Sentencia 2013-00374 de mayo 3 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Ref.: Nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 68001-23-33-000-2013-00374-01 (20727)

Demandante: César Ignacio Ariza González

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Temas: Impuesto de renta: año gravable 2008. Rechazo de costos: Operaciones simuladas. Carga de la prueba. Principio de favorabilidad en la sanción por inexactitud

Sentencia segunda instancia

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación, decide la Sala sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2008 presentada por César Ignacio Ariza González.

Para ello, la Sala debe establecer la realidad de los costos por valor de $ 48.095.604.400, que fueron rechazados por la administración.

Marco general.

El artículo 746 del estatuto tributario establece la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, al señalar que «Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija».

La Sala ha afirmado que la anterior disposición establece una presunción legal, en tanto el contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos(13).

Lo anterior implica que dicha presunción admite prueba en contrario y que la Administración, para asegurar el «efectivo cumplimiento de las normas sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del estatuto tributario(14).

Así pues, la carga probatoria de desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias corresponde en principio a la administración, aunque se traslada al contribuyente cuando la autoridad fiscal requiere de una comprobación especial o cuando la ley la exige(15).

Ahora bien, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto tributario exige que estén soportados en facturas o documentos equivalentes con el lleno de los requisitos establecidos en la legislación fiscal(16); sin embargo, esa norma no limita la facultad comprobatoria de la Administración(17) quien, como se mencionó, puede desvirtuar las transacciones constitutivas de costo o deducción y proceder a su rechazo.

En tal sentido, si bien el artículo 772 del estatuto tributario establece que los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor cuando se lleven en debida forma(18), el numeral 4 del artículo 774 ejusdem precisó que serán prueba suficiente, siempre y cuando no hayan sido desvirtuados «por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley».

Para ello, el artículo 742 ibídem estableció que la determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan probados en el expediente, por los medios de prueba señalados en la ley tributaria o en el Código de Procedimiento Civil, en tanto sean compatibles.

Entre las pruebas admisibles en materia tributaria están los indicios, que en términos del artículo 165 del Código General del Proceso(19) constituyen un medio de prueba, los cuales, acudiendo a una de las definiciones doctrinales existentes(20), fueron definidos por la Sala(21) como «la inferencia lógica a través de la cual de un hecho cierto y conocido se llega a conocer otro desconocido».

Como los indicios parten de la existencia de un hecho cierto o conocido denominado hecho indicador, el artículo 240 ejusdem(22) señala que el mismo debe estar debidamente probado en el proceso, lo cual exige su acreditación mediante otros medios de prueba. De igual forma, el artículo 242 ibídem prevé que los indicios deben ser apreciados en conjunto por el juez, «teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso».

En materia fiscal, los indicios son prueba en la medida en que su aplicación está supeditada a la falta de pruebas directas, cuya validez fue tratada por la Sala, al señalar(23):

«Requisitos para la validez probatoria de la prueba por indicios 

“Procesalmente, existen indicios con fines probatorios cuando la prueba de los hechos conocidos de los que se infieren aquellos, aparece completa y convincente en el proceso, como ocurre en el caso de autos.  

En ese sentido, la prueba de los hechos indicadores puede resultar de un conjunto diverso como testimonios, inspección, dictamen pericial, documentos y otros indicios, y, a su vez, un solo medio de prueba puede demostrar varios indicios si da cuenta de diversos hechos. Esos medios de prueba, a su vez, deben reunir las formalidades legales que les son propias. 

Así mismo, para la existencia de indicios, el hecho probado debe tener alguna conexión lógica necesaria o probable con el hecho que se investiga, de modo que del primero pueda predicarse alguna significación probatoria respecto del segundo.  

Síguese de ello que la mayor o menor fuerza probatoria del indicio depende del mayor o menor nexo lógico que tenga con el hecho desconocido que se pretende demostrar. De esta manera, el hecho probado debe tener tal significación probatoria respecto del hecho investigado, que puede advertirse una relación de causalidad entre uno y otro (...) 

