Sentencia 2013-00661/20982 de noviembre 29 de 2017

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 68001-23-33-000-2013-00661-01 (20982)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Todo Montajes Limitada

Demandado: UAE DIAN

Temas: Término de firmeza de la declaración de IVA en relación con la liquidación privada de renta del mismo período. Decreto de prueba en la vía gubernativa

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer la legalidad de la liquidación oficial de revisión 292412012000007 del 16 de enero de 2012 y de la Resolución 900.085 del 19 de febrero de 2013, que modificó la declaración del impuesto sobre las ventas presentada por Todo Montajes Limitada por el bimestre 6 del año 2008.

En concreto, deberá verificar (i) si la declaración tributaria se encuentra en firme y, en caso de no ser así, determinará la procedencia de (ii) la adición de ingresos y del rechazo del decreto de la prueba pericial, y (iii) la sanción por inexactitud.

2. Firmeza de la declaración de IVA.

2.1. Según el apelante, el término de firmeza del beneficio de auditoría de que goza la declaración de corrección de renta del año 2008 debe aplicarse a la liquidación privada de ventas del período 6 del 2008.

Teniendo en cuenta que la declaración de renta quedó en firme el 21 de octubre de 2009, el requerimiento especial del impuesto sobre las ventas proferido el 15 de abril de 2011, fue extemporáneo.

2.2. En relación con la aplicación del término de firmeza de la declaración de renta sobre las declaraciones de IVA del mismo período, la Sala ha precisado(1):

(i) Si la declaración de renta se rige por el término de firmeza general —E.T., arts. 714(2) y 705(3)—, las declaraciones de IVA quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar el impuesto de renta del mismo período gravable.

Lo anterior, conforme con lo dispuesto en el artículo 705-1(4), norma que unificó los términos de firmeza de la declaración de renta y de IVA del mismo período, con la finalidad de darle la oportunidad a la administración de modificar el IVA, cuando encontrara hallazgos en la liquidación privada de renta.

(ii) Si la declaración de renta está amparada con el beneficio de auditoría, las declaraciones de IVA quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar IVA, respectivamente.

Es decir, a las liquidaciones privadas de IVA y retención en la fuente les aplica el plazo general de firmeza previsto en los artículos 705 y 714 ibídem.

Todo, porque la norma que extendía la firmeza especial de la declaración de renta cobijada con el beneficio de auditoría, a las liquidaciones privadas de IVA —E.T., art. 689-1, inc. 2º— fue derogada por el artículo 69 de la Ley 863 de 2003.

En tal sentido, la Sala precisó(5) que al haberse derogado la norma que autorizaba el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente, debe entenderse que el legislador limitó el beneficio de auditoría exclusivamente al impuesto sobre la renta, por lo cual la firmeza para las declaraciones del impuesto a las ventas y retención en la fuente, opera conforme con las normas generales de los artículos 705 y 714 del estatuto tributario.

2.3. En el caso concreto, la Sala advirtió que en el expediente no era posible determinar si la declaración de renta presentada por Todo Montajes Limitada por el año gravable 2008, estaba cobijada con el beneficio de auditoría. Por esa razón, en esta instancia procesal, se practicó una prueba de oficio que tuvo por objeto solicitar a la DIAN que aclarara esa situación(6).

2.3.1. En respuesta de esa solicitud, la administración informó(7):

“[S]e obtuvo respuesta por parte del área competente de esa dirección seccional, es decir, la división de gestión de fiscalización, quienes manifestaron que: Me permito informarle que en el expediente DD 2008 2011 011, impuesto a las ventas período 6 año gravable 2008, del contribuyente Todo Montajes Limitada, NIT 829.000.224-0 a folios 194 a 197 (documentos adjuntos) se evidencia las pruebas y análisis efectuados en su oportunidad a la declaración de renta año gravable 2008, presentada con el formulario 1108600788191 y autoadhesivo 9100006731205 donde se determina que el contribuyente investigado no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 689-1 del estatuto tributario, por lo tanto, la declaración de renta 2008 no tuvo “beneficio de auditoría”, por cuanto no efectuó los pagos dentro de los plazos señalados por el Gobierno Nacional”.

