Sentencia 2013-00640 de abril 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Milton Chaves García

Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 76001-23-33-000-2013-00640-01 (21028)

Demandante: Productos YUPI SAS

Demandado: UAE-DIAN

Temas: Impuesto sobre la renta y complementarios, año gravable 2008.

Sentencia segunda instancia

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa.

El consejero de Estado doctor Julio Roberto Piza Rodríguez manifestó que está impedido para conocer de este asunto con base en el artículo 141[3] del Código General del Proceso, porque es pariente en segundo grado de afinidad del representante legal de la empresa demandante.

La Sala encuentra probado el impedimento manifestado, con fundamento en el artículo 141[3](11) del Código General del Proceso. En consecuencia, acepta el impedimento del consejero de Estado doctor Julio Roberto Piza Rodríguez y lo separa del conocimiento del proceso.

Como existe quórum deliberatorio y decisorio, no ordenará el sorteo de conjueces (art. 54 de la L. 270/96).

Asunto de fondo.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala estudiará si se configuró el silencio administrativo positivo por la extemporaneidad en la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra la liquidación oficial de revisión 052412011000102 de 27 de diciembre de 2011 y si hay lugar a condenar en costas.

La actora sostiene que la DIAN violó los artículos 565, 732 y 734 del estatuto tributario, por cuanto notificó por edicto el acto que resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, cuando aún corría el término para la notificación personal del mismo acto. Por lo tanto, se configuró el silencio administrativo positivo respecto al recurso.

Respecto al término para resolver el recurso de reconsideración y la configuración del silencio administrativo positivo, los artículos 732 y 734 del estatuto tributario, establecen que la administración dispone de un año para resolverlo, contado a partir de su interposición en debida forma, so pena de que en caso de que transcurra dicho término sin que se resuelva, se entenderá fallado a favor del recurrente y se configura el silencio administrativo positivo.

En cuanto al término de un año, la Sala ha entendido “que ese plazo se cuenta a partir del mismo día en que se presenta el recurso, puesto que así lo establece claramente la norma”.(12)

Adicionalmente, la Sala ha señalado que: “para que el recurso se entienda resuelto oportunamente es necesario que dentro del término legal, que es de un año, se notifique el acto que decide el recurso, pues, de otra manera, no puede considerarse resuelta la impugnación, comoquiera que si el contribuyente no ha tenido conocimiento del acto administrativo, este no produce efectos jurídicos y se entiende como no resuelto”.(13)

La Sala en sentencia de 21 de octubre de 2010, señaló que el término de un año del artículo 732 del estatuto tributario es preclusivo, debido a que el artículo 734 ibídem ordena que su incumplimiento configura el silencio administrativo positivo a favor del contribuyente, por lo que la DIAN pierde competencia y el acto se configura nulo.(14)

En el presente asunto, el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión se interpuso el 24 de febrero de 2012.(15) Por consiguiente, a partir de dicha fecha, la DIAN tenía un año para notificarlo, esto es, hasta el 24 de febrero de 2013.

Ahora bien, con el fin de determinar la dirección exacta de notificación del aviso de citación, el artículo 555-2 del estatuto tributario, ordena que por regla general se debe notificar a la dirección del contribuyente establecida en el RUT. Sin embargo, el artículo 564 establece que en caso de que se suministre una dirección de notificación específica a la administración esa debe prevalecer como dirección de notificación para el contribuyente(16).

En el presente caso, en el recurso de reconsideración la actora informó como dirección procesal la Cra. 40 # 14-167 URB. ACOPI de la ciudad de Yumbo(17), la Resolución 900.051 de 28 de enero de 2013 que resolvió el recurso de reconsideración en su parte resolutiva reconoció como dirección de notificación la dirección antes mencionada(18), y la constancia de envío de Servientrega contempla la misma dirección que determinó la actora como dirección procesal en el recurso de reconsideración, por lo que no se violó el debido proceso a la actora por más que se hubiera devuelto el documento porque no se estableció comunicación con ella(19).

Sin embargo, los actos administrativos demandados deben ser anulados, de acuerdo a lo siguiente:

El inciso segundo del artículo 565 del estatuto tributario, ordena lo siguiente:

“ART. 565.—Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos.  

[...] Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. [...]”. 

Respecto a la norma enunciada, la Sala se ha pronunciado explicando lo siguiente(20):

“Comoquiera que el término previsto en la norma en comento es de días, se entiende que el plazo para que comparezca el administrado a notificarse del acto por el que se resuelve el recurso de reconsideración, inicia a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de introducción al correo del aviso de citación y no de la fecha del recibo de la citación, como erradamente lo entiende la demandante, pues no puede confundirse el aviso de citación para la notificación personal de la decisión de los recursos con la notificación por correo, ni con la notificación personal”. 