Igualmente, su eficacia probatoria depende de la conducencia que debe tener respecto del hecho investigado, la cual es perfecta cuando otros medios probatorios lo ratifican; de la inexistencia de una falsa o aparente conexión entre el hecho indicador y el investigado, posibilidad que se garantiza cuando hay un número plural de indicios contingentes que conduzcan al mismo hecho; de la autenticidad del hecho indiciario de acuerdo con las pruebas de quien lo alega a su favor; de la certeza de la relación de causalidad entre el hecho o hechos indicadores y el investigado, la que claramente se refuerza en el contexto de los varios indicios contingentes, incluso con diferente fuerza inferencial, pero que concurran a indicar el mismo hecho y converjan a formar el convencimiento de juez en el mismo sentido; y de la existencia de pruebas que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al que ellos indican(24)». (Se subraya).

Además, la Sala precisó(25) que mediante indicios se puede determinar con certeza que el contribuyente simuló operaciones, lo cual desvirtúa la presunción de veracidad de la declaración tributaria e «invierte la carga de la prueba y por tanto correspondía al contribuyente demostrar en aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(26) que las operaciones con esos proveedores eran reales, lo que no sucedió», pues la actora «omitió demostrar la existencia real de las operaciones mercantiles cuestionadas, como era su deber».

Caso concreto.

El demandante manifestó que los actos administrativos acusados violaron el debido proceso y están viciados de falsa motivación, porque: i) los costos rechazados están debidamente soportados en la contabilidad y en los comprobantes que la conforman; ii) las operaciones realizadas con COONORTE no se pueden calificar de inexistentes o simuladas, pues no se realizaron las verificaciones pertinentes y, ii) el actor realizó las demás operaciones cuestionadas a través de su esposa, la señora Yasmín Lozada, y bajo ese supuesto se deben analizar los testimonios del proceso.

La Sala observa que durante la investigación administrativa adelantada al contribuyente, la Administración realizó diferentes verificaciones y cruces de información, de los cuales infirió la inexistencia de los costos declarados, entre las que se destacan los siguientes:

Verificaciones, Cooperativa Comercial Agropecuaria, COONORTE.

En relación con COONORTE se practicaron las visitas que se enuncian a continuación:

El 24 de noviembre de 2009, para establecer «la realidad económica, física y documental» de la Cooperativa Comercial Agropecuaria - COONORTE, identificada con NIT 900.151.778-3, en relación con las operaciones realizadas con el demandante, se realizó la visita de verificación en la Calle 2 Sur Nº 12-51 Etapa II Barrio Torcoroma de la ciudad de Cúcuta(27), de la cual se registró lo siguiente(28):

«fui atendido por la señora LILIANA TAVERA TAVERA (...) Manifestó que están viviendo desde el mes de diciembre de 2008 y que no tienen ningún vínculo con la COOPERATIVA COMERCIAL AGROPECUARIA. Informa la señora LILIANA que tiene conocimiento que anteriormente funcionaba un negocio en esta casa, pero no sabe de qué clase de negocio se trataba. Que durante este tiempo que están viviendo en esta propiedad varias veces se han efectuado visitas y llegan constantemente documentos, oficios o citaciones, las cuales se devuelven o no se reciben, ya que ellos no tienen nada que ver con la cooperativa». 

En el acta de visita del 26 de noviembre de 2009(29), realizada en la carrera 25 Nº 17-14 del barrio San Francisco de la ciudad de Bucaramanga(30), se registró que «se encuentra una casa de habitación, quien atiende la visita informa que vive en esta casa desde hace 8 años y nunca ha funcionado ningún establecimiento comercial y desde hace 8 días abrieron una miscelánea en el garaje (...) No tiene conocimiento de la Cooperativa Agropecuaria Coonorte».

