Sentencia 2013-00480/21285 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-37-000-2013-00480- 01 (21285)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Actor: Concesión Sabana de Occidente S.A.

Demandado: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Contribución Parafiscal con Destino a la Promoción del Turismo

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala(1)

Se discute la legalidad de los actos administrativos que liquidaron la contribución parafiscal con destino al Fondo de Promoción Turística (hoy Fondo Nacional de Turismo), a cargo de la Concesión Sabana de Occidente S.A., por los periodos comprendidos entre el primer trimestre del año 2007 y el cuarto trimestre del año 2010.

En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer si el procedimiento regulado por el Decreto 1036 de 2007 permite predicar la violación del derecho de defensa de la actora frente al contenido de las normas del Estatuto Tributario Nacional relacionadas con el requerimiento que precede a las liquidaciones oficiales de revisión.

Igualmente, debe analizarse si los actos demandados son nulos por falta de motivación y, en defecto de dicha glosa, si se ajusta a derecho la base gravable que tomaron para liquidar la contribución parafiscal al turismo, habida cuenta del origen de los ingresos percibidos por la contribuyente concesionaria y los documentos con base en los cuales se establecieron dichos ingresos.

Del requerimiento previo a la liquidación de la contribución parafiscal para la promoción y competitividad del turismo - aptitud legal para provocar la liquidación oficial de la contribución

Según el apelante, el procedimiento de recaudo y cobro de la contribución parafiscal es especial y descarta toda normativa general. Así mismo, predica que las resoluciones acusadas se encuentran debidamente motivadas, en cuanto detallan el cálculo de la contribución año por año y el valor de los ingresos operacionales que recibió la demandante por concepto de transporte de pasajeros.

El Decreto 1036 de 2007 reglamentó el recaudo y el cobro de la contribución parafiscal, para lo cual impuso a los sujetos pasivos de dicho tributo la obligación de presentar y pagar trimestralmente la liquidación privada correspondiente, en el formato que para tal fin disponga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (art. 6º).

Con el fin de controlar y lograr el efectivo recaudo de la Contribución, ordenó a la entidad recaudadora llevar una relación de los sujetos pasivos que presentaran y pagaran su liquidación privada en cada período, así como de quienes no lo hicieran, y facultó a la entidad recaudadora para solicitar información y requerir a dichos sujetos para corregir las liquidaciones privadas que presenten alguna omisión o error (art. 8º).

Vencido el término para la liquidación y el pago sin que este se hubiere realizado, el artículo 9º ejusdem dispuso:

“Vencido el término para liquidar y pagar la Contribución la entidad recaudadora deberá requerir a aquellos que no la hayan liquidado y pagado. La tasa de interés de mora sobre el pago extemporáneo de la Contribución es la misma que establece el Estatuto Tributario para el Impuesto sobre la Renta y complementarios.

Transcurridos tres meses después del vencimiento del plazo para presentar la liquidación y ejercidas las acciones de cobro persuasivo sin obtener el pago total de la Contribución, la entidad recaudadora deberá iniciar el proceso de cobro a través de la jurisdicción coactiva, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º(3) del artículo 2º de la Ley 1101 de 2006”.

De acuerdo con lo anterior, la entidad recaudadora tiene pues el deber de requerir a los sujetos pasivos que no hubieren liquidado y pagado la contribución dentro de los términos legales preestablecidos, y a los que incurrieran en omisiones u errores en las liquidaciones presentadas.

En el caso concreto, se observa que:

• Concesión Sabana de Occidente es una sociedad constituida con el objeto social de ejecutar el contrato estatal 447 de 1994 (fls. 34 a 36, c. 1).

• El 2 de agosto de 1994 firmó el referido contrato con el Instituto Nacional de Vías, para realizar los estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento de la carretera Santafé de Bogotá (Puente el Cortijo) - Siberia - La punta - El Vino, del tramo de carretera Santafé de Bogotá - La Vega, ruta 54 del Departamento de Cundinamarca. (fls. 60-81, c. 1).

• La actora presentó las declaraciones de la contribución para la promoción del turismo para cada uno de los trimestres de los años 2007, 2008, 2009 y 2010. En todas declaró una base gravable de $ 0 y un total a pagar de $ 1000 (fls. 96 a 111, c. 1).

