Sentencia 2013-00490 de diciembre 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000 23 41 000 2013 00490 01

Consejero ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro.

Actor: Andrea Patricia Pedraza Rey.

Demandado: Andrea Esther Castro Latorre – Alcaldesa Local de Fontibón.

Asunto: Fallo segunda instancia-electoral.

Bogotá D.C., cuatro de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

El artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos.

Esta sección es competente para conocer del recurso contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, por tratarse de un proceso relacionado con una elección en los términos del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, por cuanto se discute la legalidad del Acuerdo 057 de 12 de febrero de 2013, por medio del cual se nombró a Andrea Esther Castro Latorre como Alcalde Local código 030 grado 05 de la Alcaldía Local de Fontibón.

2. Cuestión previa.

Antes del pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala encuentra necesario indicar que la razón de ser de la alzada es permitir al superior funcional de quien profirió el fallo de instancia, revisar los puntos respecto de los cuales el recurrente presenta inconformidad.

Por lo tanto, este medio de impugnación de las decisiones judiciales debe atacar la providencia que se recurre, e indicar porqué deben ser acogidos los planteamientos, razón por la que se debe demostrar el yerro de la decisión apelada.

Por tanto, el recurso de apelación no es un mecanismo para reabrir etapas procesales frente a las cuales no se ejercieron los medios de defensa establecidos.

En ese sentido, se entiende que en el trámite procesal de la primera instancia, las partes han debido agotar los medios a su alcance para controvertir las decisiones o el silencio del fallador de instancia. Así, por ejemplo, en materia probatoria las partes pueden solicitar que se alleguen aquellas decretadas y requerir el cumplimiento de la providencia que las ordenó, o alegar la nulidad si dicha etapa se pretermitió.

En consecuencia, la propia culpa de no ejercer en oportunidad las prerrogativas que existen en el proceso no puede exponerse como fundamento para que el juez de segunda instancia tome decisiones que han debido ser discutidas en la instancia.

La Sala se refiere a este punto, porque la recurrente aduce que la providencia de primera instancia se adoptó pese a que una de las pruebas decretas en primera instancia no se allegó en forma completa, razón por la cual solicitó su práctica en segunda instancia, pues no se podía fallar sin ella.

Lo primero que advierte la Sección, es que la supuesta falta o ausencia de una parte de las pruebas decretadas no fue puesta en conocimiento del juez de instancia para que este tomara las previsiones correspondientes.

Por otra parte y pese a lo anterior, revisado el expediente, se encontró que las Actas 051 de 12 de marzo de 2012(2) y 065 de 9 de abril de 2012(3), que se echan de menos por la recurrente, están en el plenario, no siendo cierto que la decisión del tribunal se hubiese emitido sin ese soporte probatorio.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar, atendiendo a los argumentos presentados por la parte demandante en el escrito de apelación, si la sentencia que negó las pretensiones proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” debe ser revocada y, en consecuencia, anularse el nombramiento de la señora Andrea Esther Castro Latorre como Alcalde Local de Fontibón.

Para resolver el anterior interrogante, es necesario analizar el proceso de votación por las Juntas Administradoras Locales para conformar la terna para Alcalde Local del Distrito Capital y el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, que ordena la inclusión de por lo menos de una mujer en la terna que se elabore para el efecto, para posteriormente hacer el análisis del caso concreto.

4. Proceso de conformación por las Juntas Administradoras Locales de las ternas para Alcalde Local del Distrito Capital y el cumplimiento de la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas.

El artículo 323 de la Constitución Política dispone que los alcaldes locales serán designados por el alcalde mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora.

El Decreto-Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en desarrollo de la norma constitucional transcrita, contempló en el artículo 84 lo siguiente:

“ART. 84.—Nombramiento.Los alcaldes locales serán nombrados por el alcalde mayor de terna elaborada por la correspondiente junta administradora. Para la integración de la terna se empleará el sistema del cuociente electoral. Su elaboración tendrá lugar dentro de los ocho (8) días iniciales del primer período de sesiones de la correspondiente junta.

El alcalde mayor podrá remover en cualquier tiempo los alcaldes locales. En tal caso la respectiva junta integrará nueva terna y la enviará al alcalde mayor para lo de su competencia.

Quienes integren las ternas deberán reunir los requisitos y calidades exigidas para el desempeño del cargo.