No obstante, el 24 de junio de 2010, la Administración realizó la verificación respectiva en la dirección señalada en el RUT, que corresponde a la misma registrada en el Certificado de Existencia y Representación de la cooperativa(31), registrando en el acta de inspección, verificación o cruce(32), lo siguiente:

«Se realizó visita de verificación a la dirección reportada el en el Rut, encontrando una casa aparentemente de residencia, allí estaba una señora que dijo ser empleada de servicio, pero que no sabía que funcionaba en ese sitio ni quiénes eran los dueños o residentes, que ella solo hacía el aseo por días. 

Se preguntó en las casas aledañas y nadie dio razón de los residentes de esa casa. 

Se llamó a los teléfonos reportados en el Rut 5921827-3162327874 y no contestaba nadie. 

Se volvió en dos ocasiones más en horarios diferentes y no fue posible obtener información alguna. 

Se tomaron registros fotográficos de la vista en donde se observaron las condiciones en que se encontraba dicha empresa (casa) con cajas y paquetes no identificados». 

La Sala considera que las verificaciones señaladas permiten establecer que la cooperativa no funcionó en las direcciones reportadas en el RUT(33) y en las facturas que expidió, pues correspondían a «casas de habitación» y las personas que allí residían manifestaron que tampoco la conocían.

Así mismo, con fundamento en la información exógena reportada por terceros(34), la Administración determinó que la cooperativa «no realizó las compras necesarias que permitan validar las operaciones de venta efectuadas al contribuyente (...)», y que «fue proveedora de personas naturales, sociedades de comercialización y personas jurídicas entre las cuales no aparece registrado el señor CÉSAR IGNACIO ARIZA GONZÁLEZ».

Por las razones referidas, en la liquidación oficial de revisión(35) la administración negó la inspección a los libros de contabilidad de COONORTE pedida en la respuesta al requerimiento especial(36), decisión que, por lo demás, no fue cuestionada por el actor en el recurso de reconsideración(37).

Además de los indicios señalados, la Sala observa que entre los productos referidos en las facturas expedidas por COONORTE se encuentran «Pajuelas semen de bobino congelado(38)» y «Embriones de bovino congelado(39)», lo cual no concuerda con las actividades agrícolas que desarrolla COONORTE en su objeto social(40), ni con las actividades principal(41) y secundaria(42) registradas en el RUT(43) de la cooperativa.

Igualmente, se evidencia que las declaraciones de exportación, manifiestos de carga, cartas de porte internacional por carretera, certificados zoosanitarios para la exportación y demás documentos allegados al proceso(44), no acreditan la realización de operaciones o transacciones entre el actor y COONORTE, pues no muestran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente ocurrieron.

En esas condiciones, los indicios señalados partieron de hechos debidamente probados en el expediente y su valoración en conjunto, bajo las reglas de la sana crítica, que permiten establecer que el contribuyente simuló las operaciones constitutivas de los costos rechazados, con lo cual se desvirtuó la presunción de veracidad de los datos registrados en su declaración privada y se trasladó la carga de demostrar que las transacciones con los proveedores eran reales.

Al respecto, la Sala echa de menos la actividad probatoria del actor tendiente a desvirtuar el resultado de las verificaciones adelantadas y a demostrar que los costos en que supuestamente incurrió eran reales, pues se limitó a argumentar que los declarados estaban soportados en facturas con el lleno de los requisitos exigidos, que como no se verificó la contabilidad de COONORTE no era posible establecer la inexistencia de las transacciones con esa cooperativa y que de los testimonios del proceso se podía establecer que realizó las transacciones cuestionadas por conducto de su esposa.

Testimonios.

Mediante los requerimientos ordinarios 042382009000166 del 11 de junio de 2009(45) y 042382009000166 del 10 de julio de 2009(46) la Administración solicitó al contribuyente copia de la información contable de las operaciones realizadas en el año gravable 2008(47).

