Sentencia 2013-00380/21262 de septiembre 25 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 66001-23-33-000-2013-00380-01 (21262)

Demandante: José Javier Quiceno Ruiz

Demandado: U.A.E. DIAN

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Impuesto sobre la renta y complementarios - año gravable 2008.

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala establece si se ajusta a la legalidad el acto por el cual la DIAN modificó a la actora la declaración de renta por el año gravable 2008. En concreto, determinar si proceden: (i) el rechazo del saldo a favor sin solicitud de devolución del año inmediatamente anterior, por valor de $ 30.626.000, (ii) la adición de ingresos por la enajenación del bien inmueble por la suma de $ 800.000, gravados como ganancia ocasional, (iii) la exclusión de ingresos por $ 24.900.000 por obedecer a un error aritmético y, (iii)(sic) la sanción por inexactitud determinada.

Para resolver, la Sala precisa lo siguiente:

En cuanto a la presunta afectación que sufrió el contribuyente debido a la negativa del Juzgado Quinto Administrativo de Pereira en Descongestión, de acumular los procesos en los que se discutió la legalidad de las liquidaciones oficiales de revisión, que modificaron las declaraciones de renta de los años 1998 a 2008, la Sala advierte que este argumento no fue controvertido en la demanda sino hasta el recurso de apelación, por lo que no habrá lugar a un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

Por lo demás, la decisión de no acumulación de dichos procesos fue adoptada por el juez administrativo en otro proceso diferente al que es objeto de estudio y contra dicha providencia procedía el recurso de reposición.

Del rechazo del saldo a favor sin solicitud de devolución del año gravable anterior.

La actora sostiene que la DIAN desconoció el saldo a favor consignado en la declaración del impuesto de renta del año 2008, que proviene del arrastre de los saldos a favor de los años 1998 a 2007. En consecuencia, estima que violó el artículo 856 del Estatuto Tributario, por cuanto no realizó el procedimiento previsto en dicha norma para efectos de la verificación de la solicitud del saldo a favor y expidió el auto de suspensión de términos sin justificación alguna.

En el presente caso, se encuentran probados los siguientes hechos:

— El 22 de septiembre de 2010, José Javier Quiceno Ruíz presentó la declaración de renta del año gravable 2008, en la que incluyó el saldo a favor del año anterior por valor de $ 30.626.000, el cual no había sido objeto de solicitud de devolución y liquidó una sanción por extemporaneidad por $ 246.000. Como consecuencia de lo anterior, la declaración de renta del año 2008 le arrojó un valor a pagar de $ 0 y un saldo a favor de $ 30.368.000(18), que fue solicitado en devolución mediante escrito radicado el 16 de febrero de 2011(19).

— La DIAN inició investigación y profirió el requerimiento ordinario 162382011000185 de 6 de mayo de 2011, en el que solicitó al demandante información sobre la declaración de renta del año 2008(20).

— En la declaración del impuesto de renta del año 2007, el demandante liquidó un saldo a favor de $ 30.626.000. Sin embargo, mediante liquidación oficial de revisión 162412012000018 de 13 de marzo de 2012, la DIAN modificó la declaración privada en el sentido de rechazar las deducciones por inversiones en activos fijos por $ 22.052.000, liquidar una sanción por extemporaneidad de $ 5.474.000, una sanción por inexactitud de $ 50.706.000 y un impuesto a cargo de $ 819.000, para un total a pagar de $ 56.999.000(21).

— El 26 de agosto de 2011, la DIAN expidió el requerimiento especial 162382011000059, en el que propuso modificar la declaración de renta del año 2008, en el sentido de adicionar ingresos por valor de $ 800.000 por concepto de la enajenación de un bien inmueble, desconocer el saldo a favor imputado de $ 30.626.000, proveniente de la declaración de renta del año 2007, cuyo valor se originó por la imputación sucesiva de saldos a favor realizada desde la declaración privada del año gravable 1998. A su vez, determinar sanción por extemporaneidad de $ 3.758.000 y sanción por inexactitud de $ 58.232.000(22).

— El 30 de noviembre de 2011, el demandante dio respuesta al requerimiento especial y se opuso a las modificaciones propuestas por la administración, porque a su juicio, el acto adolece de un error aritmético, se vulnera el debido proceso al plantearse una doble sanción (extemporaneidad e inexactitud) y, además, sostuvo que la enajenación patrimonial no constituye un ingreso(23).

— El 14 de marzo de 2012, la DIAN profirió la liquidación oficial de revisión 162412012000024, en la que modificó la declaración de renta del año gravable 2008 en los términos expuestos en el requerimiento especial(24).

