Sentencia 2013-00586 de junio 27 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá, D.C., junio veintisiete (27) de dos mil dieciocho (2018).

Ref.: Nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 170012333000-2013-00586-01 (21745)

Demandante: Comisionistas Agropecuarios S.A., COMIAGRO S.A.

Demandado: UAE-DIAN

Temas: Renta año 2009. Deducción por pagos originados en contratos denominados de cuentas en participación. Realidad contractual, indicios y carga de la prueba. Principio de favorabilidad en la sanción por inexactitud

Sentencia segunda instancia

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Los contratos de cuentas en participación y las sociedades comisionistas. Facultad de fiscalización de la DIAN.

1.1. Esta Sala ha dicho que “tratándose de los pactos o convenciones de los particulares y, en especial de los contribuyentes frente a un tercero de buena fe, como lo sería en el caso la administración, el efecto de dichas convenciones, aun las que se hagan constar por escritura pública es susceptible de valorarse “conforme a las reglas de la sana crítica”, según el inciso final del artículo 264 del Código de Procedimiento Civil(8), esto es, en el contexto de otras pruebas, lo cual quiere decir que no es forzosa para la administración, en cualquier caso, la aceptación incondicional de la apariencia o formalidad de los actos o contratos de los contribuyentes, cuando quiera que de otras pruebas surja la verdad real o verdadera”(9), de lo contrario, resultaría ineficaz la acción fiscalizadora(10).

En esta oportunidad, se reitera que no es forzoso para la administración aceptar de manera incondicional la apariencia de los contratos suscritos por los contribuyentes, cuando de las pruebas aportadas en el trámite administrativo surge que en realidad, el acuerdo de las partes corresponde a un contrato diferente al señalado.

1.2. Además, se ha afirmado que si la administración, en el proceso de fiscalización, encuentra serios elementos de juicio que le permitan inferir que un contrato, que en apariencia corresponde al de colaboración empresarial, en realidad, concierne a otra modalidad contractual, cambia la carga de la prueba, correspondiéndole al contribuyente probar la “realidad” del que pretende acreditar(11).

1.3. En el caso concreto, conforme con lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto por la UAE-DIAN, los contratos suscritos entre la sociedad demandante y los señores Gustavo Adolfo Rico Infante, Luz Ángela Corrales Giraldo y Rafael Arturo Bermúdez González, encajarían en los contratos denominados de comisión, por dos razones fundamentales: (i) estos contratos resultan ser los legalmente autorizados para el desarrollo del objeto social de COMIAGRO S.A., conforme con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 45 de 1990 y (ii) la remuneración pactada entre las partes no se hizo en consideración con los ingresos, como tampoco se tuvo en cuenta la participación en las pérdidas que se originen de la operación realizada. Por el contrario, se acordó el pago de una comisión por las operaciones ejecutadas.

1.4. La DIAN reforzó su posición, con el hecho que la Superintendencia Financiera le haya ordenado a la sociedad demandante cancelar los contratos de cuentas en participación, e iniciar con contratos de prestación de servicios (temporales).

1.5. Respecto de la afirmación, según la cual, la sociedad actora, en desarrollo de su objeto social solo estaba facultada para suscribir contratos de comisión, la Sala advierte lo siguiente:

1.5.1. El artículo 7º de la Ley 45 de 1990(12) señala que “[l]as sociedades comisionistas de bolsa deberán constituirse como sociedades anónimas y tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de valores. No obstante lo anterior, tales sociedades podrán realizar las siguientes actividades, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores y sujetas a las condiciones que fije la Sala General de dicha entidad”.

La anterior norma se refiere a que las sociedades comisionistas de bolsa tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de valores.

1.5.2. Es cierto que la Superintendencia Financiera de Colombia ha expuesto que “a través de dicho contrato [el de cuentas en participación] no es posible la realización de actividades de captación de dineros del público en los términos del Decreto 1981 de 1988, que de adelantarse sin contar con la debida autorización de esta autoridad de supervisión, podría eventualmente derivar en infracción penal en los términos del artículo 316 del Código Penal y hacerse acreedor de las medidas administrativas contenidas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, (...)”(13).

