Sentencia 2013-00458/21815 de septiembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 68001-23-33-000-2013-00458-01

Nº Interno: 21815

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Demandante: Ventanal Arketipo S.A. - Ventanar S.A. [NIT.890207543-7]

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Bogotá D.C., trece de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Decide la Sala la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nº 042412011000056 de 21 de noviembre de 2011, y la Resolución Nº 900.270 de 26 de noviembre de 2012, proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales modificó a la actora la declaración del impuesto de IVA del 5º bimestre del año gravable 2010.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, lo que se discute es si la base gravable para liquidar el IVA a cargo de la sociedad Ventanar S.A. es el valor total de la operación, por la venta de bienes muebles con instalación, o solo sobre la utilidad, porque la actora presta el servicio de construcción de obras en bienes inmuebles.

De la base gravable del impuesto sobre las ventas - adición de impuesto generado a la tarifa del 16%

La demandante sostiene que, conforme con lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, la base gravable para liquidar el IVA en este caso, es la utilidad del constructor, por cuanto la actividad de construcción de fachadas y ventanería en bienes inmuebles corresponde a la construcción o confección de obra material.

Por el contrario, la DIAN considera que la actividad que desarrolló la actora dentro del periodo gravable en discusión, corresponde a una venta de bienes muebles con instalación, según lo dispuesto en el artículo 421 literal c) del Estatuto Tributario, por lo que la base gravable del impuesto es el valor total de la operación, de acuerdo con el artículo 447 ibídem.

Para resolver el asunto debatido, es preciso reiterar lo siguiente(18):

El artículo 420 del Estatuto Tributario define los hechos sobre los que recae el impuesto, así:

ART. 420.—El impuesto a las ventas se aplicará sobre:

a) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente;

b) La prestación de los servicios en el territorio nacional;

c) La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente;

[…]”

El artículo 421 del Estatuto Tributario define los hechos que se consideran venta para efectos del tributo, de la siguiente manera:

ART. 421.—Hechos que se consideran venta. Para los efectos del presente Libro, se consideran ventas:

a. Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y a nombre de terceros.

b. Los retiros de bienes corporales muebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa.

c. <Literal modificado por el artículo 50 de la Ley 488 de 1998. > Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios no gravados, así como la transformación de bienes corporales muebles gravados en bienes no gravados, cuando tales bienes hayan sido construidos, fabricados, elaborados, procesados, por quien efectúa la incorporación o transformación”.

De acuerdo con el artículo 421 literal c) del Estatuto Tributario, se considera venta la instalación de un bien corporal mueble a un inmueble cuando el bien mueble es fabricado o elaborado por quien hace la instalación.

Por su parte, el artículo 447 del Estatuto Tributario establece que la base gravable en la venta y prestación de servicios está integrada por el valor total de la operación, que incluye, entre otros conceptos, los gastos directos de financiación, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.

Ahora bien, respecto de actividades específicas como son los contratos de construcción de bien inmueble, la normativa tributaria (Decreto 1372 de 1992), dispone una base gravable especial, en los siguientes términos:

“ART. 3º—Impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble. En los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares. […]”.

De conformidad con la norma transcrita, la base gravable para liquidar el IVA en los contratos de construcción de bienes inmuebles, que corresponde a la prestación de un servicio, son los honorarios del constructor y, en su defecto, la utilidad que este obtenga, que se encuentra estipulada en tales contratos.

Así las cosas, como lo sostuvo la Sala en los fallos aludidos, “la base gravable para liquidar el IVA en los contratos de construcción, prevista en el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, no modifica la regla general descrita en el artículo 447 del Estatuto Tributario, sino que la aclara sin exceder los límites previstos en la mencionada disposición”.

En efecto, en sentencia de 19 de noviembre de 1993, al analizar la legalidad de la referida norma, la Sección señaló(19):

“[…] la expresión “valor total de la operación” corresponde al valor total de la remuneración que obtenga el responsable por el servicio prestado lo cual resulta acorde con el hecho generador del impuesto en este evento relacionado con la actividad de “prestación de servicios”, y con el nuevo tratamiento que la Ley 6ª da a este hecho generador del impuesto a las ventas.

