Sentencia 2013-00471 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 15001233300020130047101

Nº Interno: 2153-2015

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Gil Roberto Cortés Rodríguez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP(1)

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «7. Consideraciones.

7.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(11), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

7.2. Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:

1. ¿Es dable predicar en el sub lite el fenómeno jurídico de cosa juzgada?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: En el caso bajo estudio se presenta la cosa juzgada, como quiera que ya se había decidido en un proceso anterior si el señor Gil Roberto Cortés Rodríguez tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, advirtiéndose la identidad de objeto, de partes y causa petendi, tal y como pasa a explicarse:

7.2.1.1. El fenómeno jurídico de la cosa juzgada.

Sobre el particular, conviene precisar que dicha figura es una institución jurídico procesal en virtud de la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y a otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, advirtiéndose que los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica(12).

De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.

En relación con el alcance y los efectos de la cosa juzgada, el tratadista Devis Echandía precisó:

«En materia civil, laboral y contencioso-administrativo, no significa la cosa juzgada que la parte favorecida adquiera esa certeza definitiva e inmutable frente a todo el mundo, porque su fuerza vinculativa se limita a quienes fueron partes iniciales e intervinientes en el proceso en que se dictó y a sus causahabientes. Es el efecto relativo de la cosa juzgada, que todas las legislaciones aceptan como norma general y que sólo tiene limitadas excepciones para los casos en que expresamente la ley le otorga valor erga omnes. […]»(13).

De ahí que el referido fenómeno jurídico sea entendido como «una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.»(14).

La importancia de este atributo de las sentencias deviene de su propia finalidad, que no es otra que conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones judiciales, evitando que un mismo asunto pueda ser debatido indefinidamente ante la jurisdicción.

En lo que a esta figura concierne el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable en virtud de la remisión que hace el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, prescribe:

«[…] Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. […]».

A su turno, el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

«[…] La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. (…). La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quién hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley. […]».

El contenido de la norma en cita, nos permite dilucidar que frente a las acciones de nulidad de los actos administrativos, el legislador establece una regla diferencial según se trate de sentencias declarativas de la nulidad del acto o de sentencias denegatorias de ella, pues frente a estas últimas el efecto de cosa juzgada será apenas relativo y operará únicamente «en relación a la causa petendi juzgada», es decir, respecto de los argumentos invocados en la sentencia que ya fue resuelta por la jurisdicción.

Ahora bien, en relación con la cosa juzgada, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado(15) ha señalado:

«[…] la cosa juzgada tiene como función negativa prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico. La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes trabaron la Litis como partes o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, que el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad.

De esta forma, la sentencia que niega la anulación del acto acusado produce el efecto de cosa juzgada frente a todos, pero sólo en relación con la causa o los motivos de impugnación alegados, lo que significa que por esos mismos motivos no podrá instaurar la misma parte o un tercero una nueva acción de nulidad contra el acto que fue objeto de la primera decisión.

Pero en cambio, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes (para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los argumentos alegados), situación que impide que pueda presentarse un nuevo pronunciamiento en relación con el acto acusado.

(…).

Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

a) Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada.

b) Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

c) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente. […]».

En ese orden de ideas, se observa que para la estructuración de la cosa juzgada se requieren los siguientes elementos: (i) Identidad de partes: Esto es, que se trate de unas mismas personas que figuren como sujetos pasivo y activo de la acción. (ii) Identidad de objeto: Que las pretensiones reclamadas en el nuevo proceso correspondan a las mismas que integraban el petitum del primero en donde se dictó el fallo. (iii) Identidad de causa: Cuando el motivo o razón que sirvió de fundamento a la primera demanda, se invoque nuevamente en una segunda.

