Sentencia 2013-00492 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Rad. 25000233700020130049201

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Polo Democrático Alternativo

Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros

Acción de tutela, impugnación

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil trece

EXTRACTOS: « 5. Consideraciones de la Sala

5.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer, de la impugnación formulada por el Polo Democrático Alternativo y por el señor Jaime Dussán Calderón, contra la sentencia de 11 de junio de los corrientes proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta -Subsección “A”- que denegó el amparo de tutela.

5.2. Problema jurídico.

Vistos los antecedentes del caso, para la Sala el problema jurídico a resolver es el siguiente: ¿se vulneraron los derechos fundamentales a la participación política, a elegir y ser elegido, a la igualdad, petición y debido proceso del Polo Democrático Alternativo y del señor Jaime Dussán Calderón, en razón de la permanencia del señor Luis Carlos Avellaneda Tarazona como Senador de la República a nombre de esa colectividad, aun cuando a través de la decisión de 27 de febrero de 2013, la Comisión Nacional de Ética y Garantías declaró la “ineficacia” de la afiliación y se excluyó al senador como miembro de ese partido político, por haber incurrido en la prohibición constitucional de pertenecer de manera simultánea a dos partidos o movimientos políticos?

5.3. Razones de la decisión.

Con las reformas introducidas en los años 2003 y 2009 a los artículos 107 y 108 de la Carta, el constituyente derivado pretendió fortalecer el sistema democrático mediante la racionalización de la actividad legislativa a través del establecimiento de un estricto régimen de bancadas, con la consecuente prohibición de pertenecer simultáneamente a dos partidos o movimientos políticos.

Dicha interdicción elevada a norma constitucional apunta al fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos y a la necesidad de que la política se conduzca con transparencia, sin artimañas ni manipulación para los electores, y a partir de un compromiso ético y doctrinario de los militantes con sus organizaciones, con sus afiliados y con sus electores. En palabras de esta corporación, busca “ordenar el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, así como el de los principales cuerpos colegiados de origen político con que cuenta la organización pública del país (...) para que los representantes del pueblo, en las distintas corporaciones públicas, quedaran obligados a conservar la filiación política por la cual son elegidos —es decir, el partido o movimiento político que los avaló y por el que se postularon y resultan escogidos— a la vez que se facilitó el control disciplinario sobre ellos mismos, pues quien incurra en la doble militancia es sancionado éticamente por el respectivo movimiento político”(1).

Ahora bien, a pesar de la notable importancia de la reforma introducida según quedó visto, resulta necesario señalar que el desconocimiento del régimen de bancadas, al ser contraria a la disciplina de partido solo genera reconvenciones de tipo disciplinario al interior de las mismas colectividades, las cuales pueden incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, por el resto del período para el cual fue elegido. En otras palabras, el ordenamiento jurídico actual no prevé la pérdida de la curul para el candidato que una vez elegido y posesionado, sea excluido del partido político por doble militancia, pues si bien se trata de un hecho éticamente reprobable que puede ser sancionado disciplinariamente por los respectivos partidos políticos, no implica la sanción legal que la parte demandante y el coadyuvante pretenden obtener por vía de tutela.

Al respecto, el artículo 108 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2003, establece que los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno y que en ellos podrán establecer sanciones por la violación al régimen de bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la exclusión del respectivo partido y podrán incluir la pérdida del derecho al voto por lo que reste del periodo del elegido.

Por consiguiente, para la Sala resulta claro que la norma constitucional establece unos límites sustanciales para las sanciones que pueden imponer los partidos políticos con ocasión del desconocimiento del régimen de bancadas, que no incluye, se repite, la pérdida de la respectiva curul por parte del elegido, por cuanto ello excede ostensiblemente los términos de la Constitución que les permite establecer e imponer sanciones, en forma gradual, a los miembros de sus colectividades.

Aceptar lo contrario, implica que en un Estado social del derecho se impongan sanciones jurídicas para supuestos normativos que no las prevén, en abierta contraposición con el principio de legalidad que hace parte del debido proceso constitucional, según el cual los ciudadanos deben ser juzgados y sancionados según las normas legales preexistentes. De conformidad con esto, como la norma no contempla una sanción no puede ser el juzgador quien la cree, so pretexto de reprimir una conducta infame de la práctica política.

Así las cosas, la Sala considera que al partido Polo Democrático Alternativo no se le violó el derecho al debido proceso por parte de las autoridades accionadas habida cuenta de que no existe un procedimiento que establezca que ante la exclusión de un elegido al partido político que lo avaló, tenga que declararse vacante el cargo y designar y posesionar en el mismo al candidato que en orden de elegibilidad por el respectivo partido. Ello implica necesariamente que al señor Jaime Dussán Calderón tampoco se le transgredió el derecho a la igualdad y elegir y ser elegido, toda vez que en palabras del propio partido político demandante participó en los comicios electorales celebrados el 14 de marzo de 2010, pero no obtuvo la votación necesaria para ser elegido Senador, hecho que a todas luces demuestra que esos derechos constitucionales no fueron vulnerados.

No sobra recordar para que haya lugar a designar a alguien en una corporación de elección popular, de acuerdo con la Constitución y la ley debe existir una vacante o una curul por proveer, supuesto que no se presenta en el asunto bajo examen, por cuanto el señor Luis Carlos Avellaneda Tarazona no ha renunciado a la curul de Senador ni se ha configurado alguna de las circunstancias en las que taxativamente la ley prevé que hay vacancia absoluta o temporal de la curul, como la renuncia, la declaratoria de nulidad de la elección o de pérdida de investidura del elegido, mediante fallo de juez competente.

En ese orden de ideas, no hay lugar a designar al coadyuvante en el cargo que actualmente ocupa el señor Luis Carlos Avellaneda Tarazona, quien fuera elegido popularmente, en tanto que no se ha presentado alguna de las circunstancias mencionadas anteriormente.

Por lo demás, no es posible que por vía de tutela, sin que medie un proceso adelantado por el juez natural del asunto, se desconozca la presunción de legalidad del acto administrativo que declaró elegido al señor Avellaneda como senador y que le expidió las credenciales para que ejerciera esa dignidad. Tampoco son el presidente del Senado de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral las autoridades públicas competentes para dejar sin efecto o desconocer el referido acto administrativo, como tampoco son las autoridades llamadas a definir quién debe ser retirado de determinada curul y a quien debe ser designado en su reemplazo.

Por lo anterior, la Sala acoge la interpretación efectuada por el tribunal en la sentencia de primer grado que denegó la protección invocada y al efecto la confirma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

4. FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 11 de junio de los corrientes, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección “A”- que negó el amparo de los derechos fundamentales a la participación política, a elegir y ser elegido, a la igualdad, petición y debido proceso del Polo Democrático Alternativo.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado Sala Plena. Sentencia de 12 de abril de 2011. Radicación: 11001-03-15-000-2010-01325-00(PI).