Sentencia 2013-00703 de octubre 4 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 500011102000201300703 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Lourdes Hernández Mindiola

Aprobado según Acta Nº 084 de la misma fecha

Bogotá, D. C., octubre cuatro de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 constitucional, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”, norma desarrollada por el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”, concordante con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Tal facultad legal se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

De la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(7).

Asunto a resolver. Atendiendo a los fines del recurso de apelación, en este caso sometido a examen de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, dado que el trámite se adelantó con audiencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados, se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas en la forma prevista, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, por lo que procede la Sala a pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la decisión adoptada el 27 de noviembre de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Meta, sancionó al doctor Enyer Torres González con SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, al haberlo hallado responsable de la transgresión del contenido de los artículos 30 numeral 6º y 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Descripción de la falta disciplinaria. El disciplinado fue encontrado responsable de la comisión de la falta a la debida diligencia profesional, descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, que establece lo siguiente:

“Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

(…)

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Así mismo, en la falta establecida en el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, que indica:

“(…). Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión: (…). 6. Patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía.

Sea lo primero advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el Código Ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir sentencia sancionatoria debe haber certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Frente a este tipo de falta, indica esta superioridad que al hacer un parangón entre la norma derogada –Decreto 196 de 1971 y la vigente– Ley 1123 de 2007, el legislador concentró en un sólo texto las faltas y las modalidades de comportamiento que estaban contenidas en los dos numerales del artículo 55 del Decreto 196 de 1971.

Es por ello que hoy, los verbos rectores de la falta descrita en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, esto es, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer, como en el caso bajo estudio; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más del tiempo necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado.

También incurre en falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace pero tomando más del tiempo requerido, aunque sin que ese transcurso del tiempo comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia no interpuso el recurso, no presentó excepciones, no aportó las expensas requeridas para remitir el expediente a la segunda instancia, etcétera.

En la misma ilicitud disciplinaria incurre el togado que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en la falta sub examine quien dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional. Las conductas que se examinan han sido consideradas por la doctrina y jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, por cuanto se proyectan hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia(8).

Lo anterior para significar que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si posteriormente si el abogado injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor la gestión encomendada, este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto en examen.

Caso en concreto. En el sub examine, se tiene acreditado que al doctor Enyer Torres González le fue otorgado poder el 11 de octubre de 2012, por el señor Rogelio Sarmiento Valencia, para que lo representara dentro del proceso de fijación de cuota alimentaria, seguido por la señora Sandra Liliana Vega Trujillo en el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio con el Radicado 2012-00423, el cual tenía por objeto principal la contestación de la demanda (fl. 3 c. o.).

Señaló en su apelación el disciplinable que no patrocinó el ejercicio ilegal de la profesión y que el señor Sánchez Vargas solamente lo recomendó como profesional del derecho y en ningún momento intervino en el proceso de fijación de cuota alimentaria.

De las pruebas obrantes en el proceso, especialmente de la declaración rendida por los señores Jhon Alexander Morales Urrea, quien fue compañero de oficina del doctor Enyer Torres y José Guillermo Vargas Sánchez, en desarrollo de la audiencia de pruebas y calificación realizada el día 14 de agosto de 2015(9), se puede establecer que el abogado investigado, prestó su firma para suscribir el poder para que el doctor José Guillermo Sánchez Vargas, asumiera la defensa del quejoso en el proceso de fijación de cuota alimentaria que se seguía en su contra, toda vez que en el año 2015, fungía como bibliotecólogo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y como empleado público estaba inhabilitado para ejercer libremente la profesión de abogado, por tal razón buscó al abogado Enyer Torres González para que representara al quejoso, sin embargo la defensa fue asumida por el doctor Sánchez Vargas, lo que sin duda compromete la responsabilidad del investigado, pues su conducta se encuentra en la falta descrita en el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, pues con su actuación patrocinó el ejercicio ilegal de la abogacía, debido a que prestó su firma para que un empleado público litigara, pese a la prohibición que existe al respecto.