• El 12 de febrero de 2010, mediante Oficio SPCP-0387-10, el Subdirector de Planeación y Contribución Parafiscal del Fondo de Promoción Turística de Colombia invitó a la demandante a ponerse al día con el aporte de la contribución parafiscal para la promoción y competitividad del turismo, liquidada sobre el monto global de todos los ingresos percibidos por administrar, operar, explotar comercialmente, modernizar y conservar la carretera o el aeropuerto (fls. 112-113 c. 1).

• Frente a la anterior misiva, el gerente de la Concesión Sabana de Occidente S.A. manifestó que se encontraba al día con el aporte de la contribución parafiscal y que el cumplimiento de tal obligación debía analizarse de cara a los artículos 2º y 3º (parágrafo cuarto), de acuerdo con los cuales la base gravable de la contribución para concesionarios son los ingresos operacionales que perciben por transporte de pasajeros (fls. 14-15, c. 1).

• El 18 de marzo de 2011, el Consorcio Alianza Turística requirió a la demandante para que, de acuerdo con el artículo 9º del Decreto 1036 de 2007 y en orden a evitar el cobro por jurisdicción coactiva, pagara la contribución parafiscal correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, por valor de $ 276.615.161, más los intereses moratorios generados, por valor de $ 134.245.397, según la liquidación realizada con base en las estadísticas del recaudo suministradas por el Instituto Nacional de Concesiones, a partir de las categorías de peajes existentes para el transporte de pasajeros (fls. 116-117, c. 1).

Para lo pertinente, se anexó la relación de ingresos operacionales de cada trimestre (fl. 118, c. 1.)

• El 4 de abril de 2011, con comunicación GCONV-452-2011, la demandante reiteró que había declarado y pagado la contribución para la promoción del turismo en los términos que dispone la Ley, el reglamento y la jurisprudencia. Que los efectos económicos del contrato de concesión 447 de 1994 se aportaron a un patrimonio autónomo que es el dueño y perceptor de los ingresos del contrato. Y que con la declaración y pago de la contribución se consolidó una situación jurídica a su favor, con efectos inmodificables sobre la solicitud de pago de un valor proveniente de un estimado estadístico.

• El 11 de abril de 2011, mediante Oficio GC-0976-11, el Fondo de Promoción Turística advirtió que en su base de datos aparecían aportes que no eran correctos, de acuerdo con la información suministrada por el INCO. Además, señaló que daría traslado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que iniciara la respectiva acción ejecutiva por la vía de jurisdicción coactiva (fl. 4, c. 3).

• El 19 de diciembre de 2011, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la Resolución 5091 (fls. 37 a 40, c. 1), mediante la cual liquidó y determinó la contribución a cargo de Autopistas del Café por el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2010, en la suma de $ 453.535.167, de acuerdo con la información entregada por el Instituto Nacional de Concesiones INCO y la liquidación de aportes del 18 de marzo de 2011.

Para adoptar esa decisión, el citado acto administrativo consideró que:

“(…)

Que de conformidad con el artículo 6º del Decreto 1036 de 2007 los sujetos pasivos (para el caso que nos ocupa la empresa CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE, NIT: 800.235.280-7) están obligados a presentar y pagar trimestralmente la liquidación privada de la contribución con el lleno de los requisitos establecidos en dicha norma.

Que a partir de la expedición de la Ley 1101 del 22 de noviembre de 2006 y el Decreto 1036 de marzo 30 de 2007, los aportantes que no paguen el valor debido y en su oportunidad, correspondiente a los aportes de la contribución parafiscal, deberán pagar intereses moratorios a la misma tasa que establece el Estatuto Tributario para el Impuesto sobre Renta y Complementarios.

Que se realizó la revisión de la declaración y pagos de la empresa CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE, identificada con el NIT: 800.235.280-7, representada legalmente por la señora Clemencia Hernández Motta, con el fin de verificar la correcta liquidación y pago de los aportes de la contribución parafiscal.

Que la empresa CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE, identificada con el NIT: 800.235.280-7, no ha liquidado ni pagado los aportes de la contribución parafiscal con destino al turismo cuya tarifa es del 2.5 por mil de los ingresos operacionales, los cuales se encuentran discriminados en la liquidación de aportes de fecha dieciocho (18) de marzo de 2011, por cuanto una vez revisada la información relativa a los recaudos de la referida concesión por concepto de transporte de pasajeros, suministrada por la Subgerencia de Control Contractual del Instituto Nacional de Concesiones - INCO; se evidencia que la empresa CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE no ha realizado los aportes de la contribución parafiscal con destino al turismo y se encuentra en mora.

