Sentencia 2013-00402 de mayo 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Rad.: 11001-03-15-000-2013-00402-00(AC)

Actor: Jorge Humberto Gartner López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil trece.

Conoce la Sala, en primera instancia y a prevención, del recurso de amparo formulado por Jorge Humberto Gartner López en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta violación de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

El fundamento fáctico que da origen a la presentación de la acción constitucional, se condensa en los siguientes:

1. Hechos

1.1. Mediante providencia de 30 de junio de 2010, la autoridad jurisdiccional demandada declaró disciplinariamente responsable al actor Jorge Humberto Gartner López, en su condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, como autor a título de dolo de la falta gravísima prevista en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, al haber actuado como juez de la República a sabiendas de estar incurso en la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996. En consecuencia, le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

1.2. Indican los documentos obrantes en el plenario, que el demandante fue ordenado como Obispo de la Iglesia Católica Apostólica Tradicional con sede en Río de Janeiro (Brasil); que al momento de aceptar la ordenación era consciente de los límites establecidos en la Constitución y la ley frente al ejercicio del ministerio sacerdotal; sin embargo, sus actuaciones como ministro de esa comunidad religiosa encuentran respaldo y justificación en jurisprudencia de la Corte Constitucional y en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por Colombia. Por lo anterior, afirma el peticionario que el ejercicio del sacerdocio en nada incidió en el cumplimiento de sus labores como juez.

1.3. Dice el actor en el escrito, que en una oportunidad anterior instauró una acción de tutela por los mismos hechos que fue desatada “ilegalmente” por la propia Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia de 30 de noviembre de 2010, en tanto que el magistrado ponente de esa decisión hizo parte de la sala de discusión que aprobó la providencia disciplinaria. Así mismo decidió la manifestación de impedimento de los demás compañeros de la corporación.

1.4. Afirma que existe un hecho nuevo que justifica la interposición de nueva acción de tutela, que consiste básicamente en que a raíz de la demanda de inconstitucionalidad que cursa ante la Corte Constitucional frente a las normas que regulan las pensiones de las altas cortes, fue designado como conjuez el sacerdote jesuita Luis Fernando Álvarez S.J., para hacer parte de la Sala Plena de esa Corporación que debe pronunciarse sobre ese caso. Sostiene que este hecho demuestra que el ejercicio del ministerio en cualquier culto o credo religioso será causal de incompatibilidad, siempre y cuando se vulnere la imparcialidad, la objetividad, la moral, el orden público o se incurra en conflicto de intereses, lo cual no logró ser demostrado en su caso.

1.5. Indica que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instauró demanda por estos hechos, por violación de las disposiciones internas y de la Convención Interamericana o Pacto de San José, con radicación P-058-2010. También cursan ante dicha entidad, las medidas cautelares identificadas con la nomenclatura MC-164 de 2012, en razón a las diferentes incapacidades médicas que esa situación ha generado en su salud mental y la de su familia. Aduce que la comunidad religiosa a la cual pertenecía, representada por sus dirigentes, instauró denuncia ante la Corte Penal Internacional bajo el radicado OTP-CR-/13.

1.6. Se remite a los hechos y fundamentos de derecho esbozados en la primera acción de tutela, los cuales están referidos a demostrar la violación a los derechos fundamentales a la libertad de cultos, libertad religiosa, libertad de conciencia, dignidad humana, favorabilidad, trabajo, honra y libre desarrollo de la personalidad, con ocasión a la sanción disciplinaria que le fue impuesta.

2. La oposición

La autoridad jurisdiccional accionada, representada por el doctor Wilson Ruiz Orejuela en su condición de presidente, solicita que la tutela sea declarada improcedente.

En su exposición, el togado manifiesta que en efecto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoció en segundo grado del proceso disciplinario seguido en contra del doctor Jorge Humberto Gartner López en su condición de Juez Tercero Administrativo de Pereira. Comenta que dicha colegiatura profirió la decisión objeto de tutela mediante la cual: i) revocó parcialmente la sentencia absolutoria adoptada por el a quo; ii) confirmó el fallo absolutorio a favor del investigado respecto de la falta imputada en el pliego de cargos —deber previsto en el artículo 153, numeral 18 de la Ley 270 de 1996—; iii) declaró disciplinariamente responsable al disciplinado como autor a título de dolo de la falta gravísima prevista en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, al haber actuado como juez de la República a sabiendas de estar incurso en la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996 y le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

Afirma que la decisión adoptada por la Sala se sustentó en las probanzas allegadas en su oportunidad, encontrándose que el fallo fue proferido atendiendo los postulados que rigen las investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios judiciales, siendo con tal proceder garantista del derecho constitucional al debido proceso.

