Sentencia 2013-00675/21185 de mayo 19 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 150012333000201300675 01

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Efraín Aguilar Hernández

Demandado: U.A.E. DIAN

Ref.: Término de firmeza de la declaración de IVA en relación con la liquidación privada de renta del mismo período. Procedencia de la prueba indiciaria para desvirtuar la realidad de los costos e impuestos descontables.

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VII) Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer la legalidad de la liquidación oficial de revisión que modificó la declaración del impuesto sobre las ventas presentada por el señor Efraín Aguilar Hernández por el bimestre 6 del año 2009.

En concreto, deberá verificar (i) si la declaración tributaria se encuentra en firme y, en caso de no ser así, (ii) determinará la procedencia del rechazo de la totalidad de los costos e impuestos descontables declarados.

2. Firmeza de la declaración de IVA.

2.1. Según el apelante, el término de firmeza del beneficio de auditoría de que goza la declaración de corrección de renta del año 2009 debe aplicarse a la liquidación privada de ventas del período 6 del 2009.

Teniendo en cuenta que la declaración de renta quedó en firme el 2 de diciembre de 2011, el requerimiento especial del impuesto sobre las ventas proferido el 31 de julio de 2012, fue extemporáneo.

2.2. La firmeza, como lo ha reiterado la Sala, significa que transcurrido el término legal sin que se hubiere notificado el requerimiento especial, la declaración tributaria se torna inmodificable tanto para la administración como para el contribuyente(3).

2.2.1. Tratándose de declaraciones presentadas oportunamente, el artículo 714 del estatuto tributario establece el término de firmeza general de “dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar”, siempre que no se haya notificado requerimiento especial.

En concordancia con lo dispuesto en esa norma, el artículo 705 ibídem dispone que el requerimiento especial debe notificarse antes de que opere dicho término de firmeza.

Significa lo anterior, que el término de firmeza respecto de cada declaración tributaria empieza a correr desde la fecha límite en que esa liquidación privada debe presentarse.

No obstante, como en relación a una vigencia gravable se presentan declaraciones de retención en la fuente y de IVA durante el mismo período y, de renta en el año siguiente al denunciado, el artículo 705-1(4) del estatuto tributario unificó los términos de firmeza de esas declaraciones —renta, IVA y retefuente—, con la finalidad de darle la oportunidad a la Administración de modificar el IVA y las retenciones, cuando encontrara hallazgos en la liquidación privada de renta.

De tal manera que, el término de firmeza y de notificación del requerimiento especial de la declaración de IVA y de retención en la fuente es igual al de la liquidación privada de renta del mismo año gravable.

2.2.2. Pero, el término general de firmeza presenta excepciones. Es el caso de las declaraciones amparadas con el beneficio de auditoría, frente a las cuales el legislador dispuso un plazo de firmeza especial(5).

El beneficio de auditoría se aplica para los contribuyentes que en las declaraciones iniciales del impuesto de renta cumplan los requisitos para acceder a ese tratamiento especial —presentación oportuna, incremento del impuesto de renta y pago—. Esa liquidación privada —la inicial acogida con el beneficio— puede ser modificada, siempre y cuando la corrección (i) se presente antes del término de firmeza especial y (ii) mantengan los requisitos cumplidos en la inicial(6).

En tal sentido, la declaración de corrección estará amparada con el beneficio de auditoría cuando al igual que la declaración inicial hubiere cumplido los requisitos exigidos en el artículo 689-1 del estatuto tributario para acceder a ese tratamiento especial.

Es por eso que los requisitos para acogerse al beneficio de auditoría necesariamente deben cumplirse con la presentación de la declaración inicial.

Así lo ha entendido la Sala(7) al señalar que “la permisión de radicarse declaraciones y solicitudes de corrección antes de vencerse el término de firmeza anticipada, permiten concluir que el punto de partida del beneficio de auditoría lo marca la presentación de la declaración inicial”.

Pero, debe tenerse en cuenta que este tratamiento especial únicamente se aplica para la declaración de renta, toda vez que la norma que lo extendía a las liquidaciones privadas de IVA y retefuente —el inciso 2º del artículo 689-1 del estatuto tributario— fue derogada por el artículo 69 de la Ley 863 de 2003.

Por tanto, a partir del año gravable 2004 desapareció el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente.

En tal sentido, la Sala ha precisado(8) que al haberse derogado la norma que autorizaba el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente, debe entenderse que el legislador limitó el beneficio de auditoría exclusivamente al impuesto sobre la renta, por lo cual la firmeza para las declaraciones del impuesto a las ventas y retención en la fuente, opera conforme con las normas generales de los artículos 705 y 714 del estatuto tributario.

