Sentencia 2013-00690/4010-2014 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 080012333000201300690-01

Nº Interno: 4010-2014

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Alfredo Enrique Ariza Zapata

Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Contraloría Distrital de Barranquilla

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., 6 de julio de 2017

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(10), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta sentencia se resumen en la siguiente pregunta:

1. ¿Prescribió el derecho al pago de la sanción moratoria regulada en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 a favor del demandante por la mora en la cancelación de sus cesantías definitivas?

En caso negativo, se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:

2. ¿El señor Alfredo Enrique Ariza Zapata tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria que prevé la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006?
3. ¿El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla es la entidad que debe pagar la condena impuesta en primera instancia?

Primer problema jurídico.

¿Prescribió el derecho al pago de la sanción moratoria regulada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 a favor del demandante por la mora en la cancelación de sus cesantías definitivas?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor del señor Ariza Zapata por la falta de pago de las cesantías definitivas prescribió como se explica a continuación.

Sanción moratoria sujeta al término de prescripción.

Sobre la prescripción de carácter laboral, la Sección Segunda en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016 con ponencia del Consejero: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero(11), determinó lo siguiente:

«[…] los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios(12) a la prestación “cesantías”.

Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador, están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe efectuar la consignación de esa prestación.

Como hacen parte del derecho sancionador(13) y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles […]».

Así mismo, se indicó que la norma aplicable en materia de prescripción frente a la sanción moratoria es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, el cual señala:

«ART. 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple Reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual […]».

Si bien la sentencia de unificación jurisprudencial a la que se hace referencia se pronunció frente a la sanción moratoria en el caso de la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas al fondo, en criterio de la Subsección, dicha tesis resulta también aplicable frente la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.

Ahora bien, el régimen de cesantías anualizado, tiene como característica que el 31 de diciembre de cada año se realiza la liquidación definitiva de la cesantía, por la anualidad o fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del vínculo laboral y, el valor obtenido de la liquidación debe consignarse a más tardar el 14 de febrero del año siguiente en la cuenta de cesantía que el empleado tenga en el fondo de cesantía de su elección.

Lo anterior significa que las cesantías son liquidadas anualmente y consignadas al fondo de elección del trabajador antes del 15 de febrero del año siguiente al que se causan y; aquellas originadas por el año o fracción en el cual se termina la relación laboral son pagadas directamente al trabajador al momento de realizar la liquidación definitiva de las prestaciones sociales a él adeudadas.

Ahora bien, la Ley 50 de 1990 reguló la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías causadas anualmente en el fondo elegido por el empleado, mientras que la Ley 244 de 1995 trajo consigo la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, es decir, aquellas causadas por el año o fracción laborado al momento del retiro o finalización del vínculo laboral.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que en el caso de las sanciones contempladas por las leyes 50 de 1990 y 244 de 1995, se trata del mismo régimen de cesantías (anualizado) pese a que se regulen dos situaciones diferentes derivadas del mismo, la no consignación de la cesantías causadas año a año y el pago del auxilio de cesantía generado al momento de la terminación de la relación laboral.

En ese sentido, debe tenerse que el término de prescripción para ambas es el mismo, que como se señaló, no es otro que el regulado en el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo según el cual las acciones laborales prescriben en tres años contados a partir del momento en que la obligación se hizo exigible.

Así las cosas, la sanción moratoria derivada del no pago oportuno de las cesantías definitivas deberá solicitarse a la administración dentro de los tres años siguientes contados a partir del día siguiente en que la obligación se hace exigible, es decir, al momento en que se causó la mora. Ello, so pena de verse afectada por el fenómeno de la prescripción.

Lo anterior encuentra fundamento igualmente en la sentencia de unificación jurisprudencial a la cual se ha hecho referencia, en la cual se analizó la forma y tiempo para reclamarse la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías. Para el efecto, se precisó lo siguiente:

«[…] Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación, implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el incumplimiento.

Por ende, es a partir de que se causa la obligación —sanción moratoria— cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial.

[…]

Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la liquidación anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignación anualizada o la omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de que este ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de reclamarla oportunamente, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la prescripción.

