SENTENCIA 2013-00685/21089 DE FEBRERO 20 DE 2017

 

Sentencia 2013-00685/21089 de febrero 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 150012333000201300685 01 (21089)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Oscar Enrique Pérez Sánchez

Demandado: UAE DIAN

Ref.: Decreto de prueba en la vía gubernativa. Desconocimiento de impuesto descontable por compras simuladas.

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VII) Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos que modificaron la declaración del impuesto sobre las ventas presentada por el señor Oscar Enrique Pérez Sánchez por el bimestre 3 del año 2008.

En concreto se analizará:

(i) Si en la vía gubernativa se presentó una vulneración a los derechos al debido proceso y de defensa, por pretermisión de la etapa probatoria y por el rechazo del decreto de pruebas.

(ii) Si las compras de chatarra y, los impuestos descontables originados en las mismas, se derivan de una operación real.

(iii) La procedencia de la sanción por inexactitud.

2. Violación del derecho al debido proceso y de defensa, por pretermisión de la etapa probatoria y por el rechazo del decreto de pruebas.

2.1. El demandante afirmó que la DIAN pretermitió la etapa probatoria porque las pruebas solicitadas en la respuesta al requerimiento especial solo se decidieron en la resolución que estudió el recurso de reconsideración.

Además, afirmó que el rechazo de las pruebas pedidas por el contribuyente impidió que el mismo ejerciera su derecho de defensa frente a los argumentos de la DIAN.

2.2. El debido proceso es el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Entre esas garantías, se presenta el ejercicio del derecho de defensa, y la posibilidad de aportar y controvertir las pruebas.

2.3. En el Título VI del Estatuto Tributario se regula de manera especial el régimen probatorio de las actuaciones tributarias, bajo la premisa de que las decisiones de la Administración deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el expediente, por los medios de pruebas señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos(1).

Significa lo anterior que, en materia tributaria, la actividad de decreto —de oficio o a petición de parte— y valoración de las pruebas se debe manifestar en los actos administrativos que se expidan dentro de la actuación administrativa, debiéndose plasmar las razones en que se sustenta la decisión.

En todo caso, no toda irregularidad en el decreto y valoración de la prueba trae consigo la nulidad de los actos demandados, siempre que no se trate de una prueba esencial para desvirtuar las glosas planteadas en los actos administrativos, y en tanto la decisión administrativa se encuentre soportada en pruebas idóneas que el contribuyente hubiere tenido la oportunidad de controvertir.

Todo, porque en virtud del principio de eficacia, hay irregularidades que pueden sanearse por la propia administración, o entenderse saneadas, sino fueron alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

2.4. En relación con la supuesta omisión en el decreto de pruebas, la Sala encuentra que en la respuesta al requerimiento especial el contribuyente solicitó las siguientes:

“1. Se practique diligencia de inspección a las instalaciones de la Siderurgica Nacional Sidenal S.A., a fin de revisar los tiquetes de báscula que determinan el ingreso físico de la chatarra vendida, y obtenga copia de cada uno de esos tiquetes, para que de ellos se extraiga la información del conductor y placa del vehículo que entregó las mercancías, con lo cual buscó probar la realidad física de nuestra negociación.

2. Se reciba declaración de la totalidad de los camioneros que entregaron y recibieron la chatarra vendida durante el primer bimestre del año 2008, tanto en Sidenal como en hornasa con lo que demostrará que no hay simulación alguna en la operación comercial que pretende la DIAN desconocer”(2).

2.4.1. En la liquidación oficial de revisión, la DIAN negó el decreto de los testimonios de los camioneros de la empresa Sidenal porque no eran conducentes ni pertinentes en tanto se refieren a las compras de chatarra realizada por esa empresa, y no a las practicadas por el señor Pérez Sánchez, hecho que es el discutido por la actuación administrativa.

Además, advirtió que las compras de chatarra que realizó Sidenal en el año 2008, fueron desconocidas por la autoridad tributaria(3).