2.2.3. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en relación con el término de firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la fuente:

- Si la declaración de renta se rige por el término de firmeza general —artículo 714 E.T.—, las declaraciones de IVA y retefuente quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar el impuesto de renta del mismo período gravable.

Lo anterior, conforme con lo dispuesto en el artículo 705-1, en concordancia con los artículos 705 y 714 del estatuto tributario.

- Si la declaración de renta está amparada con el beneficio de auditoría, las declaraciones de IVA y retefuente quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar IVA o retefuente, respectivamente.

Es decir, a las liquidaciones privadas de IVA y retención en la fuente les aplica el plazo general de firmeza previsto en los artículos 705 y 714 ibídem.

2.3. En el caso concreto, la sociedad afirma que el beneficio de auditoría no fue solicitado en la declaración inicial sino en la declaración de corrección(9), situación que es advertida igualmente por la administración(10).

De tal manera que, al no encontrarse la declaración inicial de renta del año 2009 amparada con el beneficio de auditoría, como lo exige el artículo 689-1 del estatuto tributario, el término de firmeza de la liquidación privada del impuesto sobre las ventas, debe seguirse por la regla general prevista en los artículos 705, 705-1 y 714 del estatuto tributario.

En consecuencia, el término para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas del período 6 del año 2009 era de dos años, contados a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año 2009.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración de renta del año gravable 2009 era el 12 de agosto de 2010(11), la declaración de IVA del período 6 del año 2009, adquiría firmeza el 12 de agosto de 2012.

Por esto, el Requerimiento Especial 202382012000040 por el impuesto sobre las ventas, notificado el 3 de agosto de 2012, fue proferido dentro del término legal(12).

En consecuencia, no prospera el cargo para el apelante.

3. Procedencia de costos ($339.042.000) e impuestos descontables (27.065.000).

3.1. Para el apelante no es procedente el desconocimiento de la totalidad de los costos e impuestos descontables, porque la administración, con fundamento en indicios, determinó que esos rubros se habían derivado de operaciones de compra que realizó el contribuyente con proveedores ficticios. Desconociendo, además, el procedimiento para declarar la existencia de dichos proveedores, previsto en los artículos 82, 88 y 671 del estatuto tributario.

Afirmó que los indicios se sustentan en una prueba trasladada del impuesto de renta del año 2009, que no fue practicada bajo la gravedad de juramento, ni el contribuyente tuvo la oportunidad de controvertir, como tampoco resulta compatible con la investigación del impuesto sobre las ventas.

Y, concluyó, que en todo caso, la DIAN debió realizar una estimación de los costos, como lo dispone el artículo 82 del estatuto tributario.

3.2. En relación con los costos e impuestos descontables el artículo 771-2 del estatuto tributario señala que para su procedencia se requiere de facturas con el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 617 literales b), c), d), e), f), y g)(13) y, 618(14) del estatuto tributario. Tratándose de documentos equivalentes se deben cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del citado artículo 617.

Así, de acuerdo con el artículo 771-2 ibídem, la factura y los documentos equivalentes que cumplan los citados requisitos del artículo 617 ibídem, son la prueba documental idónea para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta e impuestos descontables en el impuesto a las ventas.

3.2.1. Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del estatuto tributario no limita la facultad comprobatoria de la administración.

Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los costos e IVA descontable pueden ser rechazados.

Para ello, cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias(15).

3.3. Verificados los antecedentes administrativos, se encuentra que el motivo por el cual la Administración rechazó los costos e impuestos descontables fue la existencia de pruebas que desvirtuaban las operaciones de compra de chatarra que supuestamente realizó el contribuyente con los siguientes proveedores:

Nombre proveedorValor de la compra de chatarra - declarado como CostoIVA por la compra de chatarra- llevado como Impuesto descontable
Juan Miguel Escobar Sánchez47.850.0000
Sandra Milena Patiño12.070.0001.931.200
Sandra Milena Patiño13.489.5002.158.320
Sandra Milena Patiño4.136.000661.760
Gregorio Báez Sanabria47.850.0000
Juan Carlos López Ramírez50.886.0008.141.760
Juan Carlos López Ramírez6.642.0001.062.720
Javier Edilson Forero Torres37.884.0000
Fabián Andrés López Jiménez10.229.0001.636.640
Fabián Andrés López Jiménez55.506.0008.880.960
Fabián Andrés López Jiménez16.200.0002.592.000
Jhon Fredy Marciales Cárdenas36.300.0000
Total339.042.50027.065.360

Para ello, se basó en una prueba trasladada(16) del impuesto de renta del año 2009 que desvirtuaban la contabilidad del actor, conformada por los siguientes documentos:

- Acta de Libros de contabilidad(17), expedida en desarrollo de la inspección contable(18). La diligencia fue atendida por el señor Álvaro W. Arias - asistente contable del señor Aguilar Hernández- en virtud de la autorización otorgada por el mismo contribuyente(19).

