SENTENCIA 2013-00391/20911 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2016

 

Sentencia 2013-00391 de septiembre 22 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 680012333000201300391-01 (20911)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Grupo Dina Gas Natural Compresión, Válvulas y Bombas Limitada - Grupo Dina Ltda. (NIT. 804008479-5)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Sanción por no enviar información - 2007

Bogotá, D.C., veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala determina si, de acuerdo con el artículo 638 del Estatuto Tributario, la facultad sancionatoria de la DIAN había prescrito. De no ser así, si procede la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario y en qué términos.

La DIAN impuso a la actora la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario porque suministró extemporáneamente la información de que tratan los literales a), b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario(35). La última norma en mención autoriza al Director General de la DIAN para requerir información a las personas, sean contribuyentes o no, con el fin de realizar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, sin perjuicio de las facultades de fiscalización e investigación otorgadas a esa entidad.

En virtud de dicha autorización, el Director General de la DIAN expidió la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, por la cual estableció para el año gravable 2007, el grupo de obligados a suministrar la información a que se refieren los literales a), b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario. Asimismo, fijó el contenido y características técnicas para la presentación y plazos para la entrega de dicha información.

Según el literal a) del artículo 1º de la mencionada resolución, estaban obligados a presentar dicha información, las personas naturales, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, cuando los ingresos brutos del año gravable 2006, hubieran superado los mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000).

Conforme con el artículo 18 de la Resolución 12690 de 2007, el actor debía presentar la información exógena del año gravable 2007, hasta el 15 de abril de 2008, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su NIT(36).

Es un hecho aceptado por las partes que la demandante estaba obligada a suministrar la información exógena por el año gravable 2007, solicitada en la Resolución 12690 de 2007. Además, está probado que la actora no entregó la información dentro del plazo que tenía para el efecto(37), sino que lo hizo en las siguientes fechas:

FormatoFecha de presentaciónAño vigencia
1001(38)25-06-20102007
1002(39)25-05-20102007
1003(40)11-05-20102007
1005(41)15-05-20102007
1006(42)14-05-20102007
1007(43)15-05-20102007
1008(44)15-05-20102007
1009(45)27-05-20102007
1010(46)25-05-20102007
1011(47)15-05-20102007
1012(48)15-05-20102007

En consecuencia, incurrió en una de las infracciones sancionables del artículo 651 del Estatuto Tributario, que prevé lo siguiente:

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). Literal modificado por el artículo 55 de la Ley 6ª de 1992. El texto con los valores reajustados es el siguiente:> Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

[…]” (resalta la Sala).

Conforme con el primer inciso de la norma transcrita, las personas obligadas a suministrar información tributaria y aquellas a quienes la Administración les haya solicitado información o pruebas, pueden ser sancionadas si incurren en las siguientes conductas: i) cuando no suministran la información requerida en el plazo fijado para ello; ii) cuando presentan la información requerida pero el contenido tiene errores y iii) cuando entregan información distinta de la requerida.

El artículo 651 literal a) del Estatuto Tributario prevé que serán sancionados con multa hasta de 15.000 UVT quienes no suministren información dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, según los siguientes criterios:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

Sobre la prescripción de la facultada sancionatoria, el artículo 638 del Estatuto Tributario, dispone lo siguiente:

«ART. 638.—PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar». Resalta la Sala.

De acuerdo con la anterior disposición, cuando las sanciones son impuestas mediante resolución independiente, como en el presente caso, la DIAN previamente debe formular pliego de cargos, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas.

En sentencia de 21 de agosto de 2014, la Sala reiteró su criterio en el sentido de que para iniciar el conteo del término de los dos años para notificar el pliego de cargos, debe considerarse si la conducta sancionable está vinculada o no a un período fiscal determinado(49).

En efecto, en la citada sentencia, la Sala hizo las siguientes precisiones:

“3.3. En ese orden de ideas, el dies a quo debe contabilizarse a partir de la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del período gravable que corresponda al hecho sancionable, es decir:

a) Cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable, como sucede, por ejemplo, por la omisión de suministrar información exógena en el plazo establecido.

b) Cuando la conducta sancionable sí se vincula a un período fiscal específico, en tanto es producto, para citar un caso, de irregularidades en la contabilidad de un período determinado, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración de la vigencia fiscal investigada toda vez que de ella se deriva la conducta sancionable.

3.4. La finalidad del artículo 638 del Estatuto Tributario no es otra que otorgarle a la Administración tiempo suficiente para identificar, investigar, fiscalizar y sancionar las eventuales irregularidades u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables y de terceros.

La interpretación, que se reitera en esta sentencia, favorece la seguridad jurídica, principio que “apunta a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación”(50).