7.2.1.2. Caso concreto.

Acorde con el anterior análisis legal y jurisprudencial, se hace necesario efectuar un examen comparativo de los procesos con radicado 15-001-31-33-011-2007-00049-00 tramitado en el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y el que es objeto de estudio en el sub lite, con el fin de determinar si se presenta identidad de partes, identidad de objeto e identidad de causa:

a) Que el proceso nuevo verse sobre el mismo objeto.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 2007-00049-00 - Juzgado 11 Administrativo de TunjaMedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 2013-00471-01 (número interno 2153-2015) - Consejo de Estado
«[…] Declárese (sic) la nulidad de la Resolución 40722 de fecha 26 de julio de 2006, expedida por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, mediante cual se negó el reconocimiento y pago de la PENSIÓN GRACIA al presbítero GIL ROBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, reconózcase la PENSIÓN GRACIA al presbítero GIL ROBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ.
3. En consecuencia y como restablecimiento del derecho, ordénese a la Nación —Caja Nacional de Previsión—, que pague al presbítero GIL ROBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ, el valor de las mesadas causadas desde el cinco (5) de febrero de dos mil dos (2002), hasta cuando efectivamente se inicie el pago periodo de la PENSIÓN GRACIA de jubilación, indexada de conformidad al índice de precios al consumidor (IPC). […]»(16).
«[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 010770 del 4 de octubre de 2012, expedida por la subdirectora de determinación de derechos pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión gracia a mi representado.
2. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 015332 del 14 de noviembre de 2012, expedida por la subdirectora de determinación de derecho de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 10770 del 4 de octubre de 2012.
3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 003685 del 28 de enero de 2013 expedida por el director de pensiones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la Resolución 10770 del 4 de octubre de 2012.
4. Declarar que el señor GIL ROBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ tiene derecho a que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL —CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN Y/O UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES —UGPP, le reconozca y pague, la pensión gracia, a partir del día que cumplió el estatus, es decir, cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicio, en cuantía de 75% del salario con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio. […]»(17).

A partir de lo confrontado se colige que aunque se enjuician actos administrativos diferentes, coincide lo pretendido en ambos procesos, en tanto el objeto de los mismos se circunscribe a obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia del demandante, a partir de la fecha en que cumplió los requisitos para ser beneficiario de la misma, 20 años de servicio y 50 años de edad.

Conforme a lo anterior, se encuentra identidad de objeto entre este proceso y el decidido por el Juzgado 11 Administrativo de la ciudad de Tunja. En tal virtud, es procedente estudiar el siguiente elemento objetivo de la cosa juzgada.

b) Que el proceso esté fundado en la misma causa del anterior.

En relación con el requisito de identidad de causa, entendida como la plena coincidencia entre la razón o motivos por los cuales se demanda, se establece lo que sigue a partir del comparativo de las situaciones fácticas planteadas dentro de los procesos cotejados:

