviembre de 2017, Rad. 250002327000-2010-00277-01 (21042), C.P. Jorge Octavio Ramírez.

49 Cfr. la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 10 de abril de 2003, Exp. 20059, M.P. Eduardo López Villegas.

50 Ibídem.

51 Cfr. las sentencias de esta Sección de 20 de febrero de 2017, Rad. 150012333000-2013-00685-01 (21089), de 29 de junio de 2017, Rad. 760012331000-2010-01447-01 (20951), de 15 de noviembre de 2017, Rad. 250002327000-2010-00277-01 (21042), y de 5 de abril de 2018, Rad. 760012331000-2011-01570-01 (21570), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre otras.

52 “ART. 365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...)  

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

53 ART. 365 del CGP. NUM. 5º: “[e]n caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.