En el acta, los funcionarios dejaron constancia de que en las facturas de compra de chatarra del año 2009, expedidas por los proveedores al contribuyente, no se discrimina el impuesto sobre las ventas.

Por su parte, el asistente contable del contribuyente informó que, aparte de las facturas, no existen otros soportes contables de los costos e impuestos descontables. Además, afirmó que el pago por la compra de chatarra se realizaba en efectivo, por lo que no existe ningún documento de entrega de dinero.

- Actas de visitas practicadas a los proveedores del contribuyente, en las que constan:

Nombre proveedorAnotación del acta
Juan Miguel Escobar SánchezEn la dirección reportada en el RUT no lo conocen(20).
Sandra Milena PatiñoLa dirección reportada en el RUT no existe(21)
Gregorio Báez SanabriaLa dirección reportada en el RUT no existe(22)
Juan Carlos López RamírezLa dirección reportada en el RUT no existe(23)
Javier Edilson Forero TorresLa dirección reportada en el RUT no existe(24)
Fabián Andrés López JiménezLa dirección reportada en el RUT no existe(25)
Jhon Fredy Marciales CárdenasEn la dirección reportada en el RUT informan que esa persona ya no habita en el inmueble(26).

- Actas de visita realizadas a las empresas de tipografía que supuestamente realizaron las facturas a los proveedores. En estos documentos se verifica que algunas de las tipografías no estaban ubicadas en la dirección registrada en el RUT(27), y aquellas que sí fueron encontradas, declararon bajo la gravedad del juramento que no realizaron actividad comercial con los proveedores del contribuyente(28).

Adicionalmente, la administración verificó en la información exógena del año 2009 que los proveedores no reportaron al contribuyente por la compra de chatarra y, en el sistema informático de la DIAN, encontró que dichos vendedores no presentaron declaración de renta ni de IVA por el año 2009(29).

3.4. Para la Sala, el anterior acervo probatorio no se trata de indicios sino de pruebas directas de carácter documental y de declaraciones de terceros, que desvirtúan la realidad de las supuestas operaciones de compra de chatarra de las cuales se derivan los costos e impuestos descontables solicitados por el contribuyente, por las razones que pasan a explicarse.

3.4.1. Las pruebas fueron practicadas en el proceso de fiscalización del impuesto de renta seguido contra el señor Efraín Aguilar Hernández por el año 2009 y, trasladadas al expediente administrativo de IVA del mismo contribuyente correspondiente al período 6 del año 2009.

El traslado de estas pruebas es procedente porque la Administración cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales que en general permiten efectuar “todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación(30)”.

En tal sentido, la Sala(31) ha señalado que si la administración, al investigar un impuesto, encuentra inexactitudes que repercuten en otro, lo menos que debe hacer es utilizar estas pruebas para determinar oficialmente los dos gravámenes, siempre que sean conocidas por el contribuyente.

Es por eso que el hecho de que la prueba trasladada hubiere sido practicada en el proceso de determinación de renta no la hace incompatible con la investigación seguida por IVA. Máxime cuando ese acervo probatorio versa sobre las mismas operaciones de compra de chatarra que realizó el contribuyente Efraín Aguilar Hernández, y que dieron origen a los costos e impuestos descontables desconocidos por la administración tanto en la declaración de renta como en la de IVA respecto de la vigencia gravable 2009.

En el presente asunto, para surtir el traslado del acervo probatorio —al proceso de IVA— no era necesario que se requiriera al señor Aguilar Hernández, por cuanto esas pruebas se practicaron en el proceso de fiscalización de renta seguido contra el mismo contribuyente y, por tanto, tenía conocimiento de las mismas.

En todo caso, el actor tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas no solo en el procedimiento de determinación de renta y de IVA —en la respuesta al requerimiento especial y en el recurso de reconsideración—, sino también ante la jurisdicción, sin que éste hubiere logrado desvirtuarlas como se explicará a continuación.

3.4.2. Las pruebas demuestran que las operaciones de compra de chatarra fueron simuladas por el contribuyente.

3.4.2.1. La realidad de las operaciones de compra fue desvirtuada con las visitas practicadas por los funcionarios de la DIAN a los proveedores de chatarra y a las tipografías que realizaron las facturas de compra.