1.5.3. Pero, no es menos cierto que esa misma entidad ha dicho que “(...) será entonces la sociedad vigilada que actúa como partícipe gestor quien debe determinar, al momento de estructurar el negocio, en qué posición se encuentra, esto es, analizar si las operaciones que van a constituir el objeto del contrato de cuentas en participación desbordan su capacidad, con las consecuencias legales que eso conlleva, o si el contrato es utilizado como instrumento o actividad accesoria o conexa para el desarrollo del objeto social(14).

Es decir, las sociedades comisionistas de bolsa podrán celebrar contratos de cuentas en participación para desarrollar o ejecutar actividades accesorias o conexas con el objeto social, siempre que no impliquen la captación de dineros del público.

1.5.4. En este orden de ideas, el argumento de la DIAN, según el cual, la sociedad demandante solo podía celebrar contratos de comisión para desarrollar su objeto social, resulta rebatible, porque el propio órgano de control ha dicho que las entidades vigiladas pueden celebrar contratos de cuentas en participación, siempre y cuando este contrato no se utilice como instrumento para ofrecer a terceros servicios de intermediación en el mercado de valores, que impliquen captación de dineros, porque de ser así, en realidad, lo que se estaría ofreciendo es la realización de actividades propias de los contratos de comisión y de administración de valores.

En conclusión, el contrato de cuentas en participación no puede ser utilizado como un instrumento para ofrecer a terceros servicios de intermediación de valores, porque esto es propio del contrato de comisión y administración de valores.

2. Los contratos de cuentas en participación. Generalidades.

Frente a la naturaleza del acuerdo que es objeto de estudio, se tiene lo siguiente:

2.1. Las cuentas en participación, en los términos del artículo 507 del Código de Comercio, se han entendido como “un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida”.

2.2. Dicho contrato no está sometido a solemnidades en cuanto a su formación y, por ende, el objeto, la forma, el interés y las demás condiciones están regidas por el acuerdo de los partícipes(15).

La doctrina ha discutido si uno de los partícipes debe tener o no la calidad de oculto(16) o si ambos deben ser comerciantes, pero, para los efectos de esta sentencia, esto es no es relevante, toda vez que lo que se debe analizar en esta oportunidad, es si en efecto puede hablarse de un contrato de colaboración, como es el de cuentas en participación.

Por eso se debe analizar si el contrato en discusión reúne los elementos que permiten identificar este tipo de negocio de colaboración, bajo la idea fundamental de que hay un gestor que desarrolla una operación determinada, particular o general, enmarcada dentro de su objeto social, en el caso de las sociedades, y de unos participes inactivos que aportan valor a la actividad del gestor, atendiendo precisamente la finalidad económica pretendida con esta figura, en la que debe mediar la cooperación mediante la aportación de diferentes bienes, entre otros, dinero, valores, inmuebles e industria, con la consecuente repartición entre los copartícipes de las ganancias o pérdidas en la proporción convenida, habida consideración que el “riesgo” —no la responsabilidad—, se distribuye entre los contratantes.

2.3. La intención del gestor es obtener capital para poder realizar su gestión, en tanto que, la de los partícipes es la de participar en un negocio para obtener un rendimiento, pero asumiendo también una eventual pérdida, lo que permite entender que el aporte del partícipe sea fundamentalmente de capital, pues es el gestor el que tiene la aptitud o idoneidad para ejecutar o celebrar el negocio propiamente dicho.

Por eso se ha dicho que el partícipe está obligado a hacer su aporte y mantenerse al margen de la gestión, que es de incumbencia del gestor, y es este último, quien adquiere la titularidad de los bienes aportados, para realizar las operaciones en nombre propio, correspondiéndole destinar los aportes al fin acordado, con la carga de rendir cuentas a los partícipes.