Que a través de las comunicaciones de fechas 12 de febrero de 2010, 18 de marzo de 2011 y 11 de abril de 2011 de la entidad administradora del Fondo de Promoción Turística, fue requerida la empresa CONCESIN (sic) SABANA DE OCCIDENTE, para que cancelara la contribución parafiscal adeudada, conforme a la liquidación practicada hasta el cuarto trimestre de 2010, según lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1101 de 2006 y el artículo 4º del Decreto Reglamentario 1036 de 2007; que dispone la obligación de todos los Concesionarios de Aeropuertos y Carreteras a pagar el 2.5 por mil de los ingresos operacionales al Fondo de Promoción Turística de Colombia.

Que los ingresos operacionales de CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE, para el periodo comprendido entre el primer trimestre del año 2007 y el cuarto trimestre del año 2010 corresponden a los siguientes valores:

2007Ingresos operacionalesLiquidaciónFecha límite de pagoFecha de pagoTasa de interésTiempo en moraValor
Intereses
Total a pagar
Trimestre I (enero-marzo)$ 5.361.216.300$ 13.403.04123-may-0730-nov-110,0614%1627$ 13.389.343$ 26.792.384
Trimestre II (abril-junio)$ 5.417.467.800$ 13.543.67017-ago-0730-nov-110,0687%1543$ 14.356.845$ 27.900.514
Trimestre III (julio-septiembre)$ 5.291.293.800$ 13.228.23516-nov-0730-nov-110,0759%1454$ 14.598.494$ 27.826.729
Trimestre IV (octubre - diciembre)$ 5.560.784.900$ 13.901.9621-feb-0830-nov-110,0776%1379$ 14.876.545$ 28.778.508
TOTAL INGRESOS$ 21.630.762.800$ 54.076.907    $ 57.221.228$ 111.298.135

2008Ingresos operacionalesLiquidación PrivadaFecha límite de pagoFecha de pagoTasa de interésTiempo en moraValor interesesTotal a pagar
Trimestre I (enero-marzo)$ 7.005.847.100$ 17.514.61829-abr-0830-nov-110,0779%1291$ 17.614.258$ 35.128.876
Trimestre II (abril-junio)$ 7.539.394.900$ 18.848.48729-jul-0830-nov-110,0767%1201$ 17.362.604$ 36.211.092
Trimestre III (julio-septiembre)$ 7.538.824.200$ 18.847.06130-oct-0830-nov-110,0751%1110$ 15.711.098$ 34.558.159
Trimestre IV (octubre - diciembre)$ 8.568.409.000$ 21.421.02329-ene-0930-nov-110,0734%1021$ 16.053.214$ 37.474.237
 $ 30.652.475.200$ 76.631.188    $ 66.741.175$ 143.372.363

2009Ingresos operacionalesLiquidación PrivadaFecha límite de pagoFecha de pagoTasa de interésTiempo en moraValor interesesTotal a pagar
Trimestre I (enero-marzo)$ 7.916.761.400$ 19.791.90430-abr-0930-nov-110,0728%930$ 13.399.910$ 33.191.814
Trimestre II (abril-junio)$ 5.626.652.400 $ 14.066.63129-jul-0930-nov-110,0676%841$ 7.997.105$ 22.0063.736
Trimestre III (julio-septiembre)$ 2.113.496.900$ 5.283.74229-oct-0930-nov-110,0632%751$ 2.507.833$ 7.791.575
Trimestre IV (octubre - diciembre)$ 9.273.018.000$ 23.182.54530-ene-1030-nov-110,0594%660$ 9.088.485$ 32.271.030
 $ 24.929.928.700$ 62.324.822    $ 32.993.333$ 95.318.155

2010Ingresos operacionalesLiquidación PrivadaFecha límite de pagoFecha de pagoTasa de interésTiempo en mora en díasValor interesesTotal a pagar
Trimestre I (enero-marzo)$ 9.194.740.600$ 22.986.85230-abr-1030-nov-110,0567%570$ 7.429.121$ 30.415.972
Trimestre II (abril-junio)$ 5.629.308.600$ 14.073.27230-jul-1030-nov-110,0554%480$ 3.742.364$ 17.815.636
Trimestre III (julio-septiembre)$ 8.834.517.400$ 22.086.29429-oct-1030-nov-110,0530%391$ 4.576.943$ 26.663.236
Trimestre IV (octubre-diciembre)$ 9.774.331.400$ 24.435.82931-ene-1130-nov-110,0577%300$ 4.229.842$ 28.665.670
 $ 33.432.898.000$ 83.582.245    $ 19.978.269$ 103.560.514

• Al resolver el recurso de reposición impetrado por la demandante contra la liquidación anterior, la Resolución 6087 del 20 de diciembre de 2012 (fls. 41 a 45, c. 1) la confirmó en todas sus partes.

