Sentencia 2013-00404/20836 de septiembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 050012333000201300404 01 (20836)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: LITO S.A.

Demandado: UAE DIAN

Referencia: Desconocimiento de soportes de servicios e impuestos descontables en el IVA

Fallo

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VII) Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad parcial de los actos que modificaron el impuesto sobre las ventas a cargo de la sociedad LITO S.A. por el período 3º del 2008.

1. Problema jurídico.

1.1. En este caso, corresponde a la Sala analizar los motivos de inconformidad que presentó el apelante único contra la sentencia de primera instancia y, que se concretan en la procedencia de: (i) los servicios e impuestos descontables declarados por esas operaciones, (ii) el saldo a favor del período anterior y, (iii) la sanción por inexactitud.

Lo anterior, porque la demandada no apeló dentro del término legal la decisión del tribunal que le era desfavorable, concerniente a la aceptación de las compras y los respectivos impuestos descontables declarados por el contribuyente. Lo que lleva a que en esta oportunidad se excluya del problema jurídico esa glosa, y se confirme la sentencia de primera instancia en dicho aspecto.

2. Procedencia de los servicios e impuestos descontables derivados de operaciones con socios.

2.1. El demandante sostiene que son procedentes los servicios de “asesoría técnica y gerencial” prestados por sus socios por valor de $ 58.240.000 y sus correspondientes impuestos descontables por $ 9.318.400, por cuanto se encuentran soportados en las facturas y en el contrato de oferta mercantil de esas operaciones.

Discutió que no es procedente que la DIAN le exija como soportes de los servicios, los informes de gestión de los contratistas, porque la ley dispuso como tarifa probatoria de esas operaciones la factura de compra-venta.

Sin embargo, para la administración las pruebas aportadas por el contribuyente no llevan al convencimiento de la existencia de los servicios de asesoría comercial y técnica prestada por sus socios, porque si bien cumplen con los requisitos formales, no existe relación entre la representación legal que ostentan los socios y la naturaleza de los servicios facturados por los mismos. Esa situación llevó a que se requiriera a la sociedad la comprobación de la realidad de esas operaciones, pero esta no presentó ninguna prueba de la prestación efectiva de los servicios.

2.2. En relación con los servicios e impuestos descontables, el artículo 771-2 del estatuto tributario señala que para su procedencia se requiere de facturas o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 617(3) y, 618(4) del estatuto tributario.

Así, de acuerdo con el artículo 771-2 ibídem, la factura y los documentos equivalentes que cumplan los citados requisitos del artículo 617 ibídem, son la prueba documental idónea para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta e impuestos descontables en el impuesto a las ventas.

2.2.1. Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del estatuto tributario no limita la facultad comprobatoria de la administración.

Por tal razón, aun cuando se pretendan acreditar las transacciones con facturas o documentos equivalentes, si en ejercicio del control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la DIAN requiere al contribuyente la comprobación de la realidad de esas operaciones, sin que la misma sea soportada, o aquélla recauda pruebas que logran probar su inexistencia, los costos e IVA descontable pueden ser rechazados.

Para ello, la administración cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias(5).

2.3. En el caso concreto, la sociedad LITO S.A. declaró por el impuesto a la ventas del bimestre 3 del año 2008, servicios e impuestos descontables derivados de operaciones con sus socios Carlos Mario Bonilla Peñaloza, Carlos Alberto Mejía Montoya y Carlos Alberto Mejía Mora(6), miembros de la junta directiva de la sociedad(7).

SocioValor servicioValor impuesto descontable
Carlos Mario Bonilla Peñaloza$ 24.120.000$ 3.859.200
Carlos Alberto Mejía Montoya$ 24.120.000$ 3.859.200
Carlos Alberto Mejía Mora$ 10.000.000$ 1.600.000
Total$ 58.240.000$ 9.318.400

2.3.1. Mediante requerimientos ordinarios 112382010000431, 112382010000433 y 112382010000434 del 2 de agosto de 2010(8), la administración solicitó a los socios que informaran sobre el servicio prestado a la sociedad en el bimestre 3 del año 2008.

2.3.2. En respuesta de ese requerimiento, los socios Carlos Mario Bonilla Peñaloza y Carlos Alberto Mejía Montoya aportaron facturas, recibos de caja, auxiliares de contabilidad, fotocopia extractos bancarios, certificados de registro mercantil y de libros de contabilidad(9).

Las facturas de venta allegadas fueron expedidas por concepto de “honorarios por servicios en la bodega Bolívar” y “servicios comerciales LITO”.