Aunque en el citado acto, la administración no se pronunció de forma expresa sobre la solicitud de diligencia de inspección a la empresa Sidenal, se entiende que no accedió a su decreto por tratarse de la misma empresa relacionada con la prueba testimonial denegada y cuyas compras fueron cuestionadas por la DIAN.

En todo caso, en el recurso de reconsideración, el contribuyente no discutió la falta de decreto de la diligencia de inspección de la sociedad Sidenal, ni solicitó nuevamente su decreto. Solo se limitó a reiterar la solicitud de testimonios y a pedir una nueva prueba relacionada con el traslado de los soportes de las transacciones de chatarra que obran en el expediente de renta de la empresa Sidenal(4).

Por lo que se entiende que desistió de la prueba de inspección a las instalaciones de Sidenal.

Posteriormente, la DIAN en la resolución que estudió el recurso de reconsideración, reiteró el rechazo de los testimonios, y negó el traslado de los soportes recaudados en el expediente de renta de Sidenal, porque esos documentos no prueban la realidad de las operaciones declaradas que fueron desconocidas al contribuyente(5).

En consecuencia, para la Sala no se presenta una vulneración del debido proceso porque de la lectura de los actos demandados se pueden establecer los motivos por los cuales no se decretó la diligencia de inspección de Sidenal, los testimonios de los camioneros, y el traslado de soportes que obran en el expediente de la citada empresa.

Súmese a ello, que el contribuyente no insistió en la solicitud de esas pruebas en la sede judicial(6), a pesar de considerar que las mismas son determinantes para el esclarecimiento de los hechos.

2.4.2. Empero, es del caso señalar que las pruebas solicitadas por la actora son inconducentes para demostrar los hechos discutidos.

En efecto, la diligencia de inspección a Sidenal, el traslado de los soportes del expediente administrativo seguido a esa empresa, y los testimonios de los camioneros que trasladaron la chatarra a los clientes del contribuyente, no demuestran la operación económica discutida, esto es, la compra de chatarra realizada por el señor Oscar Enrique Pérez Sánchez, sino la venta de ese bien que supuestamente realizó el contribuyente a esas empresas, hecho que no se discute en este proceso.

En el presente asunto solo interesa demostrar que en la vigencia discutida, realmente, el contribuyente compró chatarra y pagó por esa operación el impuesto descontable declarado.

Pero el principal motivo por el cual esas pruebas no son conducentes para desvirtuar el desconocimiento de los ingresos e impuestos descontables determinado por la DIAN por el tercer bimestre del año 2008, es que la prueba idónea para soportar esos conceptos es la factura de venta o documento equivalente.

Recuérdese que el artículo 743 ibídem establece que la idoneidad de los medios de prueba depende de que el ordenamiento jurídico no establezca la necesidad de que determinados hechos se prueben de cierta manera. Lo que sucede en materia de impuestos descontables ya el artículo 771-2 del Estatuto Tributario prescribe que deben demostrarse con facturas o documentos equivalentes que reúnan los requisitos de ley.

Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción, y desvirtúe la realidad de tales documentos —facturas y documentos equivalentes— con los medios probatorios admitidos por la ley(7).

2.5. En tal sentido, las pruebas solicitadas por el contribuyente eran inconducentes y, por ende, la DIAN podía negarse a decretarlas.

3. Procedencia de las operaciones de chatarra y de los impuestos descontables derivados de las mismas.

3.1. Para el apelante, las compras de chatarra y los impuestos descontables que se derivan de las mismas, se encuentran soportados en facturas de venta que cumplen los requisitos de ley, y en el informe de movimiento de esa mercancía.

Consideró que en la investigación de los proveedores realizada por la DIAN existen inconsistencias. Por ejemplo, la relativa al señor Raúl Eduardo Alarcón Ardila, a pesar de que el investigador señaló que la dirección es incorrecta, pudo hablar con el padre del proveedor. Por otro lado, la Administración desconoció a proveedor Andrés Ricardo Rodríguez Rodríguez porque en la dirección funcionaba una estación de gasolina desde el 2009, cuando los hechos discutidos son del 2008.

