Sentencia 2013-00482 de junio 22 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Magda Victoria Acosta Walteros

Radicación 410011102000201300482 01

Aprobado según Acta 47 de la misma fecha

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer este asunto, de conformidad con las prescripciones del numeral 3o del artículo 256 de la Constitución Política, del numeral 3o del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con los artículos 150 y 194 del Código Disciplinario Único.

Y si bien, en razón de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(... c.o.) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Auto 278 de 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto de la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación con las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i c.o.) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19 c.o.), y (ii c.o.) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14 c.o.). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional, que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución, que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Del caso en estudio

La apelación limita la competencia de esta Sala, a los puntos que fueron materia de inconformidad, por lo cual serán el marco dentro del cual discurrirán las argumentaciones de esta providencia, que desde ya se anuncia confirmatoria de la decisión.

La defensa dice que no se valoró el aspecto subjetivo de la conducta.

Señala a la sentencia de no haber identificado el núcleo fáctico de los hechos objeto de la presente investigación, pues no se especificó la fecha o el día que tenía la disciplinada que cumplir con el deber de calificar el mérito del sumario, ni en el auto de cargos, ni en la sentencia. Confunde la defensa, el cargo de incurrir en falta gravísima dolosa, al haber realizado objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, con una posible falta a sus deberes en los términos de los artículos 153.15 o 154.3 de la Ley 270 de 1996, que por esencia son culposas. Y ello lo lleva a conclusiones erradas no solo en este planteamiento, sino en el de plantear error invencible, en cuya respuesta también erró el Seccional, pues al tiempo que cita doctrina en la que se claramente se expresa el carácter culposo de los errores vencibles e invencibles de hecho o de derecho, descarta su ocurrencia entrando en su existencia o no, cuando la falta dolosa, excluye totalmente su existencia, argumento con el que queda respondida tal alegación.

Por lo anterior, debe recordarse a la defensa, que la violación de términos es una falta diferente a la realización objetiva de un hecho típicamente delictual, siendo el atribuido el segundo, no el primero. Por lo tanto, no es de la esencia de la descripción típica, ni penal ni disciplinaria, el conteo de términos, por lo cual, las Salas no tienen que hacerlo para satisfacer las inquietudes de la defensa, ni mucho menos, esto puede afectar el derecho a la defensa, que ha debido dirigirse a desvirtuar el cargo formulado y no otro.

Reitera que no se llegó a un nivel de convicción, que se cataloga como más allá de toda duda razonable, a pesar de citar el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, donde expresamente se contempla el estándar de la certeza y no el de la Ley 906 de 2004, que ha sido objeto de tantas críticas. Por lo tanto al referirse a un estándar no contemplado para las investigaciones disciplinarias, mal puede atenderse esta argumentación para los efectos pretendidos de absolución, ni de nulidad subsidiaria.

Solicita el defensor, tener en cuenta que el 90% de los funcionarios judiciales no cumplía los términos, argumento que tampoco puede ser atendido, pues se reitera, no se atribuyó violación de términos, retardo, ni negativa injustificada a atender el asunto, sino una falta gravísima dolosa, al realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito, en este caso de prevaricato. Por lo mismo, tampoco es de la esencia, citarle la fecha en supuestamente incumplió el deber de calificar el mérito del sumario, porque no fue la falta atribuida, la de violar el artículo 365 de la Ley 600 de 2000, como lo alega.

Contradictoriamente, luego dice que no se tuvieron en cuenta las diferentes modalidades de consumación del tipo disciplinario del artículo 48.1 “en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo", reiterando sus argumentos frente a la nulidad solicitada en la etapa del juicio, olvidando además, que mediante auto de 18 de diciembre de 2015, se reiteró que en el auto de cargos se dijo “evidenciando de esta manera una omisión de un acto propio de sus funciones”, invitándolo a que no se mirara de manera desarticulada el auto de cargos. Por lo tanto, tampoco hay lugar a absolver a la disciplinable, ni a anular el trámite.

Tampoco respecto del tipo penal de prevaricato por omisión, pues se le atribuyó el verbo omitir, en perfecta concordancia con la sentencia.

La precisión sobre la perturbación de la función pública que desempeñaba la entonces Fiscal 58 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Derechos Humanos, para atribuir la falta como gravísima, es un argumento que carece de claridad. Las faltas gravísimas son las enlistadas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, mientras que las contenidas en la Ley 270 de 1996, pueden ser graves o leves.