A ese documento se anexó la declaración de renta del año 2008 presentada sin pago el 21 de abril de 2009 y, el recibo de pago del impuesto y de intereses moratorios de fecha 12 de noviembre de 2010.

2.3.2. A la parte demandante se corrió traslado de la prueba aportada por la DIAN, pero aquella guardó silencio(8).

2.4. En tal sentido, la Sala encuentra que le asiste razón a la administración al señalar que la declaración de renta del año 2008 no estaba cobijada con el beneficio de auditoría por no haberse realizado el pago oportuno del impuesto.

En efecto, de conformidad con el artículo 689-1 del estatuto tributario uno de los requisitos de procedencia del beneficio de auditoría es el pago del impuesto dentro del término fijado por el Gobierno Nacional, plazo que para el año 2008, vencía el 21 de abril de 2009(9), lo que implica que el pago del impuesto realizado el 12 de noviembre de 2010 se hizo por fuera del término legal y, por ende, no se cumplió con el presupuesto fijado en la ley para acceder al beneficio.

2.5. En consecuencia, la declaración de renta del año 2008 no está amparada con el beneficio de auditoría, sino al término de firmeza general.

Es por esa razón que, la declaración de IVA del bimestre 6 de 2008 queda en firme dentro de dos años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar el impuesto de renta del 2008.

2.5.1. Así las cosas, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración de renta del año gravable 2008 era el 21 de abril de 2009, la declaración de IVA del período 6 del año 2008, adquiría firmeza el 21 de abril de 2011.

Por esto, el requerimiento especial 292382011000010 por el impuesto sobre las ventas, notificado el 18 de abril de 2011(10), fue proferido dentro del término legal.

2.6. En consecuencia, la declaración de IVA no se encuentra en firme y, en tal sentido, no prospera el cargo para el apelante.

3. Procedencia de la adición de ingresos y del rechazo del decreto de la prueba pericial sobre esa glosa.

3.1. La DIAN modificó la declaración de IVA del bimestre 6 del año 2008, en el sentido de adicionar como ingreso gravado, los ingresos excluidos declarados por valor de $ 3.848.860.000. Lo anterior, porque esas rentas se derivaron de un servicio de mantenimiento de obra, cuya base gravable del impuesto es el valor total de la operación.

3.2. El demandante discutió esa decisión, por considerar que la naturaleza del servicio es de construcción de obra, que solo está gravado con IVA respecto de la utilidad del contratista. Dado el carácter especializado del servicio, era necesaria la intervención de un perito y, así se solicitó en la vía gubernativa, pero esa prueba fue rechazada por la DIAN.

Como consecuencia de ello, los actos demandados se encuentran soportados en pruebas indiciarias y documentos que no permiten determinar la naturaleza del contrato. De ahí que deba darse aplicación al artículo 745 del estatuto tributario que señala que las dudas provenientes de vacíos probatorios deben resolverse a favor del contribuyente.

3.3. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala realiza las siguientes precisiones en cuanto a la base gravable del impuesto sobre las ventas en los servicios de construcción y, de mantenimiento de obra.

3.3.1. Uno de los hechos generadores del impuesto sobre las ventas, lo constituye la prestación de servicios en el territorio nacional(11), salvo aquellos servicios exceptuados por la ley.

De conformidad con el artículo 447 del estatuto tributario, en la prestación de los servicios, la base gravable está compuesta por “el valor total de la operación”, incluyendo las erogaciones complementarias. El “valor total de la operación” corresponde al valor total de la remuneración que obtenga el responsable por el servicio prestado, independientemente de su denominación(12).

Para el caso de los servicios de construcción de bien inmueble, esa base gravable fue precisada en el artículo 3º del Decreto 1372 del 20 de agosto de 1992(13). Dicha normativa indica que en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios o la utilidad obtenida por el constructor. Para esos efectos, en el respectivo contrato se debe señalar la parte correspondiente a los honorarios o la utilidad(14).