2.4. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que dada la finalidad económica del contrato de cuentas en participación, lo que debe establecerse es si en efecto hay asociación o conjunción de recursos o aportes que permitan afirmar que se están “supliendo” aquellas necesidades que justifican que el gestor —que es el que conoce la actividad objeto del contrato— busque unos cocontratantes ajenos a su negocio, que pueden “contribuir” con sus aportes a la ejecución de las actividades que el gestor no está o no puede desarrollar(17).

2.5. Finalmente, en cuanto a la participación, es primordial que se pruebe el reparto(18) de las ganancias o pérdidas en esta clase de contratos, independientemente del mecanismo que se haya acordado por las partes y de su periodicidad(19).

3. El caso concreto.

3.1. Está probado que el 2 de mayo de 2007(20), la sociedad COMIAGRO S.A., en su calidad de socio gestor, celebró contrato con los señores Gustavo Adolfo Rico Infante, Luz Ángela Corrales Giraldo y Rafael Arturo Bermúdez González, quienes actuaron como partícipes inactivos(21), contratos denominados “CUENTAS EN PARTICIPACIÓN” y cuyo objeto es el “desarrollo de operaciones mercantiles que se deriven de la celebración de contratos de comisión, corretaje e intermediación de productos que se negocien, transen o comercialicen a través de las bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas en Colombia, en nombre y bajo el crédito del SOCIO GESTOR, quien dispondrá de todo el recurso técnico, humano e infraestructura necesaria para la realización del objeto social” (cláusula primera), que serán ejecutadas por “el PARTÍCIPE INACTIVO de manera preferente en la ciudad de Cúcuta, sin perjuicio de las autorizaciones otorgadas por el SOCIO GESTOR para ejecutar operaciones en todo el territorio nacional” (cláusula segunda).

3.2. El objeto social de COMIAGRO S.A., conforme con el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Manizales(22), consiste en “CELEBRAR DESARROLLAR CONTRATOS COMERCIALES DE COMISIÓN Y/O DE CORRETAJE A TRAVÉS DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ESTABLECIDAS DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO COLOMBIANO, PARA LA NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS, BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS O AGROINDUSTRIALES, SIN LA PRESENCIA FÍSICA DE ESTOS, ASÍ COMO DE TÍTULOS, VALORES, DERECHOS Y CONTRATOS DE FUTUROS, OPCIONES Y OTROS INSTRUMENTOS DERIVADOS QUE TENGAN COMO ORIGEN O COMO SUBYACENTES BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS DE ESTA MISMA NATURALEZA. (...)(23).

3.3. En la respuesta al requerimiento especial, la sociedad resaltó que está “proscrito delegar en terceros la asesoría, estructuración y ejecución parcial o total de negociaciones contenidas en su objeto social, por lo que debe mantener su autonomía y responsabilidad frente a los clientes”. Pero, que se vale de sus cocontratantes “simplemente para actividades de referenciación y soporte que signifiquen una colaboración efectiva y determinante en el perfeccionamiento de las negociaciones esperadas y, por ende, garantice los ingresos que sirvan como base para la determinación de la utilidad de cada negociación(24).

3.4. En la cláusula quinta de los contratos analizados, las partes acordaron que “[u]na vez descontado el valor de las retenciones aplicadas a las comisiones generadas que al día de hoy es del 11%, el SOCIO GESTOR, reservará para sí el cincuenta y ocho punto catorce por ciento (58.14%) de los montos que por comisiones se haya cobrado a los clientes, trasladando al PARTÍCIPE INACTIVO el restante cuarenta y uno punto ochenta y seis por ciento (41.86%)(25), previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. El SOCIO GESTOR practicará retención en la fuente del tres punto cinco por ciento (3.5%) sobre el porcentaje del PARTÍCIPE INACTIVO, en los términos del artículo 401 del estatuto tributario, modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2001 y el Concepto 30569 de 5 de abril de 1999” (Se subraya).

Además, se pactó que “[e]l SOCIO GESTOR se obliga a hacer los pagos por concepto de remuneración al PARTÍCIPE INACTIVO los días 5 y 20 de cada mes, o el día hábil siguiente, una vez realizados los descuentos a que haya lugar” (cláusula sexta) (Se subraya).

