Sentencia 2013-00581 de enero 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Rad.: 73001-23-33-000-2013-00581-01(AC)

Actor: Diego Francisco Beltrán Guzmán

Demandado: Ministerio de Educación Nacional y otros

Bogotá, D.C., veintitrés de enero de dos mil catorce.

Procede la Sala a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por la representante legal del Colegio Liceo Infantil Tolimense, una de las entidades accionadas en el presente proceso, contra el fallo de 31 de octubre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que tuteló los derechos fundamentales invocados por el actor.

I. Antecedentes.

I.1. La solicitud.

El señor Diego Francisco Beltrán Guzmán, obrando en nombre de sus hijos menores de edad XXXX y XXXX, presentó acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría Departamental de Educación y Cultura del Tolima, la Secretaría de Educación del municipio de Purificación - Tolima y el Colegio Liceo Infantil Tolimense, por considerar que le fueron violados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, a la educación y al debido proceso.

I.2. Hechos.

Señaló que actualmente adeuda unos dineros al Colegio Liceo Infantil Tolimense del municipio de Purificación, por concepto de las pensiones de sus dos hijos menores que se encuentran matriculados en el mismo, razón por la cual se presentó ante la coordinadora del referido colegio para explicarle que a finales del mes de noviembre de 2013 pagaría todo lo adeudado; sin embargo, esta le informó que la orden de la rectora era retirar a los niños de la institución educativa si no cancelaba inmediatamente.

Manifestó que el día 16 de octubre de 2013, fue reiterada la orden de retirar a sus hijos del colegio, ya que no se encontraba al día con el pago de las pensiones.

Mencionó que debido a esta situación su hijo menor fue privado de presentar diferentes evaluaciones, lo que motivó acciones discriminatorias y de “matoneo” por parte de sus compañeros y del mismo personal docente.

Adujo que tampoco se le han entregado los boletines o informes de calificaciones de sus hijos correspondientes a los períodos académicos anteriores.

Indicó que el 18 de octubre de 2013, recibió una llamada del esposo de la rectora del colegio, en la que le manifestó irrespetuosamente que la institución educativa era de su propiedad y que no iba a recibir a sus hijos en la misma, por lo que lo instó a buscar un colegio público para pobres.

I.3. Pretensiones.

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia:

1. Se reintegre a clases sus hijos sin discriminación alguna.

2. Se les realicen todas las evaluaciones, exámenes, talleres, cátedra y demás actividades académicas de las cuales han sido excluidos.

3. Se le entreguen todos los boletines o informes de calificaciones correspondientes a los últimos períodos.

4. Se revise el comportamiento y funcionamiento del Colegio Liceo Infantil Tolimense de Purificación, respecto de sus actuaciones inconstitucionales e ilegales, en el caso de sus hijos.

5. Se impongan las sanciones de Ley por la conducta en la que hubiesen podido incurrir los accionados al vulnerar los derechos fundamentales invocados.

I.4. Defensa.

La Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, solicitó ser desvinculada del proceso y denegar las pretensiones de la acción, ya que no ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno del actor, teniendo en cuenta que el Colegio Liceo Infantil Tolimense del Municipio de Purificación, es una institución privada y sobre ella solo ejerce funciones de vigilancia y control, como lo establece el Decreto 907 de 1996. Sin embargo, recordó que el parágrafo 1º del artículo 88 de la Ley 1650 de 2013, prohíbe la retención de títulos por no encontrarse el interesado a paz y salvo y advirtió que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional contempla la prevalencia del derecho a la educación frente a los derechos de orden económico.

La Secretaría de Educación del Municipio de Purificación - Tolima, informó que el 28 de octubre de 2013, realizó una visita al Colegio Liceo Infantil Tolimense, en la que verificó la asistencia académica normal de los estudiantes XXXX y XXXX, hijos del actor, lo que a su juicio, constituye un hecho superado y anexó una certificación firmada conjuntamente con la coordinadora del plantel educativo en mención, en la que consta dicha situación.

Emérita Galindo Rodríguez, representante legal del Colegio Liceo Infantil Tolimense, mencionó que el actor pretende con la acción de tutela evadir sus obligaciones económicas con el establecimiento educativo, por el no pago de la pensión estudiantil de sus hijos.