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 2007-00049-00 - Juzgado 11 Administrativo de TunjaMedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 2013-00471-01 (número interno 2153-2015) - Consejo de Estado
«[…] 1. El profesor GIL ROBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ, nació el cuatro (4) de febrero de 1952.
2. Egresó de la Normal de Saboya (sic) Boyacá en el año mil novecientos setenta y tres (1973), de donde obtuvo el titulo (sic) de maestro.
3. Fue vinculado por el departamento de Boyacá como docente en primaria en la escuela Rafael Núñez del municipio de Tunungua en el mes de marzo de mil novecientos setenta y tres (1973).
4. Mediante Resolución 695 del doce (12) de agosto de mil novecientos setenta y cuatro fue trasladado a la Escuela Rural “Fray Miguel Díaz” del municipio de Saboyá, donde igualmente laboró como docente en primaria hasta el mes de mayo de mil novecientos setenta y cinco (1975).
5. Suspendió su actividad laboral para ingresar al Seminario Mayor de Tunja de donde es egresado como Sacerdote.
6. El dos de febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982) retomó su actividad de docente y mediante Decreto 310 de mil novecientos ochenta y dos (1982) fue nombrado por el departamento de Boyacá en el Colegio Nacionalizado Integrado Antonio Nariño de Moniquirá, en donde laboró en las secciones de bachillerato académico y pedagógico, igualmente en la escuela anexa sección primaria.
7. Mediante Resolución 439 de 1985 fue trasladado a la Normal Nacionalizada Mixta del Municipio de Saboya (sic) donde continuó ejerciendo el cargo en las secciones de primaria (Escuela Anexa) y secundaria, hasta el diez (10) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993).
8. Por Decreto trece (13) de mil novecientos noventa y dos (1992) laboró por nombramiento de la Secretaría de Educación de Boyacá en el Colegio de San Pablo Borbur, desde el doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y tres hasta el treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
9. Posteriormente, mediante Decreto 21 del quince (15) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro fue designado como docente capellán en la Escuela Normal Antonio Nariño de Villa de Leyva.
10. En el año dos mil dos (2002) fue trasladado al Instituto Técnico Agropecuario de Santa Sofía (Boy), donde actualmente ejerce su actividad de docente.
11. Hasta la fecha han sido más de veinticinco (25) años de servicio prestados al departamento de Boyacá
12. El dieciocho (18) de julio de dos mil cinco (2005), el Presbítero GIL ROBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ, solicitó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL el reconocimiento y pago gracia, de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989 y 100 de 1993.
Solicitud que se fundamentó en el hecho de cumplir con los requisitos exigidos por la ley para gozar de la gracia de la pensión cuales son:
1. Haber sido vinculado por el departamento de Boyacá como docente en primaria en la Escuela Rural Núñez del municipio de Tunungua en el año 1974.
2. Haber completado más de veinte años de servicio.
3. Haber cumplido más de cincuenta años de edad, hecho ocurrido el cuatro (4) de febrero de dos mil dos (2002). […]»(18).
«[…] 3.1. El señor GIL ROBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 4.227.722, nació el 4 de febrero de 1952.
3.2. Cumplió los cincuenta (50) años de edad, el 4 de febrero de 2002.
3.3. Mi representado, se vinculó al Magisterio, en los siguientes periodos:
Sin títulobbbbbb


3.4. Mi mandante prestó los servicios de la siguiente manera:
Al Magisterio del departamento de Boyacá, como docente con vinculación nacionalizada, nombrado a partir del 22 de marzo al 2 de septiembre de 1974, mediante Decreto 117 del 13 de marzo de 1974.
Al Magisterio del departamento de Boyacá, como docente con vinculación nacionalizada, nombrado a partir del 03 de septiembre de 1974 al 11 de mayo de 1975, mediante Resolución 695 del 12 de agosto de 1974.
Al Magisterio del departamento de Boyacá, como docente con vinculación nacionalizada, nombrado a partir del 22 de febrero de 1982 al 18 de abril de 1985, mediante Decreto 310 del 14 de abril de 1982.
Al Magisterio del departamento de Boyacá, como docente con vinculación nacionalizada, nombrado a partir del 19 de abril de 1985 al 9 de febrero de 1993, mediante Resolución 439 del 13 de abril de 1985.
Al Magisterio del departamento de Boyacá, como docente con vinculación nacionalizada, nombrado a partir del 12 de febrero de 1993 al 31 de enero de 1994, mediante Decreto 13 del 20 de febrero de 1992.
Al Magisterio del departamento de Boyacá, como docente con vinculación nacionalizada, nombrado a partir del 16 de febrero de 1994 al 24 de febrero de 2002, mediante Decreto 21 del 15 de febrero de 1994.
3.5. Los nombramientos fueron hechos en una entidad del orden departamental, como lo es el departamento de Boyacá.
3.6. El 8 de junio de 2012, con radicado SOP20120001750, mi representado, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión Gracia, de conformidad con la Ley 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.
[…].
3.11. En las resoluciones RDP 010770 del 24 de octubre de 2012, RDP 015332 del 14 de noviembre de 2012 y RDP 003685 del 28 de enero de 2013, se desestiman los tiempos laborados en el departamento de Boyacá, desde el 22 de marzo de 1974 a la fecha, en periodos interrumpidos.
3.12. Mi representado tiene derecho a que CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN y/o la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES, le reconozca y pague la pensión Gracia, sumándole todo el tiempo laborado como docente en el departamento de Boyacá(19).