En relación con las operaciones relacionadas en los registros contables del contribuyente, la DIAN practicó las declaraciones juramentadas o testimonios que se relacionan a continuación:

NombreTestimonioRechazo
Mireya Sánchez Calderón(48) (auto de verificación o cruce 042382009000614 del 24/11/2009(49)).Actividad laboral año 2008: Secretaria.
«...a César Ignacio Ariza le vendí también en canal, el ganado era sacrificado en el frigorífico pero no me acuerdo cuánto pagué por el sacrificio (...) ¿Qué cantidad le vendió a César Ignacio? (...) Por unidades de cabeza no recuerdo pero el monto fue de 240.000.000 aproximadamente (...)»
$ 294.584.000
Fernando Alirio Duarte Sánchez(50) (auto de verificación o cruce 042382009000612 del 23/11/2009(51)).Actividad: comercialización de ganado en pie y carne de canal.
«...con quienes realizaba las transacciones? (...) En el año 2008 con los que más tuve transacciones de ganado en pie fue con (...) Jairo Blanco ellos me compraban en volumen (...) Conoce al Señor César Ignacio García: (...) No señora. (...) Conoce a la Señora Yazmín Lozada Ulloa (...) Si señora, la conozco porque era la secretaria de Jairo Blanco (...) Tuvo algún tipo de transacciones comerciales en el año 2008 referente a la compra de o venta de ganado o carne de canal con alguna de las dos personas citadas anteriormente? (...) Yo le vendía a la oficina de Jairo Blanco después de tres o cuatro días de sacrificado el ganado la secretaria Yazmín Lozada me decía a quién debía declararle ese ganado porque esa persona era la que comercializaba, pero a mi me pagaba Jairo Blanco (...)».
$ 45.500.000
Alberto Blanco León(52) (auto de verificación o cruce 042382009000613 del 23/11/2009(53))Actividad: Compra de ganado y venta de carne.
«Conoce al señor César Ignacio Ariza? (...) No lo conozco. (...) Conoce a la señora Yazmín Lozada Ulloa? (...) Si la conozco porque era secretaria de Jairo Blanco y a veces yo le compraba ganado a Jairo Blanco pero yo a la señora Yazmín no le compre nada ni al señor ese (...) Tuvo algún tipo de transacciones comerciales en el año 2008 referente a compra o venta de ganado o carne en canal con alguna de las personas citadas anteriormente? (...) Ninguna, yo con Yazmín Lozada en septiembre del año pasado no la veía y con César nunca porque con ese señor nunca he cruzado una palabra, la verdad es que ella se sacó esa información de cédulas cuando ella trabajaba como secretaria del Señor Jairo Blanco, yo hice transacciones pero con Jairo Blanco (...) Qué soportes tiene de las transacciones realizadas en el año 2008? (...) no tengo (...) Desea aclarar, corregir o agregar algo a lo manifestado en esta diligencia (...) Nunca he tenido negociaciones con Yasmín y César y no tengo que estar reportado por medio de ellos».
$ 39.648.000

Cristian Fabián Riveros Rueda(54) (auto de verificación o cruce 042382009000197 del 18/11/2009(55)).Actividad: Mensajero.
«no conoce al señor CÉSAR IGNACIO ARIZA GONZÁLEZ (...). Se le preguntó si tuvo relaciones con el señor ARIZA GONZÁLEZ, a lo cual manifestó que No tuvo relaciones comerciales ni efectuó transacciones con el señor ARIZA GONZÁLEZ, ya que no tiene actividades comerciales, sólo me dedico a la mensajería, pudo ocurrir que a través mío se efectuaran depósitos (consignaciones) o se realizara cambios de cheques a nombre de ese señor, ya que en la empresa ese es mi trabajo, servicio de mensajería. Dejo claro que no conozco el señor ARIZA GONZÁLEZ y si aparecen registros de él conmigo, obedece sólo al servicio de mensajería que presto».
$ 84.204.992
José Eduardo Galezo Ramírez(56) (auto de verificación o cruce 072382009000196 del 18/11/2009(57)).Actividad: Sin ocupación actual.
«No conoce al señor CÉSAR IGNACIO ARIZA GONZÁLEZ y mucho menos realizó operaciones económicas con el mismo. Que es una persona de 46 años de edad, de estado civil soltero, sin ocupación actual».
$ 63.895.004

Sobre la señora Mireya Sánchez Calderón, en el acta de inspección tributaria culminada el 31 de enero de 2011(58), la Administración señaló que: durante 10 años desempeñó el cargo de secretaria, fue compañera de la esposa del contribuyente, labora en Guarguaty Patiño (empresa registrada como proveedor del actor), no tenía inventario de reses (ganado), los pagos por las operaciones con el actor se realizaron mediante cheque o en efectivo, lo que resulta inconsistente en una persona que realiza las tareas descritas(59) y, su firma no coincide con las de los comprobantes de egreso.

