Sentencia 2013-00659 de mayo 15 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2013-00659-00

Consejero Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil trece.

Se decide la solicitud de cambio de radicación del proceso de sucesión del causante Héctor Guarín Henao, que se adelanta en el Juzgado Sexto de Familia de Cali.

I. Antecedentes

1. En el mencionado juzgado se tramita un juicio sucesorio en el que Cielo Viviana Restrepo Amariles actúa en nombre y representación de su menor hija, quien es heredera del causante.

2. El memorialista solicita el cambio de radicación del referido proceso, con fundamento en una supuesta “falta de imparcialidad” y “falta de garantías procesales”, toda vez que considera que el juez de la causa y el respectivo tribunal han desconocido los derechos de la menor que representa.

II. Consideraciones

1. De conformidad con lo estipulado por el artículo 135 del Código de Procedimiento Civil: “Se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las demás se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos” (se resalta).

El precepto transcrito ordena que únicamente los asuntos taxativamente señalados por la norma se tramiten mediante incidente; en tanto que todas las demás solicitudes a las que la ley no les otorga una especial forma de diligenciamiento se deben decidir de plano.

A su turno, el inciso 2º del numeral 8º del artículo 30 de la Ley 1564 de 2012 establece: “(...) A la solicitud de cambio de radicación se adjuntarán las pruebas que se pretendan hacer valer y se resolverá de plano por auto que no admite recursos....” (se resalta).

La claridad literal de las citadas disposiciones no admite discusión, y a partir de su exegética interpretación se deduce, de modo necesario, que la petición de cambio de radicación tiene que resolverse directamente, sin que haya lugar a trámites de ninguna especie, o como decían los antiguos juristas: de plano et sine strepitu.

2. Lo anterior tiene su razón de ser en que el cambio de radicación es una determinación judicial de carácter administrativo y no jurisdiccional, por cuanto depende de hechos que se producen por fuera del proceso, como son que en el lugar donde se esté adelantando el juicio “existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes” (art. 30, num. 8º, inc. 2º)

El cambio de radicación no posee el contenido ni la función de los actos jurisdiccionales porque no es una actuación en virtud de la cual se determine el derecho de las partes, dado que no tiene por finalidad dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica mediante una decisión sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones; como tampoco dispone un trámite para impulsar el proceso ni para definir un incidente o un aspecto esencial del litigio.

En tal sentido, es ostensible que con esa medida se pretende evitar que situaciones ajenas al litigio afecten su desenvolvimiento interno, es decir que se trata de una decisión de tipo pragmático que se justifica por la ocurrencia de fenómenos externos a la controversia jurídica, pero que tienen la aptitud suficiente para proyectar sus efectos nocivos en ella.

Por ello, no es posible que una decisión de tal naturaleza tenga la virtualidad de lesionar el interés particular que las partes tienen en la relación jurídico-sustancial que constituye el objeto de la controversia, pues dentro de los argumentos que se aducen para decretar la medida no se toma en consideración ninguna razón sobre el fondo del asunto.

Para resumir, se tiene que el cambio de radicación no es un acto jurisdiccional; no tiene el potencial de afectar los intereses particulares de las partes ni del juez; y no hay manera de que una determinación de esa clase comporte una violación al debido proceso o al derecho de defensa de los intervinientes en la contienda jurídica; lo que explica que el legislador haya previsto que se resuelva con base en pruebas sumarias —pues no se contradicen—, aún en el evento de que “se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos”, en cuyo caso el interesado deberá aportar con su solicitud el concepto previo que en tal sentido emita la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Es por ello por lo que el órgano que lo decide actúa inaudita altera pars, o lo que es lo mismo, sin necesidad de confrontar el argumento en que se sustenta la petición con su antítesis proveniente de la contraparte. De ahí la inteligencia de la norma al preceptuar que dicho mecanismo tiene que resolverse de plano, con base en pruebas sumarias y mediante auto que no admite ningún tipo de recurso.

3. Ahora bien, el ejercicio de la jurisdicción como función esencial del Estado se radica en todos los jueces de la República, a quienes la ley atribuye el conocimiento de los procesos de manera abstracta, impersonal y previa, conforme a los distintos factores que determinan la competencia.

Esa asignación es improrrogable, esto es de imperativo acatamiento tanto por las partes como por el juez, lo cual constituye uno de los principios más relevantes para la materialización del derecho fundamental al debido proceso.