Nótese como en las dos demandas instauradas ante esta jurisdicción, se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, por lo que se exponen hechos que resultan coincidentes en cuanto a los nombramientos en el departamento de Boyacá como docente nacionalizado.

Y al revisar los conceptos de violación que sustentan las pretensiones de las demandas analizadas, se evidencia que convergen en plantear que el demandante acreditó en debida forma la condición de docente nacionalizado, por laborar por más de 25 años al servicio de la docencia estatal y tener más de 50 años de edad, es decir, se insiste en que cumple con los requisitos exigidos por las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, para ser beneficiario de la pensión gracia. Además, en los dos conceptos se itera que deben computarse los tiempos laborados y que no es admisible que la entidad accionada los desconozca al considerar que son lapsos de servicio con vinculación nacional.

Lo anterior, fue objeto de pronunciamiento por parte del Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, que en sentencia fechada 4 de febrero de 2010(20) consideró que acorde con el acervo probatorio se demostraba que el tiempo de servicio prestado por el demandante entre los años 1993 a 2007, no podía ser computado para efectos de conceder la pensión gracia, como quiera que su vinculación era de carácter nacional, por lo que negó las pretensiones de la demanda.

A partir de lo expuesto, se colige que existe identidad de causa en los procesos analizados, toda vez que los hechos y el concepto de violación que sustentan las pretensiones de cada uno de ellos fueron presentados para justificar la viabilidad del reconocimiento de la pensión gracia a favor del señor Gil Roberto Cortés Rodríguez, lo cual fue negado por parte del Juzgado 11 Administrativo de la ciudad de Tunja en la sentencia que puso fin al proceso 15001-33-31-011-2007-00049-00 y en la que se adujo que aunque el actor laboró como maestro nacionalizado antes de la transición del artículo 15, literal a) de la Ley 91 de 1989; desde el año 1994, se vinculó como docente en el departamento de Boyacá, pasando de ser nacionalizado, a ser docente de tipo nacional.

Sin embargo, y conforme la documental obrante dentro del presente proceso, se comprueba que el actor mediante petición presentada el 8 de junio de 2013(21), nuevamente acudió a la jurisdicción de lo contencioso a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión referida sin presentar ningún hecho diferente a los expuestos dentro de la demanda que dio origen al proceso 15-001-31-33-011-2007-00049-00, argumentando esta vez que acreditó en debida forma la condición de docente territorial, como quiera que se vinculó al departamento de Boyacá y laboró por más de 20 años al servicio de la docencia estatal, y por ello en su juicio, le asiste derecho a que la pensión gracia le sea reconocida a partir del 4 de febrero de 2002(22) por haber reunido los requisitos señalados en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, esto es, 20 años de servicio y 50 de edad.

Así las cosas, resolver los cargos de la presente demanda supone pronunciarse sobre un asunto que ya fue objeto de una sentencia judicial, lo cual resulta improcedente, en virtud de los postulados que guían la aplicación del principio del non bis in idem, por cuanto lo resuelto judicialmente obliga a las partes, dado su carácter vinculante, obligatorio e inmutable al tener plena eficacia jurídica.

c) Que exista identidad jurídica de partes.

En el sub lite se evidencia que tanto en el proceso 15001-33-31-011-2007-00049-00, como en la presente causa, actuó como demandante el señor Gil Roberto Cortés Rodríguez y como demandada, la Caja Nacional de Previsión Social que posteriormente y ante su liquidación fue sustituida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP, lo cual permite evidenciar que se cumple el otro requisito para la configuración de la cosa juzgada, esto es, el de la identidad jurídica de las partes.