Esta resolución ratificó que la recurrida se había fundamentado en la información entregada por el INCO, hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y que, a su vez, fue calculada con base en las estadísticas de recaudo suministradas por dicha entidad, según lo que le entregan los concesionarios. También precisó que la información se presentó por categorías de vehículos y, así, permitió la utilización de los ingresos operacionales derivados del cobro de peajes por transporte de pasajeros para las categorías I y II, sin que la demandante hubiere probado la inclusión de peajes por transporte de carga.

En ese contexto, se encuentra que:

A través de la primera misiva, del 12 de febrero de 2010, la entidad recaudadora se limitó a detallar los elementos del tributo para los concesionarios de aeropuertos y carreteras y a invitar a la sociedad a ponerse al día con el pago de la contribución, sin hacer referencia a las declaraciones presentadas por la actora.

Con el requerimiento del 18 de marzo de 2011, por su parte, el ente demandado instó a la actora a liquidar y pagar la contribución correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Sin embargo, el requerimiento quedó desprovisto de motivos que la demandante pudiera controvertir o subsanar, pues no explicó o justificó las cifras señaladas como ingresos operacionales derivados del transporte de pasajeros, ni tan siquiera citó soportes de los mismos, máxime cuando la actora había presentado las declaraciones por los periodos antes indicados, pero que no fueron tenidos en cuenta por la demandada.

En efecto, no se aclaró en ninguna forma la procedencia u origen de cada una de dichas cifras, ni se expresaron los motivos fácticos y jurídicos que condujeron a tomarlas como base gravable de la liquidación. De la misma manera, la resolución que determinó oficialmente la contribución omitió especificar si los ingresos operacionales que relacionó correspondían efectivamente a los recaudos por concepto de transporte de pasajeros.

Para exigir el pago de una suma superior a la declarada por concepto de contribución parafiscal, sobre una base gravable de $ 0, liquidada por la actora, la Administración estaba obligada a puntualizar cómo se tipificaban cada uno de los elementos esenciales de dicho tributo en la situación particular de la demandante.

Por último, el Oficio del 11 de abril de 2011 se limitó a aceptar que la demandante presentó las declaraciones, pero anunció que los pagos no eran correctos. Por lo mismo, procedió a remitir el expediente al Ministerio de Industria y Comercio para la expedición del acto liquidatorio.

Lo anterior evidencia que en esta oportunidad la Administración tampoco sustentó los aducidos errores en que incurrió la actora en sus declaraciones, para que esta, a su vez, pudiera ejercer su derecho de defensa.

En sentencia del 22 de septiembre de 2016, proferida en el proceso 21717, correspondiente al juicio de legalidad de actos administrativos similares a los que ahora se enjuician y por fundamentos fácticos y jurídicos igualmente parecidos, la Sala concluyó que oficios como los mencionados no tenían la connotación de actos previos que dieran cuenta de las razones que condujeron a modificar las declaraciones de la contribución causada, y que permitieran a la declarante ejercer su derecho de defensa(2).

Dijo el fallo:

“El requerimiento expedido dentro de ese trámite no puede asimilarse al acto previo que debe preceder el acto liquidatorio, porque en el mismo —requerimiento— la entidad recaudadora se limitó a informar los elementos del tributo para los concesionarios de aeropuertos y carreteras y, exhortar a la sociedad al pago de la contribución, sin realizar ninguna manifestación respecto de las declaraciones tributarias presentadas por COVIANDES.

Si bien, en ese acto se plasmó una liquidación de la contribución y se manifestó que la misma fue calculada con fundamento en las estadísticas de recaudo suministradas por el INCO(3), no se le informó a COVIANDES qué modificaciones le practicaba a las liquidaciones privadas. En otras palabras, no puso en conocimiento de la sociedad las razones por cuales no aceptaba el valor total declarado.