Los recibos de caja indican abonos a algunas de las facturas; los auxiliares de contabilidad registran la causación de ingresos por concepto de las citadas facturas; y los extractos bancarios reportan consignaciones, pero en estos documentos no se puede verificar el concepto y procedencia de los ingresos. Además, se anexó un documento sin firma, que informa el medio de pago de las facturas —cheques, efectivo, capitalizaciones—(10).

2.3.3. Por su parte, el socio Carlos Alberto Mejía Mora allegó las facturas de venta por concepto de “servicios prestados en las sedes” y “asesoría comercial en las bodegas LITO Medellín - Cali - Bogotá”. También adjuntó la declaración de IVA del bimestre 3 de 2008(11).

2.3.4. Por su parte, la sociedad aportó los contratos de oferta mercantil, con sus respectivos escritos de aceptación(12), relativos a los socios Carlos Mario Bonilla Peñaloza y Carlos Alberto Mejía Montoya en los que se informa(13):

“2. Objeto de la oferta: El oferente se compromete, de ser aceptada la presente oferta, a prestar asesoría gerencial, respecto de la representación legal de la compañía.

(...).

3. Obligaciones del oferente: (...) c) Mantener informado al cliente, de todas y cada una de las gestiones que lleve a cabo.

(...).

6. Valor: Será de dos millones de pesos ($ 2.000.000). Este valor se incrementará en forma anual de acuerdo a convenio entre las partes”.

Al respecto, la Sala advierte que, la sociedad no aportó el contrato de oferta mercantil respecto del socio Carlos Alberto Mejía Mora.

2.3.5. En el acta general de la investigación se dejó constancia de que la DIAN requirió a la sociedad la comprobación de la realidad de las operaciones(14):

“[S]e le requirió a la empresa que enseñara los informes presentados por los asesores, donde se diera cuenta de manera formal y positiva de la aplicación efectiva y del desarrollo real de dicho servicio, del avance o culminación de los aportes efectuados y del valor agregado que representa para la empresa, a lo que se respondió que los únicos soportes con que cuenta son las facturas, la oferta mercantil y su aceptación, que no tienen en su poder ningún otro informe del avance o desarrollo de las asesorías facturadas, que los asesores no presentaban informes por escrito”.

2.3.6. Posteriormente, en la demanda, la sociedad allegó otra oferta mercantil del socio Carlos Mario Bonilla Peñaloza, con un objeto diferente al que presentó en la vía gubernativa, consistente en la prestación de “los servicios técnicos comerciales respecto al seguimiento, revisión y verificación de inventarios de la compañía a nivel nacional, fee respecto a la compra y venta de materiales, y cualquier otro servicio que la compañía sugiera para el control y manejo de materiales”, por valor de $ 10.000.000(15).

Ese documento tiene fecha de expedición del 26 de diciembre de 2006, y un término de duración de dos años.

A la demanda también se allegaron las declaraciones de renta del 2008, de IVA bimestre 3 del año 2008 y, las resoluciones de autorización de numeración de facturas, relativas a los socios Carlos Mario Bonilla Peñaloza y Carlos Alberto Mejía Montoya(16). Adicionalmente, la sociedad aportó certificado de revisor fiscal en el que se informa que los servicios declarados se encuentran registrados en la contabilidad(17).

2.4. Para la Sala, los anteriores documentos no prueban la realidad de los servicios e impuestos descontables discutidos, por las razones que pasan a explicarse:

2.4.1. Los recibos de caja, los auxiliares de contabilidad, los extractos bancarios, las declaraciones tributarias y, el documento que informa el medio de pago de las facturas, no prueban la existencia del servicio prestado.

Aunque los socios Carlos Mario Bonilla Peñaloza y Carlos Alberto Mejía Montoya sostienen que prestaron servicios a LITO S.A. y, lo soportan con documentos que registran el pago de las facturas expedidas por esas operaciones, tales como los recibos de caja, los auxiliares de contabilidad y el documento que informa los medios de pago, no se puede constatar que esas sumas sean las mismas consignadas en sus extractos bancarios y declaraciones tributarias. Todo, porque en estos últimos documentos no es posible verificar la procedencia de los dineros.

Por su parte, en relación con el socio Carlos Alberto Mejía Mora solo se soportó la realidad del servicio facturado con la declaración de IVA, y ese documento, por sí mismo, no establece que dentro de los ingresos e IVA declarados se incluyan los de las facturas discutidas y, que ese servicio haya sido efectivamente prestado.

De tal manera que, en este caso no se puede constatar la existencia del servicio registrado en las facturas de los socios, ni que los pagos contabilizados por los mismos se hubieren realizado por esas operaciones.