Sobre el particular, la Sala(15) ha señalado que el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992 no contradice la regla general prevista en el artículo 447 del estatuto tributario, sino que la aclara. Todo, porque la norma reglamentaria lo que hace es precisar que en esa modalidad de servicios, el valor de la operación sujeta a gravamen corresponde a los honorarios o la utilidad obtenida por el constructor(16).

Es decir, que para el caso del servicio de construcción de bien inmueble, el valor total de la operación, esto es, el valor de la remuneración del servicio, son los honorarios o la utilidad pactada en el respectivo contrato.

En cuanto a la base gravable del IVA en los servicios de mantenimiento de obra se encuentra que la normativa tributaria no reglamentó lo que debe entenderse en esa modalidad del servicio por “valor total de la operación”. Por tanto, en este caso se aplica la definición general dispuesta en el artículo 447 del estatuto tributario.

En ese contexto, puede concluirse que la base gravable en el servicio de construcción corresponde a los honorarios o la utilidad percibida por el constructor y, en el servicio de mantenimiento, al valor total de la operación.

3.3.2. Considerando que existe una discusión sobre si la actividad prestada por el actor corresponde a un servicio de construcción o de mantenimiento, se procede a precisar las características propias de cada servicio para efectos de la aplicación de la base gravable del IVA.

En relación con el servicio de construcción de bienes inmuebles, la Sala(17) ha precisado que se entiende “no solo el levantamiento de obras o edificaciones, directa o indirectamente, sino todas las obras inherentes a la construcción en sí, tales como: electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la construcción, siempre y cuando al retirarse las obras de la construcción se cause detrimento al inmueble”. Es decir que, atiende a la realización de una obra material nueva.

Por su parte, el servicio de mantenimiento tiene por objeto la realización de un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones edificios, industria, etc. puedan seguir funcionamiento adecuadamente(18).

3.4. Claro lo anterior, se procede a relacionar el acervo probatorio allegado al expediente:

3.4.1. La Contraloría General de la República informó a la DIAN sobre ciertos hallazgos detectados en función de la auditoría practicada a Ecopetrol, específicamente en los contratos 4018151 y 4018849 que esa empresa celebró con Todo Montajes Limitada(19). En uno de los apartes del documento se dijo:

“La DIAN considera que los contratos de construcción de bien inmueble, es la edificación, fabricación o levante de obras (...), contrario al concepto de la coordinación de asesoría y asuntos tributarios por parte de la entidad(20), donde los contratos 523363 y 4018151 —cuyos objetos son obras de mantenimiento para la modernización del sistema de control y puesta en marcha, entrega a satisfacción de las calderas B-2404 y B-2405 de la unidad 2400 de la GRB y obras de mantenimiento técnico al equipo estático durante las paradas de las plantas cracking UOP II y aguas agrias de la GRB—, los clasifica como de construcción, toda vez que el alcance de los mismos no encaja dentro de las características de este concepto”.

3.4.2. Ante esa situación, la administración requirió a la empresa Ecopetrol para que aportara copia de los citados contratos y sus soportes(21).

En respuesta a dicho requerimiento, Ecopetrol aportó los siguientes documentos:

(i) Contrato 4018151(22), celebrado entre Ecopetrol y Todo Montajes Limitada, con el objeto de que este último realizara “obras de mantenimiento técnico al equipo estático durante la parada de las plantas cracking UOP II y aguas agrias - año 2008, de la gerencia complejo Barrancabermeja de Ecopetrol S.A., ubicada en Barrancabermeja, Santander, Colombia”.

