SENTENCIA 2013-00423 DE NOVIEMBRE 9 DE 2016

 

Sentencia 2013-00423 de noviembre 9 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 540011102000201300423-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal

Aprobado según acta de Sala Nº 102 del 9 de noviembre de 2016.

Proyecto registrado el ocho (8) de noviembre de 2016.

Bogotá, D.C., nueve de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala tiene competencia para conocer la apelación del fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(2) y 59 de la Ley 1123 de 2007(3); ahora bien, establecida la calidad de abogada en ejercicio de la disciplinada, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015, modificó el capítulo 7 del título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(4) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto, la esencia del Decreto 196 de 1971 y de Ley 1123 de 2007 radica fundamentalmente en un precepto de orden constitucional, el cual en el artículo 26 consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Ahora, teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, se procede entonces a estudiar el comportamiento de la togada Gladys Mercedes Cárdenas Granados, a efecto de valorar si su conducta en el caso puesto en conocimiento de esta colegiatura se ajustó o no a estos parámetros.

Las faltas atribuidas por la primera instancia, se encuentran consagradas en la Ley 1123 de 2007 en los siguientes términos:

ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.

Del material probatorio obrante en el proceso se evidencia que la abogada Cárdenas Granados, suscribió con la señora Mónica Emperatriz Velázquez Rivera, un contrato de “mutuo civil con garantía personal” el 4 de julio de 2012. El contrato refiere que la abogada “mutuaria” acepta parte de la quejosa, identificada como mutuante, presentar oferta de compra respecto de un inmueble identificado con matrícula 260-141446 ubicado en la ciudad de Cúcuta.

La mutuante (quejosa) le entregó $ 85.000.000 a la abogada quien declaró haberlos “recibido a entera satisfacción” estableciendo para la gestión encomendada 45 días hábiles. El contrato se daría por terminado cuando el mutuante reciba de manera física y material por parte del mutuario, condicionando que si no se logra la gestión, “el mutuario se compromete a buscar un inmueble que tenga las mismas características en valor para cumplir con el objeto del presente contrato en el menor tiempo posible”.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2012 se suscribió contrato de promesa de compraventa entre la señora María Margarita Martínez Barrios (promitente vendedora) representada supuestamente por el abogado Eduardo Santamaría Arévalo y Mónica Emperatriz Velásquez Rivera (promitente Vendedora) representada por la abogada Cárdenas Granados. En virtud del cual se estableció que la entrega material del inmueble se realizaría el 30 de noviembre de 2012 y la suscripción de la escritura pública el 28 de febrero de 2013.

No obstante de la matrícula inmobiliaria 260135129 de la oficina de Instrumentos Públicos de Cúcuta se evidencia que el inmueble objeto del contrato de “mutuo comercial” y de “promesa de compraventa” no ha sido objeto de medidas cautelares por parte de juzgados judiciales. Mucho menos ha estado involucrado en diligencias de remate.

Los testimonios practicados en la primera instancia dan cuenta de las reuniones de la togada con la quejosa e igualmente dan constancia de la consignación del dinero.

En efecto, tal y como lo dijo el a quo de las pruebas allegadas se tiene plenamente demostrado que la abogada se comprometió con la quejosa a realizar las actuaciones necesarias para lograr adjudicar un inmueble a su favor para lo cual suscribieron un contrato de “mutuo comercial” y le fue entregada a la disciplinable, la suma de $ 85.000.000.

Ahora, no se reprocha el hecho de que la profesional no hubiere adelantado gestión alguna en pro de dar cumplimiento a las gestiones arriba mencionadas, sino la circunstancia que la togada se comprometiera a realizar una diligencia aparente, pues el bien no hacía parte del proceso alguno donde se hubiese decretado el embargo o la diligencia de remate.

siendo(sic) prueba de ello la matrícula inmobiliaria que identifica el inmueble objeto de compra.

Entonces se evidencia fehacientemente que la conducta desplegada por la togada encartada era finalísimamente defraudar el patrimonio de su cliente, pues no queda duda que los acuerdos suscritos no tenían otra intención que ocultar la verdad procesal y hasta fáctica sobre la realidad del inmueble.