Frente a Carmen Arévalo Vargas, la señora reconoce que en su garaje vendía chatarra, pero la DIAN desconoció esa realidad. En el caso de Héctor León Cárdenas, “el padre del mismo reconoció que su tía tiene negocios de chatarra”. Y, la DIAN prefirió creerle al tercero Teresa Ramírez Arango que realizar una verificación de las operaciones.

Alegó que resulta contradictorio que por un lado, la administración con fundamento en testimonios le quite validez probatoria a las facturas, y por el otro, niegue la solicitud de la prueba testimonial del contribuyente por considerarla inconducente.

Y, consideró que la DIAN debió seguir el procedimiento para declarar proveedores ficticios, previsto en los artículos 82, 88 y 671 del Estatuto Tributario.

3.2. Verificados los antecedentes administrativos, se encuentra que el motivo por el cual la administración rechazó los impuestos descontables fue la existencia de pruebas que desvirtuaban las facturas por concepto de la compra de chatarra que supuestamente realizó el contribuyente a los siguientes proveedores:

Nombre proveedor Valor de la compra de chatarra —declarado—. IVA por la compra de chatarra —llevado como Impuesto descontable—.
Carmen Julia Arévalo Vargas 165.840.000 26.534.400
Rolando Yesid Rodríguez Cuervo 156.510.000 25.041.600
Nelly Monsalve Trujillo 162.450.000 25.992.000
Andrés Ricardo Rodríguez Rodríguez 207.840.000 33.254.400
Nelly Monsalve Trujillo 38.880.000 6.220.800
Nelly Monsalve Trujillo 48.960.000 7.833.600
Rolando Yesid Rodríguez Cuervo 32.640.000 5.222.400
Andrés Ricardo Rodríguez Rodríguez 54.450.000 8.712.000
Rolando Yesid Rodríguez Cuervo 32.640.000 5.222.400
Héctor Fernando León Cárdenas 32.640.000 5.222.400
Carmen Julia Arévalo Vargas 38.880.000 6.220.800
Héctor Fernando León Cárdenas 48.960.000 7.833.600
Héctor Fernando León Cárdenas 26.000.000 4.160.000
Total 1.046.690.000 167.470.400(8)

Para ello, se basó en las siguientes pruebas trasladadas(9) que desvirtuaban la contabilidad del actor, conformada por los siguientes documentos:

a) Acta de visita del 11 de abril de 2011, en la cual el contribuyente realizó las siguientes declaraciones(10):

“Se observa que el domicilio del contribuyente corresponde a la oficina del contador, por lo que se le pregunta la dirección donde desarrolló su actividad, a lo cual manifestó el señor Oscar Pérez que no tiene lugar fijo para desarrollar la actividad de compra y venta de chatarra, toda la actividad se hace a través de comunicación telefónica.

[…]

Se le pregunta cómo es la operación de la chatarra, a lo que responde el señor Pérez el proveedor los llama y les ofrece la chatarra y se encarga de enviarla y las empresas Sidenal y Hornasa a quienes les vendía se encargaban de pagar el flete, la sociedad Sidenal le cancelaba en cheque cada seis días y el señor Pérez se encargaba de reclamar el cheque y lo cobraba en efectivo […].

Que soporte guarda del pago a los proveedores, a lo cual manifiesta que no guarda ningún soporte de estos pagos ni hacen documento alguno.

[…]

Se le pregunta que utilidad obtuvo durante el 2008 con la venta de chatarra, a lo cual expresó el señor Pérez que durante el año 2008 obtuvo utilidad por $ 5.000.000”.

b) Cruce de información del 13 de abril de 2011, que da constancia que los proveedores del contribuyente no presentaron declaraciones de IVA(11).

c) En la investigación tributaria del señor Héctor Fernando León Cárdenas, se practicó visita en la dirección informada en el RUT. Dado que este no se encontraba, se procedió a tomar declaración juramentada a su padre, en la cual manifestó(12):

“Preguntado: A qué actividad se dedica el señor Héctor Fernando León Cárdenas? Contestado: Es auxiliar de topografía y en el año 2009 también se dedicaba a la misma actividad en forma empírica porque no tiene título de profesional en tipografía.