Indicó que es falso que el accionante hubiese manifestado su intención de cancelar las sumas adeudadas y, por el contrario, siempre ha evadido dicha responsabilidad, inclusive utilizando a su esposa la señora Yenny Andrea Silva Feria, para presentar derechos de petición solicitando la subvención de la educación de sus hijos a sabiendas de que el colegio es privado y que su mantenimiento depende de la cancelación de las pensiones estudiantiles.

Afirmó que a pesar de que en varias ocasiones se citó al actor y a su esposa al establecimiento educativo para realizar un acuerdo de pago de las pensiones adeudadas, estos nunca se presentaron.

Advirtió que si los boletines no se han entregado es porque ni el actor ni su esposa han asistido a las reuniones convocadas para el efecto por el colegio.

Reiteró que el actor no ha atendido ninguno de los requerimientos hechos por la institución para ponerle en conocimiento no solo el bajo rendimiento académico de sus hijos, sino los problemas afectivos detectados por el personal docente, lo cual demuestra su irresponsabilidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos cuando los matriculó en el colegio.

Sostuvo que a ningún estudiante del plantel educativo se le ha privado del derecho de presentar las evaluaciones establecidas en el calendario académico.

Manifestó que es un acto de mala fe y una irresponsabilidad del actor afirmar que uno de sus hijos está siendo víctima de “matoneo”, pues el colegio se ha destacado por incentivar los principios, valores y la autoestima.

Advirtió que la administración de Justicia no se puede prestar para los propósitos malintencionados del actor de evadir su responsabilidad de pagar lo adeudado al colegio, pues el año siguiente haría lo mismo con otra institución educativa privada.

Resaltó que varios padres de familia están pendientes de esta acción y en caso de prosperar iniciarían las suyas para evadir el pago de sus obligaciones con el colegio, lo cual lo llevaría a la quiebra.

El Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado como sujeto pasivo de la presente acción de tutela, pues no le es posible hacer pronunciamiento concreto respecto de las situaciones particulares que envuelven el caso estudiado, ya que no es de su competencia.

No obstante lo anterior, recordó que por regla general la falta de pago de las pensiones educativas no puede condicionar la entrega de los certificados de estudios, excepto cuando los padres que tienen recursos económicos son renuentes a dar cumplimiento a las obligaciones pecuniarias a su cargo.

Señaló que en los eventos en que los padres o tutores acuden a instituciones privadas, deben asumir las contraprestaciones acordadas en el respectivo contrato de prestación de servicios educativos.

II. Fundamentos del fallo impugnado

El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 31 de octubre de 2013, amparó los derechos fundamentales invocados por el actor, ya que la Jurisprudencia constitucional ha reiterado que las instituciones educativas no pueden retirar o excluir de las actividades académicas a los estudiantes cuyos padres no estén al día con el pago de las pensiones, pues la educación es un derecho fundamental de los niños, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política y éstos prevalecen en el ordenamiento jurídico colombiano y en los tratados internacionales.

Sostuvo que los niños no pueden ser objeto de burlas y discriminación por parte de las autoridades académicas como consecuencia de la falta pago de sus padres, por lo tanto los planteles educativos deben manejar esas situaciones con total prudencia, sin afectar el desarrollo social de los estudiantes.

Advirtió que el interés económico en la prestación del servicio educativo es totalmente entendible, razón por la cual la jurisprudencia constitucional le permite a los colegios abstenerse de renovar la matrícula de aquellos niños cuyos padres no cumplen con las obligaciones pecuniarias e igualmente pueden hacer uso de los diferentes medios judiciales para el cobro de los valores adeudados.

Reiteró que la Corte Constitucional considera violatorio del derecho fundamental a la educación el retener informes de las notas, ya que esto imposibilita al estudiante a acceder a un curso superior o a matricularse en otra institución educativa.

Manifestó que no puede hablarse de hecho superado cuando los hijos del actor retornaron a sus actividades académicas en cumplimiento de una medida cautelar dictada al momento de admitir la presente acción de tutela.