De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala observa que la administración tributaria ejerció la facultad de investigación y fiscalización para efectos de establecer la procedencia de la solicitud de devolución del saldo a favor liquidado en la declaración del impuesto de renta del año 2008, de lo cual se derivaron los procesos de determinación del impuesto y el sancionatorio por no allegar la información requerida por la administración.

En este caso, el demandante, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó como pretensión la nulidad de la liquidación oficial de revisión 162412012000024 de 14 de marzo de 2012, por medio de la cual la DIAN modificó la declaración de renta del año gravable 2008. Por lo tanto, la Sala realizará el estudio de legalidad solo en relación con este acto administrativo.

En el presente asunto, de acuerdo con los antecedentes señalados por las partes y los documentos que obran en el expediente, el demandante en septiembre de 2010 presentó sus declaraciones del impuesto sobre la renta de los años 1998 a 2008, así:

Año gravableFecha presentación de la declaraciónSaldo a favor sin solicitud de devolución y/o compensaciónSaldo a favor liquidado por el contribuyente
199822 de septiembre de 2010$ 0$ 1.618.000
199922 de septiembre de 2010$ 1.618.000$ 3.723.000
200011 de noviembre de 2010$ 3.723.000$ 6.164.000
200122 de septiembre de 2010$ 6.164.000$ 9.014.000
200222 de septiembre de 2010$ 9.014.000$ 12.032.000
200311 de noviembre de 2010$ 0$ 15.441.000
200422 de septiembre de 2010$ 15.441.000$ 18.857.000
200522 de septiembre de 2010$ 18.857.000$ 22.429.000
200622 de septiembre de 2010$ 22.429.000$ 26.433.000
200722 de septiembre de 2010$ 26.433.000$ 30.626.000
200822 de septiembre de 2010$ 30.626.000$ 30.368.000

Y con relación a cada una de estas declaraciones privadas, la DIAN inició el proceso de fiscalización de determinación oficial y profirió las liquidaciones de revisión(25).

Ahora bien, en la liquidación oficial de revisión 162412012000018 del 13 de marzo de 2012, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año 2007 a cargo del actor y rechazó el saldo a favor consignado por el contribuyente por la suma de $ 30.626.000. Frente a esta decisión el demandante no presentó recurso de reconsideración, sino que interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento directamente ante esta jurisdicción, de conformidad con el parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario.

Del referido proceso conoció el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Pereira que, mediante sentencia de 31 de octubre de 2013, negó las pretensiones de la demanda(26), decisión que fue confirmada por sentencia de 25 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, notificada por edicto desfijado el 6 de mayo de 2014(27).

En consideración a que la liquidación oficial de revisión que modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2007 es un acto administrativo cuya presunción de legalidad fue ratificada por sentencia ejecutoriada, su contenido goza de ejecutoria e inmutabilidad.

De acuerdo con lo anterior, la liquidación oficial de revisión 162412012000018 del 13 de marzo de 2012, que modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2007 se encuentra en firme, en razón a que no fue anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En este orden, la liquidación oficial de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2007 del señor Quiceno se presume legal(28), tiene plenos efectos y es de obligatorio cumplimiento(29). Por ende, este acto administrativo reemplazó la declaración privada presentada por el demandante para el ejercicio fiscal 2007 y, en consecuencia, el saldo a favor del año 2007 es cero (0), no existiendo saldo a favor susceptible de ser imputado al periodo siguiente, 2008.

Es así procedente, dentro del presente análisis, el rechazo que efectuó la DIAN en el acto demandado, en relación con la imputación del saldo a favor del año gravable 2007 que incorporó el contribuyente en la declaración de renta del año gravable 2008, en la glosa de “saldo a favor sin solicitud de devolución y/o compensación”.

Por último, la Sala no encuentra que la Administración Tributaria haya inobservado lo dispuesto en el artículo 856 del Estatuto Tributario, en razón a que adelantó el proceso de fiscalización con ocasión de la solicitud de devolución y ante la existencia de indicios de inexactitud en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2008 y ausencia de prueba que desvirtuara los mismos, con iguales consideraciones se justificó válidamente la expedición del auto de suspensión de términos dentro de la investigación adelantada por la parte demandada.

De la adición de ingresos por la enajenación del bien inmueble.

La Sala considera que la DIAN incluyó en la liquidación oficial de revisión un ingreso por la venta de un bien inmueble, que no corresponde a un ingreso ordinario, sino a una ganancia ocasional y que no debió ser adicionado por la Administración Tributaria, dada su mínima cuantía, como pasa a explicarse.