[…]

Preguntado: Sabe usted si el señor Héctor Fernando León Cárdenas se ha dedicado al negocio de la venta de chatarra? Contestado: No tengo conocimiento que el haya negociado con chatarra, pero tengo entendido que una tía materna tiene una chatarrería no conozco la dirección o ubicación.

[…]

Preguntado: Tiene usted conocimiento si al señor Héctor Fernando León Cárdenas ha tenido negocios en la ciudad de Ibagué? Contestado: Con toda seguridad no ha hecho negocios o tenido establecimiento de comercio en Ibagué”.

La DIAN remitió varias citaciones al señor Héctor Fernando León Cárdenas pero este no compareció(13).

d) En el acta de cruce con terceros relativa al señor Andrés Ricardo Rodríguez Rodríguez, los funcionarios de la DIAN informaron que “la dirección no existe(14). Al mismo proveedor se trató de ubicar en otra dirección pero en esta funciona desde el año 2009 una estación de servicio Terpel – Carrefour”(15).

e) En el acta de visita practicada a la señora Carmen Julia Arévalo Vargas, se dejó constancia de lo siguiente(16):

“[L]a señora Carmen Julia Arévalo manifiesta que no posee ningún documento soporte porque ella no realizó ventas de chatarra, lo único fue que ella le tenía arrendado el garaje a un señor que sí realizaba alguna actividad similar”

f) En el acta de visita practicada a la señora Nelly Monsalve Trujillo se verificó que la dirección informada corresponde a una tienda —venta de víveres y abarrotes—, que pertenece al señor Julio Arcesio Gallo Botero que afirmó llevar más de 25 años en esa dirección y no conocer a la citada señora(17).

g) En el acta de visita practicada al señor Rolando Yesid Cuervo Rodríguez se verificó que la dirección informada no existe(18).

h) La DIAN verificó que en algunas de las facturas de compra no consta la liquidación de IVA, a pesar de que los proveedores son personas inscritas en el régimen común(19).

3.3. Por su parte, el contribuyente, además de las facturas de venta, aportó el documento del 19 de octubre de 2011, denominado liquidación de materias primas por proveedor expedido por la empresa Hornasa S.A., en el que se relaciona la placa, el conductor, la ciudad, el pesaje y el valor, pero no se específica el proveedor de esa mercancía(20).

También presentó una declaración extrajudicial juramentada del señor Javier Acosta Joya en la que se hace la siguiente manifestación(21):

“Manifiesto bajo juramento que me he dedicado durante los últimos seis años a transportar diferentes mercancías a nivel nacional como son chatarra, hierro, carbón […]. Igualmente manifiesto que en desarrollo de mi actividad como transportador no sé cómo harían las negociaciones de chatarra en Sogamoso, porque solo me dedico a transportarlas, esa actividad la desarrollé contactando a una señora Nayibe Castro, la cual es una persona muy reconocida en la comercialización de chatarra a nivel nacional, a ella la contactaba vía celular no más y el Nº al que yo llamaba es el Nº 317 5955925, ella me indicaba a donde debía cargar el viaje de chatarra transportándolo hacia Sidenal Sogamoso o Tuta – Boyacá, allí me cancelaban mi flete”.

3.4. Para la Sala, el acervo probatorio recaudado por la DIAN no solo se trata de testimonios sino también de pruebas directas de carácter documental, que desvirtúan la realidad de las supuestas operaciones de compra de chatarra de las cuales se derivan los impuestos descontables solicitados por el contribuyente, por las razones que pasan a explicarse.