No podrán ser designados alcaldes locales quienes estén comprendidos en cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles. Los alcaldes locales tienen el carácter de funcionarios de la administración distrital y estarán sometidos al régimen dispuesto para ellos”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Posteriormente, se expidió el Decreto 1350 de 2005, reglamentario del Decreto-Ley 1421 de 1993, que estableció:

“ART. 2º—Integración de las ternas para efecto de la designación o nombramiento de alcaldes locales.Corresponde al Alcalde Mayor nombrar los Alcaldes Locales de terna enviada por la correspondiente Junta Administradora Local, JAL, de acuerdo con el inciso 1º del artículo 84 del Decreto-Ley 1421 de 1993, para tal efecto podrá seguir el procedimiento establecido en el presente decreto.

Para garantizar los principios constitucionales de mérito, publicidad y democratización de la administración pública, la integración de las ternas por parte de las Juntas Administradoras Locales se desarrollará en las siguientes etapas:

1. Invitación para participar en el proceso meritocrático.

2. Inscripción de aspirantes.

3. Proceso meritocrático.

4. Audiencia pública para la presentación de los aspirantes, y

5. Integración de la terna”

“ART. 7º—Integración de la terna.Una vez efectuada la audiencia pública para la presentación de los aspirantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto-Ley 1421 de 1993, la Junta Administradora Local integrará la terna de aspirantes al cargo de alcalde local, empleando el sistema del cuociente electoral, dentro de los ocho (8) días iniciales del primer período de sesiones de la correspondiente junta, o siguientes a la celebración de la audiencia, cuando la falta definitiva del Alcalde Local se presente con posterioridad.

La terna solamente podrá ser integrada por aquellos aspirantes que hayan superado todas las etapas del proceso meritocrático. En el caso de que la terna sea conformada por alguna persona que tenga una inhabilidad o no cumpla los requisitos será devuelta por el Alcalde Mayor a la respectiva Junta Administradora Local para que sea integrada de nuevo con los aspirantes que superaron las etapas del proceso que no tienen inhabilidades y cumplen los requisitos” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

De la normatividad previamente transcrita, se concluye que las Juntas Administradoras Locales-JAL cuentan con un procedimiento reglado para convocar a los aspirantes que pretendan acceder al cargo de Alcalde Local, contando con discrecionalidad para la elección de los candidatos que harán parte de la terna, pues una vez efectuada dicha convocatoria, analizadas las hojas de vida y hecha la presentación pública de todos los aspirantes, las corporaciones públicas de elección popular —JAL—, mediante el sistema de cuociente electoral(4), deben integrar la terna con aquellos aspirantes que, a su criterio, y por los votos obtenidos, cumplan el perfil para ocupar el mencionado cargo.

Igualmente, el Alcalde Mayor del Bogotá D.C., una vez recibe la terna, debe elegir el Alcalde Local de los tres candidatos que componen la terna, en una facultad absolutamente discrecional, pues le corresponde, sin exponer los motivos de su decisión, escoger de los postulados el que él a bien tenga.

En el año 2000, el Congreso de la Republica expidió la Ley 581, que impuso como obligación para la conformación de las ternas para proveer cargos públicos, la inclusión como mínimo de una mujer.

La Ley 581 de 2000, por su carácter estatutario, tuvo revisión previa de la Corte Constitucional(5) que señaló que la obligación de incluir una mujer en las ternas aplicaría de forma irrestricta cuando esta debía ser conformada por una sola persona o corporación, porque si la misma era competencia de diferentes entidades, autoridades o por personas, aquella no se podía exigir, en razón a que no había posibilidad de determinar en cabeza de quién estaría el deber de postular a la mujer.

Por tanto, después de la anterior decisión, quedó claro que en el procedimiento de elección y conformación de la terna para alcaldes locales por parte de las Juntas Administradoras Locales, JAL, por su naturaleza de corporaciones administrativas, con una estructura orgánica y funcional que constituye una unidad o una entidad, es decir que actúan como un solo cuerpo, tienen el deber de incluir como mínimo a una mujer en aquellas(6).