2.4.2. Existen inconsistencias entre los servicios registrados en las facturas de servicios y los pactados en los contratos de oferta mercantil.

LITO S.A. aportó como prueba de los servicios, las facturas y el contrato de oferta mercantil expedido por sus socios, miembros de la junta directiva de la sociedad. Sin embargo, en esos documentos no se plasma la misma descripción del servicio.

Las facturas de venta presentadas como soporte de los servicios e impuestos descontables declarados fueron expedidas por concepto de “honorarios por servicios en la bodega Bolívar”, “servicios comerciales LITO”, “Servicios prestados en las sedes” y asesoría comercial en las bodegas LITO Medellín - Cali - Bogotá”.

Pero las ofertas mercantiles presentadas por LITO S.A. en la vía gubernativa, como soporte de las operaciones con los socios Carlos Mario Bonilla Peñaloza y Carlos Alberto Mejía Montoya, tienen por objeto “prestar asesoría gerencial, respecto de la representación legal de la compañía”. No obstante lo anterior, el actor allegó en la demanda, otra oferta mercantil del señor Carlos Mario Bonilla Peñaloza, sobre un servicio técnico comercial del manejo de los inventarios de la sociedad. Además, se pone nuevamente de presente que no se aportó el contrato de oferta mercantil del socio Carlos Alberto Mejía Mora.

Toda vez que las facturas no se refieren al mismo servicio ofertado y, que en el expediente no está demostrado que ambos —servicios— hagan parte de una sola operación, debe desconocerse como prueba de la realidad de las operaciones a los contratos de oferta mercantil.

Y, ello es así porque en las facturas y en el contrato de oferta mercantil no se constata las actividades que comprendían cada servicio, ni esa situación fue probada por el contribuyente con otros documentos. Como tampoco se demostró que los servicios facturados —servicios prestados en sedes y bodegas, y de asesoría comercial— tengan relación con la representación legal de la compañía.

Súmese a ello, la presentación de dos contratos de oferta mercantil sobre el mismo socio, uno respecto de la “asesoría gerencial en la representación de la sociedad”, y otro por concepto de un “servicio técnico y comercial”, lo que da a entender que para la sociedad, esos servicios son independientes.

No obstante lo dicho, llama la atención de la Sala que el contribuyente hubiere allegado un contrato de oferta mercantil diferente al presentado en la vía gubernativa. Máxime cuando el citado documento fue suscrito en el año 2006 y, por tanto, bien podía allegarlo en dicha sede, pero solo lo aportó en la demanda sin explicación alguna.

2.4.3. Además de las irregularidades encontradas en los anteriores documentos, se advierte que el contribuyente no presentó prueba de la prestación efectiva del servicio, a pesar de haber sido controvertida la realidad de las operaciones por la DIAN.

Si bien LITO S.A. allegó como soporte del servicio y el IVA descontable declarado, ciertas facturas, registros de pago, declaraciones de renta e IVA y, resoluciones de numeración de facturas, ante el cuestionamiento que realizó la DIAN sobre la realidad de las facturas de servicios, la carga de la prueba se trasladó al contribuyente quien estaba obligado a demostrar la existencia de esas operaciones.

Más todavía, cuando en los citados contratos de oferta mercantil, el contratista se obligó a entregar informes de su gestión a la sociedad y, en todo caso, la supuesta actividad desarrollada por los socios en las sedes y por asesoría comercial —conceptos, directrices, políticas— debió reflejarse en la actividad económica de la sociedad y, por tanto, pudo probarse con los medios autorizados en la ley.

Situación que no se puede verificar en el certificado del revisor fiscal aportado en la demanda, pues ese documento da cuenta de la contabilización de las operaciones, pero no de su realidad, que fue el hecho con fundamento en el cual la administración desconoce las facturas y el registro contable de las mismas.

A pesar de lo expuesto, ni en la sede administrativa ni judicial, LITO S.A. aportó una prueba en la que se constatara la prestación del servicio en las sedes y la asesoría comercial facturada por sus socios.

2.5. Así las cosas, para la Sala es indudable que las anteriores irregularidades le restan credibilidad a las facturas de servicios aportados por el contribuyente como soporte de los costos e impuestos descontables.

En consecuencia, no procede el cargo para el apelante.

3. Desconocimiento del saldo a favor del período anterior.

3.1. Según el demandante, es procedente el saldo a favor arrastrado del período anterior, porque aunque los actos de determinación del IVA bimestre 2 de 2008 se encuentran en discusión ante la jurisdicción, lo cierto es que el saldo a favor fijado en los mismos cubre la imputación rechazada por la DIAN en la suma de $ 36.014.000.