En tal sentido, sostiene que esa corporación absolvió al disciplinado del deber descrito en el artículo 153.18 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que le imponía dedicarse exclusivamente a la función judicial, porque no existía el material probatorio que permitiera estructurar el desconocimiento a tal disposición. No obstante, y en cuanto a la incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 ibídem y la falta gravísima prevista en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, el colegiado concluyó que la incompatibilidad estaba configurada por las razones que se consignaron en la providencia objeto de tutela, las cuales al efecto transcribe.

Expresa que el demandante acude de manera temeraria a la acción de tutela para obtener la revisión de una providencia judicial, la cual fue controvertida con anterioridad en instancia constitucional, por lo cual solicita que sea rechazada. Añade que la misma resulta improcedente por el incumplimiento del requisito de la inmediatez, en tanto que han transcurrido dos (2) años y ocho (8) meses para su interposición.

Se resuelve la acción de tutela previas las siguientes,

3. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia

La Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela formulada contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

3.2. Presentación del caso y problema jurídico

3.2.1. El actor solicitó el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso, que a su juicio fueron vulnerados por la autoridad jurisdiccional accionada en tanto le impuso la sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por diez años, como consecuencia de la incompatibilidad surgida entre el ejercicio de la judicatura y su designación como obispo de la Iglesia Católica Apostólica Tradicional.

En el escrito de tutela, el demandante concretamente expone: i) que contra la misma decisión judicial había intentado una acción de tutela, la cual a su juicio fue decidida de manera ilegal por el propio Consejo Superior de la Judicatura, en tanto que el magistrado ponente de la sentencia hacía parte del quórum deliberatorio que adoptó la providencia sancionatoria, y por demás de manera irregular, apartó del conocimiento de la tutela a sus demás colegas de Sala; ii) que existe un hecho nuevo que justifica la presentación de una nueva acción de tutela, como lo es el nombramiento de un sacerdote jesuita como conjuez de la Corte Constitucional, lo que a su juicio constituye una actuación discriminatoria que deja sin piso jurídico la sanción que le fue impuesta, como quiera que se demuestra que el ejercicio del ministerio en cualquier culto o credo religioso será causal de incompatibilidad, siempre y cuando se vulnere la imparcialidad, la objetividad, la moral, el orden público o se incurra en conflicto de intereses, lo cual no logró ser demostrado en su caso. Finalmente se remite a los hechos y a los fundamentos de derecho esbozados en la primera acción de tutela, la cual a su juicio aún no ha sido decidida.

3.2.2. La parte demandada en cabeza de su presidente, considera que la tutela es improcedente por dos razones fundamentales: i) por la existencia de una actuación temeraria del actor, quien había formulado un recurso de amparo por los mismos hechos y ii) por la falta de inmediatez en la formulación de la acción constitucional frente al acto jurisdiccional. En cuanto al fondo del asunto, el togado manifestó que en la providencia objeto de tutela se encontró que el hoy tutelante incurrió en la incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 ibídem y la falta gravísima prevista en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, al ejercer de manera concomitante la función de administrar justicia y el ministerio pastoral.

Siendo la tutela un mecanismo de protección subsidiaria y excepcional, deberá esta subsección determinar si existe temeridad por parte del actor y si es del caso, será necesario indagar si la interposición de la acción de protección ius fundamental resulta oportuna.

3.3. De la temeridad y de la cosa juzgada constitucional

Conforme lo establece el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria tiene lugar cuando sin motivo expresamente justificado, la acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, configuración que deviene en el rechazo o decisión desfavorable de todas las solicitudes, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

Al fijar el alcance de la citada disposición, la Corte Constitucional ha considerado que si uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, la aplicación de dicha figura no puede obedecer a un criterio severo, lo cual quiere decir que si bien tienen que concurrir los requisitos de identidad de partes, eadem causa petendi y pretensiones u objeto para que se configure una actuación temeraria, es necesario además que no exista una razón expresa o por vía de inferencia, que justifique el ejercicio de una nueva acción de tutela. No de otra manera, puede concluirse que se trata de una actuación temeraria que lesiona los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, así como también mandatos constitucionales como la buena fe, el no abuso de los derechos propios y el deber de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia.

Adicional a lo anterior, no puede pasarse por alto que cuando no se selecciona para revisión una sentencia de tutela, la consecuencia procesal es la ejecutoria formal y material de esa sentencia, con lo cual opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 241 num. 1º de la Carta). Así las cosas, la decisión de excluir una sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva, que impide reabrir un nuevo debate sobre lo decidido.

