Sentencia 2013-00744 de febrero 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Milton Chaves García

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Ref.: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 15001-23-33-000-2013-00744-01 (21803)

Demandante: IMEGO CARGA LIMITADA

Demandado: Departamento de Boyacá

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: Devolución retenciones estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá – años 2006 a 2011

Sentencia segunda instancia

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte demandada, la Sala determina si procede la devolución de las retenciones practicadas por HOLCIM COLOMBIA S.A., en calidad de agente retenedor de IMEGO CARGA LIMITADA, por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá, correspondiente a los periodos 2006 a 2011.

Estampilla Pro Desarrollo del Departamento de Boyacá

Por sentencia de 16 de septiembre de 2011(20), el Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 12 de la Ordenanza 031 de 25 de octubre de 2005 de la Asamblea Departamental de Boyacá y del Decreto Departamental 276 de 10 de febrero de 2006 del Gobernador de Boyacá.

En la decisión señalada, la Sección concluyó que las normas demandadas violaron la Ley 3 de 1986 y el Decreto 1222 de 1986 porque crearon otro tributo diferente, a pretexto de cambiar la estampilla como instrumento de recaudo por una guía de transporte que no cumple el mismo objeto y, habida cuenta de que se decretó la nulidad de los artículos 8º y 9º de la Ordenanza 031 de 2005, declaró la nulidad del Decreto 276 de 2006.

Efectos de las sentencias de nulidad de actos administrativos de carácter general.

Como lo ha precisado la Sala, los efectos de los fallos de nulidad de los actos de carácter general son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque fue anulada.(21)

La entidad territorial demandada argumentó, en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, que los efectos de la providencia judicial que declaró la nulidad de la Ordenanza 031 de 2005 y el Decreto 276 de 2006, que incorporaron la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá, operan hacia futuro y no afectan los pagos de la demandante que fueron realizados bajo la vigencia de normas amparadas por la presunción de legalidad, por lo que a su juicio, constituye una situación jurídica consolidada.

Es de anotar que los efectos de la sentencia de nulidad de esta Sección, de fecha 16 de septiembre de 2011, son aplicables al caso concreto, pues no existe situación jurídica consolidada. Ello, porque para el caso de las devoluciones de tributos territoriales, la Sala ha señalado que las situaciones jurídicas no se consolidan mientras subsista el término para solicitar la devolución.(22)

En esas condiciones, como los efectos de la sentencia de nulidad son inmediatos, las retenciones que le realizó HOLCIM COLOMBIA S.A., en calidad de agente retenedor a IMEGO CARGA LIMITADA, por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá, constituyen un pago de lo no debido y, en consecuencia, la demandante podía pedir la devolución de las sumas pagadas indebidamente.

Devolución del pago de lo no debido.

En relación con el término para pedir la devolución, la Sala ha precisado que comoquiera que la ley tributaria, que es especial, no señaló un término para que los contribuyentes soliciten la devolución de los pagos en exceso o de lo no debido, debe aplicarse la norma general de prescripción, esto es, el artículo 2536 del Código Civil(23).

Con base en lo anterior, la petición de devolución puede presentarse dentro del plazo de prescripción de la acción ejecutiva previsto en el artículo 2536 del Código Civil(24), en concordancia con los artículos 11(25) y 21(26) del Decreto 1000 de 1997(27).

Por lo tanto, el contribuyente tiene el derecho a solicitar la devolución de lo que pagó indebidamente, siempre que no haya prescrito el derecho a pedir la devolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002(28).

Así lo reiteró la Sala en sentencia de 23 de febrero de 2017, expediente 21314, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En dicha providencia, la Sala señaló que “para el caso de la devolución de pagos en exceso o de lo no debido, el plazo es el previsto en los artículos 11(29) y 21(30) del Decreto 1000 de 1997, aplicables por la remisión hecha por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002(31), esto es, el de prescripción de la acción ejecutiva establecido en 5 años por el artículo 2536 del Código Civil(32), con la modificación establecida por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002”.

La Sala precisa que en virtud del artículo 2513 del Código Civil “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”, es decir, la prescripción debe ser solicitada por el interesado a fin de que sea decretada por la autoridad judicial correspondiente.

No obstante, el artículo 817(33) del estatuto tributario determina que la competencia para decretar la prescripción extintiva de las obligaciones tributarias radica exclusivamente en cabeza de la Administración, ya sea de oficio o a petición de parte. Adicionalmente, en los términos del numeral 6º del artículo 180(34) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la jurisdicción contencioso administrativa, el juez o magistrado tiene la facultad de resolver la excepción de prescripción extintiva de las obligaciones solicitada por la parte o incluso cuando no ha sido solicitada proceder de oficio.

