Sentencia 2013-00457 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 25000 2341 000 2013 00457 01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintinueve de abril del dos mil quince.

EXTRACTOS: «6. Consideraciones de la Sala.

6.1. Cuestión previa.

La apoderada judicial de la sociedad Indega S.A. aduce en el recurso de apelación a la sentencia de primera instancia que ésta se encuentra viciada por la falta de imparcialidad de la magistrada ponente. Y agrega que de ello es indicativo el hecho que en otros procesos con identidad de partes y de causa el tribunal negó las pretensiones de la demanda.

Sobre este aspecto, la Sala observa que en el curso de la primera instancia la magistrada ponente, en orden precisamente a salvaguardar la imparcialidad del fallador en la actuación judicial, manifestó su impedimento para continuar conociendo de ella, con fundamento en la causal establecida en el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil (aplicable por remisión expresa de la L. 1437/2011, art. 130), por tener su hijo vinculación de tipo laboral con la empresa demandante.

El expediente pasó al despacho del magistrado de la Sección Primera que seguía en turno, tal como lo prevé el artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quien mediante providencia del 16 de enero de 2014 declaró infundado el impedimento, por considerar que el principio de imparcialidad no resultaba afectado en este caso.

Por disposición legal, esta decisión acerca del impedimento no es objeto de recursos (inc. final del citado art. 131).

Además, es pertinente señalar que la sentencia apelada fue aprobada con mayoría absoluta por la Sala de Decisión de la Sección Primera Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, por un cuerpo colegiado, y no únicamente por la magistrada ponente, de modo tal que no puede alegarse vicio alguno en su expedición.

De otro lado, no es aceptable para la Sala el argumento de la apelante sobre que la prueba de la supuesta falta de imparcialidad es que el tribunal haya fallado otros asuntos en sentido diferente al presente, en primer lugar, porque no indica los procesos en los que ello ocurrió, y en segundo término, porque tal circunstancia no significa necesaria e ineludiblemente la violación a ese principio. De ser ello así, no sería válido para los jueces modificar su jurisprudencia pese a la existencia de criterios jurídicos que permitan adoptar una nueva posición sobre determinada materia.

6.2. Examen de fondo.

6.2.1. El acto demandado. El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución SSPD- 20128140183175 de 4 de octubre de 2012, expedida por la Dirección Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual se “Se decide un recurso de apelación”, en el sentido de modificar las decisiones S-2010-588206 del 25 de octubre de 2010 y S-2010-654724 del 29 de noviembre de 2010, proferidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y de disponer para las cuentas contratos 10203123 y 11331695, la reliquidación de la factura del período de 14 de agosto de 2010 al 10 de septiembre de 2010, con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor de alcantarillado (descargas industriales).

6.2.2. La controversia planteada en los recursos de apelación. La superintendencia señaló en el recurso de apelación que en ningún momento creó un procedimiento no reglado y que, por el contrario, en ejercicio de sus funciones y en protección de los derechos de los usuarios y de la posición dominante, procedió a ordenar la reliquidación de las facturas, de acuerdo con la diferencia de lecturas entre la cantidad utilizada en la producción de gaseosa y la cantidad efectivamente vertida al alcantarillado.

Por su parte, la sociedad Indega S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, adujo que la sentencia de primera instancia violó el principio de congruencia, puesto que no se encuentra en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, dado que declaró nulo el citado acto administrativo acusado con fundamento en que no hay certeza sobre la idoneidad y funcionamiento de los medidores instalados por la mencionada sociedad para medir los vertimientos, asunto que no fue objeto de cuestionamiento en el proceso.

Además, porque no tuvo en cuenta que obran pruebas que demuestran que Indega S.A. ha solicitado a la actora realizar directamente la medición con los equipos que a bien tuviera, que le pidió revisar y formular las observaciones a que hubiere lugar, respecto de los medidores instalados por dicha sociedad desde 2004, y que incluso ha puesto a su disposición los informes de calibración del medidor y la certificación que acredita la idoneidad de los laboratorios que hicieron la correspondiente calibración.