Posteriormente, en el año 2008, se expidió el Decreto Distrital 11, que en sus consideraciones determinó que era necesario ajustar el procedimiento para la conformación de las ternas para alcalde local con lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 581 de 2000 y los fallos del Consejo de Estado, en especial con el proferido por la Sección Quinta el 7 de diciembre de 2006, en el proceso electoral Radicación 2005-00961 (número interno 4136), que inaplicó por inconstitucionales las expresiones"Para la integración de la terna se empleará el sistema del cuociente electoral"del artículo 84 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y "empleando el sistema del cuociente electoral" del artículo 7º del Decreto 1350 de 2005, por no garantizar la inclusión de por lo menos una mujer en la terna.

En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado(7) en el fallo mencionado indicó:

4.4. Compatibilidad o no del sistema de cuociente electoral con el deber legal de incluir al menos el nombre de una mujer en las ternas elaboradas por las JAL.

(…).

La aplicación de la Ley de Cuotas en el seno de las Juntas Administradoras Locales para la conformación de las ternas para designar alcaldes locales se vuelve un imperativo, dado que su raigambre constitucional lo confiere un status superior al de las demás disposiciones jurídicas que ofrecen resistencia. …….

(…).

….. cuando las mujeres superan el proceso meritocrático su derecho a formar parte de las ternas integradas por las Juntas Administradoras Locales no sacrifica el principio democrático al interior de estas colegiaturas, únicamente lo limita, ya que los ediles conservan su derecho a conformar las ternas de candidatos a las alcaldías menores, pudiendo acudir al sistema mayoritario para elegir entre las mujeres que superaron el proceso de selección a la que hará parte de la terna, y elegir a los dos miembros restantes a través de un sistema proporcional.

Adicionalmente, la Ley 581 de 2000,……., tiene rango de ley estatutaria…… Esa superioridad jerárquica permite afirmar que la implementación del sistema de cuociente electoral…..se opone a los fines de la Ley de Cuotas, en especial en aquellas partes en que el artículo 84 del primero señala que "Para la integración de la terna se empleará el sistema del cuociente electoral", y en que el artículo 7º del decreto reglamentario ordena integrar la terna de aspirantes al cargo de alcalde local "empleando el sistema del cuociente electoral", pues como vio no es seguro que se garantice a la mujer su derecho a integrar la citada terna cuando al menos una de ellas ha superado el proceso de selección.

(…).

Deviene de todo lo argüido, que el sistema del cuociente electoral consagrado en los artículos 84 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y 7 del Decreto 1350 de 2005, no es compatible con el bloque de constitucionalidad integrado por los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional, la Ley 51 de 1981 "Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980", y la Ley Estatutaria 581 del 31 de mayo de 2000 "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones". Por consiguiente, respecto de esas normas debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4 de la Carta Fundamental”.

Efectivamente, el Decreto Distrital 11 de 2008 consagró lo siguiente:

“ART. 15.—Definición de inclusión de una mujer en la terna por parte de las Juntas Administradoras Locales. Conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 84 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y teniendo en cuenta el artículo6ºde la Ley 581 de 2000, siempre y cuando la respectiva candidata haya superado todas las etapas del proceso meritocrático a que se refiere el inciso 2º del artículo7º del Decreto Nacional 1350 de 2005 y una vez efectuadas las audiencias, las Juntas Administradoras Locales procederán a elaborar la terna incluyendo en ésta a una mujer”.

“ART. 16.—Proceso deliberatorio.Las Juntas Administradoras Locales tendrán en cuenta lo establecido en el Decreto-Ley1421de 1993, el Decreto1350de 2005 y lo previsto en el presente decreto.

La integración de la terna tendrá lugar dentro de los ocho (8) días iniciales al primer período de sesiones ordinarias de la correspondiente Junta Administradora Local”.

Significa lo anterior que en cumplimiento de la Ley 581 de 2000, y de acuerdo con lo ordenado por las normas antes transcritas, el sistema de cuociente electoral no aplicaría para elegir a la mujer que debe ser incluida en la terna para designar alcalde local del Distrito Capital.

Finalmente, el Distrito Capital el 01 de marzo de 2012 expidió el Decreto 84 que adicionó el artículo 16 del Decreto 11 de 2008, señalando que:

“ART.1º—Adiciónase el artículo16 del Decreto 11 de 2008 el cual quedará así:

ART. 16.—Proceso deliberatorio. Las Juntas Administradoras Locales tendrán en cuenta lo establecido en el Decreto-Ley 1421 de 1993, el Decreto 1350 de 2005, la Ley 581 de 2000 y lo previsto en el presente decreto.