Con fundamento en el criterio expuesto, el conteo del término de los 10 días que prevé el artículo 565 del estatuto tributario debe iniciar a correr desde el día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación, tal como lo explicó el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de primera instancia.

En el presente caso, la DIAN señaló en el recurso de apelación que el conteo se inició a partir de la fecha en que se introdujo la citación al contribuyente en el correo, esto es, el 29 de enero de 2013 hasta el 11 de febrero de 2013, por lo que fijó el edicto del 12 de febrero de 2013 al 25 de febrero de 2013(21).

Para la sala, la notificación por edicto se surtió en forma anticipada, es decir, antes de que se venciera el plazo que tenía la demandante para comparecer y notificarse personalmente de la decisión de la Administración.

Lo anterior, porque el edicto fue fijado el 12 de febrero de 2013, cuando debió fijarse el lunes 13 de febrero de 2013 y desfijarse el 26 de febrero del mismo año. Entonces, se encuentra probado que la DIAN omitió en un día de los diez (10) que tenía el contribuyente para notificarse personalmente, por ende, incurrió en una irregularidad en la notificación del acto por el que resolvió el recurso de reconsideración.

En este orden de ideas, la actora no tuvo la totalidad de los días al recibo del aviso, para acudir a notificarse personalmente de acuerdo al artículo 565 del estatuto tributario, lo que constituye una omisión de un término legal, por lo que la Sala advierte que se generó indebida notificación por edicto del acto que resolvió en recurso de reconsideración.

Lo expuesto pone en evidencia que la DIAN no respetó el término que tenía la actora para notificarse personalmente del acto que decidió el recurso de reconsideración, pues redujo el término para que se surtiera la notificación personal. También, que fue irregular la notificación por edicto, pues este se fijó antes de que venciera el término previsto en la ley para su fijación y se desfijó también de manera anticipada.

Por ende, la notificación del acto administrativo que decidió el recurso de reconsideración no se ajustó a los preceptos legales aplicables al caso concreto, motivo por el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 734 del estatuto tributario, el recurso de reconsideración interpuesto se entiende fallado a favor de la demandante(22).

La notificación irregular que se presentó en este caso implica que no debe tenerse por hecha la notificación por edicto ni resulta oponible el acto a la demandante, con fundamento en el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(23), aplicable a este asunto por mandato del artículo 2 del mismo código(24). Debe entenderse, entonces, que el actor se notificó de la decisión por conducta concluyente con la presentación de la demanda.

Por todo lo anterior, la Resolución Nº 900.051 del 28 de enero de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración, no se notificó dentro del año señalado en el artículo 732 del estatuto tributario, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo positivo respecto a la decisión del recurso (art. 734, del E.T.).

Aun si se hubiera tenido en cuenta la notificación por edicto, como este debía fijarse el 13 de febrero de 2013 y desfijarse el 26 de febrero del mismo año, para ese día ya había vencido el año para resolver y notificar el recurso.

En consecuencia, se configuró la falta de competencia temporal frente a la Resolución Nº 900.051 del 28 de enero de 2013, y, por ende, el silencio administrativo positivo frente a la decisión del recurso de reconsideración.

Por lo anterior, la Sala confirma la sentencia apelada.

Condena en costas.

En relación con las costas de segunda instancia, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“3. En la providencia de superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

[...]

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.” [...]”.

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), pues se confirmó la sentencia apelada.

No obstante, la Sala ha precisado que estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(25).

Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en esta instancia. En consecuencia, no se condena en costas en esta instancia.

En suma, se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos demandados. Además, no se condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. No se condena en costas en esta instancia.

3. RECONOCER personería a Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada de la DIAN en los términos del poder que está en el folio 481 del cuaderno principal del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Milton Chaves García, Presidente—Stella Jeannette Carvajal Basto—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».

11 3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

12 Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Exp. 17277, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

13 Sentencia de 12 de abril de 2007, Exp. 15532, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

14 Exp. 17142, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

15 Fls. 46 a 83 de cdno. p.

16 Sentencias de 3 de abril de 2014, Sección Cuarta, Consejo de Estado, Exp. 18801, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

17 Fl. 83 del cdno. p.

18 Fl. 942 del cdno. p.

19 Fls. 124 a 127 del cdno. p.

20 Sentencia de 8 de septiembre de 2016, Exp. 18945. C.P Jorge Octavio Ramírez, reiterada en sentencias de 20 de septiembre de 2017, Exp. 20890. C.P (E) Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia de 19 de octubre de 2017, Exp. 22283. C.P. Milton Chaves García.

21 Fls. 407 a 412 del cdno. p.

22 Sentencia de 6 de diciembre de 2017, Exp 21308, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

23 CPACA, artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.

24 CPACA, artículo 2º. Ámbito de aplicación.

[...]

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código. (Destaca la Sala)

25 Sentencia de 13 de julio de 2017, Exp. 21188, C.P. Milton Chaves García.