3.2. La Sala advierte que la jurisdicción contenciosa administrativa declaró la nulidad parcial de los actos que modificaron el impuesto sobre las ventas del período 2 de año 2008. En esa providencia se aceptaron compras e impuestos descontables derivados de operaciones realizadas con Aeromedellín L´Alianxa S.A. por valor de $ 3.518.961, lo que generó que el saldo a favor determinado oficialmente en la suma de $ 95.167.000, se modificara a la suma de $ 95.498.000(18).

Pero a diferencia de lo señalado por el demandante, el saldo a favor fijado por el tribunal no puede utilizarse en su totalidad para cubrir la suma de $ 36.014.000 imputada por el contribuyente en el período 3 del año 2008, sino únicamente el valor de $ 28.021.000, porque parte del saldo a favor del período 2 del año 2008 ya había sido objeto de devolución en la suma de $ 67.477.000. Veamos:

3.2.1. En el expediente obran las resoluciones que resolvieron el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión y la resolución sanción por devolución improcedente, respectivamente(19). Actos que, aunque el demandante los presentó por fuera de la oportunidad legal(20), su valoración como prueba no vulnera el derecho de defensa de la contraparte —DIAN—, toda vez que son actuaciones de las que la demandada tiene pleno conocimiento por ser la entidad que las expidió.

En esos actos, consta que LITO S.A. declaró el impuesto sobre las ventas del bimestre 2 del año 2008, registrando un saldo a favor de $ 123.700.000. De esa suma, la sociedad solicitó en devolución la suma de $ 87.756.000 y, arrastró al período siguiente —3 del año 2008— el valor de $ 36.014.000. El saldo a favor solicitado en devolución por valor de $ 87.756.000 fue entregado al contribuyente mediante Resolución 17098 de 2008.

Luego, la administración modificó oficialmente esa declaración, en el sentido de determinar el saldo a favor en la suma de $ 95.167.000, de los cuales señaló que eran susceptibles de devolución el valor de $ 67.477.000(21).

En tal sentido, aunque el tribunal modificó parcialmente los actos de determinación del IVA del bimestre 2 del año 2008, para establecer un saldo a favor de $ 95.498.000, la totalidad de ese valor no puede ser objeto de arrastre en el período siguiente, toda vez que parte de esa suma fue devuelta al contribuyente —$ 67.477.000—.

3.2.2. Es por eso que el valor que podía arrastrar el contribuyente al período siguiente —3º del año 2008— era la suma de $ 28.021.000, esto es, el valor restante del total saldo a favor que no era susceptible de devolución.

3.3. En consecuencia, en el presente proceso —IVA bimestre 3 de 2008— solo puede aceptarse como “saldo a favor del período fiscal anterior” la suma de $ 28.021.000.

4. Sanción por inexactitud.

4.1. Se encuentra demostrado que el contribuyente declaró servicios e impuestos descontables inexistentes, debe mantenerse la sanción por inexactitud respecto de esa glosa.

Adicionalmente, se encuentra que en este caso no se presenta una diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pretensiones del demandante se despacharon desfavorablemente por falta de soporte, y en tanto la administración demostró que las cifras declaradas por el contribuyente no eran reales.

4.2. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(22), que modificó el artículo 640 del estatuto tributario, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del estatuto tributario(23), con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que esta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% —establecido en la legislación anterior— al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

4.3. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

5. En segunda instancia, la Sala no condenará en costas a la parte demandante vencida en el proceso, porque no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones que incurrió la demandada por ese concepto, como lo exige para su procedencia el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 188 del CPACA —num.8º—.

6. Por lo anteriormente expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada, para precisar el restablecimiento del derecho del demandante, en el sentido de que el impuesto sobre las ventas del período 3 del año 2008 a cargo de LITO S.A. corresponde al liquidado en esta providencia. Adicionalmente, se ordenará no condenar en costas en segunda instancia.

7. En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto de IVA bimestre 3 del año 2008, en el sentido de modificar el tributo con la glosa aceptada por el tribunal, y recalcular la sanción por inexactitud en la suma de $ 45.332.000 y establecer el saldo a favor en la suma de $ 69.964.000.