Así las cosas el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, que establece la base gravable en los servicios originados en los contratos de construcción de bien inmueble, “en la parte de los ingresos correspondientes a los honorarios obtenidos por el constructor” y “cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor”, no modifica la base gravable que de manera general establece el artículo 447 del Estatuto Tributario, sino que por el contrario la precisa o determina en la parte que corresponde a la contraprestación o remuneración por el servicio que involucra este tipo de contratos, llámese honorarios o utilidades para el constructor, con lo cual sigue la base gravable circunscrita al ingreso percibido por la prestación del servicio, sin sufrir modificación alguna, imprimiendo claridad y precisión, sobre el particular; no produciéndose ampliación de la base gravable ni confusión, como lo afirma el accionante. Precisiones que contrariamente a lo que considera el accionante, evitan gravar conceptos de origen y destinación distintos a la remuneración obtenida por la prestación del servicio de ingeniería o arquitectura por parte del constructor, que es el hecho generador del impuesto a las ventas, en este caso, cuando no están vinculados a la vivienda hasta de dos mil trescientos (2.300) UPACS numeral 7º, artículo 25 de la Ley 6ª de 1992.

Entenderlo de otra manera, sería tanto como admitir que dentro de tal base gravable quedan involucradas otras operaciones ajenas a la prestación del servicio por parte del sujeto pasivo, para el caso, los costos y gastos imputables al bien construido, conceptos sobre los cuales, obviamente, no recae el gravamen al no ser objeto del impuesto la venta de bien inmueble.

En consecuencia, la base gravable establecida en el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, para los servicios originados en los contratos de construcción de inmuebles, no modifica la regla establecida en el artículo 447 del Estatuto Tributario, sino que como quedó visto, la aclara sin exceder los límites previstos en la mencionada disposición, motivo por el cual no es viable acceder a la nulidad incoada por el accionante, al respecto” (Negrillas de la Sala).

En consecuencia, la base gravable para liquidar el IVA en la prestación del servicio de construcción es el valor total de la operación, entendida como la remuneración que perciba el constructor, llámense honorarios o utilidad, según el caso.

Para los efectos pertinentes, los contratos de construcción y, en general de confección de obra material, fueron definidos por la DIAN en el Concepto Unificado de IVA Nº 001 de 2003, de la siguiente manera:

“[…] 1.3. Confección de obra material

Los contratos de confección de obra material son aquellos por los cuales el contratista directa o indirectamente edifica, fabrica, erige o levanta obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción en sí no constituyendo contratos de construcción las obras o bienes que pueden removerse o retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble como divisiones internas en edificios ya terminados. Por lo tanto y para efectos impositivos, no por el hecho de denominarse en forma diferente varía su naturaleza, en cuanto hay elementos que siendo de su esencia los caracterizan.

El artículo 3º del Decreto 1372 de 1992 establece que […]

[…]

La base gravable para liquidar el Impuesto sobre las Ventas en la prestación de servicios será el valor total de la remuneración que perciba el responsable por el servicio prestado, independientemente de su denominación y de los factores que se hayan aplicado en la determinación de la misma. Por ejemplo, en contratos en los que se utilice la fórmula A.I.U. (Anticipo, Imprevistos y Utilidades) o se aplique el factor multiplicador, estos no se tendrán en cuenta para efectos de determinar la base gravable del IVA, es decir la base estará conformada por el valor total de la remuneración percibida por el contratista, llámese honorarios o utilidad según el caso.

1.4. Servicio de construcción

Son contratos de construcción y urbanización y en general de confección de obra material de bien inmueble aquellos por los cuales el contratista, directa o indirectamente, edifica, fabrica, erige o levanta las obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción en sí, tales como: electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la construcción. No constituyen contratos de construcción las obras o bienes que puedan retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble, como divisiones internas en edificios ya terminados.

[…]

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondientes a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares” (Negrillas de la Sala).

Conforme con la definición de contratos de construcción prevista en el Concepto Unificado de IVA 001 de 2003, que ambas partes aceptan, se entiende por construcción en inmuebles no solo el levantamiento de obras o edificaciones, directa o indirectamente, sino todas “las obras inherentes a la construcción en sí, tales como: electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la construcción”, siempre y cuando al retirarse las obras de la construcción se cause detrimento al inmueble. Pero si las obras pueden retirarse fácilmente de la construcción, sin causar detrimento a esta, no se consideran construcción.