Así, en la referida sentencia se reiteró el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de tiempo atrás, según el cual, cuando se trata del incumplimiento del deber de suministrar información exógena, como en este caso, para contar el término de dos años que tiene la Administración para notificar el pliego de cargos, debe considerarse el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable y no la vigencia fiscal investigada(51).

Además, en sentencia de 7 de mayo de 2015 la Sala reiteró lo siguiente(52):

“Así, cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable.

Por el contrario, si la conducta sancionable se vincula a un período fiscal determinado, por ejemplo, en caso de irregularidades en la contabilidad, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración de la vigencia fiscal investigada, toda vez que de ella se deriva la conducta sancionable”.

Por lo anterior, en relación con la sanción por no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello, que es la que se analiza en el caso sub examine, el término de prescripción debe contarse a partir de la fecha en que el contribuyente presentó, o debía presentar, la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del año en el que venció el plazo fijado para cumplir dicha obligación formal.

En el caso sub examine, quedó demostrado que la demandante incumplió el deber de suministrar oportunamente información exógena, porque, como se precisó, debió entregar dicha información hasta el 15 de abril de 2008 y la entregó el 11, 14, 15, 25 y 25 de mayo y 25 de junio de 2010.

Lo anterior significa que el hecho irregular sancionable, consistente en no entregar la información exigida dentro de los plazos establecidos en la Resolución 12690 de 2007, ocurrió durante el año gravable 2008, por lo que, conforme con lo expuesto, el término de prescripción de la facultad sancionatoria debe contarse desde la fecha en la que la demandante presentó la declaración de renta por ese año gravable, esto es, desde el 28 de mayo de 2009.

Por ende, la Administración tenía hasta el 28 de mayo de 2011 para notificar el pliego de cargos. Como este acto se notificó por correo el 2 de febrero de 2011, no se configuró la prescripción de la facultad sancionatoria de la DIAN, como lo alega la demandante.

De otra parte, conforme con el pliego de cargos, la actora tenía un mes para dar respuesta a este acto, contado “a partir del día siguiente a la fecha de su notificación”. Como el pliego de cargos se notificó el 2 de febrero de 2011, el mes para darle respuesta vencía el 3 de marzo de 2011.

De acuerdo con el artículo 638 del Estatuto Tributario(53), la Administración debía notificar la resolución sanción hasta el 3 de septiembre de 2011. Y como la resolución sanción se notificó a la actora el 30 de agosto de 2011, fue oportuna, motivo por el cual no hubo prescripción de la facultad sancionatoria.

En relación con la procedencia de la sanción, la Sala advierte lo siguiente:

Como se precisó, antes de la notificación del pliego de cargos, la actora presentó a la DIAN toda la información que estaba obligado a suministrar, en los siguientes formatos(54):

1. Formato 1001, pagos o abonos en cuenta (E.T., art. 631, lit. e))

2. Formato 1002, retenciones en la fuente practicadas (E.T., art. 631, lit. b))

3. Formato 1003, retenciones en la fuente que le practicaron (E.T., art. 631, lit. c))

4. Formato 1005, impuesto sobre las ventas descontable (E.T., art. 631, lit. e))

5. Formato 1006, impuesto sobre las ventas generado (E.T., art. 631, lit. f))

6. Formato 1007, ingresos recibidos (E.T., art. 631, lit. f))

7. Formato 1008, cuentas por cobrar (E.T., art. 631, lit. i))

8. Formato 1009, cuentas por pagar (E.T., art. 631, lit. h))

9. Formato 1010, socios o accionistas (E.T., art. 631, lit. a))

10. Formato 1011, información de la declaración de renta del año gravable 2007 - Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas y costos y deducciones (E.T., art. 631, lit. k))

11. Formato 1012, información de la declaración de renta del año gravable 2007 - Saldos de las cuentas e inversiones (E.T., art. 631, lit. k))

Por Resolución 042412011000321 de 29 de agosto de 2009, la DIAN impuso a la actora una sanción por no informar de $ 314.610.000(55), correspondiente al 5% del valor de la información que esta había dejado de suministrar ($ 11.075.852.000). El citado valor se tomó de las sumas registradas en las declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente del año gravable 2007 y la sanción se determinó de la siguiente manera(56):