En esas diligencias se trató de ubicar a los supuestos proveedores y tipografías en las direcciones reportadas en el RUT. Sin embargo, se constató que los mismos o no se encontraban ubicados en esas direcciones, o no eran conocidos por los residentes de los inmuebles, o no habitaban en los mismos.

Además, las empresas de tipografías que sí pudieron ser ubicadas declararon bajo la gravedad de juramento que no realizaron actividad comercial con los proveedores del contribuyente.

Ahora, es cierto que las citadas pruebas no fueron practicadas en presencia del contribuyente y las actas en las que consta la imposibilidad de ubicar a los demás proveedores y tipografías no fueron recepcionadas bajo juramento.

Pero, esas circunstancias no le restan validez a estas pruebas, porque tanto en la vía gubernativa como en la judicial, el contribuyente tuvo la oportunidad procesal para desvirtuarlas mediante los medios de prueba admisibles o con la tacha de falsedad, situación que como da cuenta el expediente, no ocurrió.

3.4.2.2. Adicionalmente, en el expediente se demostró que (i) la compra de chatarra del contribuyente no fue reportada en la información exógena del año 2009, (ii) los proveedores de chatarra no presentaron declaración de renta ni de IVA por el año 2009, y (iii) las operaciones de compra solo se sustentan en facturas que no discriminaron el IVA.

3.4.2.3. Los hechos anteriores, que se encuentran debidamente probados en el proceso, y no han sido desvirtuados por la parte actora, a juicio de la Sala, demuestran la inexistencia o simulación de las operaciones de compra supuestamente realizadas entre el accionante —Efraín Aguilar Hernández— y los proveedores anteriormente relacionados.

Lo anterior, se repite, por cuanto las direcciones reportadas por los supuestos proveedores y algunas tipografías no existían, o estos no residían en las mismas, ello sumado al hecho de que las tipografías que sí pudieron ser ubicadas declararon bajo la gravedad de juramento que no habían realizado operaciones con los aludidos proveedores.

Al igual que se estableció el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los proveedores, como la de presentar declaración de renta e IVA en el año 2009, vigencia gravable en la que supuestamente se realizaron dichas operaciones de compra de chatarra por parte del contribuyente con estos proveedores.

Sumado al hecho que además de las facturas de compra de chatarra no existe otro soporte contable de los costos e impuestos descontables, como se verificó en la inspección contable y lo reconoció el asistente de contabilidad del contribuyente en la misma diligencia.

En este caso, no era necesaria la declaratoria de proveedor ficticio porque, como lo ha señalado la Sala(32), esta no constituye un requisito previo para el rechazo de los costos por concepto de compras, porque la normas que consagran la admisibilidad e inadmisibilidad de tales factores – Libro I capítulos II y V del E.T. no condicionan el eventual rechazo a dicha declaración.

3.4.2.4. Así las cosas, al analizar en conjunto todas las pruebas, la Sala considera que dicho acervo probatorio le resta credibilidad a las facturas, en tanto desvirtúa la operación de compra de chatarra que esos documentos registran.

Es cierto que las facturas son la prueba idónea en materia de costos e impuestos descontables. Pero de conformidad con el artículo 742 del estatuto tributario estos documentos pueden ser desvirtuados por otros medios probatorios, directos o indirectos, que no estén prohibidos en la ley, como se presentó en este caso con las pruebas documentales y las visitas de verificación practicadas por la administración.

Adicionalmente, se observa que los cuestionamientos del actor están dirigidos únicamente a la valoración de las pruebas por parte de la DIAN y al traslado de tales pruebas de una actuación a otra. Empero, no se advierte que el demandante hubiere desplegado actividad probatoria o argumentativa para demostrar la realidad de las operaciones de compra de chatarra.

3.5. Lo que lleva a señalar que no hay lugar a dar aplicación al artículo 745 del estatuto tributario, por cuanto las dudas provenientes de vacíos probatorios solo pueden resolverse a favor del contribuyente siempre y cuando no se encuentre obligado a probar determinados hechos, condición que no se presenta en el caso estudiado en el que la carga de la prueba recaía sobre la parte actora.

Tampoco resulta procedente realizar una estimación de los costos, conforme lo señala el artículo 82 ibídem por cuanto la administración no está desconociendo la totalidad de los costos en que incurrió el contribuyente para realizar su actividad productora de renta(33) sino únicamente los relativos a la compra de chatarra realizada en el período 6 del año 2009.