A ese documento, adjuntó las actas de inicio, ampliación, pago y terminación del servicio(23) y, el listado de precios unitarios pactados por las obras del contrato. En esa lista se relacionan las siguientes actividades(24):

“[P]rueba hidrostática, mantenimiento general, retiro de catalizador gastado, R4201 de cocke del reactor y sus internos, envasado y manejo (...), fabricación de anillo inferior de vapor de despojo, realizar limpieza de lodo en la piscina y sus 6 celdas, marcar y cortar ventana, prefabricación y montaje de 10 facilidades de monitoreo de la corrosión, mantenimiento general, prefabricación y montaje de dispositivo separador de vapor en el casco, (...) mantenimiento al sistema eléctrico (...), mantenimiento válvulas de control (...), alquiler extractora (...), alquiler 4 carpas en lona (...), alquiler de 2 contenedores (...), limpieza contenedor (...), alquiler de 1 camioneta con conductor (...), alquiler y mantenimiento de baños portátiles, alquiler de una volqueta (incluye conductor, combustible), 2 obreros para aprovisionamiento de hielo (...), soporte de un técnico ascensorista (...), limpieza permanente de turbo maquinaria, suministro de elementos de señalización y cierre de vías, soporte de un rescatista (...), soporte de guarda externo (...), metalmecánico (...), instrumentista o electricista (...), desmantelamiento de láminas (...), prefabricar instalar lamina de casco, suministrar e instalar ciegos en líneas asociadas a equipos (...), retirar ciegos (...), prueba de tintas penetrantes (...), descoquizar con hibroblasting (...), limpieza mecánica con grata, prueba hidrostática con intercambiador, relleno de soldadura de acero al carbón, cambio de deplatinas divisorias en canales, retiro e instalación de canal a intercambiador, retiro e instalación tapa casco, reentube parcial o total a intercambiador (...), cambio de couplings, reexpansión de tubería (...), limpieza mecánica (...), limpieza cemeblasting (...), reparación de grietas en casco de equipos, alivio térmico tubería (...), limpieza con chorro arena (...), tomar placas radiográficas, cambio de 1-5 tubos acero carbón (...), alquiler modulo eléctrico para soldar, alquiler motosoldador (...), retiro o montaje de válvulas (...), disponibilidad de equipos de vibrocasting y 4 albañiles (...), alquiler pistola neumática (...), mantenimiento general e instalación de haz de tubos nuevo, montaje de anillo superior e inferior de vapor de despojo, grateo de soldadura (...), mantenimiento básico válvula de control (...)”.

(ii) Contrato 4018849(25), celebrado entre Ecopetrol y Todo Montajes Limitada, con el objeto de que este último realizara “obras de mantenimiento técnico a intercambiadores de calor durante las paradas de planta de aromáticos, polietileno I, polietileno II y etileno II de la gerencia refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S.A. ubicada en Barrancabermeja, Santander”.

A ese documento, adjuntó las actas de inicio, ampliación, pago y terminación del servicio(26) y, el listado de precios unitarios pactados por las obras del contrato. En esa lista se relacionan las siguientes actividades(27):

“[I]ntercambiadores planta (...), limpieza, suministro y aplicación de pintura a equipos y tuberías intervenidos por Ecopetrol (...), suministro en alquiler grúa 20 ton (incluye operador, combustible y mantenimiento), (...) prueba hidrostática intercambiadores, armado y desarmado de andamios, suministro en alquiler de módulo de andamios, relleno soldadura de acero carbón (...), prefabricar-instalar laminas del casco (...), retirar instalar tapas a intercambiadores de elementos, reentube parcial intercambiadores (...), suministrar e instalar ciegos en líneas asociadas a equipos (...), retirar ciegos en líneas asociadas a equipos, instalar brida ciega en boquillas de equipos o tubería, retiro de brida ciega (...), cambio de coupling de tapas y boquillas de intercambiadores, prefabricar e instalar de parche (...), reexpansión de tubería (...), cambio de 1-5 tubos acero carbón (...), limpieza mecánica (...), prueba de tintas (...), prefabricación e instalación tubería (...), soldadura a tope, desmantelamiento tubería, montaje de válvula, retiro de válvula, mantenimiento a indicadores de nivel (...), prefabricación e instalación de boquilla para casco (...), prefabricación e instalación aislamiento (...), toma de datos en campo, dibujo digitalizado (...), reparación de grietas en casco de equipos, limpieza con grata, (...) suministro en alquiler de equipo de aire fresco (...)”.