6.2.3. La inexistencia de incongruencia en la sentencia apelada. Sobre este asunto, cabe destacar que del petitum de la demanda se desprende que la actora solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución SSPD 20128140183175 de 4 de octubre de 2012, por la cual “Se decide un recurso de apelación”, expedida por la dirección territorial centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y a ello precisamente se contrajo el fallo recurrido, al pronunciarse sobre la nulidad del citado acto administrativo, la cual, en efecto, fue declarada. Así mismo, se debe señalar que en el acápite “Normas violadas y concepto de la violación”, al sustentar el primer cargo de nulidad denominado “Falta de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, la actora expresó:

“Salta a la vista la ilegalidad presente en la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que admitió al usuario un medidor no exigido por la empresa, puesto por el usuario, y sin que su calidad y especificaciones fueran avaladas.

De tal suerte, que la orden impartida de efectuar la reliquidación de la factura con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor de alcantarillado (descargas industriales), no se ajusta a precepto legal de la norma, más aún si se tiene en cuenta que los medidores instalados por Indega S.A. no fueron instalados, calibrados o certificados.

Así mismo debe considerarse, que los medidores deber ser calibrados por algún laboratorio técnico acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, pues debe existir certeza de la medición de los consumos, sobre lo cual no se tiene conocimiento, que exista en materia de alcantarillado, así como tampoco se evidencia, que exista por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec, una normatividad para la calibración de los medidores de aguas residuales, razones suficientes para comprender por qué a la Superintendencia de Servicios Públicos no le asistía competencia para decidir autónomamente, que el medidor de la Industria Nacional de Gaseosas, Indega S.A. era apto para la medición del consumo de alcantarillado, y con la información que suministra el usuario, lo cual no es solo una violación del régimen normativo del servicio de alcantarillado, (sino) una extralimitación de sus funciones y una vulneración a las garantías procesales de la empresa, pues pretende que se empleen mecanismo que ni siquiera la autoridad competente ha definido”.

Lo anterior pone de presente que la idoneidad y funcionamiento de los medidores instalados por Indega S.A. fue objeto de cuestionamiento en la demanda, razón por la cual sí existió congruencia entre lo cuestionado por la actora y lo decidido en la sentencia recurrida.

6.2.4. El criterio reiterado de la Sala sobre la medición del servicio de alcantarillado. La sentencia de primera instancia declaró la nulidad de la resolución acusada, por cuanto el a quo consideró que la orden de reliquidación de la factura impartida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de dicho acto fue emitida por fuera de la órbita de su competencia, dado que avaló el medidor instalado por la sociedad Indega S.A., teniendo en cuenta que conforme al acervo probatorio no se podía establecer si los instrumentos instalados por la sociedad usuaria contaban con la respectiva acreditación en materia de alcantarillado.

Estimó el fallador de primera instancia, además, que la decisión de la superintendencia demandada violó el derecho, tanto de la empresa actora, como del usuario, a que el consumo sea medido empleando instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles.

Sobre el particular, es del caso precisar que esta Sección, en recientes pronunciamientos que en esta oportunidad se recogen —en el primero modificando su posición anterior sobre el tema y en los posteriores reiterando el nuevo criterio(2)—, ha señalado que para el cobro del servicio de alcantarillado se debe tener como parámetro de medición, el establecido, en cumplimiento del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, por la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA, a través de la Resolución 151 de 2001, vale decir, el consumo del servicio de acueducto, y que no es viable aplicar un parámetro distinto a éste, en el cual el cobro del consumo de alcantarillado se realice a partir de la medición directa del volumen de vertimientos.

