Sentencia 2013-00637 de junio 22 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado 520011102000201300637-01 (11569-28)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Aprobado Según Acta de Sala 47

Bogotá, D. C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en apelación y en grado jurisdiccional de consulta, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad de la investigada.

La Secretaria de instancia allegó el certificado expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados 15586-2013 del 21 de octubre de 2013, en la cual se constató que la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 59.650.911, con T.P. 155.592, en estado vigente (fl. 10 c.o.). Así mismo, la Secretaria de esta corporación remitió el certificado de antecedentes disciplinarios 95945, del cual se constata que la encarada no registra sanciones disciplinarias (fl. 54 c.o.).

3. Requisitos para sancionar.

Para proferir fallo sancionatorio se requiere la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable, exigencia consagrada en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

4. De la falta endilgada.

Corresponde entonces a la corporación decidir si con las pruebas allegadas real y oportunamente al expediente disciplinario se encuentra demostrada la materialidad u objetividad de la falta endilgada a la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, conforme a los cuales el a quo lo consideró responsable de la falta descrita en el artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007, que a la letra reza:

“Ley 1123 de 2007

ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...).

13. Infringir el deber relacionado con el domicilio profesional”.

5. De la tipicidad

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la Sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’(2).

(...) De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(3). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(4).

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (...)(5).

Con todo, el mismo alto tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(6).

(...).

En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios(7)”.

Encuentra esta colegiatura que la actuación disciplinaria se inició con ocasión de la compulsa de copias ordena por esa Sala Jurisdiccional Disciplinaria dentro del proceso disciplinario 201001116-00, con el objeto de que se investigara la presunta falta de la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, al haber desatendido la gestión profesional encomendada en la mencionada actuación disciplinaria, donde había sido designada como defensora de oficio del doctor Mario Hernán Ortiz, en virtud de la inasistencia injustificada a varias de las audiencias programadas sin que se lograra su posesión en dicho cargo.

Por lo anterior, el a quo consideró que de la prueba recaudada la encartada había incurrido en la falta descrita en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que la investigada luego de haber sido designada como defensora de oficio dentro del proceso disciplinario 2010-116, no asistió a posesionarse ni a las audiencias realizadas los días 13 de junio y 5 de agosto de 2013, habiendo sido citada en debida forma a las direcciones que aparecían en el Registro Nacional de Abogados, sin que tampoco presentara justificación alguna, por cuanto al parecer no reside en ese domicilio, en tanto fueron devueltos los oficios bajo la nota de que no la conocían en ese lugar, con lo cual encontró que dicha información no corresponde al domicilio de la investigada.

Desde el punto de vista de la tipicidad, el legislador estableció como falta disciplinaria el fáctico para cualquier abogado que en ejercicio de su profesión no tenga actualizado su información de domicilio, pues dicha situación está claramente orientada a la posibilidad que tiene el Estado a emplear de dichos servicios profesionales de la abogacía para impartir el impulso procesal a las actuaciones que adelantan los diferentes jueces de la república dentro del campo de cada jurisdicción, teniendo que la imposibilidad de contar con tal participación de los abogados generan un desgaste a la administración de justicia al evidenciar el atraso en las actuaciones de los procesos, incumpliéndose los principios rectores de celeridad y prontitud que debe imperar en las acciones judiciales.

Dicho lo anterior, se observa en el sub lite, que al interior del proceso disciplinario 20100111600, en proveído del 5 de abril de 2013, previo declaratoria de persona ausente al doctor Mario Hernán Ortiz, había nombrado como defensor de oficio al doctor Silvio Alexander Belalcazar Guerrero, quien de forma posterior acreditó su imposibilidad de asumir dicha representación, por lo cual lo relevó de tal encargo y nombró a la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, indicando en dicho proveído que la togada podía ser ubicada en la dirección Calle 19 Nº 44ª – 128, Barrio Pandiaco de la ciudad de Pasto y en el abonado 3165438061 (fl. 1 c.o.), dirección a la cual se le remitieron los correspondientes oficios.

Sin embargo, la disciplinada no compareció a la diligencia convocada, por lo cual el a quo en auto del 13 de junio de 2013, ordenó a la Secretaria de Instancia requerir a la defensora de oficio para que justificara su inasistencia dentro de los 3 días siguientes, remitiéndose los oficios respectivos nuevamente a la dirección reportada en el Registro Nacional de Abogados (fl. 2 – 4 c.o.), pero tal llamado no fue atendido por la togada, viéndose la operadora disciplinaria a emitir el proveído del 5 de agosto de 2013, en el cual la relevó del encargo y nombró en su lugar a la doctora Pamela Vanessa Almeida López, ordenando compulsar copias ante la misma Sala para investigar a la doctora Castillo Bolaños (fl. 5 c.o.).

Ahora bien, la materialización de la falta se concretó con la inspección judicial realizada al proceso disciplinario de autos el 25 de mayo de 2015, momento para el cual la instructora de instancia evidenció que las comunicaciones enviadas a la encartada, siendo registradas en las mismas la dirección que reposaba en el certificado de vigencia de la tarjeta profesional de ésta, habían sido devueltas bajo el motivo “Devolución de la citación oficio 5554, motivo: desconocido” el 24 de julio de 2013 (fl. 162 expediente inspeccionado), circunstancia que claramente evidenciaba que la disciplinada no tenía una dirección real de su residencia u oficina.