3.4.1. Las visitas y cruces de información practicados por los funcionarios de la DIAN demuestran que las operaciones de compra de chatarra fueron simuladas por el contribuyente.

En esas diligencias se trató de ubicar a los supuestos proveedores en las direcciones reportadas en el RUT. Sin embargo, se constató que no se encontraban ubicados en esas direcciones, o no eran conocidos por los residentes de los inmuebles, o no existía la dirección.

El único supuesto vendedor —Carmen Julia Arévalo Vargas— que sí pudo ser ubicado manifestó que no realizó ventas de chatarra y, por ende, no expidió soportes por ese concepto.

Lo mismo se verificó en relación con el señor Héctor Fernando León Cárdenas, que a pesar de que no pudo ser ubicado, su padre afirmó que aquel no realizó negocios de chatarra, ni ha tenido establecimiento de comercio en Ibagué.

Adicionalmente, en el expediente se demostró que los proveedores de chatarra no presentaron declaración del impuesto sobre las ventas por el año 2008 y, que algunas de las facturas no liquidaron el IVA.

3.4.2. Esas pruebas fueron recaudadas debidamente en el proceso, no han sido tachadas de falsas, y no presentan las inconsistencias alegadas por el demandante.

Una de esas irregularidades hace referencia a los testimonios de los señores Raúl Eduardo Alarcón Ardila y Teresa de Jesús Ramírez Arango(22), que no corresponden a ninguno de los supuestos proveedores del contribuyente en la vigencia discutida. Además, esas declaraciones no obran en el expediente ni sirvieron de sustento de los actos demandados.

No es una inconsistencia que en la dirección informada por el señor Andrés Ricardo Rodríguez Rodríguez, se constatara que funcionaba una estación de gasolina desde el año 2009, y no en el 2008, porque lo cierto es que el supuesto proveedor no pudo ser ubicado para que rindiera declaración sobre los hechos discutidos.

En todo caso, en los antecedentes consta que los funcionarios de la DIAN trataron de ubicar al citado señor en la otra dirección informada en el RUT pero la misma no existe(23).

En cuanto a la señora Carmen Julia Arévalo Vargas, el hecho de que hubiere señalado que tuvo el garaje arrendado a una persona que desarrollaba una actividad similar a la venta de chatarra, no indica que ella la hubiere realizado. Máxime cuando en el testimonio dijo de forma categórica que no efectuó ventas de chatarra.

En relación a la declaración juramentada del padre del proveedor Héctor Fernando León Cárdenas, el familiar fue claro en manifestar que tuvo conocimiento que una “tía” vendía chatarra, y no el supuesto proveedor.

Además, los documentos allegados por el contribuyente, relativos a la liquidación de materias primas expedido por Hornasa S.A. y la declaración juramentada de un transportador de chatarra, no controvierten las pruebas recaudadas por la DIAN, porque de esos documentos no es posible verificar las operaciones de compra de chatarra que supuestamente realizó el contribuyente en el bimestre 3 del año 2008.

En el primer documento, no se puede constatar que las mercancías movilizadas se traten de las supuestas compras de chatarra del contribuyente realizadas en el bimestre 3 del año 2008 y, en el segundo, no se hace referencia a esas adquisiciones, sino de manera general a la comercialización de chatarra. En ninguna de esas pruebas se hace referencia al señor Oscar Enrique Pérez Sánchez.

3.4.3. Teniendo en cuenta que las pruebas recaudadas por la DIAN no fueron desvirtuadas por la parte actora, a juicio de la Sala, demuestran la inexistencia o simulación de las operaciones de compra supuestamente realizadas entre el accionante —Oscar Enrique Pérez Sánchez— y los proveedores anteriormente relacionados.

Lo anterior, se repite, por cuanto las direcciones reportadas por los supuestos proveedores no existían, o estos no residían en las mismas, ello sumado al hecho de que el proveedor que sí pudo ser ubicado declaró que no había realizado operaciones de venta de chatarra.