Finalmente, agregó que las demás peticiones del actor como sancionar o investigar a los demandados y vincular al ICBF para que realice un acompañamiento a sus hijos, no son resorte de esta instancia judicial, pues son cargas que aquél debe suplir.

III. Fundamentos de la impugnación

La señora Emérita Galindo Rodríguez, representante legal del Colegio Liceo Infantil Tolimense, impugnó el fallo de primera instancia y solicitó tener en cuenta los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

IV. Consideraciones de la Sala:

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Mediante el ejercicio de la acción de tutela, el actor actuando en representación de sus hijos menores de edad, pretende la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, la educación y al debido proceso, los cuales considera vulnerados ya que el Colegio Liceo Infantil Tolimense, en el que se encuentran matriculados sus niños, los retiró de sus actividades académicas, les impidió realizar diferentes evaluaciones y les ha retenido sus boletines o informes de calificación, con el argumento del no pago de las pensiones educativas.

El Tribunal Administrativo del Tolima, profirió sentencia de primera instancia el 31 de octubre de 2013, en la que amparó los derechos fundamentales invocados por el actor, teniendo en cuenta la prevalencia de los derechos de los niños en el ordenamiento jurídico colombiano y en la normativa internacional y la prohibición establecida por la Jurisprudencia Constitucional, de retirar a los estudiantes de sus actividades académicas por motivos de incumplimientos económicos de sus padres o negarles la entrega de sus boletines periódicos.

Igualmente, el a quo sostuvo que no existía hecho superado teniendo en cuenta que la reintegración a las clases de los hijos del actor fue gracias a una orden judicial dada por una medida cautelar contenida en el auto admisorio de la presente acción, por lo tanto se necesitó de la intervención de una autoridad judicial para que se remediara la situación objeto del debate jurídico.

Frente a esta decisión, la representante legal del Colegio Liceo Infantil Tolimense interpuso en tiempo la impugnación, argumentando que el actor utilizaba la acción de tutela para evadir su responsabilidad en cuanto al pago de las obligaciones pecuniarias con la institución educativa y que a sus hijos nunca se les privó de la realización de sus exámenes o de la entrega de los correspondientes boletines. Todo lo contrario, manifiesta que a pesar de los diferentes requerimientos, tanto el accionante como su esposa, no se han presentado a ninguna de las reuniones programadas por el colegio, lo que demuestra su irresponsabilidad como padres de los menores XXXX y XXXX.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, es pertinente señalar que la Constitución Política(1) y su desarrollo jurisprudencial han advertido la prevalencia de los derechos de los niños en el ordenamiento jurídico colombiano y en particular, ha sostenido la expresa prohibición de quebrantar el derecho fundamental de la educación de un menor, so pretexto de proteger un interés económico del establecimiento educativo en el que se encuentre matriculado.

En efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia ampliamente reiterada(2) considera que un colegio no puede privar de la atención académica a un estudiante matriculado o negarle la entrega de sus boletines o informes de calificación argumentando el no pago de los compromisos económicos adquiridos por los padres con el plantel educativo, ya que prima el derecho del niño a continuar con su proceso de formación y no interrumpirlo abruptamente por hechos ajenos a su voluntad y que no están en la esfera de sus responsabilidades.

Igualmente, esta protección constitucional lo que busca es salvaguardar el entorno de aprendizaje del menor y evitar que se le utilice para presionar el pago de las sumas eventualmente adeudadas por los padres, teniendo en cuenta que dicha situación podría afectar su correcta formación académica y personal e incluso generar espacios de evidente discriminación, lo cual no puede ser aceptado en un Estado garante de los derechos fundamentales de los niños y, particularmente, de su educación.

Es claro para la Sala que espacios de discriminación como los referidos por el actor y no desvirtuados por la institución educativa demandada, son reprochables constitucionalmente y obligan a la inmediata protección de los derechos fundamentales de los niños, tal y como lo consideró el Tribunal Administrativo del Tolima, no solo en la medida cautelar contenida en el auto admisorio de la presente acción de tutela, sino en la misma sentencia de primera instancia.