En consecuencia, la Sala estudiará si se presenta la figura de la prescripción extintiva en relación con la devolución del pago de lo no debido por parte de la demandante, en concordancia con el estudio que realizó el a quo de dicha prescripción.

En el caso en estudio, HOLCIM COLOMBIA S.A. allegó certificados de fecha de 8 de junio de 2012, en los que hace constar que le realizó a IMEGO CARGA LIMITADA las siguientes retenciones, por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá:(35)

AñoValor de la retenciónFolio
200615.661.96832 cdno. p. 1.
200722.604.33233 cdno. p. 1
200820.942.50934 cdno. p. 1
200923.208.46535 cdno. p. 1
201019.406.84436 cdno. p. 1
201115.991.33637 cdno. p. 1
Total117.815.454 

Es de anotar que las retenciones efectuadas a la actora por parte de HOLCIM, en calidad de agente retenedor, y los correspondientes pagos que éste efectuó al Departamento de Boyacá, no son objeto de controversia ni de discusión en el presente proceso, por el contrario, este es un hecho aceptado por las partes.

Como la actora solicitó la devolución del pago de lo no debido el 10 de octubre de 2012(36), operó la prescripción del derecho a solicitar la devolución por las retenciones realizadas por el año 2006 y 2007 —parcial—, puesto que ya habían pasado los cinco años contados a partir de la retención de dichos periodos. Sin embargo, en cuanto al año 2007, solamente se encuentra prescrito el derecho a solicitar la devolución de las retenciones efectuadas antes del 10 de octubre de ese año.

Respecto a los demás periodos que se discuten, esto es, los años 2007 —parcial— (a partir del 10 de octubre en adelante), 2008, 2009, 2010 y 2011, la petición de devolución fue oportuna. Por lo tanto, respecto de dichos periodos procede la devolución de las retenciones que le realizaron a la demandante, porque tal como lo preciso el tribunal en la sentencia apelada, se encuentran acreditadas las retenciones realizadas en dichos periodos.

Es de anotar que las retenciones deben ser devueltas por el demandado, esto es, el Departamento de Boyacá, pues para la fecha de la solicitud de devolución de estas ya debían estar en poder del sujeto activo del impuesto.

Al respecto, en sentencia de 25 de febrero de 2016, la Sala sostuvo lo siguiente:(37)

“La retención en la fuente se practica por los “agentes de retención” quienes al detraer una suma determinada en la ley o en el reglamento, actúan a nombre del Estado como recaudadores iniciales respecto a los ingresos sometidos al impuesto. El artículo 375 del estatuto tributario señala que “Están obligados a efectuar la retención o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención o percepción”.  

La obligación de retener implica una delegación o autorización de atribuciones públicas relacionadas con el recaudo del tributo y, por ende, trae aparejadas una serie de cargas y facultades previstas en la ley, como retener, consignar, contabilizar, declarar, informar y certificar(38). 

De acuerdo con el artículo 376 del estatuto tributario, la obligación de consignar significa que el agente retenedor debe entregar al Estado los dineros retenidos dentro de los plazos y lugares que fije el Gobierno Nacional(39). De acuerdo con el artículo 382 del estatuto tributario Nacional, los agentes de retención deben presentar mensualmente las declaraciones de retenciones y para los periodos gravables en discusión, debían presentarse con pago, pues, de lo contrario, se tendrían por no presentadas (art. 580 del ETN)(40).  

Lo anterior significa que para la fecha de las solicitudes de devolución (13 de mayo de 2009 por los periodos 2006 a 2008 —parcial— y 18 de septiembre de 2009 por los años 2008 y 2009-julio), ya EMCALI, como agente de retención, debió consignar al municipio de Santiago de Cali el valor de las retenciones que le practicó a la actora por los periodos 2006 a 2009. Por lo mismo, era este municipio el obligado a devolver a la demandante los valores retenidos, pues los tenía en su poder. 

[...]  

Como se precisó, las retenciones practicadas a la actora por la estampilla pro cultura y la tasa pro deporte eran indebidas y debían ser devueltas a esta por el Municipio, pues las solicitudes de devolución fueron oportunas y las sumas retenidas ya debían estar consignadas al demandado, por lo cual ya estaban en su poder”.  

Por lo tanto, para la fecha en que fue presentada la solicitud de devolución de las retenciones por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá por los periodos 2007 —parcial— (a partir del 10 de octubre en adelante), 2008, 2009, 2010 y 2011, el agente de retención ya debía haber consignado al Departamento de Boyacá el valor de las retenciones que le practicó a la actora y que están debidamente probadas en el expediente.