Así las cosas, se concluye que se encuentra demostrada la configuración de la cosa juzgada, en la medida en que la pretensión del aquí demandante encaminada al reconocimiento y pago de la pensión reclamada, ya fue objeto de pronunciamiento dentro de la causa con radicación 15001-33-31-011-2007-00049-00 que finalizó con sentencia desestimatoria de las pretensiones de fecha 4 de febrero de 2010(23) confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante fallo dictado el 10 de noviembre de 2010(24).

Es de resaltar, que no es de recibo para esta Subsección, el argumento expuesto en el recurso de alzada por parte de la accionante, en el sentido de que al ser enjuiciados actos administrativos diferentes a los analizados en el proceso 2007-00049 no puede predicarse la cosa juzgada, pues como quedó analizado en precedencia, se pretendió en ambos procesos el reconocimiento y pago de la pensión gracia, con base en los mismos tiempos de servicio y con iguales argumentos, sin que pueda advertirse nuevos elementos de juicio en el sub lite.

7.2.2.4. En conclusión: En la medida en que existe providencia judicial que definió el tema que se trae nuevamente a debate, pese a que se controvierta un acto diferente al que fue objeto de análisis en aquella ocasión, se advierte que ocurrió el fenómeno de cosa juzgada.

7.3. Decisión de segunda instancia.

Por las razones que anteceden la Subsección considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia.

7.4. De la condena en costas en segunda instancia.

No puede pasarse por alto que tal y como ha considerado esta corporación(25), que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 le otorgó al juez la facultad de disponer sobre la condena en costas, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente deben aparecer causadas y comprobadas, descartándose así una apreciación solamente objetiva sobre el particular, que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas, pues se exige una valoración de la conducta.

Ahora bien, al valorar la conducta de la parte demandante se comprueba que usó de manera indebida el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto en dos oportunidades, formuló dos demandas encaminadas a obtener el mismo objetivo, esto es, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, comportamiento que desatiende el deber de obrar con lealtad y buena fe(26) ante la administración de justicia, poniendo en evidencia el obrar ilegítimo de la parte actora.

En consecuencia y de conformidad con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas de la segunda instancia al señor Gil Roberto Cortés Rodríguez y a favor de la entidad demandada, por ser la parte a quién se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación y que su conducta fue de mala fe. Estas deberán liquidarse por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida el 26 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la demanda promovida por el señor Gil Roberto Cortés Rodríguez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

2. Condenar en costas de segunda instancia al señor Gil Roberto Cortés Rodríguez, a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, las cuales se liquidarán por el a quo.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.»

11 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

12 En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 28 de febrero de 2013, radicación 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07) Actor: Luz Beatriz Pedraza Bernal, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, y de la Corte Constitucional C-259 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

13 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Teoría General del Proceso Tomo I, Ed. Biblioteca Jurídica Diké, 13 ed., 1994, pág. 498, ISBN 958-9276-51-2.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-522 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” sentencia de 28 de febrero de 2013, C.P. Gustavo Gómez Aranguren, Número Interno 2229-2007, actor Luz Beatriz Pedraza Bernal.

16 Folios 2 y 3, expediente.

17 Folios 3 y 4.

18 Folios 3 a 5, expediente de la referencia.

19 Folios 4 y 5.

20 Folios 133 a 141, cuaderno 2, expediente de la referencia.

21 Folio 45.

22 Folio 4.

23 Folios 133 a 141,cuaderno 2, expediente de la referencia.

24 Folios 172 a 176 vto., cuaderno 2, expediente de la referencia.

25 Sentencia del 19 de enero de 2015, Nº Interno 4583-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, Nº Interno 4044-2013, C.P. (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

26 Artículo 78, Código General del Proceso.