Sentencia 2013-00675 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 68001-23-33-000-2013-00675-01 [21199]

Actor: Roberto Dulcey Cristancho

Demandado: UAE-DIAN

Ref.: Sanción por no presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia por el año gravable 2006.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Sería del caso entrar a estudiar la calidad de productor o comercializador del actor, pero la Sala considera que ello no es necesario por lo que se expone a continuación.

Dentro de ese marco la cuestión que debe resolver la Sala estriba, fundamentalmente, en determinar si el demandante debía ser sancionado por no presentar declaración de precios de transferencia por el año gravable 2006.

2. Para resolver el asunto deben tenerse en cuenta los artículos, 260-1 260-8 y 450 del estatuto tributario, vigentes para la época, que disponían, de manera general, que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia que celebraran operaciones con “vinculados económicos”, tenían la obligación de presentar la declaración informativa de precios de transferencia.

Vinculados económicos entendidos en los términos del inciso 3º del artículo 260.1 y 450 (para el caso que se estudia el 450.9) del estatuto tributario.

Todos los supuestos descritos en estas normas, imponían la obligación de presentar la declaración de precios de transferencia; si había vinculación económica se causaba dicha obligación.

3. La Ley 1607 de 2012 introdujo modificaciones al estatuto tributario. Si bien no modificó el concepto de vinculación económica, definido en el artículo 450.9, sí desligó dicho concepto de la obligación de presentar dicha declaración.

Conclusión a la que se llega del examen de los artículos 118 y 119 de esa ley, que modificaron los artículos 260-8 y 260-9 del estatuto tributario.

Todo, porque el artículo 119 impone la obligación de presentarla anualmente a aquellos “contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período gravable sea igual o superior al equivalente a cien mil (100.000) UVT o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT, que celebren operaciones con vinculados conforme a lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 de este estatuto,[...]”. Negrilla y subrayas de la Sala.

4. El reenvío normativo, en punto a dicha obligación, cambió del artículo 450, regla mucho más amplia, a los artículos 260-1 y 260-2, que los circunscribe a las hipótesis fácticas que allí se describen.

Eso explica que la Sala, en sentencia de 8 de noviembre de 2017, Rad. 20268, C.P Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez, expresara que dicho deber no tiene como referente los vinculados económicos, sino que se refiere a los vinculados establecidos en los artículos 260-1 y 260-2 del estatuto tributario.

Precisó la Sala, que “...actualmente, tanto el productor que vende a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, el cincuenta por ciento (50%) o más de su producción, como el comprador, ya no se consideran vinculados, para efectos de la obligación de presentar la declaración informativa de precios de transferencia a que se refiere el artículo 119 La Ley 1607 de 2012”.

5. En el presente caso se advierte, que la DIAN impuso al demandante la sanción por no presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia del año gravable 2006, por tratarse de un productor que realizó operaciones con un vinculado económico domiciliado en el exterior, en los términos del original artículo 260-1 que generaba la obligación de presentar la declaración de acuerdo con el original artículo 260-8 y 450.9 del estatuto.

Sin embargo, como se concluyó en la sentencia que se reitera, “...actualmente no se sanciona la omisión de presentar la declaración informativa de precios de transferencia, para aquellos productores que han vendido el 50% o más de la producción a una misma empresa o empresas vinculadas entre sí (art. 450 E.T., num. 9º), como sí ocurría en el año 2006”.

Todo, se repite, porque los artículos 260-1 y 260-9 del estatuto tributario, vigentes actualmente, ya no prevén la causal de vinculación económica descrita en el numeral 9º del artículo 450 ibídem, dentro de las hipótesis legales para presentar la declaración informativa de precios de transferencia.

En otras palabras, desapareció la obligación que originó la multa que se demanda.

6. De otro lado, el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del estatuto tributario, reconoció la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria tributaria al disponer en su parágrafo 5º que el “principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”. Principio que ya venía aplicando la Sala, entre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2016, expediente 21517, consejera ponente Martha Teresa Briceño de Valencia.

7. Así las cosas, si bien es cierto que para el año 2006, las normas vigentes preveían la sanción para aquellos que omitieran la obligación de presentar la declaración de precios de transferencia, por haber realizado la operación descrita en el numeral 9º del artículo 450 del estatuto tributario en la actualidad, esa conducta no está prevista en los supuestos de vinculación relacionados en el artículo 260-1 del estatuto tributario.

Por lo mismo, no es sancionable la omisión de presentar la declaración informativa de precios de transferencia, abstracción hecha de la calidad de productor o comercializador del actor.

8. Al ser más favorable la normatividad actual, en cuanto no prevé como sancionable la omisión de presentar la declaración de precios de transferencia cuando ha vendido el 50% o más de su producción a una misma empresa o empresas vinculadas entre sí, en virtud al principio de favorabilidad, debe desaparecer de la vida jurídica la sanción impuesta en los actos acusados.

Por estas razones se confirmará la sentencia apelada

COSTAS

En relación con la condena en costas impuesta por el tribunal, la Sala confirmará esa decisión por cuanto no fue objeto del recurso de apelación presentado por la demandada.

En segunda instancia, como no obra prueba que demuestre su causación, no se condenara, conforme al artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —num. 8º—.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. RECONOCER personería a CLAUDIA PATRICIA QUINTERO GARAY como apoderada de la DIAN, según el poder del folio 319 del mismo cuaderno.

3. Sin costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Consejeros: Milton Chaves García, Presidente de la Sección—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».