En sentencia de 15 de mayo de 2014 (exp. 2005-01399-01, Actora: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, C.P. doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala al modificar su posición sobre el tema expresó lo siguiente:

“(…). Es precisamente frente a este planteamiento que se pronunció el tribunal de instancia acorde con las pretensiones planteadas en el libelo introductorio y que fue objeto de análisis en la primera instancia, debiendo reiterarse que en esta materia rige como principio general el artículo 146(3) de la Ley 142 de 1994, según el cual el suscriptor del servicio y la empresa tienen el derecho y el deber a que se midan los consumos y que se empleen para ello instrumentos de medida técnicamente diseñados para el efecto, a fin que el consumo medido sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. Sin embargo, la citada ley estipula la posibilidad del cobro del servicio a partir de parámetros que estimen la producción de residuos (líquidos para el servicio de alcantarillado y sólidos para el servicio de aseo), señalando para el efecto: “En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista medición individual, la comisión de regulación respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el consumo”.

De conformidad con esta disposición y ante las dificultades técnicas para realizar el aforo individual que hiciera posible medir el volumen vertido a la red de alcantarillado, se expidió la Resolución CRA 151 de 2001, que en el artículo 1.2.1.1 definió la “Demanda del servicio de alcantarillado” como la “... equivalente a la demanda del servicio de acueducto, más el estimativo de la disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado…”.

De otra parte, la Resolución CRA 287 de 2004(4), en los artículos 13 y 18 se refiere al costo medio de operación para el servicio público domiciliario de alcantarillado, e incluyen dentro del denominador de la ecuación de cálculo, el término “AVal” como la sumatoria de vertimientos facturados por el prestador, asociados al consumo de acueducto y fuentes alternas, correspondiente al año base; de igual forma, incluye este parámetro (AVal) en el cálculo del costo medio de inversión (CMI) y el costo medio generado por las tasas ambientales (CMT), referida en el servicio de alcantarillado a la tasa retributiva por la utilización directa del agua como receptor de vertimientos puntuales. Componentes que en su conjunto conforman el cargo por consumo (CC) o costo medio por metro cúbico vertido.

En estos términos, en atención a las razones técnicas y económicas, las resoluciones expedidas por la CRA, establecen como criterio general, tener el consumo del servicio público domiciliario de acueducto como parámetro para el cobro del consumo de alcantarillado, lo que significa que el cobro del consumo de alcantarillado no se realiza a partir de la medición directa del volumen vertido a la red.

Si bien es posible la realización del aforo de los vertimientos, mientras no exista medición individual de los vertimientos del servicio público domiciliario de alcantarillado, a solicitud del usuario del servicio, los prestadores deberán asumir el cobro de alcantarillado acorde con el parámetro general, esto es, el correspondiente al cobro del consumo de acueducto.

Así además se desprende del concepto técnico emitido por la CRA y allegado como prueba al expediente, en el sentido de afirmar que el principio general es que los consumos de los servicios públicos se midan; que existen excepciones al principio general que permiten que el cobro se haga a partir de parámetros que se estimen por parte del ente regulador; que en el caso del alcantarillado, el cobro del consumo no se hace por medición directa del volumen de vertimientos, toda vez que por razones técnicas y económicas, se adoptó como criterio general, emplear el consumo del acueducto como parámetro para el cobro del servicio de alcantarillado y son normas expedida de acuerdo con las situaciones mayoritariamente existentes.

Además señala que desde el punto de vista técnico es posible aforar los vertimientos a las redes de alcantarillado, o en su defecto partiendo de los consumos de acueducto, determinar el volumen de agua que es transformado en un proceso industrial para calcular por sustracción el volumen de vertimientos en concordancia con lo previsto en la sentencia de 3 de febrero de 2000, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado CU 1126, en la cual se recuerda que es posible aforar los vertimientos a las redes de alcantarillado, o en su defecto, partiendo de los consumos de acueducto, determinar el volumen de agua que es transformado en un proceso industrial, para calcular por sustracción el volumen de vertimientos.