Corolario de lo expuesto, la Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente […]».

Si bien como se señaló, la providencia citada hace referencia a la prescripción de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas, la Subsección considera que la misma tesis es aplicable para el caso del no pago o pago tardío de las cesantías definitivas. Ello por cuanto la sanción moratoria surge desde el día que venció el término que tenía la administración para cancelarlas, es decir, el derecho a dicha indemnización no está supeditada al pago efectivo de las cesantías definitivas; por lo tanto se debe reclamar desde la fecha en que se hizo exigible la obligación.

En dicho sentido se pronunció la Subsección B de esta Sección en providencia del 19 de enero de 2017 con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, en la cual sostuvo que la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 empieza a causarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de los 45 días que prevé el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para el pago del auxilio de cesantía definitiva.(14) En dicha providencia se indicó:

«[…] Por su parte, la obligación prevista en la Ley 244 de 1995 empieza a causarse, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de los 45 días que prevé el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para el pago del auxilio de cesantías definitivas y su causación se prolonga hasta que se haga efectivo el pago parcial o definitivo, según el caso, de las cesantías […]».

En consecuencia, cualquiera de las dos causales citadas que origina la sanción moratoria, empieza a correr a partir del momento en que se incurrió en la mora y, su reclamación deberá efectuarse a partir de ese momento y hasta dentro de los tres años siguientes por cuanto el derecho a la sanción moratoria no depende del pago o consignación de las cesantías en fechas extemporáneas.

Para el caso concreto, se advierte de la fijación del litigio que el señor Alfredo Enrique Ariza Zapata estuvo vinculado a la Contraloría Distrital de Barranquilla hasta el 14 de mayo de 2002 y que le fueron reconocidas las cesantías definitivas mediante Resolución 0729 del 21 de junio de 2002(15), la cual fue notificada en la misma fecha.(16)

De acuerdo con lo anterior, la demandada tenía hasta el 4 de septiembre de 2002 para pagar las cesantías reconocidas, por lo que a partir del 5 de septiembre de esa anualidad se incurrió en mora en el pago de las cesantías definitivas a favor del señor Ariza Zapata.

Ahora bien, se reitera que la sanción moratoria no es accesoria del pago de las cesantías, es decir que, al ser una sanción autónoma, la misma se configura desde el preciso momento en que se causó la mora. Razón por la cual no comparte esta Subsección el argumento de la parte demandante consistente en que el término de prescripción inició a partir del pago efectivo de las cesantías definitivas, es decir, desde el 5 de agosto de 2009.

Corolario, los tres años del término de prescripción iniciaron a partir del 5 de septiembre de 2002, razón por la cual el demandante tenía hasta el 5 de septiembre de 2005 para efectuar la reclamación administrativa ante la entidad demandada con el fin de que le fuera pagada la sanción moratoria contenida en la Ley 244 de 1995.

Aunado a lo anterior, en providencia del 17 de septiembre de 2015 con ponencia del Consejero: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación se indicó que la sanción moratoria por el no pago oportuno del auxilio de cesantía prescribe por la no reclamación oportuna del derecho por parte de quien se encuentre en la obligación de ejercerlo, en tanto que: «[…] si deja transcurrir el tiempo sin adelantar las gestiones necesarias para obtener el cumplimiento de la prestación debida, la sanción sobreviniente, por la desidia o abandono de su derecho, es la extinción del mismo […]»(17).

De otra parte, sobre el argumento de la parte demandante, referente a que no operó el fenómeno de la prescripción toda vez que presentó demanda ejecutiva laboral con el fin de que le fuera reconocida la sanción moratoria y, con ella interrumpió el término de prescripción, se considera lo siguiente:

El Código de Procedimiento Laboral en su artículo 151 regula que las acciones emanadas de derechos sociales prescriben en el término de 3 años, contados a partir de que la obligación se hizo exigible. Dicho artículo reguló además que el simple reclamo escrito del trabajador sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero sólo por un lapso igual(18).