Sin embargo, es posible que se presenten situaciones que a pesar de no tener ninguna relación con los parámetros que fijan la competencia, tornan necesario el desprendimiento del juez respecto del asunto de que viene conociendo, como por ejemplo, que recaiga en él una causal constitutiva de impedimento o recusación; que deje vencer el término establecido en el parágrafo del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil para dictar sentencia de primera o de segunda instancia; o que se demuestre la existencia de uno de los hechos que ameritan el cambio de radicación y que se encuentran taxativamente señalados en el numeral 8º del artículo 30 del Código General del Proceso.

La procedencia de esta última medida es de carácter excepcional y está sujeta al cumplimiento de los motivos expresamente señalados en la norma, los cuales se concretan en las siguientes situaciones:

i) Cuando en el lugar en donde se esté adelantando el proceso existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.

La afectación del orden público a que se refiere la norma, dice relación a la presencia de situaciones extremas que alteran la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad, tales como actos organizados o sistemáticos de violencia, subversión o terrorismo que generan zozobra, pánico generalizado, perturbación o estado de inseguridad manifiesta.

Así, por ejemplo, es posible que la presencia de grupos armados al margen de la ley logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso; a tal punto que cualquier actuación o determinación contraria a los intereses de esas organizaciones criminales podría poner en grave peligro la vida e integridad personal de una de las partes o del funcionario judicial. En tales casos no cabe duda de que la imparcialidad e independencia de la administración de justicia podrían resultar lesionadas.

De igual modo, es factible que episodios de esa misma clase tengan la magnitud de incidir en la práctica de las pruebas, como por ejemplo cuando se impide a los testigos que expongan libremente su declaración; se obstruye la aportación de documentos; o se interfiere en la realización de una inspección judicial; todo lo cual tiene la virtualidad de afectar las garantías procesales.

Tales disturbios o anomalías, además de deteriorar la vida en armonía de un conglomerado social, pueden entorpecer el buen funcionamiento de la administración de justicia en un lugar determinado e incidir en el desenvolvimiento de un proceso específico, a tal punto que el traslado de la sede del litigio se convierte en la mejor manera de evitar la vulneración a los principios de imparcialidad e independencia de la justicia.

ii) Cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad en los procesos.

Tampoco en estos casos se entra a analizar o discutir el contenido de las providencias que se dictan al interior del litigio, pues tal causal se refiere a la insuficiencia en el impulso o la marcha del proceso y no al mérito de las decisiones que en él se hayan proferido.

El retraso en el diligenciamiento de la actuación puede deberse, por ejemplo, a problemas estructurales o coyunturales de congestión de un despacho, o de los juzgados de toda una área, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad.

Todos esos motivos —se reitera— constituyen fenómenos externos a la controversia jurídica que se esté tratando, y deben quedar demostrados sumariamente al momento de elevar la solicitud de cambio de radicación, sin que esté permitido entrar a realizar valoraciones sobre la legalidad de las actuaciones o de las decisiones que se hayan proferido al interior del trámite, pues para tales cuestionamientos existen los mecanismos de defensa que brinda el proceso civil para la protección de los derechos y garantías de las partes e, incluso, el ejercicio de las acciones constitucionales o disciplinarias correspondientes si a ello hubiere lugar.

4. En el caso que se analiza, se invocó como motivo para el cambio de radicación una supuesta “falta de imparcialidad y de garantías procesales”, porque los jueces de las instancias han desconocido los derechos de una de las partes del proceso.

No obstante, a partir de la lectura del escrito que contiene la solicitud, se logra observar que el sustento de la misma alude a hechos inherentes al fondo de la controversia, o bien a situaciones propias de las actuaciones procesales; sin que en ningún momento se haya mencionado siquiera una de las circunstancias externas y extraordinarias que ameritan el traslado de la sede del juicio y que se hallan taxativamente señaladas en la ley.

Mucho menos puede afirmarse que las pruebas sumarias que se allegaron como soporte de la petición demuestran la existencia de alguna de las referidas circunstancias, pues tales documentos solo reflejan el subjetivo parecer del solicitante respecto de las decisiones que ha proferido el juez que tiene el conocimiento del proceso.

Las razones que se han dejado expresadas permiten concluir que ante la ausencia de comprobación de alguna de las causales legales que justifican el cambio de radicación, no resulta procedente acceder a la mencionada solicitud.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de cambio de radicación del proceso de sucesión del causante Héctor Guarín Henao, que se adelanta en el Juzgado Sexto de Familia de Cali.

2. COMUNÍQUESE esta decisión al referido juzgado de conocimiento.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Ariel Salazar Ramírez.