3.5. De acuerdo con esos antecedentes, la realidad negocial permite a la Sala afirmar que lo celebrado entre las partes no corresponde a un contrato de cuentas en participación, por las siguientes razones:

3.5.1. La labor de los terceros, en la ejecución de los contratos que interesan en este proceso —denominados de cuentas en participación—, es poner en contacto a COMIAGRO S.A. con los potenciales clientes.

En ese orden de ideas, no observa la Sala cuál es el aporte o la colaboración del partícipe inactivo, en el “desarrollo de operaciones mercantiles” de la sociedad, toda vez que no se encuentra una conjunción o suma de esfuerzos o recursos, faltos o necesitados por uno y otro cocontratante, que se deriven de la ejecución del objeto social del socio gestor, para esos efectos.

3.5.2. No se evidencia una “colaboración efectiva y determinante en el perfeccionamiento de las negociaciones”, una “participación” en los negocios del gestor, atendiendo, se insiste, la finalidad económica de los contratos de colaboración.

Lo que hay es una intermediación de unos terceros que ponen en contacto a COMIAGRO con unos eventuales clientes y reciben a cambio una suma de dinero.

3.5.3. Conforme con la dinámica planteada por la parte actora, estos cumplen con una labor, que encajaría en una prestación de servicios(26), más que en un contrato de participación.

De ahí que la administración, desde la expedición del requerimiento especial, haya insistido en que los pagos realizados por la sociedad a los terceros obedecen a “comisiones u honorarios” y, por esta misma razón haya rechazado la deducción porque “los valores no se encuentran debidamente soportados(27).

3.6. La anterior conclusión la refuerza la forma como se pactó la retribución de los “partícipes“: pago de una remuneración, previa presentación de la cuenta de cobro, lo que repugna al reparto de ganancias o pérdidas, propio del contrato de cuentas en participación, donde el riesgo de utilidad, como se dijo, es compartido.

3.7. En este orden de ideas, se concluye que no es posible reconocer la deducción en discusión, porque el pago hecho por la sociedad contribuyente a terceros no se derivó de un contrato de cuentas en participación, es decir, no se trató del reconocimiento de las utilidades a los partícipes y, por lo tanto, para la aceptación de la deducción se requería que la demandante aportara el soporte del pago, es decir, la factura o el documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 771 del estatuto tributario o en el artículo 3º de los decretos 3050 de 1997 y 522 de 2003, según sea el caso.

Adicional a lo anterior, se advierte que a partir de la entrada en vigor de la Ley 863 de 2003, por la que se adicionó el artículo 177-2 del estatuto tributario, “surgió la obligación para el comprador de bienes o servicios, exigir al proveedor su inscripción en el RUT, o que para determinados actos o contratos el proveedor se encuentre inscrito previamente en el régimen común del impuesto a las ventas, para la procedencia de costos y gastos de pagos por operaciones gravadas con el IVA(28).

Esto, en concordancia con el parágrafo 1º del artículo 499 del estatuto tributario, norma en la que se fundó la decisión de la DIAN, según la cual, “[p]ara la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.300 UVT(29), el responsable del régimen simplificado deberá inscribirse previamente en el régimen común(30) y en el literal b) del artículo 177-2 del mismo ordenamiento, que prevé que no son aceptados como costos o gastos los pagos “realizados a personas no inscritas en el régimen común del impuesto sobre las ventas, efectuados con posterioridad al momento en que los contratos superen un valor acumulado de 3.300 UVT en el respectivo período gravable”.

4. La sanción por inexactitud.

Aunque la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos demandados resulta procedente, porque no se desvirtuó el mayor valor del tributo impuesto por la DIAN en los actos administrativos demandados, la Sala advierte que, al igual que en otros casos(31), se debe aplicar el principio de favorabilidad.

En consecuencia, dicha sanción será equivalente al 100% sobre la base determinada por la DIAN, y no del 160% como se liquidó de manera oficial.