Por lo tanto, no depende de la antijuridicidad de la conducta, la categoría de falta gravísima, sino que el legislador previamente ha identificado cuáles son, lo que debe acatar el operador disciplinario.

El desvalor del comportamiento con referencia al ámbito de las funciones que debía cumplir la funcionaria o ilicitud sustancial, quedó claramente expresado en el folio 269 del cuaderno original 1, cuando en la sentencia se dice:

“Aunado a ello, téngase en cuenta que previo a ordenarse la libertad por vencimiento de términos objeto de investigación en las presentes diligencias, se observan varias solicitudes de libertad por la misma causal, es decir, la aplicación del numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 del 2000, las cuales fueron resueltas por la doctora Oliveros Gutierrez de manera negativa al considerarlas improcedentes, dichas solicitudes se resolvieron el 27 de marzo de 2012 y 11 de abril de la misma anualidad, y que si bien es cierto en las mismas se consideró que el término no había vencido, por cuanto los mismos se habían duplicado de conformidad con el art. 15 Transitorio, no es menos cierto que para esa data la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde tiempo atrás al resolver colisiones de competencia entre Juzgados del Circuito Especializado y del Circuito, había considerado que la competencia para conocer del juzgamiento por el delito de homicidio en persona protegida definido en el artículo 135 del Código Penal, bajo el imperio de la citada Ley, radica en los jueces penales del circuito, y no de los especializados, por lo que los términos no se duplicarían y tal disposición no era aplicable en el caso del homicidio en persona protegida y luego al proferir la resolución del 3 de mayo de 2009, en la que queda consignado que si sabía de tal competencia, pero que siendo una calificación provisional, y dada la gravedad de los hechos había aplicado dicha norma transitoria.

En consecuencia, de las mencionadas circunstancias se infiere que la titular de la acción penal previo a que se configurara la causal de libertad provisional tenia presente el tiempo transcurrido en dicho proceso penal, por lo que debió calificar el mérito de la instrucción en oportunidad e impedir que los términos procesales se vencieran, sin embargo no lo hizo; además como se observó al ordenar la libertad provisional de los sindicados, a través de resolución del 3 de mayo de 2012, simplemente se limitó a señalar que los términos no se podían ampliar, por lo que para el caso concreto los ciento ochenta (180) días se encontraban vencidos.

Y tan solo con resolución del 17 de septiembre de 2012, la delegada del ente acusador teniendo en cuenta que había recaudado la prueba necesaria para calificar el mérito del proceso en cuanto a los vinculados legalmente mediante diligencias de indagatoria, declaró cerrada parcialmente la investigación penal, y ordenó proseguir la investigación en contra de Gildardo Barrios Velásquez y Alfredo Celso Díaz”.

Respecto de que los numerales 4º y 5º del artículo 365 de la Ley 600 del 2000, señalan el límite de la restricción de la libertad cuando ha habido mora en la calificación o en la realización de la audiencia pública, y que no era la más adecuada para establecer los términos señalados por el Código Procesal Penal, cuando el artículo 329 de la Ley 600 de 2000, que facultaba a la fiscal por el término de 24 meses para perfeccionar la investigación, y no 6 meses, merece los mismos comentarios que vienen haciéndose a su argumentación en esta sentencia, y es que no se atribuyó mora, y que el auto de cargos se cerró con el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, y el artículo 414 de la Ley 599 de 2000, y seguidamente se da la explicación a la comisión del delito de prevaricato por omisión, al tener conciencia de que tenía unos términos que cumplir, una competencia que respetar, un código que aplicar, unas personas privadas de su libertad desde hacía varios meses, y a pesar de que tuvo la oportunidad de recordarlo al denegar las peticiones iniciales de libertad por vencimiento de términos, de tener conocimiento, experiencia, competencia, poco trabajo, pobre estadística, y el expediente instruido e inactivo durante bastante tiempo, tuvo la voluntad de dejar vencer los términos, con la consecuente libertad de los investigados, momento en el que también decide no tener competencia.