A fin de garantizar la participación equitativa de todos los aspirantes no deben utilizarse mecanismos de preselección como: planchas, listas, preselecciones por género u cualquier otra modalidad.

En el proceso de votación cada edil deberá votar una única en vez por un solo candidato; si una vez realizada la votación la terna no queda conformada incluyendo la mujer como lo exige la Ley 581 de 2000, o se presente un empate que no permita tomar una decisión de la conformación de la terna, se procederá a repetir el mismo mecanismo de votación tantas veces como sea necesario”.

El Decreto 84 de 2012 entró en vigencia el 2 de marzo de esa anualidad, cuando fue publicado en el Registro Distrital 4848.

De la normatividad expuesta, la Sección puede concluir que:

1. El proceso de selección de los aspirantes al cargo de Alcalde Local así se denomine “meritocrático” no se equipara ni equivale a un concurso de méritos, porque los candidatos que conforman la terna no son elegidos en razón de un puntaje o mérito para ocupar el cargo ni mucho menos existe la obligación para el nominador, en el caso el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., de designar a aquel que tenga el primer puesto.

El proceso anterior corresponde realmente a un llamado público, en razón de los principios de transparencia e igualdad en el acceso a los cargos públicos, a todas aquellas personas que consideren allanan los requisitos para ocupar el empleo, y permite a los postulantes contar con un amplio abanico de opciones para elegir.

2. El sistema a través del cual se eligen los candidatos que conformaran la terna para el cargo de Alcalde Local del Distrito Capital sigue siendo el cuociente electoral, aclarándose que dentro de la elección que se haga, ello para garantizar el cumplimiento de la ley de cuotas, debe incluirse como mínimo a una mujer.

3. El Decreto 84 de 2012 garantiza el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, pero igualmente aclara que no pueden utilizarse mecanismos de preselección por género, entre otros. Es decir, se debe garantizar que una mujer conforme la terna, pero para ello deben agotarse procedimientos que permitan la participación de todos.

4. En cuanto al sistema de votación que instituye el Decreto 84 de 2012 es necesario precisar qué debe entenderse que un edil vote una única vez y por un solo candidato.

Entiende la Sección que dicha disposición reproduce un principio de los sistemas democráticos, un hombre–un voto, por consiguiente, es claro que cada uno de los integrantes de la Junta Administradora Local (ediles) solo tiene el derecho a emitir un voto y que este será por uno solo de los aspirantes que han superado el proceso público de selección, pero ello no implica que si la terna no se conforma, bien por un empate y/o por la no inclusión de una mujer, no se pueda volver a votar para lograr la conformación de la terna en los términos indicados por la ley.

Lo que la norma en mención impone es que el edil solo puede manifestar su voluntad por uno de los aspirantes en cada proceso de votación que se efectúe para la conformación de la terna, pues entender que este no puede emitir su voto por alguien diferente al candidato por el que inicialmente votó, impediría por ejemplo el desempate porque la votación en cada ronda sería exactamente la misma, y mucho menos podría incluirse a una mujer cuando esta no hizo parte de la elección inicial, ya que necesariamente uno o varios de los integrantes de la Junta Administradora Local deberán modificar su elección sobre el candidato de su preferencia para dar paso a una mujer en la terna.

Ahora bien, si se encuentra conformada la terna pero esta no es aceptada por el Alcalde Mayor del Distrito Capital en razón de considerar que uno, algunos o todos los candidatos no cumplen requisitos y condiciones para el cargo(8), o se presenta la renuncia, muerte o inhabilidad de alguno de ellos que impida su continuidad en el proceso de elección, la Junta Administradora Local, como corporación, es decir, los miembros que la integran, deberá votar por la(s) persona(s) que reemplazará(n) al (os) retirado(s) de la terna, siendo este un nuevo proceso de elección frente al cual no se puede alegar una doble votación, o que solo los ediles habilitados para votar serían aquellos que lo hicieron por el candidato que ya no hace parte de la terna porque ello implicaría, entre otros, que la corporación no sería la que emite su voluntad, y por otra una violación de la reglas sobre quórums y mayorías para deliberar y decidir que impone la ley(9).