De otra parte, de lo manifestado por el defensor de oficio, igualmente se puede establecer que a éste tampoco le fue posible ubicarla, en tanto aseguró que no logró ubicarla en la dirección suministrada por el registro, ni tampoco contestó a su abonado celular, con lo cual se tiene que la investigada desatendió su deber relacionado con el domicilio profesional, por lo cual fue llamada a juicio disciplinario, encontrándose tipificada dicha falta con lo probado en el plenario.

Así pues, resulta evidente la materialización de la falta endilgada a la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, enmarcada dentro de la descripción típica del artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007, al haberse comprobado documentalmente que la información que reposa en la Unidad de Registro Nacional de Abogados no corresponde a la real del domicilio de la encartada.

6. Antijuridicidad

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su el artículo 4º, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado a la profesional investigada, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, el desconocimiento por parte de la inculpada de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar que se encuentra agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.

Analizado este elemento, el cual compone el juicio de responsabilidad disciplinaria, se colige en este caso la inexistencia de causal de justificación, que permita relevar de las obligaciones y deberes consagrados en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía a la litigante Mary del Rosario Castillo Bolaños, en tanto, los hechos y las pruebas allegadas a la actuación disciplinaria, se denota la manera como la disciplinada descuidó su deber de tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional.

Con lo anterior, se observa que la encartada omitió atender este mandato, con lo cual no solamente dejó en suspenso la actuación disciplinaria de marras, al no poderse proseguir la misma ante la inasistencia del disciplinado, prolongando los tiempos procesales, sino que además defraudó a la administración de justicia al haber propiciado que el incumplimiento de los principios de celeridad y prontitud imperantes en las acciones judiciales, quedando comprobada su responsabilidad disciplinaria desde el elemento de antijuridicidad, sin que se evidencie causal de justificación alguna a su favor, pues para ese momento incluso no contaba con la representación de oficio de más de 3 procesos disciplinarios, como se comprobó de la certificación emitida por la Secretaria de Instancia, en lo que tampoco fue posible que asumiera sus encargos al no haber comparecido a los mismos (fl. 44 – 66 c.o.).

Por lo anterior, no se observan como razonados o ajustados a derecho las explicaciones que permitan edificar una causal de ausencia del hecho que justifiquen la conducta por la cual está siendo llamada a juicio a la disciplinada, demostrándose el incumplimiento de su deber descrito en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

7. De la culpabilidad

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

En este caso, debe decirse que la falta relacionada con el deber que hace referencia con el domicilio profesional, es un comportamiento por naturaleza culposo, por cuanto se omite el deber de cuidado inherente a los profesionales del derecho de mantener en la bases de datos del Registro Nacional de Abogados un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado para la atención de los asuntos le fueren encomendados y que además en caso de variación el hecho de reportar la misma a dicha unidad.

Por lo anterior, observa la Sala que la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, siendo conocedora del derecho y de los deberes y obligaciones que le impone dicha condición, omitió actualizar su dirección o domicilio profesional, teniendo que dicha actuación descuidada generaba implicaciones para la propia administración de justicia, conducta que es considerada como culposa, por el mismo grado de indiligencia con la que actuó la encartada.

8. Dosimetría de la sanción a imponer

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción deben tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre este último, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-591 de 1993 que alude al propósito de coherencia entre la conducta realizada y la intensidad del castigo atribuido, tomando en consideración el grado de culpabilidad del autor y los daños ocasionados con su obrar.

Al respecto, manifestó lo siguiente el alto tribunal:

“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad - que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P., art. 230) - es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.

Así las cosas, para la falta endilgada a la inculpada, consagra el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por la abogada Mary del Rosario Castillo Bolaños, a quien se le exigía un actuar con absoluta rectitud y lealtad con la justicia y los propios fines del Estado, sin embargo actuó de manera culposa y descuidada al omitir actualizar su domicilio profesional para atender los encargos que le fueran encomendados de oficio, teniéndose además a consideración la circunstancia de atenuación de no registrar sanciones disciplinarias en su contra, elementos que primaron para la imposición de la sanción de censura impuesta bajo el amparo de lo descrito en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, con lo cual la misma cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto.

Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, respecto de la sanción disciplinaria impuesta a la abogada Mary del Rosario Castillo Bolaños, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, el 3 de julio de 2015, mediante la cual sancionó con CENSURA a la abogada Mary del Rosario Castillo Bolaños, como autora responsable de la falta prevista en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, proferida el 3 de julio de 2015, mediante la cual sancionó con CENSURA a la abogada Mary del Rosario Castillo Bolaños, como autora responsable de la falta prevista en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

Segundo: Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria. Tercero: DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 Ibídem.

3 Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

4 Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

6 Sentencia C-404 de 2001, reiterado en sentencia C-818 de 2005.

7 Ver sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.