En el acto demandado, la DIAN adicionó ingresos por la suma de $ 800.000, por concepto de la venta de un bien inmueble en la Notaría 5 del Círculo de Pereira. Lo anterior, según la información exógena reportada por un tercero, el señor Fernando Chica Ríos, en su calidad de Notario, y que corrobora el demandante en las actuaciones desplegadas en este proceso.

La Sala precisa que la venta del inmueble sí generó un ingreso, según el siguiente análisis:

El artículo 26 del Estatuto Tributario establece que:

“ART. 26.—Los ingresos son base de la renta líquida. La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados […]”.

A su turno, el artículo 27 del Estatuto Tributario prevé que se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones.

Asimismo el artículo 27 (lit. c)) del Estatuto Tributario dispone que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente, salvo que el contribuyente opte por acogerse al sistema de ventas a plazos.

A su vez, el artículo 90 del Estatuto Tributario establece cómo se determina la renta bruta en la enajenación de activos, así:

“ART. 90.—Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos. La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo o activos enajenados.

[…].

El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en especie.

Se tiene por valor comercial el señalado por las parles, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al auto avalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto.

[…]”.

De acuerdo con la citada norma, la renta bruta proveniente de la enajenación de activos a cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo enajenado. El precio de la enajenación es el ingreso recibido por el enajenante y corresponde al valor comercial del bien realizado en dinero o en especie. Y el valor comercial es el señalado por las partes, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación.

En el caso concreto, la información exógena remitida por un tercero, permitió establecer la existencia indudable de la venta del bien inmueble que hizo el señor José Javier Quiceno Ruíz en el año 2008, mediante escritura pública en la Notaría 5 del Círculo de Pereira, lo cual implicó la transferencia de dominio del bien.

Dicha venta constituye un ingreso desde el punto de vista fiscal, pues genera incremento en el patrimonio para quien lo recibe y no está expresamente exento; aspecto diferente es que el ingreso por la venta del inmueble no le de base gravable al contribuyente para tributar por concepto de ganancias ocasionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los términos del artículo 314 del Estatuto Tributario, vigente en el año 2008, en concordancia con el artículo 241 ibídem, solo está gravada la ganancia ocasional cuando la base gravable es mayor a 1.090 UVT´s ($ 24.039.000)(30).

En consecuencia, no existía base gravable para tributar por concepto de ganancias ocasionales en relación con el activo fijo vendido por parte del demandante, dado que el valor de venta fue de $ 800.000. Adicionalmente, tampoco había lugar a incluir la venta como un ingreso, teniendo en cuenta la liquidación independiente que reviste el impuesto a las ganancias ocasionales.

De la exclusión de ingresos por $ 24.900.000 por obedecer a un error aritmético.

Ahora bien, el demandante alega que la DIAN incurrió en un error aritmético en la sumatoria del total de ingresos en la liquidación oficial de revisión, la cual modificó la declaración de renta del año 2008 presentada por el contribuyente, pues se aumentaron los ingresos a $ 24.900.000.

Frente a este punto, la Sala advierte que en la declaración privada el contribuyente liquidó como ingresos por concepto de honorarios, comisiones y servicios, la suma de $ 24.100.000 y otros ingresos por $ 24.100.000. Sin embargo, lo consignado en la casilla de total de ingresos recibidos no corresponde a la sumatoria de los valores antes mencionados, ya que consignó $ 24.100.000 y lo correcto era $ 48.200.000. En consecuencia, existe error en la declaración privada en cuanto a la sumatoria del total de ingresos recibidos por el contribuyente en el año 2008.

Por su parte, la DIAN en la liquidación oficial de revisión sumó en debida forma los valores de dichas glosas, esto es, ingresos por concepto de honorarios, comisiones y servicios por $ 24.100.000 y otros ingresos por $ 24.900.000(31), para un total de ingresos de $ 49.000.000. No obstante, como quedó precisado, si bien es cierto que los $ 800.000 por la venta de un inmueble corresponden a un ingreso, no se debían incluir en la casilla denominada “otros ingresos”, pues se reitera, las ganancias ocasionales se liquidan de forma independiente, diferente es que dicho monto no haya alcanzado a superar la base gravable mínima establecida para el año 2008, para efectos del impuesto por ganancias ocasionales.

En consecuencia, no existe el error aritmético al que alude el actor, pues la liquidación de revisión por parte de la Administración Tributaria se hizo de acuerdo con los criterios de dicha entidad y los valores que se incluyeron en las glosas mencionadas corresponden a las sumas que consideró debió el contribuyente declarar por el año 2008 y el total de ingresos corresponde a una operación matemática en la que no se encuentra ningún error.