Al igual que se estableció el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los proveedores, como la de presentar declaración de IVA en el año 2008, vigencia gravable en la que supuestamente se realizaron dichas operaciones de compra de chatarra por parte del contribuyente con estos proveedores.

Súmese a lo expuesto, que además, de las facturas de compra de chatarra no existe otro soporte contable de los costos e impuestos descontables, como lo reconoció el contribuyente en el acta de visita, que demuestren la realidad de la operación económica.

De hecho, algunas facturas no cumplen con los requisitos de ley, como lo verificó la Administración tributaria, situación que no fue desvirtuada por el contribuyente.

3.4.4. En este caso, se precisa que no era necesaria la declaratoria de proveedor ficticio porque como lo ha señalado la Sala(24), esta no constituye un requisito previo para el rechazo de los impuestos descontables por concepto de compras, porque la normas que consagran la admisibilidad e inadmisibilidad de tal factor no condiciona el eventual rechazo a dicha declaración.

3.4.5. Así las cosas, al analizar en conjunto todas las pruebas, la Sala considera que dicho acervo probatorio le resta credibilidad a las facturas, en tanto desvirtúa la operación de compra de chatarra que esos documentos registran.

Es cierto que las facturas son la prueba idónea en materia de costos e impuestos descontables. Pero de conformidad con el artículo 742 del Estatuto Tributario estos documentos pueden ser desvirtuados por otros medios probatorios, directos o indirectos, que no estén prohibidos en la ley, como se presentó en este caso con las pruebas documentales y las visitas de verificación practicadas por la administración.

3.4.6. Adicionalmente, se precisa que no se presenta la contradicción alegada por el contribuyente en materia de la prueba testimonial, pues, no es cierto que la Administración hubiere desvirtuado las facturas únicamente con declaraciones de terceros sino también con fundamento en pruebas directas documentales, tales como los cruces de información y las actas de visita.

A ello súmese, que a diferencia de los testimonios solicitados por el contribuyente, las declaraciones de los terceros recaudada por la DIAN sí recaen sobre los hechos materia de discusión en este proceso —compra de chatarra del señor Pérez Sánchez— y las mismas no fueron desvirtuadas por el contribuyente.

3.5. En consecuencia, no procede el cargo para el apelante.

4. Sanción por inexactitud

4.1. El artículo 647 del Estatuto Tributario dispone que habrá lugar a la sanción por inexactitud cuando exista omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general, la utilización en las declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

Sin embargo, el contribuyente se puede exonerar de la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o diferencias de criterios entre la autoridad tributaria y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, y siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

4.2. En la declaración presentada, el actor incurrió en una de las conductas tipificadas como inexactitud sancionable, como es la inclusión de impuestos descontables inexistentes, lo que condujo a la determinación de un menor impuesto sobre las ventas, como se confirmó en el análisis antes efectuado.

Adicionalmente, la Sala encuentra que en este caso no presenta una diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pretensiones del demandante se despacharon desfavorablemente por falta de soporte, y en tanto la administración demostró con pruebas directas que las cifras declaradas por el contribuyente no eran reales.

Por tanto, procede la imposición de la sanción por inexactitud.

4.3. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(25), que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario(26), con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que esta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% —establecido en la legislación anterior— al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

4.4. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

5. En relación con la condena en costas impuesta por el Tribunal, la Sala advierte que de conformidad con el artículo 365 del CGP aplicable por disposición del artículo 188 del CPACA —num. 8º—, estas solo proceden cuando se encuentren probadas en el expediente.

Significa lo anterior, que para la imposición de esta condena no basta que la parte sea vencida en el proceso, sino que se requiere que la causación de las costas sea probada en el juicio.

5.1. En el presente caso, la Sala advierte que no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones en que incurrió la parte demandada por ese concepto. Por tanto, no hay lugar a condenar en costas a la demandante.

6. Por lo anteriormente expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada, en el sentido declarar la nulidad parcial de los actos demandados pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, y levantar la condena en costas, conforme a lo expuesto en esta providencia.

