SENTENCIA 2013-00636/11023-26 DE MARZO 9 DE 2017

 

Sentencia 2013-00636 de marzo 9 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 520011102000201300636-01 (11023-26)

Aprobada según acta de Sala 20

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. De la competencia.

La Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta, según los términos del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 59 numeral 1º y 81 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad de los disciplinables:

El Seccional de Instancia allegó el certificado expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados mediante el cual se acreditó que los doctores ADRIANA SOFÍA SOLANO DE LA SALA CHÁVEZ y FERNANDO ZAMBRANO PERAFÁN quienes se identifican con las cédulas 27.082.910 y 94.454.375, portadores de las T.P. 138.681 y 140.451, respectivamente (fl. 17-18, c.o.). Además se allegaron los certificados de antecedentes disciplinarios 135702 y 135716 del 27 de abril de 2015, en los cuales se constata que los investigados no registran sanciones disciplinarias (fl. 122-123 c.o.).

3. De la apelación.

Ahora bien, encuentra la Sala que el recurso de apelación instaurado por la disciplinada fue presentado en término, pues se tiene que la decisión fue notificada a los intervinientes mediante edicto el cual fue desfijado el 23 de junio de 2015, presentando el escrito de alzada el 25 de mayo de 2015, siendo procedente su estudio al cumplirse lo estipulado en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007.

Por lo anterior, la Sala procede a conocer del recurso de apelación instaurado por la doctora Adriana Solano, quien indicó como primer punto de disenso, luego de reiterar los hechos relatados en sus argumentos defensivos a lo largo de su defensa, que debido a los constantes viajes de la quejosa no logró concertar una reunión en septiembre de 2012, para determinar a quien se le sustituiría su mandato, pero ello solo ocurrió en julio de 2013 cuando le informó que su nuevo abogado era un pariente, quien procedió a presentar los mandatos.

Sobre este aspecto, considera la Sala que la afirmación de la investigada no cuenta con ningún soporte probatorio mediante el cual se demuestre la situación de imposibilidad de comunicarse con su cliente, por cuanto se tiene que la suscripción de la sustitución del poder con el doctor Zambrano, acaeció en el mes de agosto de 2012, siendo hasta el mes de mayo de 2013, cuando aseguró en su versión libre la encartada que habló con su mandante, momento para el cual le solicitó que le informara quien sería su nuevo apoderado judicial, concretándose tal situación en el mes de junio de la misma anualidad, como bien lo expresó durante sus alegatos de conclusión rendido en la audiencia de juzgamiento celebrada el 27 de abril de 2015 (fl. 124-127, c.o. y cdno. 3).

Con esto concluye la Sala que el argumento defensivo no tiene vocación alguna de prosperidad, pues en dado caso que la encartada hubiese enfrentado dicha situación, la misma no era óbice para que la togada descuidada el asunto ejecutivo de autos, teniendo en su poder la posibilidad de haber presentado la respectiva renuncia al mandato conferido, pero ello no ocurrió, por el contrario una vez el doctor Zambrano le firmó la sustitución del poder ésta lo traspapeló, y sumado al hechos de no haber estado atenta a ese encargo profesional, produjo el resultado obtenido en este caso, como fue el no haber actuado en las actuaciones judiciales que se produjeron al punto de haberse proferido fallo sin que el mismo fuera apelado, con lo cual se demuestra la materialización de la falta a la debida diligencia.

Finalmente, el hecho alegado en el recurso de alzada, tampoco desvirtúa el cargo formulado en el literal d) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, como fue no haber informado a su mandante de manera veraz sobre el estado del asunto, máxime si sabía que era ella quien se había comprometido a velar por la vigilancia del proceso de autos, sin embargo no le comunicó a la señora Olga sobre la sustitución del poder ni mucho menos de la pérdida del mismo, manteniendo a su mandante en una situación alejada de la realidad procesal al desconocer que ya había perdido varias oportunidades procesales, actuar omisivo que se mantuvo incluso al vencerse el término para recurrir la decisión adoptada por el juzgado de conocimiento, situación de la cual se puede inferir que la materialización de la falta endilgada se mantiene en esta instancia.