De la sanción por inexactitud.

De acuerdo con el artículo 647 del Estatuto Tributario, procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen impuestos descontables inexistentes y, en general, cuando se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo del contribuyente o un mayor saldo a favor.

Frente a lo que constituye un dato falso, equivocado, incompleto o desfigurado, en la sentencia que declaró la exequibilidad del artículo 647 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional precisó lo siguiente(32):

“Las expresiones ‘falsos, equivocados, incompletos o desfigurados’ no tienen, prima facie, ninguna complejidad especial o particular. Son expresiones que en un contexto legal o cotidiano tienen usos y significados estandarizados. No se trata de expresiones vagas y ambiguas, que den un amplio margen de decisión a los operadores jurídicos. En el contexto de derecho tributario hacen referencia a situaciones en las que la información otorgada por los contribuyentes a la administración de impuestos, relacionada con su actividad económica, no coincide con la realidad, es decir cuando se da una información contraria a la realidad, que no la refleja completamente, o que la altera.

[…].

El contenido de este artículo se divide en dos partes: (i) En la primera indica específicamente a que corresponde la inexactitud sancionable y (ii) en la segunda parte establece una cláusula general, donde establece que también es sancionable la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados pero caracteriza este elemento indicando que estos deben traer por consecuencia la derivación de un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. De esta forma la determinación de lo que se entiende por dato falso, equivocado, incompleto o desfigurado, que causa la sanción tributaria establecida en el artículo 647, depende de su correspondencia a la realidad y la generación de un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable” (destaca la Sala).

En este caso, procede la sanción por inexactitud, pues está probado que se incluyó un saldo a favor proveniente del año inmediatamente anterior sin solicitud de devolución, el cual había sido rechazado por la Administración Tributaria mediante liquidación oficial de revisión, la cual como quedó precisado, se encuentra en firme.

El artículo 282 parágrafo 5º de la Ley 1819 de 2016 reconoció, expresamente, la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria(33).

Por su parte, los artículos 287 y 288 de la citada ley modificaron la sanción por inexactitud de las declaraciones tributarias en el siguiente sentido:

“ART. 287.—Modifíquese el artículo 647 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

“ART. 647.—Inexactitud en las declaraciones tributarias. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:

1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.

3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.

4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.

5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes.

6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar.

PAR. 1º—Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este Estatuto.

PAR. 2º—No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos””.

“ART. 288.—Modifíquese el artículo 648 del Estatuto Tributario el cual quedara así:

“ART. 248.—Sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio.

Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será:

1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes.

2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1º o de este artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5º del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.

3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5º del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.

4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente, en el caso de las declaraciones de monotributo.

PAR. 1º—La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1º del presente artículo se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los artículos 709 y 713 de este Estatuto.

PAR. 2º—La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1º de este artículo será aplicable a partir del periodo gravable 2018”” (destaca la Sala).

Así, de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción equivalente al 160%, procede reliquidar la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el determinado privadamente.

No es viable la reducción de la sanción a que se refiere el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, porque uno de los supuestos para dicha reducción, cuando la sanción es impuesta por la autoridad tributaria, es que esta sea aceptada y la infracción sea subsanada por el contribuyente, situación que no se presenta en esta oportunidad(34).

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se anulan parcialmente los actos demandados para determinar la sanción por inexactitud a la tarifa del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el fijado por el actor, según se precisó.

A título de restablecimiento del derecho, se tiene como liquidación la practicada por la Sala en los siguientes términos:

Impuesto sobre la renta - año 2008
ConceptoLiq. privadaL.O.R.C. de E.
Total gastos de nómina---
Aportes al sistema de seguridad social---
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación---
Total patrimonio bruto99.500.00099.500.00099.500.000
Deudas---
Total patrimonio líquido99.500.00099.500.00099.500.000
Salarios y demás pagos laborales---
Ingresos por honorarios, comisiones y servicios24.100.00024.100.00024.100.000
Intereses y rendimientos financieros---
Otros ingresos24.100.00024.900.00024.100.000
Total ingresos recibidos24.100.00049.000.00048.200.000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional---
Total ingresos netos24.100.00049.000.00048.200.000
Deducción inversiones activos fijos---
Otros costos y deducciones ---
Total costos y deducciones---
Renta líquida del ejercicio24.100.00049.000.00048.200.000
O pérdida líquida---
Compensación por exceso de renta presuntiva---
Renta líquida24.100.00049.000.00048.200.000
Renta presuntiva2.832.0002.832.0002.832.000
Rentas exentas---
Rentas gravables---
Renta líquida gravable24.100.00049.000.00048.200.000
Ingresos por ganancias ocasionales---
Costos y gastos ganancias gravables, exentas---
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas---
Ganancia ocasional gravable---
Impuesto sobre renta gravable12.0005.781.0005.557.000
Descuentos tributarios---
Impuesto neto de renta12.0005.781.0005.557.000
Impuesto de ganancias ocasionales---
Impuesto a cargo/impuesto generado por operaciones gravadas12.0005.781.0005.557.000
Anticipo por el año gravable---
Saldo a favor sin solicitud de devolución o compensación/saldo a favor periodo fiscal anterior30.626.00000
Total retenciones año gravable---
Anticipo por el año gravable siguiente---
Saldo a pagar por impuesto-5.781.0005.557.000
Sanciones
Saldo a pagar liquidación privada0
Saldo a pagar liquidación Consejo de Estado5.557.000
Base sanción por inexactitud5.557.000
Tarifa: Ley 1819/2017, art. 288100%
Sanción por inexactitud5.557.000
Sanción por extemporaneidad3.758.000
Total sanciones9.315.000
Total saldo a pagar (impuesto a cargo + sanciones)14.872.000

Condena en costas.

El Tribunal condenó en costas a la demandante y ordenó a la Secretaría la correspondiente liquidación.

En relación con la condena en costas, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

“7. Sí fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción” (destaca la Sala).

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), para la procedencia de la condena en costas contra la parte vencida en el proceso, es decir, la demandante, pues fue la parte vencida en el proceso. No obstante, la Sala ha precisado que estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación(35).

Revisado el expediente se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por tanto, no procede la condena en costas en segunda instancia.

En suma, la Sala revoca el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, anula parcialmente los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho tiene como liquidación del impuesto la practicada por la Sala.

En lo demás, confirma la sentencia apelada. Asimismo, niega la condena en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, quedará así:

“1. DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 162412012000024 de 14 de marzo de 2014, por la cual la DIAN modificó al actor la declaración de renta del año gravable 2008. A título de restablecimiento del derecho, TENER como liquidación del impuesto sobre la renta a cargo del actor por el año gravable 2008, la practicada por la Sala”.

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. No se condena en costas en esta instancia.

4. RECONOCER personería a Mauricio Alexander Dávila Valenzuela como apoderado de la DIAN, en los términos del poder que está en el folio 501 del cuaderno principal 2.

5. ACEPTAR la renuncia del poder de Mauricio Alexander Dávila Valenzuela(36) y RECONOCER personería a Tatiana Orozco Cuervo como apoderada de la DIAN, en los términos del poder que está en el folio 528 del cuaderno principal 2.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

18 Folio 302 (anverso), cdno. ppal. 1-1.

19 Folio 302, cdno. ppal. 1-1.

20 Folio 344, cdno. ppal. 1-1.

21 Folios 52 a 58, cdno. ppal. 1.

22 Folios 365 a 369, cdno. ppal. 1-1.

23 Folio 371, cdno. ppal. 1-1.

24 Folios 374 a 400, cdno. ppal. 1-1.

25 Folios 5 a 11, 52 a 58, 67 a 73, 82 a 88/, 97 a 103, 112 a 118, 127 a 134, 143 a 150, 166 a 173, 175 a 182 y 196 a 200, cdno. ppal. 1.

26 Proceso 66001-33-31-705-2013-00038-00.

27 Proceso 66001-33-31-705-2013-00038-01. Ver consulta de procesos en la página www.ramajudicial.gov.co.

28 Artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

29 Al no encontrarse dentro de ninguno de los supuestos del artículos 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para predicar su pérdida de ejecutoria.

30 UVT año 2008 corresponde a 22.054.

31 Glosa modificada por la liquidación oficial de revisión, en el sentido de que incluyó la suma de $ 800.000 por la venta de un bien inmueble de acuerdo con la información allegada por terceros.

32 Corte Constitucional, Sentencia C-571 de 2010.

33 Ley 1819 de 2016, articulo 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
“ART. 640.—Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.
[…].
PAR. 5º—El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

34 Ley 1819 de 2016. “ART. 282.—Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
“ART. 640.—Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.
[…].
Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:
3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.
4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.
[…]”.

35 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

36 Por escrito de 17 de abril de 2017 el doctor Dávila Valenzuela renunció al poder (fl. 523, cdno. ppal.). Además, se cumplieron los requisitos del artículo 76 del Código General del Proceso para la terminación del poder.