Por otra parte, se tiene probado que el abogado investigado incurrió en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, pues luego de contestar la demanda desatendió el asunto encomendado a tal punto que ni siquiera comunicó a su cliente las citaciones para la audiencia de conciliación, siendo éste multado por su no comparecencia a la diligencia programada para el día 7 de mayo de 2013.

Al proceso se allegó el Marconigrama Nº 0329 del 11 de marzo de 2013, mediante el cual se citó al quejoso a la audiencia de que trata el artículo 145 del Código del Menor (fl. 8 c. o.); información que le fue comunicada a su abogado Enyer Torres González, y que no compartió con su cliente.

Es relevante indicar que para esta Sala, resulta diáfano atribuirle responsabilidad por la falta de diligencia profesional al togado en la media que desatendió a su cliente y no le comunicó la fecha en que se programó la audiencia de conciliación, lo que hace evidente el descuido y decidía en su gestión, aspecto que configura la falta a título culposo, como acertadamente lo calificó el a quo y será objeto de confirmación.

Conforme a lo anterior, no puede pretender el disciplinado que se revoque la sentencia sancionatoria proferida en su contra, bajo el sustento de que sólo fue contratado para presentar la contestación de la demanda, dado que el poder que le fue conferido claramente señala: “mi apoderado queda facultado para demandar, conciliar, asumir, renunciar, sustituir, recibir títulos y en general todas aquellas implícitas a su mandato, inclusive retirar y cobrar títulos, además de representarme en la conciliación”(10); de esta manera su deber no sólo se circunscribía a contestar la demanda, sino en representar a su cliente en las audiencias de conciliación que se fijasen en el proceso, mandato que claramente incumplió.

De esta manera, el actuar reprochado al investigado es su indiligencia o falta de cuidado sobre los asuntos encomendados, pues le correspondía contestar la demanda e intervenir en las audiencias de conciliación, en aras de garantizar la efectiva protección de los intereses de su cliente en virtud del mandato conferido.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de las conductas conforme a lo establecido en el texto de las normas imputadas, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y haberse probado su responsabilidad lo procedente en esta instancia es confirmar la sentencia en apelación.

Dosificación de la sanción. Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción deben tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

En relación con la sanción impuesta, observa esta superioridad, que la misma guarda concordancia con la falta y consultó los parámetros establecidos en los artículos 40, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad de las conductas, las cuales fueron endilgadas en modalidad culposa y dolosa; la trascendencia social de las mismas, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la ciudadanía el comportamiento investigado, quienes confían los asuntos a los abogados para tener una pronta y real acceso a la administración de justicia, buscando en los profesionales del derecho la protección formal y en tiempo de sus pretensiones en los diferentes asuntos judiciales.

Así mismo, la mencionada sanción cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, con lo que justifica la sanción disciplinaria impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea está conforme con la jurisprudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

En consecuencia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura debe confirmar el fallo proferido el 27 de noviembre de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Meta, sancionó con suspensión de dos (02) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Enyer Torres González, como responsable de las faltas establecidas en el numeral 6º de artículo 30 y numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito a lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Meta, sancionó al doctor Enyer Torres González con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, al haberlo hallado responsable de la transgresión del contenido de los artículos 30 numeral 6º y 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, conforme al obiter dicta de la presente providencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual la misma empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que notifique a todas las partes del proceso.

4. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, Radicado 26129.

8 Cometario al Nuevo Código Disciplinario del Abogado, 1ª Edición, pág. 172-173. Luis Enrique Restrepo Méndez.

9 Folios 94 a 98 c. o.

10 Poder con fecha de presentación 11 de octubre de 2012, dentro del proceso de Fijación de Cuota Alimentaria Nº 2012-00423, tramitado ante el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio - Meta (fl. 3 c. o.).