Si se llegara aceptar, como lo pretende la recurrente, que solo pudieran emitir su voto los ediles que lo hicieron por el candidato que se retira o los que se abstuvieron de votar, conllevaría consigo, aunado a las trasgresiones previamente dichas, el desconocimiento que este tipo de nominaciones implican, en principio, una votación secreta(10), pues tienen como fundamento la libertad de cada uno de los miembros de la Junta Administradora Local, JAL para elegir entre los aspirantes que cumplan requisitos, lo que traería consigo la imposibilidad de conocer el candidato por el cual cada miembro de la corporación emitió su voto.

5. Caso concreto.

Conforme con lo dicho previamente, y teniendo de presente los argumentos expuestos por la única recurrente, la Sala confirmará la sentencia de 9 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, la cual negó las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

En el asunto que nos ocupa encontramos que la Junta Administradora Local de Fontibón conformó la terna para alcalde local con los nombres de Orlando Blanco Zúñiga, Edgardo Andrés Maldonado y Johanna Paola Bocanegra Olaya, aspirantes que superaron el proceso público de selección adelantado(11).

Remitida la terna al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., la devolvió por considerar que el candidato Edgardo Andrés Maldonado no cumplía requisitos y se halla inhabilitado para ejercer el cargo (fls. 48-50), cuestionamientos que no fueron aceptados por la Junta Administradora Local de Fontibón porque verificados requisitos para el cargo el aludido los allanaba.

El 18 de enero de 2013 la candidata Johanna Paola Bocanegra Olaya solicitó a la JAL de Fontibón su exclusión de la terna porque se vinculó con el Concejo Distrital de Bogotá.

Frente a la anterior solicitud, la Junta Administradora Local de Fontibón en Acta 016 de 25 enero de 2013 excluyó a la candidata, y para cumplir con la Ley 581 de 2000, decidió incluir en la terna, en su reemplazo, a la otra mujer que había superado el proceso de selección, es decir la demandada Andrea Esther Castro Latorre(12), que obtuvo una votación de 8 votos a favor y una abstención(13).

La inconformidad de la apelante radica en señalar que los ediles que participaron en las sesiones donde se conformó la terna con los nombres de Orlando Blanco Zúñiga, Edgardo Andrés Maldonado y Johanna Paola Bocanegra Olaya, votaron dos veces y por dos candidatos diferentes al incluir a Andrea Esther Castro Latorre en reemplazo de la mujer que se había ternado.

La Sala no comparte lo expuesto por la apelante porque, como se indicó en otro acápite, la Junta Administradora Local, entendida como corporación, le correspondía decidir si aceptaba la renuncia presentada por la candidata Bocanegra Olaya, y quien la reemplazaría, observando para el efecto las regulaciones respectivas, es decir, la forma en que el proceso, en especial, la ley de cuotas obligaba a tener a otra mujer, pues los otros dos candidatos eran hombres.

No se puede aceptar, como lo pretende la recurrente, que solo los ediles que en su momento votaron por Bocanegra Olaya o se abstuvieron de emitir su voto fueran los llamados a elegir su reemplazo, porque ello, como se señaló en líneas previas, implicaría que:

• La Junta Administradora Local en su condición de corporación no adoptara la decisión de reconformar la terna.

• Se violaría el quórum y mayorías establecidos, para deliberar como para decidir, ya que de los nueve (9) ediles que conforman la Junta Administradora Local(14), los cuales se encontraban en la sesión de 25 de enero de 2013, solo tres (3) podrían haber votado(15) no configurándose así el quórum decisorio que debe estar formado por la mayoría de los integrantes, es decir, 5 ediles, ni se podrían haber alcanzado los votos que se requieren para adoptar una decisión, cual es la mayoría de los asistentes, que para el caso igualmente eran 5 ediles.

Lo anterior de conformidad con el Acuerdo Local 011 de 2001 que contiene el reglamento interno de la JAL de Fontibón.

• Se trasgrediría la condición secreta que este tipo de votaciones, como se indicó anteriormente, lo que violaría la libertad de elegir que tiene cada uno de los miembros de la Junta Administradora Local.