En el caso de las transacciones con Alberto Blanco León ($ 39.648.000) y Fernando Alirio Duarte ($ 45.500.000), la Sala observa que los testimonios practicados constituyen indicios que dan cuenta de lo siguiente:

• Los proveedores no conocían al contribuyente César Ignacio Ariza González y, por lo tanto, no podían realizar operaciones con el contribuyente;

• Los señores Alberto Blanco León y Fernando Alirio Duarte realizaron transacciones con el señor Jairo Blanco;

• La secretaria del señor Jairo Blanco era Yasmín Lozada Ulloa, esposa del contribuyente.

Lo anterior permite inferir que los proveedores señalados no realizaron transacciones con el contribuyente, y que conocían a la señora Yasmín Lozada Ulloa (esposa del actor), no porque actuara como mandataria del contribuyente, sino porque era secretaria del señor Jairo Blanco, con quien realizaron operaciones durante el año 2008.

De los testimonios de José Eduardo Galezo Ramírez y Cristian Fabián Riveros Rueda, con quienes el actor afirmó haber realizado operaciones por valor de $ 63.895.004 y $ 84.204.992, respectivamente, se evidencia que, además de que negaron la realización de tales transacciones, no son comerciantes de ganado ni desarrollan actividades afines, pues el primero es mensajero y el segundo dijo no tener ocupación.

En relación con el testimonio de la señora Mireya Sánchez Calderón, si bien manifestó que conocía y que había realizado operaciones con el actor, no aportó los documentos que soportaran sus afirmaciones; además, en razón de su ocupación y demás aspectos cuestionados por la Administración, no se puede afirmar que tuviera capacidad económica para realizar transacciones por valor de $ 294.584.000.

Por lo anterior, la Sala considera que la Administración fundó la decisión de rechazar los costos referidos en una serie de indicios debidamente comprobados, mediante los cuales estableció que algunos de los proveedores señalados no tuvieron vínculo comercial con el actor, otros no lo conocían(60) y otros no tenían capacidad económica para realizar transacciones por los montos registrados.

En esas condiciones, la Sala advierte que no existe falsa motivación y no se violó el debido proceso del demandante, porque los actos administrativos se fundaron en indicios debidamente acreditados que no fueron desvirtuados por el contribuyente, a quien le asistía la carga de la prueba, de los cuales se pudo establecer la inexistencia o simulación de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.

Sanción por inexactitud. Reiteración jurisprudencial(61).

El artículo 647 del estatuto tributario establece que, procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente.

En este caso, en la demanda se alegó que no se dieron los presupuestos previstos en el artículo 647 del estatuto tributario, pero la Sala considera que es procedente la sanción, porque el actor incluyó en su declaración datos equivocados de los cuales se derivó un menor valor a pagar, lo que constituye inexactitud sancionable.

Ahora bien, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(62), que modificó el artículo 640 del estatuto tributario, se estableció en el parágrafo 5 que «el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior».

Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del estatuto tributario(63), fue modificada por la Ley 1819 de 2016(64), al establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el contribuyente.

En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia apelada, en el sentido declarar la nulidad parcial de los actos demandados, solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, conforme con lo expuesto en esta providencia.