En el presente caso, es preciso indicar que el señor Gartner López en efecto, instauró con anterioridad una acción de tutela con el propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales a la libertad de cultos, libertad religiosa, libertad de conciencia, dignidad humana, favorabilidad, trabajo, honra y libre desarrollo de la personalidad, que hoy nuevamente y remitiéndose al escrito de amparo inicial, propugna porque sean protegidos por parte de esta corporación.

Dicha pretensión fue negada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca mediante fallo de 19 de agosto de 2010, siendo confirmado en su integridad por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la sentencia de 30 de noviembre del mismo año. De esta última providencia se destacan los siguientes argumentos:

1. Que no es labor del juez de tutela el de erigirse en instancia adicional a las ordinarias en el propósito de reabrir debates, ni el de servir de árbitro de criterios encontrados entre los jueces y las partes o los sujetos procesales de un determinado asunto. De allí que no sea ese el escenario propicio para efectuar un ataque sistemático a una decisión judicial, poniendo de presente su desacuerdo con lo decidido por el juez disciplinario en segunda instancia, cuyos argumentos ciertamente fueron materia de debate al interior del proceso.

2. Que el fallo cuestionado se sustenta en las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, respecto a al artículo 151.5 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en cuanto el mismo supone que el ejercicio de cargos como los ministerios de cualquier culto religioso, por razones obvias de conflicto de intereses y pérdida de objetividad, es incompatible con la función jurisdiccional.

3. No es posible asumir algún tipo de discriminación por tratarse, en el caso del actor, de una comunidad religiosa en particular, pues la norma en cuestión no distingue cultos, sino explícitamente considera incompatible con la función judicial el ministerio de “cualquier culto religioso”.

Dicha decisión de tutela, según el sistema de información de la página Web de la Corte Constitucional, goza de los atributos de la cosa juzgada, en tanto que se encuentra en firme y fue excluida de la revisión eventual mediante providencia de 11 de febrero de 2011(1), lo cual impide que la Sala reabra un nuevo debate sobre lo ya fue decidido frente a las garantías fundamentales antes aludidas.

Aunque el actor sostiene que la tutela fue desatada por un magistrado que se encontraba incurso en una causal de impedimento, considera la Sala que no está la instancia procesal para pronunciarse sobre este punto, pues era la propia acción constitucional inicial la que ofrecía la posibilidad de dar a conocer al togado, sin que ello implicara una recusación, que posiblemente se encontraba en una de las situaciones expresamente señaladas en la ley que le impedía conocer de ese asunto, lo cual deja entrever que ante tal omisión, el propio interesado no encontró reparo alguno frente a la actuación procesal surtida por el Consejo Superior de la Judicatura.

Con todo, es posible señalar que en este caso no se configura una actuación temeraria por parte del actor, en tanto que en el escrito de tutela expresa un hecho nuevo, como lo es el nombramiento de un sacerdote como conjuez de la Corte Constitucional y la presunta incidencia que tiene este hecho en la validez la decisión disciplinaria objeto de tutela.

Bajo estos nuevos argumentos, la Sala deberá establecer si el ejercicio de la tutela resulta oportuno para discutir la juridicidad de la decisión sancionatoria, con base en el argumento planteado.

3.4. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales

En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente(2) aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación(3), es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se desborda los límites que la Carta Política le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados para dotarlos de eficacia y en esa medida las irregularidades que allí surjan, son subsanables en el contexto mismo del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como propósito el de garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales(4).

Respecto al presupuesto de la inmediatez, la doctrina constitucional ha considerado de manera constante que, si bien la acción de tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo, es decir, que no existe realmente un término de caducidad para la presentación de la misma, igualmente ha estimado que, dada su naturaleza cautelar, la petición de amparo debe ser elevada en un plazo razonable, dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable.

En la sentencia T-684 de 2003, la Corte Constitucional estableció algunas reglas para la determinación de la procedibilidad de la acción de tutela respecto al principio de inmediatez:

“La Corte Constitucional en otras oportunidades ha fijado la regla según la cual la tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad del término no se ha establecido a priori, sino que serán las circunstancias del caso concreto las que la determinen. Sin embargo, se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la razonabilidad del término: 1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados”

En relación con la presentación de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha considerado que el mencionado término debe ser entendido de manera estricta. En la sentencia T- 1140 de 2005 al efecto dijo:

“De lo anterior, puede inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela debe estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de procesos judiciales y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa en el mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles derechos de terceros que se han generado por el paso del tiempo”.

Así mismo, la Corte en sentencia T-587 de 2007 estimó que la acción de tutela interpuesta contra una providencia carecía de falta de inmediatez, como quiera que había transcurrido más de un año desde la ejecutoria del fallo.