Impuesto sobre las ventas - Bimestre 3 de 2008
ConceptoLiq. privadaL.O.R.C. de E.
Ingresos brutos por exportaciones631.970.000631.970.000631.970.000
Ingresos brutos por operaciones excluidas59.284.00059.284.00059.284.000
Ingresos brutos por operaciones no gravadas1.870.0001.870.0001.870.000
Ingresos brutos por operaciones gravadas638.918.000638.918.000638.918.000
Total ingresos brutos recibidos en el período1.332.042.0001.332.042.0001.332.042.000
Menos: Devoluciones, operac. anuladas, resc. y resueltas3.211.0003.211.0003.211.000
Total ingresos netos recibidos durante el período1.328.831.0001.328.831.0001.328.831.000
Compras y servicios gravados1.594.031.0001.527.828.0001.535.791.000
Compras no gravadas14.518.00014.518.00014.518.000
Total compras e importaciones brutas1.608.549.0001.542.346.0001.550.309.000
Total compras netas realizadas durante el período1.608.549.0001.542.346.0001.550.309.000
Impuesto generado a la tarifa del 10%3.322.0003.322.0003.322.000
Impuesto generado a la tarifa del 20%96.911.00096.911.00096.911.000
Total impuesto a cargo100.233.000100.233.000100.233.000
Impuesto descontable por operaciones gravadas194.493.000183.901.000185.175.000
Impuesto descontable operaciones régimen simplificado1.819.0001.819.0001.819.000
IVA resultante devoluciones en ventas, anulad., rescindid.514.000514.000514.000
Total impuestos descontables196.826.000186.234.000187.508.000
Saldo a favor del período fiscal96.593.00086.001.00087.275.000
Saldo a favor del período anterior36.014.000028.021.000
Sanciones 74.570.00045.332.000
O total saldo a favor132.607.00011.431.00069.964.000
Total saldo susceptible de ser solicitado en devolución65.941.000  

Cálculo de la sanción por inexactitud
Saldo a favor declarado132.607.000 
Saldo a favor determinado87.275.000 
Base de la sanción por inexactitud 45.332.000
Tarifa (L. 1819/16, art. 28 - E.T., art. 648): 100% 100%
Sanción por inexactitud 45.332.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia apelada, la cual quedará así:

“1. Declárase la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión 112412011000124 del 27 de julio de 2011 y, de la resolución recurso de reconsideración 112362012000016 del 9 de agosto de 2012, proferidas por la dirección seccional de impuestos de Medellín, mediante las cuales se determinó el impuesto sobre las ventas a cargo de LITO S.A. por el período 3 del año 2008.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordena que el impuesto sobre las ventas a cargo de LITO S.A. por el período 3 de 2008, corresponde al liquidado en la parte motiva de esta providencia.

3. No se condena en costas a las partes, en ninguna de las instancias procesales.

4. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente”.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada al doctor Pablo Nelson Rodríguez Silva, de conformidad con el poder que obra en el folio 319 del expediente.

RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandante al doctor Germán Antonio López López, de conformidad con el escrito de sustitución que obra en el folio 340 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(3) En el caso de las facturas, los requisitos de los literales: b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado, d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, e) Fecha de su expedición, f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados y, g) Valor total de la operación.
En el caso de los documentos equivalentes, los requisitos de los literales: b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado, d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, e) Fecha de su expedición, f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados y, g) Valor total de la operación.

(4) Los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija.

(5) Artículo 742 del estatuto tributario. La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con aquellos.

(6) Fls. 23-25, c. a.

(7) Certificado de existencia y representación legal de la sociedad. Fl. 505 y vuelto c. a.

(8) Fls. 161, 167 y 169, c. a.

(9) Carlos Mario Bonilla Peñaloza: Fls. 385-398, c. a. y Carlos Alberto Mejía Montoya: Fls. 417 vuelto - 429, c. a.

(10) Cfr. pie de página 9.

(11) Fls. 542 vuelto - 548 vuelto, c. a.

(12) El escrito de aceptación es de fecha 1º de enero de 2007 y la oferta mercantil aceptada se pactó por el término de dos años.

(13) Fls. 521 - 529 vuelto, c. a.

(14) Fl. 583, c. a.

(15) Fls. 104-106, c. p.

(16) Fls. 110-117, c. p.

(17) Fls. 127-128, c. p.

(18) Expediente 050013333029201300005 01. Demandante: LITO S.A. Demandado: DIAN, M.P. Yolanda Obando Montes. Esa providencia revocó la sentencia del juzgado administrativo, para en su lugar declarar la nulidad parcial de los actos demandados.

(19) Fls. 209-217 y 271-282, c. p.

(20) En los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación.

(21) En ese acto se precisa que de las sumas devueltas por valor de $ 87.756.000, solo era susceptibles de devolución 67.477.000. Decisión que, dio lugar a la imposición de la sanción por devolución improcedente, sobre las sumas indebidamente solicitadas por el contribuyente.

(22) Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones.

(23) Artículo 647. Sanción por inexactitud. (...)
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.