Sí se tuvo en cuenta la documental aportada por el mismo defensor de la disciplinable, relacionándola como existente, más no con los efectos que pretende la defensa en la apelación, pues los hechos se dieron con antelación, consumándose el 3 de mayo de 2012, cuando concede la libertad, mientras que las fórmulas médicas aportadas eran de 12 y 17 de septiembre de 2012, incapacidades de 12 a 14, y de 19 a 20 de septiembre de 2012, y autorizaciones de servicios de 17 y 19 de septiembre de 2012(33), que reflejan cuadros de depresión y ansiedad, se repite, muy posteriores a los hechos investigados, y consecuencia al parecer de otras conductas delictuosas investigadas por la Fiscalía, que le originaron amenazas de muerte en su contra, y que finalmente la llevaron detenida a la Cárcel Buen Pastor en Bogotá. Por ello tampoco puede aceptarse que los alegados trastornos en su comportamiento le impidieron cumplir a cabalidad sus funciones en este caso, pues sus omisiones acudieron meses antes de sucederse.

No es cierto que el conocimiento y la voluntad solo puedan demostrarse con la confesión o con indicios, pues todas las pruebas son aptas para llevar al convencimiento de la certeza de la comisión de la falta disciplinaria, y de la responsabilidad de la investigada.

En el auto de cargos se trascribieron apartes de las decisiones denegatorias de libertad y la que la concedió finalmente, dejando de presente las graves e injustificables contradicciones en la argumentación, sin ningún medio de prueba que pudiera modificar el acervo hasta entonces obrante, lo que unido a su conocimiento de la ley, y del proceso, llevan a la Sala a la certeza para confirmar la sentencia condenatoria. No es como lo pretende la defensa, escindir cada frase para concluir que ella por sí sola no lleva a la prueba del aspecto subjetivo. Es un conjunto de argumentaciones y de análisis ponderado y apoyado en las pruebas obrantes, particularmente las documentales provenientes de la misma actuación omisiva de la Fiscal, que llevan a la conclusión de que su misión no tenía más objeto que la libertad de los procesados, lo que de ninguna manera puede ser lo que busque un Fiscal en un proceso. Por ello, no hay contradicción en la sentencia, sino en las resoluciones de la Fiscal, con el objetivo perverso o doloso de darles la libertad a los encartados en tan graves delitos.

Ya se dijo que el dolo excluye el error, tanto de hecho como de derecho. No hay culpa, porque no hay negligencia, ni imprudencia, ni impericia, ni violación de reglamente, elementos de la culpabilidad culposa, que se excluyen por su conocimiento de la ley, del proceso, y porque en el mismo expediente se encontraban las resoluciones denegatorias de la libertad, sin más trámite, hasta la contradictoria e inexplicable libertad, después de vencidos los términos.

Tampoco hay lugar a decretar la nulidad desde el auto de formulación de cargos, como se solicita en subsidio.

Resta anotar que por la reforma que tuvo la Ley 734 de 2002, desde el auto de apertura de investigación, se interrumpe la caducidad de la acción.

La Ley 1474 de 2011, fue publicada en el Diario Oficial 48.128 de 12 de julio de 2011, y dice:

“ART. 30.—Términos de prescripción de la acción disciplinaria. <Artículo modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

PAR.—Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique”(34).

Por lo tanto, no caducó, ni prescribió la acción disciplinaria.

Igualmente, que la disciplinable se negó a aceptar notificaciones en el sitio de reclusión como está en el folio 34 del expediente acumulado 20123.00587.00, pues en la Oficina de guardia informaron que la doctora Oliveros no quería atender a nadie y que no podían obligarla a salir. Sin embargo, su defensor de oficio, desde el recibo del poder, ejerció plenamente la defensa técnica.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida de 27 de octubre de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Neiva (Huila), en contra de la doctora Tatiana Oliveros Gutiérrez, en su condición de Fiscal 58 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, de la Unidad de DDHH y DIH de Neiva (H), al declararla disciplinariamente responsable de incurrir en la falta gravísima prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 414 de la Ley 599 de 2000 y por ello sancionada con DESTITUCIÓN e inhabilidad general de DIEZ (10) AÑOS, por las razones expuestas en el presente proveído.

Segundo: Notificar por secretaría a la disciplinable, a su defensor de confianza y a las autoridades de ley informando que contra esta decisión no produce ningún recurso.

Tercero. Librar las comunicaciones de rigor para la ejecución de la sentencia, en el término de ley.

Notifíquese y cúmplase.

(33) F. 221 a 228 c.o.

(34) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html#30 consultado 19.05.17.