En el segundo requerimiento, la entidad aceptó la existencia de las declaraciones y manifestó la existencia de un error, pero tampoco señaló en qué consistía ni las razones en que se sustentaba.

En efecto, ante la existencia de las declaraciones tributarias, lo que le correspondía a la Administración era informarle a la sociedad la existencia de errores en la liquidación privada de la contribución.

En tal sentido, la entidad recaudadora debió señalar el error en que supuestamente incurrió COVIANDES en las declaraciones tributarias —los hechos— y, las razones que justifican la modificación —los motivos—, que la sociedad pudiera controvertir o subsanar.

(…).

Es cierto que la actora declaró la base gravable en $ 0, lo que indica que para esta —COVIANDES— no existe la obligación de pagar el tributo. Pero, si la entidad recaudadora consideraba que el concesionario debía pagar una determinada suma por concepto de la contribución, no solo debía indicar los elementos de la obligación tributaria, sino también la forma como los mismos se cumplían en la situación particular de la sociedad”.

(…).

Y, a pesar de que en la respuesta al último requerimiento, la sociedad advirtió que no debe suma alguna por la contribución y que “desconoce las razones que se pueden tener para considerar que las sumas declaradas y pagadas no son correctas”, la entidad recaudadora remitió el expediente al Ministerio de Industria y Comercio para la expedición del acto liquidatorio.

Así las cosas, como la demandante no conoció las razones de la Administración para modificar las declaraciones tributarias, pues, se repite, no expidió el acto previo para poner en conocimiento de la actora tales motivos, procede la nulidad de los actos demandados por violación del debido proceso y derecho de defensa”.

Tal conclusión se infirió en el marco de las normas procesales especiales y generales que rigen el procedimiento de determinación de la contribución parafiscal y que, en conjunto, estructuran el debido proceso administrativo de inexorable observancia por parte de la autoridad administrativa, a la luz del derecho fundamental establecido en el artículo 29 de la CP, en los tres ejes fundamentales que comprende(4).

Así, la Sala precisó que “el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, vigente para cuando se expidieron los actos demandados, prevé que antes de adoptar la decisión que pueda afectar a particulares, la Administración debe darles la oportunidad de expresar sus opiniones(5)”, de modo que “no es procedente que la Administración liquide los tributos sin otorgar previamente al contribuyente la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y de discutir su condición de sujeto pasivo del tributo, pues para garantizar dicho derecho no es suficiente otorgar los recursos en vía gubernativa(6)”.

En ese sentido, precisó:

“Lo anterior, garantiza al sujeto pasivo el derecho a ser escuchado por la Administración antes de que esta decida modificarle sus declaraciones, como lo prevé el artículo 35 del C.C.A. Si no se expide ese acto previo, se vulnera al administrado el derecho de defensa(7)”.

Como lo hasta aquí constatado pone de presente que la demandada no dio a conocer a la contribuyente demandante los motivos concretos para modificar las declaraciones que presentó por los periodos comprendidos entre el segundo trimestre del año 2008 y el último del año 2010, en clara transgresión del debido proceso y del derecho de defensa de dicha parte, procedía la anulación de los actos demandados como en efecto lo dispuso el a quo.

En consecuencia, es lo propio confirmar los ordinales primero y segundo de la sentencia apelada.

De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA dispone que las sentencias proferidas en los procesos contencioso administrativos, deben disponer sobre la condena en costas, salvo tratándose de “procesos en los que se ventile un interés público”, exclusivamente referidos a las acciones públicas, distintas de aquellas en las que se debaten intereses particulares, incluyendo los relacionados con el recaudo de tributos, según lo precisó la Sala en la sentencia del 6 de julio de 2016(8).

Al tenor de la misma norma, la liquidación y ejecución de las costas se rige por las normas del Código de Procedimiento Civil, derogado por el Código General del Proceso, cuyo artículo 361 integró a dicho concepto tanto la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, como las agencias en derecho, al tiempo de disponer que la tasación y liquidación de las mismas debía hacerse con criterios objetivos y verificables en el expediente.

Por su parte, el artículo 365 ibídem estableció las reglas para la determinación de la condena, que asignaron la condición de sujeto pasivo de las costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelvan desfavorablemente los recursos de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión, así como los incidentes, la formulación de excepciones previas, la solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, y restringieron la condena a que en el expediente apareciera demostrada la causación de las costas y en la medida de su comprobación. La Sala ha señalado que tales reglas deben analizarse conjuntamente(9).