En el mismo sentido, en el Oficio 029840 de 2006, la DIAN estableció lo siguiente:

“Para una correcta aplicación de lo previsto en el concepto unificado, es preciso observar que el mismo, al señalar que no constituyen contratos de construcción las obras o bienes que puedan removerse o retirarse fácilmente, establece como condición que dicho retiro pueda efectuarse sin detrimento del inmueble. En esas circunstancias, cuando el concepto indica que no constituyen contrato de construcción las obras o bienes que pueden removerse o retirarse fácilmente, se está refiriendo a aquellas que se segregan a la construcción como accesorios (y que por ello cita como ejemplo las divisiones internas en edificios terminados), pero no a los elementos estructurales que hacen parte de la construcción en sí.

En consecuencia, si se trata de contratos que tienen por objeto la fabricación de edificaciones del tipo puentes o estaciones de transporte, los mismos se adecuan a la definición de contratos de confección de obra material, independientemente de la tecnología que se utilice para llevar a cabo la construcción. El hecho de que se utilicen estructuras metálicas removibles o no, por ejemplo ladrillo o concreto, no le quita el carácter de construcción a las obras pues, en el evento de que tales estructuras sean removidas, se causa inevitablemente, un detrimento al inmueble o edificación. En otras palabras, la modernización de las construcciones y el uso de materiales, no obsta para que a los respectivos contratos se les dé el tratamiento tributario previsto en la ley”.

Así las cosas, se considera que la obra o bienes instalados en los inmuebles son construcciones, cuando estos no puedan retirarse sin deterioro de la edificación.

Con el mismo criterio, en el Concepto 044201 de 29 de mayo de 2009, la DIAN reiteró la doctrina vigente sobre los contratos de construcción y señaló lo siguiente:

“[…]

Mediante los Oficios 029840 y 073113 de 2006 (que se remite al Concepto Unificado del impuesto sobre las ventas), esta Oficina se refirió al concepto de detrimento en los siguientes términos:

Oficio 029840 de 2006 “… El hecho de que se utilicen estructuras metálicas removibles y no, por ejemplo, ladrillo o concreto, no le quita el carácter de construcción a las obras pues, en el evento de que tales estructuras sean removidas, se causa, inevitablemente, un detrimento al inmueble o edificación. En otras palabras, la modernización de las construcciones y el uso de materiales con bajo impacto ambiental, como estructuras de metal, ajustables y removibles, no obsta para que a los respectivos contratos se les dé el tratamiento tributario previsto en la ley…”.

Oficio 073113 de 2006: “En el Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas Nro. 00001 de 2003, dentro del Capítulo II “Servicios Gravados” del Título IV, esta Entidad hizo las siguientes precisiones:

“Servicios gravados

Descriptores: servicios gravados. servicio de construcción. (Página 143-144)

1.4. Servicio de construcción

Son contratos de construcción y urbanización, y en general de confección de obra material de bien inmueble aquellos por los cuales el contratista directa o indirectamente, edifica, fabrica, erige o levanta las obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción en sí, tales como: Electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la construcción. No constituyen contratos de construcción las obras o bienes que puedan retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble como divisiones internas en edificios ya terminados. […]

Obsérvese que en esta definición se diferencia claramente entre las obras inherentes a la construcción en (tales como: electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes) y las obras o bienes que puedan retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble. Es decir las primeras están estrechamente unidas a la construcción en y son imprescindibles para el funcionamiento de la edificación, en tanto que las segundas aluden a las adecuaciones que se le hacen a la edificación en atención a su destinación.

[…]

Considerando que existe un amplio grupo de actividades a las que resulta aplicable el concepto de construcción, se reitera que en cada caso deben tenerse en cuenta las circunstancias propias del negocio para efectos de la aplicación del IVA, pues en efecto, no es posible confundir una venta con instalación, con un contrato de construcción propiamente dicho”.

Así, son obras y bienes inherentes a la construcción aquellas que están estrechamente unidas a la construcción y son imprescindibles para su funcionamiento, al punto que si se retiran, esta se deteriora o pierde funcionalidad.

Además, en cada caso deben analizarse las circunstancias propias del negocio para determinar si existe venta de muebles con instalación o prestación de servicios de construcción, pues la base gravable del IVA, esto es, el valor total de la operación, es distinta en los dos eventos.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

• En la declaración del IVA por el bimestre 5 del año gravable 2010, la actora determinó el impuesto generado a la tarifa del 16% sobre el valor correspondiente a la utilidad del constructor(20).

• Previo requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió Liquidación Oficial de Revisión por la que modificó la declaración para fijar el IVA generado a la tarifa del 16% sobre el valor total de la operación e imponer sanción por inexactitud(21). La citada decisión se confirmó en reconsideración.