En efecto, retirar a los hijos del actor de cualquiera de las actividades normales académicas del colegio; no entregar sus boletines o privarlos de las correspondientes evaluaciones periódicas por motivos económicos, constituye una evidente vulneración de su derecho fundamental a la educación, ya que les impide su continua y regular formación educativa, por lo tanto procede el amparo constitucional vía acción de tutela.

Ahora bien, es pertinente recordar que la jurisprudencia constitucional también aclaró que esta protección del derecho fundamental a la educación de los menores no constituye una aceptación tácita a la cultura del no pago y mucho menos debe incentivar la misma, ya que las obligaciones económicas a las que se comprometen a pagar los padres al matricular a sus hijos en una institución educativa privada, es lo que permite el sostenimiento de la misma y por lo consiguiente debe ser igualmente garantizada. Es por ello que la normativa y la misma jurisprudencia le da múltiples opciones a los Colegios que se encuentren en esta situación, para perseguir el pago de las pensiones académicas adeudadas, tales como las acciones ordinarias o ejecutivas, e incluso se le permite la no renovación de la matrícula del estudiante para el año siguiente.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha manifestado:

“Lo anterior no quiere decir que con la protección que la Constitución da y la Corte reconoce, los padres de familia tengan vía libre para ser morosos, sino que el niño que ha quedado matriculado para determinado año no puede ser retirado por la culpa voluntaria o involuntaria de sus padres que incurren en mora. Por supuesto que el colegio no está obligado a matricularlo al año siguiente y, además, el Ministerio de Educación debe controlar que no se engañe al colegio afectado permitiéndose que al siguiente año se matricule el alumno sin paz y salvo en otra institución privada.

(...).

Se aprecia que la jurisprudencia ha sido radical: en ningún caso se pueden retener notas, ya que ello significaría que el menor no podría continuar sus estudios; y, entre la educación y el reclamo de lo debido, prefiere aquella”(3).

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que las instituciones educativas privadas no están obligadas a mantener indefinidamente a un alumno cuyos padres o acudientes no cumplan con sus obligaciones económicas respecto de las pensiones académicas, por ello, para el año siguiente pueden tomar la decisión de no renovar la matrícula; sin embargo, si el estudiante se encuentra cursando el año lectivo, como sucede en este caso, se debe respetar el derecho a la educación que le asiste al menor y acudir a los mecanismos legales contemplados para reclamar lo adeudado, sin afectar su entorno educativo ni interrumpir abruptamente su formación.

Por otra parte, la Sala comparte la posición del a quo, en cuanto consideró que en el presente caso no se podía hablar de hecho superado, ya que la actuación surtida por el Colegio Liceo Infantil Tolimense del municipio de Purificación, tendiente a reanudar la prestación del servicio educativo a los hijos del actor, se dio gracias a la orden de la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima, contenida en el auto admisorio.

Así mismo, no puede hablarse de hecho superado con la sola reanudación de la prestación del servicio académico para los hijos del actor, pues de los fundamentos fácticos de la presente acción de tutela se desprende que fueron diversas las actuaciones del Colegio Liceo Infantil Tolimense, que menoscabaron el derecho fundamental a la educación de los menores aquí representados, tales como la retención de los boletines o la no realización de los exámenes periódicos, de las cuales no se encuentra prueba alguna que refute o demuestre que dichas situaciones no se presentaron o ya se superaron.

Finalmente, la Sala advierte que el amparo otorgado en el presente debate jurídico no significa que el actor no debe pagar lo que él mismo reconoce que le adeuda al colegio accionado, ni que éste último esté obligado a renovarle la matricula, pues como ya se dijo, la protección solo cobija la continuidad y efectiva culminación del año lectivo en el que se instauró la acción de tutela y la entrega de todos los boletines o documentos en los que consta el rendimiento académico y notas de sus hijos por ese período.

Los razonamientos precedentes conducen a la Sala a confirmar la sentencia de 31 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 31 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

3. REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de enero de 2014.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

(1) ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

(2) Sentencia T-235 de 1996, SU-624 de 1999, T-1580 de 2000, T-1676 de 2000, T-1704 de 2000, T-764 de 2001, T-803 de 2001, T-1038 de 2001, T-1279 de 2000 y T-459 de 2009.

(3) Sentencia SU-624 de 1999.