5. Conclusión.

Conforme con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del tribunal y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, para declarar que la sanción por inexactitud corresponde a la suma de $ 82.967.000, tal como se desprende de la siguiente liquidación:

 Liquidación oficial de revisiónLiquidación Consejo de Estado
Saldo a favor declarado 70.572.00070.572.000
Valor a pagar por impuesto 12.395.00012.395.000
Total base 82.967.00082.967.000
Tarifa de la sanción 160%100%
Total sanción 132.747.00082.967.000

En consecuencia, el saldo a pagar se determina de la siguiente manera:

ConceptoLiquidación DIANLiquidación Consejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto 12.395.00012.395.000
Total sanciones 132.747.00082.967.000
Total saldo a pagar 145.142.00095.362.000

6. Las costas.

Comoquiera que el recurso de apelación prospera en favor de la DIAN, corresponde revocar la condena en costas que se le impuso en primera instancia.

Tampoco habrá lugar a condena en costas (gastos o expensas del proceso y agencias del derecho), en esta instancia, porque en el expediente no se probó su causación, como lo exige el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia de dieciocho (18) de noviembre de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial de revisión Nº 102412013000002 de 12 de enero de 2013, proferida por la UAE-DIAN, por medio de la cual se determinó de manera oficial el impuesto sobre la renta a cargo de la sociedad COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A., por el año gravable 2009 y, de la Resolución Nº 102362013000011 de 17 de julio de 2013, que la confirmó.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declara que la sanción por inexactitud corresponde a $ 82.967.000 y, por ende, el saldo a pagar por concepto del impuesto sobre la renta del año gravable 2009 es de $ 95.362.000, conforme con la liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas en ambas instancias.

3. RECONÓCESE PERSONERÍA al doctor Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Milton Chaves García, Presidente de la Sección, salvamento parcial—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».

8 El artículo 267 del Código General del Proceso, se refiere al alcance probatorio de los documentos y de manera textual dice que: “[l]as declaraciones que hagan los interesados en escritura pública tendrán entre estos y sus causahabientes el alcance probatorio señalado en el artículo 250; respecto de terceros se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica”.

El artículo 250 en cita señala lo siguiente: Indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato”.

9 Consejo de Estado, sentencia del 7 de septiembre de 2001, Rad. 12184, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, en la que se reiteró lo expuesto en la sentencia del 11 de febrero de 2000, Rad. 9743, C.P. Daniel Manrique Guzmán.

10 Cfr. Sentencia del Consejo de Estado del 22 de febrero de 2002, Rad. 12323, C.P. Germán Ayala Mantilla, reiterada en las sentencias del 12 de diciembre de 2014, Rad. 19121, del 15 de septiembre de 2016, Rad. 20555 y del 2 de agosto de 2017, Rad. 20701, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

11 La Sala, en las sentencias de 15 de septiembre de 2016, Rad. 20555 y de 2 de agosto de 2017, Rad. 20701, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiteró lo expuesto en las sentencias de 13 de marzo de 2003, Rad. 12946 C.P. María Inés Ortiz Barbosa y de 13 de agosto de 2015, Rad. 20822, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en las que se afirmó que ante la contundencia de los indicios, se invierte de la carga de la prueba en contra del contribuyente.

12 Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones.

13 Concepto 2008039634-001 de 22 de julio de 2008.

14 Concepto 2010094933-001 de 1º de marzo de 2011.

15 Artículo 508 del C. Co.

16 Conforme con el artículo 511 del C. Co. “[l]a responsabilidad del partícipe no gestor se limitará al valor de su aportación. Sin embargo, los partícipes inactivos que revelen o autoricen que se conozca su calidad de partícipe, responderán ante terceros en forma solidaria con el gestor. Esta solidaridad surgirá desde la fecha en que haya desaparecido el carácter oculto del partícipe”.

17 Por eso se ha dicho que el participe aporta capital y el gestor actividad.

18 Repartir significa “Distribuir algo dividiéndolo en partes” o “Entregar a personas distintas lo que han encargado o deben recibir”, conforme con el Diccionario de la Lengua Española. en http://dle.rae.es/?id=W0fVFWP.