Por su parte, el Código Civil en su artículo 2539 consagra la interrupción natural y civil de la prescripción extintiva y frente a esta última señala que se interrumpe por la «demanda judicial»(19).

De acuerdo con las normas anteriores, por regla general el término de prescripción extintiva se interrumpe en los siguientes eventos:

i) En asuntos laborales, por la reclamación escrita del trabajador sobre un derecho o prestación debidamente determinado; lo anterior siempre y cuando la reclamación se haya presentado dentro de los tres años siguientes a la fecha en que la obligación se haya hecho exigible.
ii) Naturalmente, cuando el deudor reconoce la obligación expresa o tácitamente;
iii) Civilmente, cuando se presenta la demanda judicial.

Tal como se indicó, la forma de interrumpir la prescripción de los asuntos laborales es a través de la reclamación ante el empleador para el reconocimiento o pago de una obligación, dentro de los tres años siguientes a que esta se hizo exigible. En ese sentido, se reitera, el demandante tuvo 3 años para reclamar su derecho a la sanción moratoria contados desde el 5 de septiembre de 2002 hasta el 5 de septiembre de 2005 y no lo hizo, por cuanto la reclamación sólo se efectuó el 16 de julio de 2013.(20)

Ahora bien, en el proceso no existe prueba alguna de que la administración, en este caso, la Contraloría Distrital de Barranquilla hubiese reconocido por su cuenta, la obligación expresa o tácitamente; ello por cuanto no obra documento alguno en el cual la parte demandada reconociera a favor del señor Gutiérrez Cárdenas el derecho a la sanción moratoria o que sin reconocerlo expresamente, ordenara su pago. Luego no se interrumpió naturalmente la prescripción.

Ahora bien, la presentación de la demanda sí interrumpe el fenómeno prescriptivo; no obstante, para que dicha interrupción opere, deben cumplirse determinados requisitos exigidos por la ley, los cuales están contenidos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil para los casos ocurridos mientras este estuvo vigente y, en el artículo 94 del Código General del Proceso, actualmente.

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 90 (modificado por la Ley 794 de 2003) regulaba la interrupción de la prescripción de la siguiente forma:

“ART. 90. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.

La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos. […]».

Del artículo transcrito se desprende que la presentación de la demanda interrumpía el término de prescripción, siempre que el auto admisorio o el que librara mandamiento de pago se notificara al demandado dentro del término de 1 año contado a partir del día siguiente a la notificación del demandante de dichas providencias (ya sea por la notificación por estado o personalmente, en caso de que el interesado se notificara antes de que ocurriera la primera).

En caso de no cumplirse lo anterior (que la notificación al demandado no se realizara dentro del año siguiente a la notificación del demandante del auto admisorio o del que librara mandamiento de pago), el término de prescripción sólo se interrumpía con la notificación al demandado.

No obstante, en el sub lite no puede afirmarse que la demanda ejecutiva laboral presentada por el demandante interrumpió el término de prescripción, por cuanto el demandante indicó en los hechos de la demanda que el ejecutivo laboral fue radicado ante la Jurisdicción Ordinaria el 11 de agosto de 2011(21), es decir, cuando ya había prescrito su derecho a la sanción moratoria, término que feneció, se reitera, el 5 de septiembre de 2005.

Aunado a lo anterior y, teniendo en cuenta el argumento expuesto por el apelante según el cual había presentado demanda ejecutiva laboral el 22 de junio de 2007, cabe aclarar que dicho hecho no fue expuesto en la demanda; razón por la cual es un argumento nuevo que no puede ser tenido en cuenta para decidir de fondo el asunto que nos atañe.

En gracia de discusión, dicha situación tampoco interrumpió el término de prescripción por cuanto la demanda fue presentada cuando el derecho ya había prescrito y; en caso de considerar que aún no había prescrito, la situación aludida tampoco interrumpió el fenómeno por cuanto el apelante es claro en afirmar que el 10 de julio de 2007 se libró mandamiento de pago: «[…] pero negando la solicitud de pago de la sanción moratoria consagrada en la ley 244 de 1995 requerida por la parte demandante.[…]» (ver f. 220).