A su vez, el artículo 366 ejusdem, atribuyó la liquidación de las costas al juzgado que haya conocido el proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, según las reglas específicas que allí se prevén.

Ahora bien, la anulación de los actos demandados, dispuesta por la sentencia apelada que esta Sala confirmará, endilga la condición de parte vencida al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tal calidad le impone a dicha parte la obligación de asumir las costas procesales efectivamente causadas con ocasión del trámite del presente proceso, desde la perspectiva del ya citado artículo 361 del CGP y constatables a partir de la verificación de los documentos incorporados al expediente.

De acuerdo con esa documentación, las costas causadas en el proceso del sub lite corresponden a los gastos ordinarios que ordenó el numeral 5º del auto admisorio de la demanda (fl. 124, c. 1) y que se pagaron según recibo de consignación visible en el folio 126 de este cuaderno, y a las agencias en derecho causadas a favor de la demandante, por las actuaciones que llevó a cabo en el proceso.

En consecuencia y a la luz de las pruebas mencionadas, se ordenará al a quo que tramite el respectivo incidente de condena en costas, teniendo en cuenta las reglas de liquidación previstas en el artículo 366 del CGP y los lineamientos especiales que dispuso el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003(10), modificado por el Acuerdo 2222 de 10 de diciembre de 2003, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Tales acuerdos fijaron las agencias en derecho, en los procesos con cuantía tramitados en segunda instancia, “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”, conforme a lo cual dichas agencias no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados a los abogados(11).

En este orden de ideas, se revocará el numeral tercero de la sentencia apelada para, en su lugar, condenar en costas a la parte demandada por concepto de gastos del proceso y agencias en derecho, conforme a lo anteriormente explicado.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta - Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. CONFÍRMANSE los ordinales primero y segundo de la sentencia del 18 de junio de 2014, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por Concesión Sabana de Occidente S.A. contra el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

2. SEGUNDO. REVÓCASE el ordinal tercero de la parte resolutiva de la misma sentencia. En su lugar, se dispone:

“3. CONDÉNASE en costas a la entidad demandada, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Al efecto, ORDÉNASE al Tribunal realizar la liquidación correspondiente, mediante incidente”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

2 Es importante precisar que no obra en el expediente el Oficio del 12 de febrero de 2010 que en la demanda se cita con las comunicaciones del 18 de marzo y 11 de abril de 2011, bajo la afirmación de que no constituyen requerimientos previos. Ello a pesar de que la carga procesal de aportar esa prueba correspondía a la demandada, en tanto era la que tenía interés en probar la existencia de un requerimiento previo a la expedición del acto liquidatorio de la contribución.

3 Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura.

4 Derecho de defensa y contradicción, impulso y trámite de los procesos conforme con las formas establecidas para cada juicio o procedimiento y competencia del juez o autoridad administrativa que ha de resolver el asunto puesto a su conocimiento. Sobre el particular, sentencias del 13 de agosto de 2015, exp. 20162, C.P. Jorge Octavio Ramírez; 18 de julio de 2011, exp. 16191 y de 4 de febrero de 2016, exp. 20899, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; y del 6 de julio de 2016, exp. 21601, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

5 C.C.A. Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

6 Ver entre otras, las sentencias de 12 de noviembre de 2015, exp. 20633, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, de del 4 de mayo de 2015, exp. 20615 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de 10 de febrero de 2016, exp. 20712, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y del 6 de julio de 2016, exp. 21601, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

7 En igual sentido, se pronunció esta Sala en sentencia del 6 de julio de 2016, exp. 21601, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

8 Exp. 20486, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

9 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

10 “ART. 2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.
“ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.
“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.
PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o ésta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
ART. 5º—Analogía. Los asuntos no contemplados en este acuerdo se regirán por las tarifas establecidas para asuntos similares, incluyendo los asuntos que conocen las autoridades administrativas en ejercicio de funciones judiciales.
ART. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
III Contencioso administrativo.
3.1. Asuntos.
3.1.3. Segunda instancia.
Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.
PAR.—En los procesos ejecutivos, hasta el cinco por ciento (5%) del valor del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la pertinente orden judicial; si, además, la ejecución comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez.
En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

11 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 9 de marzo de 2017, proferidas en los expedientes 21718 y 21753, C. P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.