Ahora bien, Señaló la recurrente como segundo cargo del recurso que a lo largo de la investigación disciplinaria reconoció su responsabilidad disciplinaria, por lo cual su actuación no fue dolosa, pues la misma fue a título de culpa por la carga laboral que presentaba para ese momento, procediendo a cancelarle al doctor Zambrano la mitad de sus honorarios con el ánimo de reparar el daño ocasionado, deprecando se revisara la sanción impuesta con el fin de obtener una reducción de la misma.

La anterior afirmación, no corresponde a la realidad jurídica de lo comprobado y anunciado por el a quo, pues basta con echar un vistazo a la parte considerativa de la decisión recurrida para indicarse claramente que el fallador de instancia si tuvo a consideración los argumentos expuestos por la togada al indicar que:

“En primer lugar, en consideración a que la imputación jurídica corresponde a dos faltas, una atribuida en la modalidad culposa y otra en la modalidad dolosa, la dosificación de la sanción deberá corresponder al concurso de faltas y a las dos modalidades de culpabilidad, en aplicación del principio de proporcionalidad que debe existir entre la naturaleza de las faltas y la sanción según lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

En segundo lugar, se tendrá en cuenta a favor de la disciplinable que en sus diferentes intervenciones procesales, reconoció sinceramente la comisión objetiva de la falta y que, a pesar de que trató de justificarla con sus versiones aportó información importante para el objeto de la investigación, circunstancia atenuante consagrada en el numeral 1º del literal B del artículo 45 ibídem.

Finalmente, se considera como criterio de graduación de la sanción a favor de la disciplinable la ausencia de antecedentes disciplinarios certificada por el Consejo Superior de la Judicatura” (fl. 129-164 c.o.).

Con lo transcrito en precedencia, esta colegiatura concluye que el seccional de instancia si valoró las circunstancias que se presentaron a lo largo de la instrucción disciplinaria como fueron la ausencia de antecedentes disciplinarios y el reconocimiento que efectuó la encartada en sus diferentes exposiciones tomándose éste último aspecto como un atenuante para la dosificación de la sanción de suspensión impuesta.

Ahora bien, en relación con la petición elevada por el agente del Ministerio Público considera esta Superioridad que la misma no tiene la vocación esperada, en tanto de lo analizado en precedencia, el a quo valoró de conformidad con los postulados establecidos por el legislador en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, teniéndose que la encartada incurrió en la consumación de dos faltas disciplinarias descritas en el numeral 1º del artículo 37 y literal d) del artículo 34 ibídem, teniéndose la presencia de un concurso de conducta calificadas la primera como culposa y la segunda como dolosa, situación que a todas luces demuestra que la misma resulta acorde con los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad descrito en el artículo 13 del C.D.A., que exigen que la sanción a imponer contengan estos criterios, por lo cual no se acoge la solicitud del delegado del Ministerio Público.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada proferida el 22 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN DE CUATRO (4) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN a la abogada ADRIANA SOFÍA SOLANO DE LA SALA CHÁVEZ tras hallarla responsable de la comisión de las faltas descritas en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y la contenida en el literal d) del artículo 34 ibídem, bajo la modalidad dolosa. Así mismo, ABSOLVIÓ al doctor EDWIN FERNANDO ZAMBRANO PERAFÁN.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 22 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN DE CUATRO (4) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN a la abogada ADRIANA SOFÍA SOLANO DE LA SALA CHÁVEZ tras hallarla responsable de la comisión de las faltas descritas en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y la contenida en el literal d) del artículo 34 ibídem, bajo la modalidad dolosa. Así mismo, ABSOLVIÓ al doctor EDWIN FERNANDO ZAMBRANO PERAFÁN, de conformidad con los planteamientos esbozados en la parte considerativa de esta sentencia

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»