• De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal(22), las actividades que desarrolla la demandante son “La fabricación y comercialización nacional e internacional, distribución, importación y exportación de productos para uso arquitectónico y decorativo, relacionados con la carpintería y el amoblamiento de espacios de trabajo; […] la realización de obras civiles relacionadas: con la remodelación, conservación, mantenimiento y adecuación de toda clase de inmuebles. La producción, fabricación, comercialización, distribución, exportación e importación de equipos, insumos y productos arquitectónicos y decorativos relacionados con la carpintería y el amoblamiento de espacios de trabajo; el desarrollo de actividades de asesoría, servicio, consultoría, obras, investigación, diseño y demás actividades relacionadas con los productos arquitectónicos y decorativos. […]”.

• Conforme con el certificado de inscripción, clasificación y calificación de proponentes Nº 11049910, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, consta que de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la actividad principal de la actora corresponde al código 4330 “Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil” y figura como actividad secundaria, la del código 3110, que corresponde a la fabricación de muebles(23).

• En el RUT de la demandante se verifica que su actividad económica principal está registrada con el código 4551, que corresponde a la instalación de vidrios y ventanas(24).

• En desarrollo de la actividad de construcción la actora suscribió en septiembre de 2010(25), los contratos de obra allegados al proceso, en los que da cuenta de que su objeto es adecuar, remodelar, reparar y construir, con inclusión de fachadas de edificios; construir e instalar puertas y ventanas en aluminio y vidrio; suministro e instalación de ventanería en aluminio; construcción e instalación de ventanería y vidrio; construcción e instalación de ventanas, puertas y divisiones de baños en aluminio y cristal; construcción de ventanería elíptica en aluminio anodizado color blanco y cristal importado, entre otros.

• Obran facturas de ventas en las que se aprecia que fueron expedidas por la demandante, por concepto de confección y construcción de obra material y montaje para la instalación de la carpintería en aluminio, construcción de fachadas(26). En tales facturas se especifica la utilidad(27).

• También se observa que la DIAN adjudicó licitaciones a la Unión Temporal conformada por las sociedades Consultoría e Imagen y Ventanal Arketipo S.A., quien luego de acreditar la calidad de constructor, pues era uno de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones(28), suscribieron contratos en los que se dispuso como objeto “contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, remodelación, reparación y construcción, con inclusión de fachadas, de los edificios sede de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, en las ciudades de: Grupo 1 Pereira, Armenia Bogotá (Escuela)”(29).

Si bien el contrato que suscribió la actora con la DIAN no se refiere al periodo gravable en discusión, se advierte que con la adjudicación de la licitación, la demandada reconoció que la actora ejerce la actividad de construcción o confección de obra material, pues, se reitera, el ejercicio de dicha actividad era uno de los requisitos de la licitación.

• Se observa de igual manera que en el dictamen pericial ordenado por el a quo en la audiencia de 17 de marzo de 2014(30) la ingeniera civil Myriam Peñaranda Quiñones, a lo preguntado, precisó(31):

“[…] 1. Conceptúe si dentro del proceso que se desarrolla para construir una edificación, la fabricación y montaje de fachadas y ventanería en aluminio y vidrio, es un capítulo integrante y vital dentro del proceso constructivo.

[…]

1. En la elaboración del presupuesto de obra para una edificación, se tiene el capítulo correspondiente a Carpintería Metálica el cual es representativo y contempla los trabajos de las obras relacionados con la fabricación y montaje de fachadas y ventanería en aluminio y vidrio, por lo anterior este capítulo de Carpintería Metálicaes un capítulo integrante y vital dentro del proceso constructivo.

2. Precise si las fachadas y ventanería que Ventanar produce para sus clientes, de conformidad con las obras encomendadas, existen previamente en inventario o en bodega de la empresa, o si estas son producidas exclusivamente sobre las necesidades de cada uno de los proyectos.

[…]

2. Las fachadas y ventanería que Ventanar produce obedecen a obras encomendadas con diseños y formas diferentes para cada proyecto en particular y NO existen previamente en inventario ni en bodega, sino que son producidas exclusivamente atendiendo los requerimientos técnicos de cada proyecto. Lo anterior se verificó en la planta de producción como puede verse en el registro fotográfico.

3. Informe si las fachadas y ventanería que se construyen e incorporan a la edificación, una vez incorporadas quedan de carácter permanente formando parte integrante de la edificación.