En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto de renta del año gravable 2008, para recalcular la sanción por inexactitud y el total saldo a pagar, así:

Mayor valor a pagar(65) $ 15.868.115.000

Tarifa 100%

Sanción por inexactitud $ 15.868.115.000

Concepto

Liquidación privadaLiquidación oficial de revisiónLiquidación C de E.
Total ingresos netos$ 51.930.780.000$ 51.930.780.000$ 51.930.780.000
Costo de venta$ 50.925.548.000$ 2.829.944.000$ 2.829.944.000
Total costos$ 50.925.548.000$ 2.829.944.000$ 2.829.944.000
Total deducciones$ 571.386.000$ 571.386.000$ 571.386.000
Renta líquida gravable$ 433.846.000$ 48.529.450.000$ 48.529.450.000
Impuesto sobre la renta$ 134.143.000$ 16.002.258.000$ 16.002.258.000
Impuesto neto de renta$ 134.143.000$ 16.002.258.000$ 16.002.258.000
Total impuesto a cargo$ 134.143.000$ 16.002.258.000$ 16.002.258.000
Anticipo por el año gravable$ 604.000$ 604.000$ 604.000
Total retenciones$ 3.903.000$ 3.903.000$ 3.903.000
Anticipo por el año gravable siguiente$ 30.237.000$ 30.237.000$ 30.237.000
Saldo a pagar por impuesto$ 159.873.000$ 16.027.988.000$ 16.027.988.000
Sanciones$ 522.000$ 25.388.984.000$ 15.868.637.000(66)
Total saldo a pagar$ 160.395.000$ 41.416.972.000$ 31.896.625.000

De otra parte, la Sala observa que, con fundamento en el artículo 188 del C.P.A.C.A., el Tribunal condenó en costas y agencias en derecho al actor; sin embargo, como esa decisión no fue apelada, la Sala la mantendrá.

No condenará en costas en segunda instancia porque el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso(67) establece que «Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación(68)» y en el expediente no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia del 7 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, se dispone:

i) ANÚLANSE parcialmente la liquidación oficial de revisión 042412011000055 del 1º de noviembre de 2011, proferida por el jefe de la división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y su confirmatoria, la Resolución 900243 del 6 de noviembre de 2012, emitida por la subdirectora de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN.

ii) A título de restablecimiento del derecho, FÍJASE como total saldo a pagar a cargo del contribuyente César Ignacio Ariza González, por concepto del impuesto sobre la renta del año gravable 2008, la suma de treinta y un mil ochocientos noventa y seis millones seiscientos veinticinco mil pesos M/CTE ($ 31.896.625.000), de acuerdo con la liquidación contenida en la parte motiva de esta providencia.

2. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

4. RECONÓCESE personería a la abogada Miryam Rojas Corredor como apoderada de la entidad demandada, en los términos del poder visible en el folio 302 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Milton Chaves García, Presidente de la Sección—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».

13 Entre otras, sentencias del 1º de marzo de 2012, Exp. 17568, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 7 de mayo de 2015, Exp. 20580, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 13 de agosto de 2015, Exp. 20822, C.P. Martha Teresa Ortiz de Rodríguez y del 25 de octubre de 2017, Exp. 20762, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

14 E.T. «ART. 684.—Facultades de fiscalización e investigación. La administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá:

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.  

b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.  

c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.  

d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.

e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.

f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación (...)». 

15 Artículo 746 del E.T.

16 Literales b), c), d), e), f), y g) del artículo 617 y artículo 618 del estatuto tributario.

17 Sentencia del 19 de marzo de 2016, Exp. 21185, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

18 Artículo 774 del estatuto tributario.

19 CGP «ART. 165.—Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales».

20 Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá 2002, pág. 563.

21 Sentencia del 13 de agosto de 2015, Exp. 20822, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

22 CGP «ART. 240.—Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso».

23 Sentencia de 12 de octubre de 2015, Exp. 1999, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

24 La anterior jurisprudencia fue puesta de presente por la Sala en sentencia del 29 de junio de 2017, Exp. 21332, C.P. Milton Chaves García.