En consecuencia, el Departamento de Boyacá era el obligado a devolver a la demandante los valores retenidos, pues los tenía en su poder desde el momento en que fueron consignados por HOLCIM COLOMBIA S.A., en su calidad de agente retenedor.

Se advierte que el total de las retenciones por los años 2008, 2009, 2010 y 2011, según las certificaciones de HOLCIM, es de $ 79.549.154.(41)

Se encuentra probado por certificación emitida por HOLCIM(42), que las retenciones en el año 2007 por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá, es de $ 22.604.332(43), también obra certificación del Departamento de Boyacá(44), donde consta los pagos al departamento durante las vigencias 2006 y 2007 realizados por HOLCIM por concepto de la referida estampilla registrados por la tesorería general del departamento.

A pesar de tener convencimiento de que se realizaron las retenciones y los pagos correspondientes en el año 2007, de las pruebas allegadas al proceso no era posible establecer con exactitud a cuánto corresponde la suma que fue retenida a IMEGO por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2007 hasta el 31 de diciembre del mismo año, dado que las certificaciones solo discriminan los valores retenidos por periodos anuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la falta de certeza en la información, mediante auto de 8 de noviembre de 2017(45), la Sala ordenó oficiar a la sociedad Imego Carga Limitada, para que su revisor fiscal o contador público certificara, las retenciones que mes a mes le realizó HOLCIM COLOMBIA S.A. por concepto de la Estampilla Pro desarrollo del Departamento de Boyacá, por el año 2007.

El 21 de noviembre de 2017, el apoderado de la sociedad demandante allegó certificación del revisor fiscal de HOLCIM (Colombia) S.A. y del Contador Público de IMEGO. En las certificaciones se hizo constar mes a mes las retenciones realizadas a la actora, por los periodos discutidos.(46)

De acuerdo con la certificación del revisor fiscal de HOLCIM, las retenciones practicadas por $ 22.604.322 en el año 2007, corresponden a los valores descontados de los pagos realizados por el servicio de carga en su facturación mensual, así:(47)

Mes declarado en el año 2007Número de RadicaciónFecha de radicaciónValor de declaración consignado por HOLCIM Colombia S.A. a favor de la Gobernación de BoyacáValor descontado por Holcim Colombia S.A.
Enero007-014409-feb-2007$ 60.346.000$ 1.708.800
Febrero007-033913-mar-2007$ 63.199.000$ 1.837.422
Marzo007-045310-abr-2007$ 63.013.000$ 1.682.100
Abril007-056318-mayo-2007$ 61.283.000$ 1.640.400
Mayo007-068112-jun-2007$ 70.191.000$ 1.833.600
Junio007-079310-jul-2007$ 68.647.000$ 1.673.364
Julio007-091810-ago-2007$ 71.392.000$ 2.126.712
Agosto007-101610-sep-2007$ 68.181.000$ 1.927.518
Septiembre007-114509-oct-2007$ 69.638.000$ 1.960.212
Octubre007-132213-nov-2007$ 70.122.000$ 2.144.070
Noviembre007-143210-dic-2007$ 70.635.000$ 1.969.224
Diciembre008-10410-ENE-2008$ 73.326.000$ 2.100.900
TOTAL   $ 22.604.322

Por su parte, en la certificación del contador de la sociedad demandante, se encuentra la relación de retenciones practicadas en el año 2007, la cual se transcribe a continuación:(48)

AñoMesValor
2007Enero1.708.800
2007Febrero1.837.422
2007Marzo1.682.100
2007Abril1.640.400
2007Mayo1.833.600
2007Junio1.673.364
2007Julio2.126.712
2007Agosto1.927.518
2007Septiembre1.960.212
2007Octubre2.144.070
2007Noviembre1.969.224
2007Diciembre2.100.900
TOTAL 22.604.322

Con los certificados allegados por la demandante, se probó que las retenciones practicadas por concepto de la Estampilla Pro Desarrollo del Departamento de Boyacá, por el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2007, corresponde a la suma de $ 6.214.194.

En resumen, en relación con los periodos 2007 —parcial—, 2008, 2009, 2010 y 2011, bajo el entendido de que se encuentra acreditado en el expediente los valores retenidos y que es procedente la devolución de esos periodos, esta Sala ordenará la devolución de los valores como se detalla a continuación:

AñoValor de la retención
20076.214.194
200820.942.509
200923.208.465
201019.406.844
201115.991.336
Total85.763.348

La suma de $ 85.763.348, cuya devolución se ordena, será la base para la liquidación de los intereses corrientes y moratorios, que se deberán reconocer en los términos de los artículos 863 y 864 del estatuto tributario, aplicables a este asunto por remisión del artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Igual criterio tuvo en cuenta la Sala al ordenar la devolución de lo pagado indebidamente por concepto de otra estampilla municipal para el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios.(49)