Así las cosas, al no existir una regulación específica expedida por la CRA para efectos de realizar por razones técnicas y económicas, la facturación del servicio de alcantarillado no es viable que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá pueda para efectos de la medición del servicio de alcantarillado un parámetro distinto al establecido por la CRA, que para el presente caso es la Resolución 151 de 2001, en donde el único parámetro para efectuar la facturación del alcantarillado es la medición efectuada por concepto del servicio de acueducto…” (resaltado fuera de texto).

Posteriormente, en sentencia de 16 de octubre del 2014 (exp. 2013-00456-01, Actora: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, C.P. doctora María Elizabeth García González), se reiteró el anterior criterio y se agregó lo siguiente:

“(…) Al ser el consumo el principal elemento para el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado, conforme lo prevén las disposiciones contenidas en el numeral 1º del artículo 9º(5) y los artículos 144(6), y 146 de la Ley 142 de 1994, y no existir una regulación específica expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento “Básico, para efectos de realizar por razones técnicas y económicas, la facturación del servicio de alcantarillado a Indega S.A., no es viable que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá pueda emplear una medida distinta a la establecida por la CRA, que para el presente caso es la Resolución 151 de 2001, en donde el único parámetro para efectuar la facturación del alcantarillado es la medición efectuada por concepto del servicio de acueducto.

En estos términos, asiste razón a la entidad apelante puesto que precisamente la demanda pretende la nulidad de la resolución acusada, en cuanto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desconoció el parámetro de medición de la factura de alcantarillado de Indega S.A., contrariando lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 1.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, ya referidos.

La Sala reitera que de no aplicar el parámetro previsto en la Resolución CRA 151 de 2001, se generaría un detrimento patrimonial a la empresa, pues el hecho de que se use el recurso para una determinada industria y se exporte el agua en desarrollo de dicho proceso, no significa que el producto final no dé lugar a un vertimiento que por lo tanto genera un costo para la empresa que debe ser asumido por la aferente.

Como en el presente caso la sociedad Indega S.A., no ha solicitado como gran consumidor el aforo de los vertimientos a la red de alcantarillado, es decir que no existe medición individual, el cobro del servicio de alcantarillado deberá tener como parámetro el consumo de acueducto que registre el usuario.

Al corresponder la definición del sistema tarifario exclusivamente a la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA, tanto las empresas prestadoras de servicios públicos, como los usuarios del servicio, e incluso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, deben someterse a dichas normas.

Así las cosas, al haberse establecido que la competencia para definir el método tarifario de alcantarillado corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, y que no se demostró por el usuario del servicio Indega S.A. que cuente con los instrumentos de medida requeridos tecnológicamente de conformidad con los criterios establecidos por la CRA, para poder realizar el aforo de los vertimientos a la red pública de alcantarillado, la medición del servicio de alcantarillado debe sujetarse al consumo del servicio de acueducto, conforme lo establece la Ley 142 de 1994” (resaltado fuera de texto).

Y recientemente, en sentencia de 19 de marzo de 2015 (exp. 2013-00416-01, Actora: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, C.P. Dra. María Elizabeth García González), que recoge y reitera los anteriores pronunciamientos, se señaló lo siguiente:

“De conformidad con los precedentes jurisprudenciales antes señalados, que reitera la Sala, no es viable considerar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ni que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puedan, para efectos de la medición del servicio de alcantarillado, establecer un parámetro distinto al establecido por la CRA, que para el presente caso es la Resolución 151 de 2001, en donde el único parámetro para efectuar la facturación de dicho servicio es la medición efectuada por concepto del servicio de acueducto, en razón a que no existe una regulación específica expedida por la CRA para efectos de realizar por razones técnicas y económicas, la facturación del aludido servicio.

En otras palabras, no hay norma que regule la situación particular de aquellos usuarios, como Indega S.A., que consumen un elevado volumen del agua recibida, en procesos industriales, y luego la exportan en desarrollo de dichos procesos. Agua consumida, que por razones obvias, no es objeto de vertimiento al servicio básico de alcantarillado.