ConceptoValor
Información pagos o abonos en cuenta, costos y deducciones$ 4.246.666.000
Información de retenciones en la fuente practicadas$ 58.327.000
Información de retenciones que le fueron practicadas$ 12.536.000
Información del impuesto sobre las ventas descontable$ 22.854.000
Información del impuesto sobre las ventas generado$ 45.217.000
Información de los ingresos recibidos en el año$ 4.394.961.000
Información de los deudores de créditos activos a 31/12/2007$ 689.720.000
Información del saldo de los pasivos a 31/12/2007$ 1.026.174.000
Saldo a 31/12/2007 en caja del dinero en efectivo y/o cheques, cuentas corrientes y/o ahorros y otras inversiones$ 20.404.000
Valor patrimonial de los activos fijos$ 142.557.000
Información de los inventarios$ 129.286.000
Información de las acciones y aportes$ 200.150.000
Valor de Otros Activos$ 87.000.000
Total base$ 11.075.852.000
Tarifa literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario y Resolución 12087 de 20065%
Total sanción$ 553.792.600
Total sanción según límite establecido en el literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario (15.000 UVT)$ 314.610.000

Se advierte que la sanción de $ 314.610.000 se impuso por los mismos hechos propuestos en el pliego de cargos, esto es, por no presentar, en los plazos establecidos, la información de que tratan los literales a) b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 2º literal a) de la Resolución 12690 de 2007. Es decir, por haber presentado la información exógena en forma extemporánea.

Frente a la base de la sanción, la actora sostiene que la DIAN no debió tener en cuenta las sumas registradas en las declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente, sino los valores de la información entregada extemporáneamente. Además, alega que si la Administración desconocía el monto sobre el cual existía la obligación de informar, debió aplicar el 0,5% sobre los ingresos netos.

Al respecto, la Sala reitera que si el obligado no está conforme con la base de la sanción por no informar que le determina la Administración, debe probar, de acuerdo con la ley, la base correcta, sobre la cual procede dicha sanción(57).

En efecto, en un caso similar, la Sala precisó lo siguiente(58):

“En el caso en estudio, como se advirtió, la DIAN sancionó al actor por no enviar la información exógena del año gravable 2008, tomando como base el monto de la información de la declaración de renta del mismo año, pues los datos allí consignados se presumen veraces (E.T., art. 746). Y aunque el actor alegó que no estaba de acuerdo con la base de la sanción, no allegó las pruebas para justificar que dicha base no era la correcta, según la ley.

Por lo tanto, ante la ausencia de pruebas que desvirtuaran los valores consignados en la declaración de renta del año gravable 2008, era sobre estos que la Administración debía calcular la sanción”.

Como en el expediente no aparecen los montos de la información suministrada en los formatos entregados extemporáneamente a la DIAN, la base de la sanción debe aplicarse sobre los datos de las declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente de la vigencia fiscal 2007, como lo hizo la Administración. Lo anterior, porque la actora no probó que dicha base no era la correcta, de acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario.

En este orden de ideas, la sanción aplicable es la del artículo 651 literal a) del Estatuto Tributario, esto es, “hasta el 5%” del monto de la información que no se suministró y no hasta el 0.5% de los ingresos netos, pues, en este caso, fue posible establecer la base para liquidar la sanción.

De otra parte, el actor alegó que la infracción en que incurrió no generó perjuicio a la DIAN, por lo cual no procedería la sanción, pues finalmente entregó la información y no impidió la facultad de fiscalización de la DIAN.

Al respecto, la Sala reitera que la entrega tardía de la información genera un perjuicio a la DIAN en la medida en que obstaculiza o entorpece sus funciones de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones. Sin embargo, en este caso el perjuicio no puede medirse como si el actor nunca hubiera entregado la información, “porque mientras la falta de entrega veda en magnitud considerable la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega”(59).

Por ello, a pesar de que el actor incurrió en la infracción sancionable, se debe graduar la sanción en el 0,5% del monto de la información entregada, debido a que, suministró la información antes de la notificación del pliego de cargos, es decir, antes del inicio de la actuación administrativa, lo que denota que tuvo una actitud de colaboración con la Administración.

Así lo sostuvo la Sala en un caso similar, cuando afirmó lo siguiente(60):

“4.2. Ahora bien, aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de la misma inciden en las facultades de fiscalización y control, para la correcta determinación de los tributos y sanciones, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido(61).

4.3. Es así, porque mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

4.4. Este criterio temporal en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente, igualmente, la actitud colaboradora del contribuyente(62) para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información que le permite determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas, con el recaudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquellos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora.

4.5. En el caso en estudio, está probado que el actor no entregó en tiempo la información y antes de proferirse el pliego de cargos allegó la información correspondiente.

[…]

[…] si bien la DIAN no tomó en cuenta que la información fue presentada antes de que se profiriera el pliego de cargos para efectos de tasar la sanción, eso no implica que la actuación sea nula, porque la infracción no desapareció y lo que corresponde es su graduación.