Y es que bajo el entendido que el fraude, según la Real Academia de la Lengua Española es aquella “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, no queda duda que con el actuar de la profesional, al comprometerse a adquirir a favor del cliente este bien, que al parecer ni siquiera estaban para su disposición jurídica, pues nunca se vio materializada la actuación, incurrió indudablemente en actos fraudulentos con detrimento al patrimonio de su cliente, materializando así su incursión en la falta imputada.

No es atendible la afirmación de la togada defensora de oficio quien adujo que la disciplinable nunca se identificó como abogada, pues del contrato de mutuo aparece la firma de la togada inculpada y su tarjeta profesional por lo tanto se desvirtúa una posible intermediación personal por parte de ésta.

Así mismo, como consecuencia de lo anterior, es claro que si es disciplinable la conducta desplegada por al togada pues valiéndose de ardides, encaminó su conducta a defraudar los intereses de la quejosa, quien confió en la gestión falsamente estipulada.

Antijuridicidad. La Ley 1123 de 2007 consagra como uno de sus principios rectores, el de antijuridicidad, según el cual, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”(5).

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el estatuto de la abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal”(6).

El quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados.

En este caso, la togada contrarió los deberes de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado que se encuentra consagrado en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el artículo 33 en su numeral 9º de la Ley 1123 de 2007.

Lo anterior por cuanto quedó demostrado que la profesional haciendo uso de actos fraudulentos, se hizo a un dinero de la quejosa y defraudo así su patrimonio, actuaciones con las cuales desconoció las reglas ontológicas verificadas en este disciplinario, es decir, con la certeza histórica, racional, razonable y lógica necesaria para estructurar una transgresión al régimen deontológico, lo que hace dable elevar el reproche disciplinario, sin que sean atendibles las explicaciones de defensa vertidas en este expediente.

De la culpabilidad: Le asiste la razón al Seccional de instancia cuando calificó la falta a título de dolo, pues está claro que la profesional del derecho en su condición de tal y conforme a las circunstancias expuestas, era consciente de su comportamiento respecto de crear falsas expectativas en su cliente sobre la adquisición de unos bienes con el único fin de hacerse ella a unas sumas de dinero, afectando así el patrimonio de la quejosa, conducta de donde se puede inferir que fue su deseo contravenir las normas por la cuales se le halló responsable, cuyo conocimiento emerge de la misma condición de abogada, calificada y por lo tanto depositaria del saber técnico indispensable, aparte de tratarse el estatuto deontológico del abogado, de un catálogo de normas éticas a cuyo acatamiento está obligado inexorablemente.

De la sanción: Respecto a este acápite, ha de decirse que esta superioridad no encuentra un disenso respecto a la sanción impuesta por el a quo, pues se considera que la misma es acorde con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad establecidos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, además, ha de tenerse en cuenta no sólo la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción.

La trascendencia social de la conducta en este caso es bastante notoria, toda vez que acciones como la expuesta en el asunto estudiado con precedencia desprestigian la profesión y hacen que cada día la sociedad pierda confianza en los abogados, teniendo en cuenta además que los togados en el desarrollo de sus actividades deben obrar con honradez y colaborar leal y legalmente en la recta realización de la justicia y los fines del Estado, bajo el intento de “atender, con especial énfasis, el interés general y la protección de los derechos de terceros, dado que la profesión “se orienta a concretar importantes fines constitucionales”(7).

La modalidad dolosa de la conducta también influye en la tasación de la sanción. Lo anterior por cuanto se probó que la profesional realizó varios actos que conllevaron no solo el resultado defraudatorio si no también al detrimento del patrimonio del quejoso, con pleno conocimiento de su actuar irregular, y como se vio, con intención de su perfeccionamiento.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2015 mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión por su incursión en la falta de que trata el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 a la abogada Gladys Mercedes Cárdenas Granados, conforme a las razones expuestas en precedencia.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción impuesta.

3. Notifíquese en forma personal la presente decisión a la abogada, de no ser posible su comparecencia, efectúese el procedimiento establecido en la ley; líbrense las comunicaciones que fueren pertinentes.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

2 “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

3 “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código…”.

4 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

5 Artículo 4º.

6 Lecciones del derecho disciplinario Volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario, pág. 35 y ss.

7 Sentencia C-290 de 2008.