(iii) Facturas del servicio expedidas por Todo Montajes Limitada en las que se discrimina el costo directo de las obras, la utilidad y el IVA liquidado sobre la utilidad(28).

3.4.3. Con fundamento en esas pruebas, la DIAN verificó que los contratos tienen por objeto un servicio de mantenimiento y, que respecto de estos, Todo Montaje Limitada liquidó el IVA sobre la utilidad, y no sobre el valor total de la operación(29).

3.4.4. Luego, contra esa decisión, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración. En ese documento solicitó el decreto de un dictamen pericial sobre la obra realizada(30).

3.4.5. Pero, la DIAN negó la solicitud del decreto del dictamen pericial por considerar que “un peritazgo no desvirtúa el haber determinado una base equivocada para efecto del pago del IVA”. Además, manifestó que “está probada la omisión del actor y la persistente renuencia a asumir su responsabilidad”(31).

3.4.6. A pesar de lo anterior, en la demanda, el contribuyente no solicitó el decreto de pruebas, solo la aportación de los antecedentes administrativos(32).

3.5. Para la Sala, el anterior acervo probatorio que sustenta los actos demandados, no se trata de indicios sino de pruebas directas de carácter documental, que demuestran que el servicio prestado por Todo Montajes Limitada corresponde al de mantenimiento, y no de construcción de bien inmueble.

3.5.1. El servicio prestado por el contribuyente en desarrollo de los contratos 4018151 y 4018849 corresponde al de mantenimiento técnico de maquinarias.

El objeto de los citados contratos se circunscribió a la realización de “obras de mantenimiento” de ciertos equipos. Lo que se ratifica en la lista de precios de las obras objeto de los contratos, que relaciona actividades tendientes al funcionamiento adecuado de las maquinarias, tales como el mantenimiento, suministro, instalación, reparación, retiro y cambio de equipos, la fabricación de piezas, limpieza, y otras similares.

No puede considerarse que las actividades de fabricación, suministro e instalación de piezas y equipos hicieran parte de una construcción de un inmueble, porque esas acciones están referidas a la maquinaria objeto de mantenimiento. En todo caso, el contribuyente no aportó prueba de que en desarrollo de dichos contratos hubiere desplegado una obra material de bien inmueble, ni de que tales equipos o piezas fueran elementos estructurales de una construcción.

De hecho, ninguna de las actividades relacionadas en los contratos de mantenimiento ni en la lista de precios, concierne a la construcción de un bien inmueble, sino únicamente a la conservación de una maquinaria.

Por tanto, le asiste la razón a la administración en determinar con fundamento en las anteriores pruebas, que la actividad desarrollada por el contribuyente corresponde a un servicio de mantenimiento, y no de construcción de bien inmueble.

3.5.2. El rechazo de la prueba pericial realizado por la DIAN no le resta sustento probatorio a los actos demandados. Todo, porque si bien el dictamen pericial tenía la finalidad de verificar la naturaleza de los servicios contratados, lo cierto es que esa circunstancia se encuentra demostrada con las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso en virtud de la investigación adelantada en la cual se garantizaron los derechos de defensa y debido proceso(33).

Pero además, debe precisarse que el contribuyente no desvirtuó las pruebas recaudadas por la DIAN y que sustentan la actuación administrativa.

Recuérdese que en el procedimiento administrativo tributario, la autoridad administrativa tiene la carga de comprobar la realidad de los hechos declarados, y el declarante, la de controvertir la labor de la autoridad fiscal.

Es por eso que una vez desvirtuados por la administración los datos registrados en la declaración tributaria, el contribuyente tiene la carga de aportar las pruebas que soporten los conceptos fiscales desconocidos, dada su condición de directo interesado en lograr la aceptación fiscal de los ingresos excluidos declarados, para reducir la base gravable de su renta ordinaria.

Todo, porque en virtud del principio de la “carga de la prueba” previsto en el artículo 177 del CPC, “incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Conforme con dicho postulado, el deber de procurar que las pruebas se practiquen o aporten recae en los sujetos de derecho que intervienen en el proceso, independientemente de la oficiosidad en el decreto y práctica de los medios probatorios, pues los interesados son los que tienen la carga de demostrar los hechos en que se fundamentan sus pretensiones o excepciones.