En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto sobre las ventas del bimestres 3 del año 2008, en el sentido de recalcular la sanción por inexactitud en la suma de $ 167.470.000 y establecer el saldo a pagar en la suma de $ 337.383.000.

ConceptoPrivadaLiquidación oficialConsejo de Estado
Total impuesto a cargo / impuesto generado por operaciones gravadas 185.186.000 185.186.000 185.186.000
Impuesto descontable por operaciones gravadas 167.470.000 0 0(27)
Saldo a pagar del período fiscal 17.716.000 185.186.000 185.186.000
Retenciones por IVA que le practicaron 15.273.000 15.273.000 15.273.000
Saldo a pagar por impuesto 2.443.000 169.913.000 169.913.000
Sanciones 0 267.952.000 167.470.000
Total saldo a pagar 2.443.000 437.865.000 337.383.000

Liquidación sanción por inexactitud

 DIANCE
Saldo a pagar por impuesto 169.913.000 169.913.000
Menos: Saldo a pagar declarado 2.443.000 2.443.000
Diferencia $ 167.470.000 $ 167.470.000
Base sanción $ 167.470.000 $ 167.470.000
Valor sanción 160% 100%
Sanción 267.952.000 167.470.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla

1. REVÓCASE la sentencia apelada, la cual quedará así:

“1. Declaráse la nulidad parcial de la Liquidación Oficial impuesto sobre las ventas -Revisión Nº 262412012000013 del 20 de abril de 2012 y la Resolución 900.236 del 15 de mayo de 2013, por medio de las cuales la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso modificó la declaración del impuesto sobre las ventas del período 3 del año 2008 presentada por el señor Oscar Enrique Pérez Sánchez, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena que la sanción por inexactitud y el saldo a pagar a cargo del señor Oscar Enrique Pérez Sánchez corresponde a los liquidados en la parte motiva de esta providencia.

2. No se condena en costas a la parte demandante”.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada a la doctora Maritza Alexandra Díaz Granados, de conformidad con el poder que obra en el folio 314 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

1 Artículo 742 del Estatuto Tributario.

2 Fl 199 c.a. Respuesta al requerimiento especial.

3 Fl 237 c.a.

4 Fl 252-558 c.a.

5 Fl 278 y vuelto c.a.

6 Fls 105-106 c.p. acápite de pruebas de la demanda.

7 La Sala ha precisado que si en ejercicio de la facultad fiscalizadora, la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los costos e IVA descontable pueden ser rechazados.
Para ello, cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias.
Sentencia del 19 de mayo de 2016, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente Nº 21185.

8 Este cuadro se trascribe de los actos demandados (Fl 182 y 231 c.a.) y fue realizado con fundamento en las facturas allegadas por el contribuyente como prueba del impuesto descontable discutido.

9 Mediante auto de traslado de pruebas del 26 de julio de 2011, se trasladaron las recaudadas en la investigación por el impuesto de renta 2008 seguida al contribuyente. Fls 11-12 c.a.

10 Fls 14-17 c.a.

11 Fls 34-35 c.a.

12 Fls 58-63 c.a.

13 Fls 90-91 c.a.

14 Fls 96-97 c.a.

15 Fls 98-99 c.a. Según la manifestación del administrador de la estación de servicio.

16 Fls 110-111 c.a.

17 Fls 120-21 c.a.

18 Fls 130-132 c.a.

19 Fl 231 c.a.

20 Fls 207-221 c.a.

21 Fls 260-261 c.a.

22 En la demanda, el actor discute las pruebas recaudadas por la DIAN respecto de estos proveedores. Fl 22-23 c.p.

23 Fls 96-97 c.a.

24 Sentencia del 7 de mayo de 2015, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente Nº 20680.

25 Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones.

26 ART. 647.—Sanción por inexactitud […]
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

27 Se mantiene el rechazo de impuestos descontables por valor de $ 167.470.000.