19 En este sentido cfr. la sentencia de 2 de agosto de 2017, Rad. 170012331000-2012-00198-01 (20701), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En esa oportunidad, la Sala verificó que “lo que consta en el expediente es que entre las partes intervinientes en el contrato denominado de “COLABORACIÓN EMPRESARIAL”, se acordó el pago de una suma determinada ($ 415.000.000), a “título de participación sobre utilidades operacionales”, lo que contrasta con el reparto o la división de las ganancias o las pérdidas entre los partícipes, como lo prevé el artículo 507 del Código de Comercio”, razón por la cual, se concluyó que, en ese caso en concreto, “el acuerdo del pago de una suma determinada no se puede asimilar a un reparto de ganancias o pérdidas; por el contrario, este acuerdo se asimila más de (sic) un pacto de remuneración por servicios prestados”, como lo sostuvo la DIAN en la actuación demandada, sin que la parte demandante haya podido probar lo contrario.

20 Conforme con la cláusula cuarta del contrato suscrito entre las partes, la duración de este era de un (1) años a partir de la suscripción del mismo, término que se prorrogaba automáticamente por periodos iguales “mientras las partes mantengan su relación comercial”. En el expediente no se da cuenta de que el contrato se haya dado por terminado para el año 2009, que es el que interesa en este proceso.

21 Fls. 82 a 93 del cdno. a.

22 Expedido el 12 de agosto de 2011.

23 Fl. 12 anverso del cdno. a.

24 Fl. 54 del cdno. p.

25 Estos porcentajes corresponden a los acordados en el contrato suscrito con el señor Gustavo Adolfo Rico Infante (fls. 82 a 83 cdno. a.), que son diferentes a los pactados con los señores Luz Ángela Corrales Giraldo y Rafael Arturo Bermúdez González, con quienes se estipuló que el socio gestor se reservaba para sí el 55.5% de los montos que por comisiones se haya cobrado a los clientes, trasladando al partícipe inactivo el restante 44.5% (fls. 86 y 90 del cdno. a.).

26 En el informe final de la solicitud de devolución o compensación —renta 2010—, consta que se observó el “movimiento auxiliar de la cuenta 513595 Servicios-otros donde figuran los terceros con quienes la sociedad contribuyente Comisionistas Agropecuarios S.A. celebró contratos de cuentas en participación por los años 2009 y 2010 (...)” y que “de acuerdo con la información suministrada en desarrollo de la visita indicaron que la superintendencia pidió cancelar los contratos de cuentas en participación los cuales se dieron hasta abril del 2010 cambiando de denominación e inician con los contratos de prestación de servicios (temporales)”. Fl. 76 del cdno. a.

27 Cfr. la página 6 del requerimiento especial. Fl. 265 del cdno. a.

28 Sentencia de 4 de marzo de 2010, Rad. 250002327000-2006-01257-01(17074), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

29 Mediante la Resolución 01063 de 3 de diciembre de 2008, la DIAN fijó en $ 23.763 el valor de la unidad de valor tributario que rigió durante el año 2009, con lo que el tope fijado por esta norma es de $ 78.418.000.

30 En la liquidación oficial de revisión consta que el rechazo por este concepto ascendió a $ 251.413.606, que surge de tomar el total del pago realizado a cada uno de los tercero y restarle el tope máximo señalado en el parágrafo 1º del artículo 499 del estatuto tributario, así:

Gustavo Adolfo Rico Infante $ 203.530.576 - $ 78.418.000$ 125.112.576
Luz Ángela Corrales Giraldo $ 130.696.519 - $ 78.418.000$ 52.278.519
Rafael Arturo Bermúdez Gonzáles $ 152.440.511 - $ 78.418.000$ 74.022.511

31 Cfr. las sentencias de esta Sección de 20 de febrero de 2017, Rad. 150012333000-2013-00685-01 (21089), de 29 de junio de 2017, Rad. 760012331000-2010-01447-01 (20951) y de 15 de noviembre de 2017, Rad. 250002327000-2010-00277-01 (21042), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre otras.