Sin embargo, la sociedad no allegó los soportes de su afirmación consistente en que el servicio prestado correspondía al de construcción de bien inmueble, puesto que ni en sede administrativa ni judicial allegó prueba alguna(34).

Súmese a ello que, el actor no insistió con la solicitud de la prueba pericial ante la jurisdicción(35), a pesar de considerar que la misma era determinante para el esclarecimiento de los hechos.

Todo ello impide la aplicación de los artículos 745 —dudas a favor del contribuyente— porque esa disposición no es aplicable cuando el contribuyente está obligado a probar determinado hecho(36).

Es por esas razones que, el rechazo de la prueba pericial no desconoce las verificaciones que realizó la DIAN sobre el servicio de mantenimiento prestado por el contribuyente y, que dieron lugar a la modificación de la liquidación privada.

3.6. Así las cosas, es procedente la adición de ingresos gravados realizada por la DIAN en los actos demandados, toda vez que está demostrado que el contribuyente prestó el servicio de mantenimiento y, por ende, la base gravable sobre la que se debía liquidar el IVA era el valor total de la operación.

En consecuencia, no procede el cargo para el apelante.

4. Sanción por inexactitud.

4.1. Habida consideración que se encuentra demostrado que el contribuyente declaró ingresos excluidos inexistentes, debe mantenerse la sanción por inexactitud.

Adicionalmente, se encuentra que en este caso no se presenta una diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pretensiones del demandante se despacharon desfavorablemente por falta de prueba.

4.2. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(37), que modificó el artículo 640 del estatuto tributario, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del estatuto tributario(38), con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que esta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% —establecido en la legislación anterior— al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

4.3. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

5. Condena en costas.

5.1. En relación con la condena en costas impuesta por el tribunal, la Sala confirmará esa decisión por cuanto no fue objeto del recurso de apelación presentado por el demandante.

5.2. En segunda instancia, la Sala no condenará en costas a la parte demandante vencida en el proceso, porque no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones en que incurrió la demandada por ese concepto, como lo exige para su procedencia el artículo 365 del CGP, aplicable por disposición del artículo 188 del CPACA.

Por tanto, en segunda instancia no hay lugar a condenar en costas a la demandante.

6. Conclusión.

6.1. Por lo anteriormente expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, conforme a lo expuesto en esta providencia.

Adicionalmente, la Sala ordenará no condenar en costas en segunda instancia.

6.2. En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto de IVA bimestre 6 del año 2008, en el sentido de recalcular la sanción por inexactitud en la suma de $ 615.818.000 y establecer el saldo a pagar en la suma de $ 1.248.352.000.

ConceptoPrivadaLiquidación oficialConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto generado16.716.000632.534.000632.534.000
Sanciones0985.309.000615.818.000
Total saldo a pagar16.716.0001.617.843.0001.248.352.000
Total saldo a favor000

Liquidación sanción por inexactitud
 DIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto 632.534.000632.534.000
Menos: Saldo a pagar declarado16.716.00016.716.000
Diferencia615.818.000615.818.000
Base sanción615.818.000615.818.000
Valor sanción160%100%
Sanción985.309.000615.818.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFÍCASE la sentencia apelada. En su lugar:

1. Declárase la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión 292412012000007 del 16 de enero de 2012, y de la Resolución 900.085 del 19 de febrero de 2013, por medio de las cuales la dirección seccional de impuestos y aduanas de Barrancabermeja modificó la declaración del impuesto sobre las ventas del bimestre 6 del año 2008 presentada por la sociedad Todo Montajes Limitada, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena que la sanción por inexactitud y el saldo a pagar a cargo de la sociedad Todo Montajes Limitada corresponde a los liquidados en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada al doctor Pablo Nelson Rodríguez Silva, de conformidad con el poder que obra en el folio 461 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia del 19 de mayo de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 21185.

(2) El artículo 714 del estatuto tributario establece el término de firmeza general de “dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar”, siempre que no se haya notificado requerimiento especial.