[…]

3. Las fachadas y ventanería construidas e incorporadas a la edificación son de carácter permanente y forman parte integrante de la edificación, hasta tanto se realice una remodelación total de la fachada que dependiendo de los trabajos requiere desocupar la edificación, ya que las personas, cosas o animales que las ocupan, quedan expuestas a los distintos efectos climáticos, ruido e inseguridad.

4. Conceptuar sobre si, estando la ventanería y fachada de una edificación destinada a proteger contra la intemperie lo contenido al interior de esta, sea de personas, animales o cosas, el retiro después de incorporadas esta ventanería y fachada en aluminio y vidrio causaría al inmueble grave deterioro hasta el punto de hacerlo inhabitable o inutilizable, de conformidad con el uso natural para el cual se encuentran construidas.

[…]

4. El retiro de la ventanería y fachada de una edificación después de incorporadas, teniendo en cuenta que su función es proteger a los que se encuentran dentro de la edificación sean personas, animales o cosas, de los efectos climáticos, servir de aislamiento térmico y acústico, así como también en algunos casos es parte de la estructura y conforma el cerramiento de la edificación, y que los distintos tipos de fachadas existentes están conectados a la estructura, el retiro de las mismas hace necesario la evacuación de lo que se encuentre en su interior, pues el inmueble se hace inhabitable o inutilizable, hasta que se construya una nueva fachada dependiendo del tipo de fachada construido”(Subraya la Sala).

De conformidad con las pruebas relacionadas, para la Sala es claro que la sociedad Ventanal Arketipo S.A. sí desarrolló la actividad de construcción durante el periodo gravable en discusión, pues, como se vio, la construcción de fachadas y ventanería en aluminio y vidrio están destinadas al uso y beneficio del inmueble y constituyen elementos estructurales de la construcción.

Ahora bien, el hecho de que las ventanas o fachadas se puedan separar, retirar o remover del inmueble, no le quita el carácter de construcción de obra, pues estos elementos hacen parte integral de la construcción y no como accesorios de esta, por lo que su remoción genera un detrimento o deterioro al inmueble.

Así las cosas, en concordancia con las normas tributarias y en los términos del Concepto Unificado Nº 001 de 2003, la actividad de instalación de fachadas y ventanería tal como la ejecutó la demandante, corresponde a una construcción, debido a que tales elementos son indispensables para que el bien inmueble no pierda la esencia y finalidad para la cual fue construido.

Por lo expuesto, la base gravable sobre la que se debía liquidar el IVA es el valor de la utilidad del constructor, conforme con el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, como lo hizo la demandante y, en consecuencia, no era procedente la liquidación efectuada por la DIAN, al incluir en la base gravable del IVA la totalidad del valor de la operación por concepto de la venta de bienes muebles, según lo dispuesto en el artículo 421 del Estatuto Tributario y la definición que de la base gravable del IVA se encuentra, de manera general, en el artículo 447 ibídem, esto es, sobre el valor total de la operación.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas

El Tribunal de primera instancia, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, condenó en costas a la DIAN y fijó como agencias en derecho, el 1% del valor de las pretensiones de la demanda.

Respecto de la condena en costas en esta instancia, se advierte que conforme con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(32), cuando el juez disponga sobre la condena en costas, tendrá que consultar las reglas previstas el Código de Procedimiento Civil, actual Código General del Proceso, es decir, el artículo 365, dentro de las que se encuentra la que prevé que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” [numeral 8](33).

Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013(34), señaló lo siguiente:

“La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”.

Conforme con lo anterior y una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia de 19 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por la razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

18 Sentencias del 13 de julio de 2017, Exp. 21188 C.P. Dr. Milton Chaves García y de 2 de agosto de 2017, Exp. 21060, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

19 Exp. 4415, C.P. Delio Gómez Leyva

20 Fl. 223 reverso c.p.

21 Fls. 264 reverso a 274 c.p.

22 Fls. 38 a 41 c.p.

23 Fls. 73 a 79 c.p.

24 Fls. 216 reverso y 217 c.p.

25 Fls. 111 a 127 c.p.

26 Fls. 2 a 43 c.a. 2

27 AZ´s

28 Fls. 80 a 88 c.p.

29 Fls. 96 y 97 c.p.

30 Fls 355 a 358 c.p.

31 Fls. 375 a 387 c.p.

32 “ART. 188.—Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

33 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 5 de marzo de 2015, Exp. 20585, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

34 M.P. Mauricio González Cuervo