Por otra parte, y en razón que fue la mujer ternada la que renunció a la candidatura, la JAL de Fontibón, en cumplimiento de una norma de orden superior —Ley 581 de 2000—, no tenía otra opción que proceder a reemplazarla con otra mujer que hubiere superado el proceso público de selección, y por tanto, debía votar, en caso de haber dos o más, cuál de ellas ocuparía dicho lugar.

En el caso que nos ocupa, y como se desprende del Acta 050 de 11 de marzo de 2012 las dos únicas mujeres que superaron el proceso de selección fueron Johanna Paola Bocanegra Olaya y Andrea Esther Castro Latorre, y de no haberse elegido a esta última en su reemplazo, se hubiese contrariado la ley de cuotas.

La Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” sí señaló, de forma muy concreta, el porqué no se había violado el Decreto Distrital 084 de 2012, indicando que el mismo no se aplicaba en el asunto en estudio en razón a que la terna no debía recomponerse o reconformarse ya que los otros dos candidatos efectivamente continuaban, y para cumplir con la Ley 581 de 2000 solo debía ser reemplazada la mujer que se retiró de la contienda.

Agregó, igualmente, que no hay norma que imponga tener que votar por cada uno de los integrantes de la terna cuando alguno renuncia o es excluido.

Cosa diferente es que el tribunal no haya sido extenso y profuso en sus consideraciones, lo que no implica que no se hubiere analizado los argumentos expuestos en la demanda, para arribar a la conclusión, como efectivamente lo hizo, que la norma señalada como violada no lo había sido.

III. Decisión.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de 9 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”.

2. Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

3. DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

 

(2) Folios 55-57.

(3) Folios 58-69.

(4) Sistema que consisten en dividir el número de votos válidos emitidos por los puestos a proveer, en el caso 3, y conformar la terna.

(5) Sentencia C-371 de 2000.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: María Nohemí Hernández Pinzón. Sentencia de 7 de diciembre de 2006. Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00961-01(4136) y 25000-23-24-000-2005-00968-01. Actor: Carlos Alberto Ramírez Donoso y otro. Demandado: Alcaldesas Locales de Bogotá D.C. Al efecto en la sentencia mencionada se dijo: “Por tanto, no es admisible el raciocinio empleado por un sector de los apelantes, en el sentido de que las Juntas Administradoras Locales, por estar integradas por distintas personas, que responden a una representación plural y democrática, deben ser considerada como un conjunto de personas, y que por lo mismo están exentas del deber legal de incluir al menos una mujer en las ternas que deben integrar para la elección de alcaldes locales. Esto sería tanto como acudir a las partes para desconocer el todo, representado en esta oportunidad por las JAL, que como corporaciones administrativas que son, responden perfectamente al concepto de entidad pública, unidad que se ratifica con lo dicho por el constituyente en el artículo 323 Constitucional, modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 02 de 2002, al prescribir que “…En cada una de las localidades habrá una junta administradora elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años…” (Negrillas de la Sala).”

(7) Ibídem.

(8) Decreto 1350 de 2005, artículo 7º.

(9) Constitución Política. ART. 148.—Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de elección popular.

Acuerdo Local 011 de 2011. Por el cual se reforma el Reglamento Interno de la Junta Administradora Local de Fontibón. Artículo 28.-Para deliberar; las Juntas requerirán por lo menos la cuarta parte de los miembros. Para decidir, la asistencia de la mayoría de los integrantes. Sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los asistentes; siempre que haya quórum.

(10) En la Sentencia C-1017 de 2012 la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 131, literal a) de la Ley 5ª de 1992 que modificó el artículo 3º, literal a) de la Ley 1431 de 2011, dejó claro que la votación secreta es constitucional, salvo en aquellas elecciones en las que la participación de los partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos representados en la respectiva corporación resulte ser el fundamento de la función electoral a ella asignada.

(11) Acta 050 de 11 de marzo de 2012 (fls. 157-171); Acta 051 de 12 de marzo de 2012 (fls. 55-57).

(12) Folios 157 y 158.

(13) Folios 190 a 197.

(14) http://www.bogota.gov.co/localidades/fontibon y http://www.bogota.gov.co/article/lista-mesa-directiva-de-la-junta-administradora-local-2013-fontib%C3%B3n

(15) Conforme Acta 051 del 12 de marzo de 2012 por la señora Johana Paola Bocanegra Olaya votaron dos ediles y uno de abstuvo de emitir voto por cualquiera de los candidatos (fls. 55-57).