Por consiguiente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no tenía competencia para adoptar, a través de la resolución acusada, un sistema tarifario de alcantarillado diferente al definido por la CRA, y ordenar la reliquidación de la factura del período de 30 de agosto de 2011 al 29 de septiembre de 2011, con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor de alcantarillado (descargas industriales), pues el único parámetro para efectuar la facturación del alcantarillado es la medición efectuada por concepto del servicio de acueducto.

Ahora bien, como quiera que la parte demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, alegaron que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no está facultada para avalar la instalación de los medidores por parte del usuario, ni para determinar si un medidor cumple con las características, vale la pena aclarar que si bien es cierto que los usuarios pueden adquirir los instrumentos necesarios para medir sus consumos y que no es obligación de éstos, ni de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cerciorarse de que funcionen en forma adecuada, también lo es que esos instrumentos deben ser permitidos por los contratos uniformes y deberán ser aceptados por la empresa, siempre que reúnan las características técnicas y de mantenimiento que deba dárselas, establecidas por ésta. Así lo prevé el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que es del siguiente tenor:

“Artículo 144 de la Ley 142 de 1994. Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.

La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características de los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles…”.

En estos términos, al no existir medición individual de los vertimientos del servicio público domiciliario de alcantarillado, por no existir regulación específica expedida por la CRA para efectos de realizar por razones técnicas y económicas, la facturación del servicio de alcantarillado, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP-EAAB debía asumir el cobro de alcantarillado acorde con el parámetro general, esto es, el correspondiente al cobro del consumo de acueducto”, y no con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor de alcantarillado instalado por Indega S.A., de acuerdo con lo señalado en la sentencia de esta Sección inicialmente invocada, esto es, la de 15 de mayo de 2014” (resaltados originales en la sentencia transcrita).

De acuerdo con lo anterior, es claro que para el cobro del servicio de alcantarillado se debe tener como parámetro de medición el consumo del servicio de acueducto, y que no es viable aplicar un parámetro distinto a éste, en el cual el cobro del consumo de alcantarillado se realice a partir de la medición directa del volumen de vertimientos, dado que no existe una regulación específica expedida por la CRA para efectos de realizar por razones técnicas y económicas, la facturación del servicio de alcantarillado, conforme se dijo anteriormente.

En consecuencia, como lo señaló la Sala en la última sentencia citada, “las pruebas que demuestran que Indega S.A. solicitó a la actora realizar directamente la medición con los equipos que a bien tuviera, que pidió revisar y formular las observaciones a que hubiere lugar, respecto de los medidores instalados por ella, así como los informes de calibración e idoneidad de los mismos, no podían ser objeto de valoración, ni era necesario decretar prueba de oficio, conforme lo indicó el tercero interesado en las resultas del proceso, en tanto que la medición establecida a través de los medidores instalados por Indega S.A. no corresponde al parámetro de medición definido por la CRA, conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 1.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001”.

6.2.5. Decisión. En el anterior contexto, la Sala confirmará la sentencia apelada, pero por las razones antes expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 10 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. RECONOCER personería como apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP al abogado Santiago Londoño Camacho, en los términos del poder a él conferido visto a folio 20 del cuaderno de segunda instancia.

3. RECONOCER personería como apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario al Abogado Marco Andrés Mendoza Barbosa, en los términos del poder a él conferido visto a folio 45 del cuaderno de segunda instancia.

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.»

(2) Criterio que se encontraba expuesto, entre otros, en la sentencia de 22 de noviembre de 2002 (exp. 25000-23-24-000-1997-2360-01 (6572), C.P. Dr. Camilo Arciniégas Andrade).

(3) “ART. 146.—La medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales (…)”.

(4) “Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”.

(5) “ART. 9º—Derecho de los usuarios. Los usuarios de los servicios públicos tienen derecho, además de los consagrados en el estatuto nacional del usuario y demás normas que consagren derechos a su favor, siempre que no contradigan esta ley, a:

9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la ley.

(6) ART. 144.—De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.

La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba dárselas. (…)”.