3.5. Análisis del caso concreto

Vistos los antecedentes del caso, considera la Sala que el lapso de algo más dos (2) años y siete (7) meses que separa la fecha de notificación de la sentencia cuestionada y la fecha de presentaron de la acción de tutela para obtener, esta vez, la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso(5) resulta desproporcionado, pues no se encuentra una justificación razonable y proporcionada entre el tiempo que separa el hecho que originó la presunta vulneración de los derechos fundamentales citados y la interposición de la acción de tutela que motiva el presente pronunciamiento, con lo cual se concluye que la tutela es improcedente.

En gracia de discusión, para la Sala no resulta plausible el argumento del actuante referido a la presunta violación a la igualdad, en tanto que a partir de una situación irregular no es posible argüir un tratamiento discriminatorio para obtener amparo constitucional.

Al respecto, cabe señalar que mediante auto de 13 de abril de los corrientes, se requirió información a la Presidencia de la Honorable Corte Constitucional a fin de establecer si en efecto el señor Luis Fernando Álvarez Londoño ha fungido como conjuez de esa corporación, y en caso afirmativo determinar cuál es el estatus jurídico de ese servidor en relación con la incompatibilidad previsto en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996. En dicha providencia también se solicitó información a la Arquidiócesis de esta ciudad con el propósito de conocer si el señor Álvarez Londoño, ejerce el ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica.

En respuesta al requerimiento el señor presidente de ese tribunal doctor Jorge Iván Palacio Palacio, informó que el doctor Luis Fernando Álvarez Londoño ha sido designado como conjuez durante los siguientes períodos:

AñoFecha de designación en Sala Plena
2007Febrero 28
2008Febrero 27
2010Marzo 3
2011Marzo 7
2012Febrero 29
2013Marzo 6

 

Así mismo, precisó que la elección de los conjueces de ese tribunal se ha efectuado con apego a lo establecido en el artículo 61 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, según el cual “serán designados como conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los requisitos para desempeñar los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumplan funciones públicas durante el periodo de sus funciones.”

Resaltó que la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, declaró exequible dicha norma “con la advertencia de que todo lo relativos al funcionamiento de los conjueces, se regula por los códigos y por las demás leyes ordinarias vigentes y que se dicten en el futuro.” De ese pronunciamiento destacó los aspectos más relevantes.

Finalmente, informó que no era posible dar respuesta concreta respecto al estatus jurídico del doctor Álvarez Londoño en relación con la causal incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996, en la medida en que no reposa copia de la hoja de vida de ese ciudadano en los archivos de la Corte Constitucional.

Por su parte, la Arquidiócesis de Bogotá a través del presbítero Ricardo Alonso Pulido envió a este proceso la siguiente certificación:

“(…) Que el Reverendo Padre Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. Identificado con Cédula Ciudadanía 19.058.483 de Bogotá. Sacerdote Católico que fue ordenado el 07 de diciembre de 1978. En la actualidad tiene facultades Ministeriales vigentes 26 de junio del 2012 al 26 de junio del 2015. Su ministerio sacerdotal lo realiza en la Compañía de Jesús. Ejerce como director de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Javeriana”(sic).

(…).

Los hechos expuestos en precedencia, dejarían entrever que el señor Álvarez Londoño presuntamente estaría incurso en la prohibición dirigida a los titulares de la función judicial, bien sea transitoria o permanente, a quienes se le impide el ejercicio del ministerio religioso, por afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar sus actuaciones en nombre del Estado.

En esas condiciones, la acción de tutela propuesta por el ciudadano Gartner López deberá ser rechazada por improcedente. No obstante, atendiendo los deberes que le incumben como órgano cabeza de la rama judicial en lo contencioso administrativo, la Sala ordenará compulsar copias de lo actuado y de esta providencia para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigue y evalúe la conducta desplegada por el doctor Luis Fernando Álvarez Londoño al ejercer el ministerio religioso y la judicatura de manera concomitante. De forma análoga se ordenará el envío de las presentes diligencias al señor Presidente de la Corte Constitucional para el conocimiento de lo aquí resuelto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

4. FALLA:

RECHÁZASE por improcedente la acción de tutela instaurada por Jorge Humberto Gartner López en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

ORDÉNASE compulsar las copias señaladas en la parte motiva de este fallo.

LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas RincónLuis Rafael Vergara Quintero.

(1) Proceso T-2809577.

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

(3) Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

(4) Son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f) Que no se trate de sentencias de tutela.

(5) Radicada el 9 de noviembre de 2012.