Sumado a lo anterior, el contribuyente solicitó el reconocimiento de los costos asociados con la compra de chatarra, sin demostrar la realidad de esas operaciones, así como tampoco adelantó una actividad probatoria que permitiera soportar esas erogaciones, evento en el cual no hay lugar a aplicar el costo presunto, habida cuenta de que el legislador en el artículo 82 ibídem no incluye su no comprobación como un presupuesto que permita la aplicación del costo presunto(34).

Además, no puede perderse de vista que la Sala determinó la improcedencia de los costos e impuestos descontables con fundamento en pruebas directas que desvirtúan la realidad de la operaciones de compra de chatarra.

En consecuencia, no procede el cargo para el apelante.

4. Sanción por inexactitud.

4.1. El artículo 647 del estatuto tributario dispone que habrá lugar a la sanción por inexactitud cuando exista omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general, la utilización en las declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

4.2. En la declaración presentada, el actor incurrió en una de las conductas tipificadas como inexactitud sancionable, como es la inclusión de costos e impuestos descontables inexistentes, lo que condujo a la determinación de un menor impuesto sobre las ventas, como se confirmó en el análisis antes efectuado. En consecuencia, se mantendrá la sanción impuesta en el acto acusado. No prospera el cargo.

5. Por lo anteriormente expuesto, la Sala no da prosperidad al recurso de apelación interpuesto por el demandante y confirma la decisión del a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada al doctor Pablo Nelson Rodríguez Silva, de conformidad con el poder que obra en el folio 237 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

3 Sentencias del 26 de junio de 2008, C.P. Dra. Ligia López Díaz, expediente 16304 y, del 1º de agosto de 2013, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Expediente 19027.

4 Adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995.

5 12 o 6 meses dependiendo del incremento porcentual del impuesto.

6 ART. 689-1 del Estatuto Tributario.—Modificado por la Ley 633 de 2000. PAR. 1º—Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo, no afectarán la validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se mantengan.

7 Sentencia del 12 de marzo de 2012, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, expediente 17180.

8 Sentencias del 14 de agosto de 2014, C.P. Carmen Teresa Ortiz, expediente 19808; del 17 de septiembre de 2014, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 19924; y 7 de mayo de 2015, C.P. Martha Teresa Ortiz de Rodríguez, expediente 20680. Las providencias analizaron la firmeza de la declaración de IVA en los eventos en que la declaración de renta del mismo período se encuentre amparada con el beneficio de auditoría. En esa oportunidad se concluyó que al no ser aplicable dicho tratamiento especial para el impuesto sobre las ventas, el término de firmeza debía contarse a partir del vencimiento para declarar el impuesto sobre las ventas o desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor de IVA.

9 Fls 27 y 191 c.p.

10 Fl 57 c.p. Liquidación Oficial de Revisión del impuesto sobre las ventas.

11 El artículo 15 del Decreto 4929 del 17 diciembre de 2009 “por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones”, estableció como vencimiento para presentar la declaración de renta del año gravable de los contribuyente cuyo NIT terminará en 43, como el actor, el 12 de agosto de 2010.

12 Fl 18 y 54 c.p.

13 b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
e) Fecha de su expedición.
f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g) Valor total de la operación.

14 Los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija.

15 ART. 742 del Estatuto Tributario.—La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con aquéllos.

16 Fl 205 c.a.1. Autos de Traslado 50 del 23 de mayo de 2011 (Fl 45 c.a.2) y del 16 de julio de 2012 (fl 190 c.a.1)

17 Fls 194-200 c.a.1.

18 Auto de Inspección Contable 202382012000002 del 24 de mayo de 2012. Fl 191 c.a.1.

19 Fl 201 c.a.1.

20 Fls 36-39 c.a.2.

21 Fls 90 -96 c.a.2.

22 Fls 32-35 c.a.2.

23 Fls 150-154 c.a.2.

24 Fls 143-144 c.a.2.

25 Fls 28-30 c.a.2.

26 Fls 82 -85 c.a.2.

27 Fls 76, 118-119, 130-131, y 134 c.a.2.

28 Fls 101, 107, 112, 120-123, y 165-171 c.a.2.

29 Fl. 206. Informe final de la acción de fiscalización del impuesto sobre las ventas período 6 año 2009.

30 Artículo 684 del E.T.

31 Sentencia del 22 de septiembre de 2009, C.P. Dra. Ligia Lopéz Díaz, expediente 14559.

32 Sentencia del 7 de mayo de 2015, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 20680.

33 En el requerimiento especial del impuesto de renta del año 2009, allegado al expediente, se verifica que la administración determinó los costos del contribuyente en la suma de $191.986.000. Fl 41 c.p.

34 En igual sentido se pronunció esta Sala en sentencias del 4 de agosto de 2011, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 17628 y, del 26 de febrero de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente19090.