(3) El artículo 705 ibídem dispone que el requerimiento especial debe notificarse antes de que opere dicho término de firmeza.

(4) Adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995.

(5) Ibídem.

(6) Mediante auto del 7 de diciembre de 2016. Fl. 501, c. p.

(7) Fls. 504-508, c. p.

(8) Fls. 510-512, c. p.

(9) Artículo 13 del Decreto 4680 de 2012. Debe tenerse en cuenta que el contribuyente es una persona jurídica cuyo NIT (829.000.224) termina en el número 4.

(10) Fl. 94, c. p. Liquidación oficial de revisión. La fecha de notificación del requerimiento especial no es objeto de discusión por parte del demandante.

(11) Artículo 420 del estatuto tributario. Literal b). En esos casos, el IVA se causa en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, o en la fecha de terminación de los servicios o del pago o abono en cuenta, la que fuere anterior (art. 429 ib.).

(12) Artículo 2º del Decreto 1107 de 1992, reglamentario del artículo 447 del estatuto tributario.

(13) Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 6ª de 1992, el estatuto tributario y se dictan otras disposiciones.

(14) La norma, adicionalmente, limitó la solicitud de impuestos descontables sobre los gastos directamente relacionados con los honorarios o la utilidad que constituyan la base gravable del IVA. Y, prevé que en ningún caso dará derecho a descuento el IVA pagado por los costos y gastos necesarios para la construcción del bien inmueble.

(15) Sentencias del 19 de noviembre de 1993, C.P. Delio Gómez Leiva, expediente 4415; del 13 de julio de 2017, C.P. Milton Chaves García, expediente 21188; y del 24 de agosto de 2017, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 21279.

(16) La Sala explicó que la base gravable para el servicio de construcción prevista en la norma reglamentaria “no modifica la base gravable que de manera general establece el artículo 447 del estatuto tributario, sino que por el contrario la precisa o determina en la parte que corresponde a la contraprestación o remuneración por el servicio que involucró este tipo de contratos, llámese honorarios o utilidades para el constructor, con lo cual sigue la base gravable circunscrita al ingreso percibido por la prestación del servicio, sin sufrir modificación alguna, imprimiendo claridad y precisión, sobre el particular; no produciéndose ampliación de la base gravable ni confusión, como lo afirma el accionante”.

(17) Sentencias del 13 de julio de 2017, C.P. Milton Chaves García, expediente 21188; y del 24 de agosto de 2017, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 21279.

(18) http://dle.rae.es/?id=OH9tS8F . Definición RAE de la expresión “mantenimiento”.

(19) Fls. 173-175, c. p.

(20) Se refiere a Ecopetrol.

(21) Fls. 176, 188 y 269, c. p.

(22) Fls. 179 vuelto-187, c. p.

(23) Fls. 193-248, c. p.

(24) Fls. 178-179, c. p.

(25) Fls. 273-289, c. p.

(26) Fls. 294-351, c. p.

(27) Fls. 290-293, c. p.

(28) Fls. 369-376, c. p.

(29) Fls. 400, c. p. (requerimiento especial) y 91-94 (liquidación oficial de revisión).

(30) Fl. 113, c. p.

(31) Fl. 159, c. p. resolución que resuelve el recurso de reconsideración.

(32) Fl. 17, c. p.

(33) El requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión fueron notificadas al contribuyente a fin de que presentara los argumentos y pruebas pertinentes. Fls. 21-26 y 396-402, c. p.

(34) Fls. 17, 24 vuelto y 113, c. p. El contribuyente no presentó respuesta al requerimiento especial, ni aportó pruebas en el recurso de reconsideración ni en la demanda.

(35) Fl. 17, c. p. Acápite de pruebas de la demanda.

(36) Así lo ha precisado la Sala en sentencias del 4 de agosto de 2011, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 17628 y, del 26 de febrero de 2014 y del 19 de mayo de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expedientes 19090 y 21185.

(37) Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones.

(38) Artículo 647. Sanción por inexactitud (...).
(La) sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.