25 Ibídem 19.

26 Artículo 167 del CGP.

27 Dirección informada en el RUT, fl. 306 del cdno. anexos.

28 Informe final de verificación o cruce del 25 de noviembre de 2009. Fls. 245 y 246 del cdno. anexos.

29 Fl. 261 del cdno. anexos.

30 Dirección de las facturas. Fls. 112 y ss., del cdno. anexos.

31 Fls. 321 a 327 del cdno. anexos.

32 Fl. 381 del cdno. anexos.

33 No modificado durante el año gravable 2008, sometido a discusión.

34 Fls. 390 a 393 del cdno. anexos.

35 Vto. Fl. 363 del cdno. ppal.

36 Fl. 24 del cdno. ppal.

37 Fls. 370 a 377 del cdno. ppal.

38 Fls. 172, 174, 181 y 182 del cdno. ppal.

39 Fl. 175 del cdno. ppal.

40 «ORGANIZAR E INCREMENTAR A FAVOR DE SUS ASOCIADOS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE SUS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PROPENDIENDO POR MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS ASOCIADOS REGULACIÓN DE PRECIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A TRAVÉS DE LA AYUDA MUTUA Y DE LA SOLIDARIDAD DE LOS ASOCIADOS, ESTABLECER SERVICIOS ASISTENCIALES QUE ATIENDAN SUS NECESIDADES», Fls. 283 a 289 del cdno. ppal.

41 D. 1607/2002. 5121 Empresas dedicadas al comercio al por mayor de materias primas productos agrícolas, excepto café y flores hace referencia solamente al almacenamiento y/o venta al mayoreo de semillas forrajes.

42 D. 1607/2002. 5122 01 Empresas dedicadas al comercio al por mayor de café pergamino.

43 Fl. 306 del cdno. ppal.

44 Fls. 194 a 237 del cdno. ppal.

45 Citados por el actor en el folio 27 del cdno. ppal.

46 Citado por el actor en el folio 32 vto. del cdno. ppal.

47 Auxiliar proveedores, auxiliar clientes, balance de comprobación a diciembre, libros mayor y balances, saldo del inventario final a 31 de diciembre, inventario de productos gravados y no gravados, sistemas de facturación, software utilizados por la empresa, informes de revisor fiscal, sistema para establecer el costo de los activos enajenados y método de valuación de los inventarios, cuadro de pérdidas y compensación por pérdidas acumuladas, sistema de depreciación y métodos de provisión de cartera utilizados en el año 2008 y activos a los cuales se realizó reajuste fiscal.

48 Fls. 236 y 237 del cdno. anexos.

49 Fl. 257 del cdno. anexos.

50 Fls. 238 y 239 del cdno. anexos.

51 Fl. 253 del cdno. anexos.

52 Fls. 243 y 244 del cdno. anexos.

53 Fl. 294 del cdno. ppal.

54 Fls. 247 y 248 del cdno. anexos.

55 Fl. 366 del cdno. anexos.

56 Fls. 249 y 250 del cdno. anexos.

57 Fl. 344 del cdno. anexos.

58 Fl. 419 del cdno. anexos.

59 Devengando sueldo como secretaria, sin contar con la capacidad económica para realizar transacciones de altos montos.

60 El artículo 787 del estatuto tributario establece que, «Cuando el contribuyente ha solicitado en su declaración de renta y complementarios la aceptación de costos, deducciones, exenciones especiales o pasivos, cumpliendo todos los requisitos legales, si el tercero beneficiado con los pagos o acreencias respectivas niega el hecho, el contribuyente está obligado a informar sobre todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar referentes al mismo, a fin de que las oficinas de impuestos prosigan la investigación». (Se subraya).

61 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencias del 20 de febrero de 2017, Exp. 20623, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E) y 9 de marzo de 2017, Exp. 19823, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

62 «Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones».

63 E.T. «ART. 647.—Sanción por inexactitud. (...) La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente».

64 Artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 648 del E.T.

65 Diferencia entre el saldo a pagar por impuesto ($ 159.873.000) y el saldo a pagar determinado ($ 16.027.988.000).

66 Este valor incluye la sanción de $ 522.000, registrada en la liquidación privada.

67 Ley 1564 de 2012.

68 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.