4.7. En esas condiciones, como el demandante entregó la información antes de proferirse el pliego de cargos, la graduación de la sanción corresponde al 0.5%, como lo ha sostenido la Sala en casos similares(63)”.

Por lo anterior, la Sala gradúa la sanción y la fija en el 0,5% de la base que tuvo en cuenta la DIAN para imponer la sanción al actor ($ 11.075.852.000), comoquiera que no existen elementos de juicio para desvirtuar la base de la sanción. En consecuencia, la sanción que corresponde pagar al actor es de $ 55.379.000.

En consecuencia, se revoca el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, procede la nulidad parcial de los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho se impone al actor una sanción de $ 55.379.000.

En cuanto a la condena en costas, la Sala precisa lo siguiente:

En el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el Tribunal condenó a la demandante al pago de costas y agencias en derecho, correspondientes al 1% del valor de las pretensiones negadas, con fundamento en el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La condena en costas se halla prevista en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que consagra lo siguiente:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Por su parte, el artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes”.

Así pues, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(64):

La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365(65). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366(66), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Resalta la Sala.

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 5º del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012). Sin embargo, como lo ha precisado la Sala(67), esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Se advierte que una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas en ninguna de las dos instancias.

Lo anterior es suficiente para revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar, negar la condena en costas.

En suma, se anulan parcialmente los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho, se impone a la actora una sanción de $ 55.379.000. Asimismo, no se condena en costas en las dos instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone:

1. ANULÁNSE parcialmente las resoluciones 42412011000321 de 29 de agosto de 2011 y 900.222 de 25 de septiembre de 2012, por las cuales la DIAN impuso a la actora sanción por no enviar información.

A título de restablecimiento del derecho, se impone a la actora una sanción de $ 55.379.000.

2. No se condena en costas en las dos instancias.

RECONÓCESE personería a Juan Carlos Díaz García como apoderado de la DIAN, en los términos del poder que está en el folio 284.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.»

35 “ESTATUTO TRIBUTARIO, ARTÍCULO 631. PARA ESTUDIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la Administración de Impuestos, el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:

[…].

b. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades a quienes les practicó retención en la fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido.

c. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que les hubieren practicado retención en la fuente, concepto y valor de la retención y ciudad donde les fue practicada.

[…].

e. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea superior diez millones de pesos ($ 10.000.000); con indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable.

f. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso.

[…].

h. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole, con indicación de su valor.

i. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los deudores por concepto de créditos activos, con indicación del valor del crédito.

[…].

k. La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las declaraciones tributarias”.

36 El NIT del actor es 804008579-5.

37 El plazo para la entrega de dicha información venció el 15 de abril de 2008, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del actor son 79.

38 Folio 174.

39 Folio 175.

40 Folio 176.

41 Folio 177.

42 Folio 178.

43 Folio 179.

44 Folio 180.

45 Folio 181.

46 Folio 182.

47 Folio 183.

48 Folio 184.

49 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 20110.

50 Corte Constitucional, Sentencia T-284 de 1994.

51 Sentencias de 11 agosto de 2000, C.P. Daniel Manrique Guzmán, expediente 10156; de 17 de agosto de 2006, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, expediente 14790; de 8 de noviembre de 2007, C.P. Ligia López Díaz, expediente 15600; de 26 de noviembre de 2009, C.P. William Giraldo Giraldo, expediente 17435 y de 10 de julio de 2014, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 20161.

52 Expediente 20871, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

53 ART. 638.—Prescripción de la facultad para imponer sanciones.

[…] Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.

54 Folios 174 a 184.

55 La sanción máxima permitida para el año gravable 2007, según el límite establecido en el literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario (15.000 UVT).

56 Folio 26 a 32.

57 En similar sentido, ver sentencias de 9 de junio de 2000, expediente 10035, M.P. Delio Gómez Leyva y sentencia de 19 de febrero de 2015, expediente 20079, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

58 Sentencia de 6 de julio de 2016, expediente 21716, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

59 Sentencia de 3 de junio de 2015, expediente 20476, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

60 Sentencia de 14 de abril de 2016, expediente 20905, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

61 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 3 de junio de 2015, expediente 20476, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

62 La Circular 131 de 2005 incluyó la actividad de colaboración desplegada por el contribuyente, así sea en forma extemporánea, entre los criterios para graduar la sanción.

63 Sentencias de 22 de octubre de 2015, expediente 20394, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

64 Cfr. la Sentencia C-157 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción —por falta de demostración de los perjuicios—, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.

65 Se transcribe el artículo 365 del Código General del Proceso.

66 Se transcribe el artículo 366 del Código General del Proceso.

67 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, expediente 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.