Finalmente, el demandante solicitó en sus alegatos de segunda instancia que no se le puede aplicar el fenómeno de prescripción, toda vez que el término fue suspendido por el ordinal 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1990, pues el Distrito de Barranquilla se encuentra en proceso de reestructuración desde el año 2002, si bien este argumento tampoco podría ser analizado en esta instancia porque no hizo parte de las razones de derecho de la demanda, es de conocimiento público dicha situación respecto al Distrito de Barranquilla. Por lo tanto, se considera lo siguiente:

El artículo 58, numeral 13 de la Ley 550 de 1999 regula:

“ART. 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales:

[…]

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho».

En efecto, esta norma fue proferida para proteger las obligaciones laborales que se causen en un proceso de reestructuración, mediante un acuerdo que se suscriba entre el empresario deudor insolvente y sus acreedores, en donde se pueda sustituir el interés particular de obtener el pago de las obligaciones insolutas, por el interés general, de contenido social, a fin de que la empresa o entidad deudora continúe con sus actividades, ya saneada económicamente, y pueda prestar un servicio del cual se beneficie también la sociedad(22).

No obstante lo anterior, el artículo en cita es claro en señalar que suspende los términos de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, esto es, respecto de los créditos reconocidos, por lo que correspondía al demandante demostrar la suscripción de algún acuerdo con el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para el pago de la acreencia aquí solicitada en virtud del proceso de reestructuración, lo cual no se acreditó. Por ende, no se generó la suspensión de la prescripción como lo invoca el señor Ariza Zapata.

En conclusión:

Se demostró que operó la prescripción extintiva del derecho, porque el demandante tenía tres años para reclamar la sanción moratoria contados a partir del día siguiente que esta se hizo exigible. Término que venció el 5 de septiembre de 2005 y, la parte demandante no demostró haber interrumpido el mismo por cuanto la reclamación ante la administración sólo se agotó el 16 de julio de 2013.

Con base en lo anterior resulta innecesario pronunciarse respecto de los demás problemas jurídicos sugeridos en la instancia.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda pero por las razones expuestas en esta providencia.

De la condena en costas

De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(23) en el presente caso no se condenará en costas al demandante en segunda instancia, toda vez que, pese a resultar vencido en el proceso de la referencia, las entidades demandadas no intervinieron en el trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida el 10 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Alfredo Enrique Ariza Zapata contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro, por las consideraciones aquí expuestas.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen y efectuar las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

1 Folios 27 a 35 del cuaderno 1.

2 Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

3 Ramírez Ramírez Jorge Octavio, Consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.

4 Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

5 Folios 206 a 217 del cuaderno 1.

6 Folios 219 a 221.

7 Folios 303 a 306.

8 Ver constancia a folio 323.

9 Folios 315 a 322.

10 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), demandante: Yesenia Esther Hereira Castillo, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016.

12 Cita de cita. Tal indemnización no tiene el carácter de accesoria a las cesantías, como pasa a precisarse en esta providencia, a pesar de que en diversas providencias, se le haya dado tal connotación; ver, entre otras, el auto de 21 de enero de 2016, radicación: 27001-23-33-000-2013-00166-01(0593-14).

13 Cita de cita. En Sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora…”.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicación 08001233300020130016801 (2981-14). Demandante: Walter Arcesio Guevara Rodríguez contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Contraloría Distrital de Barranquilla.

15 Folios 14 a 15. Etapa de fijación del litigio no quedó debidamente grabada por lo que se debe circunscribir a lo anotado en el acta de la audiencia inicial.

16 Hecho aceptado por las partes en la fijación del litigio.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 27001233100020110015701 (2312-12). Sentencia del 17 de septiembre de 2015. Radicación 27001233100020110015701 (2312-12).

18 Por su parte, los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo regulan:
“ART. 488. Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.
“ART. 489. Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente".

19 “ART. 2539. Interrupción natural y civil de la prescripción extintiva. La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente.
Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.
Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2524”.

20 Ver folios 16 y 17.

21 Ver folios 4 (hecho 6) y 29.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), demandante: Yesenia Esther Hereira Castillo, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016.

23 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.