En esas condiciones, con fundamento en el artículo 855 del estatuto tributario, la suma que debe devolverse y que constituye un pago de lo no debido, genera intereses corrientes y de mora. Los primeros, a partir de la notificación del acto administrativo que negó la devolución y hasta la ejecutoria del acto administrativo o providencia que confirme total o parcialmente la petición de devolución. Y los segundos, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

En consecuencia, se deberán reconocer los intereses corrientes a la tasa señalada en el artículo 864 del estatuto tributario, en relación con las sumas objeto de devolución por concepto de las retenciones indebidamente practicadas por la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá por los periodos 2007—parcial—, 2008, 2009, 2010 y 2011, desde la fecha de notificación del acto que rechazó la devolución [26 de octubre de 2012](50) hasta la ejecutoria de esta providencia, e intereses moratorios desde el día siguiente de la ejecutoria de este fallo hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación, también a la tasa prevista en el artículo 864 ibidem.

Condena en costas.

Con fundamento en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, el tribunal condenó en costas al Departamento de Boyacá y fijó como agencias en derecho, el 2% de la estimación razonada de la cuantía señalada en la demanda. Esta decisión se mantiene por no haber sido apelada por el demandado.

En relación con las costas de segunda instancia, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Destaca la Sala)

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3º del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), para la procedencia de la condena en costas contra la parte vencida en el proceso, es decir, el demandado, pues fue la parte vencida en el proceso. No obstante, la Sala ha precisado que estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.(51)

Revisado el expediente se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por tanto, no procede la condena en costas en segunda instancia.

En suma, la Sala revoca el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, a título de restablecimiento se condena al Departamento de Boyacá a devolver a IMEGO CARGA LIMITADA la suma de $ 85.763.348 por los periodos 2007 —parcial—, 2008, 2009, 2010 y 2011, monto que será, a la vez, la base para la liquidación de los intereses reconocidos en esta providencia.

En lo demás, confirma la sentencia apelada. Asimismo, niega la condena en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, quedará así:

SEGUNDO: A título de restablecimiento, se ORDENA al Departamento de Boyacá a devolver a IMEGO CARGA LIMITADA la suma de $ 85.763.348 por los periodos 2007 —parcial—, 2008, 2009, 2010 y 2011. Este monto será la base para la liquidación de los intereses corrientes y moratorios en los términos reconocidos en esta providencia.”

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. No se condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Milton Chaves García, Presidente de la Sección—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».

20 Exp. 17655, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

21 Entre otras, ver sentencias de 16404 del 23 de julio de 2009, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 17617 del 11 de marzo de 2010, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 17922 del 16 de junio de 2011, C.P. William Giraldo Giraldo; de 3 de julio de 2013, Exp. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 26 de febrero de 2014, Exp. 19684, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

22 Sentencias 16404 de 23 de julio de 2009, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 17617 del 11 de marzo de 2010, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y, 17922 del 16 de junio de 2011, C.P. William Giraldo Giraldo. Reiteradas en sentencia de 23 de febrero de 2017, Exp. 21314, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

23 Sentencias de 9 de agosto de 2012, Exp. 18301, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y 13 de junio de 2013, Exp. 17973, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

24 Artículo 2536 Código Civil. La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte.

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez.

Artículo modificado por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

25 Decreto 1000 de 1997, artículo 11.—Término para solicitar la devolución por pagos en exceso. Las solicitudes devolución o compensación por pagos en exceso, deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil.

Para el trámite de estas solicitudes, en los aspectos no regulados especialmente, se aplicará el mismo procedimiento establecido para la devolución de los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias. En todo caso, el término para resolver la solicitud, será el establecido en el artículo 855 del estatuto tributario.

26 Decreto 1000 de 1997, artículo 21.—Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la administración de impuestos y aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente Decreto. La administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo.

27 El Decreto 1000 de 1997 fue derogado por el artículo 27 del Decreto 2277 de 2012. Los artículos 11 y 16 del Decreto 2277 de 2012 regulan, en su orden, el plazo para pedir la devolución de pagos en exceso y pagos de lo no debido.

28 Sentencia de 13 de junio de 2013, Exp. 17973, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

29 “ART. 11.—Término para solicitar la devolución por pagos en exceso. Las solicitudes devolución o compensación por pagos en exceso, deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil”.

30 “ART. 21.—Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente decreto. La administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo”.

31 “ART. 59.—Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados”.

32 “ART. 2536.—La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10)”.

33 “ART. 817.—Modificado por la Ley 1739 de 2014, artículo 53. (éste reglamentado por el D. 2452/2015.) La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los administradores de impuestos o de impuestos y aduanas nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte”. (Negrillas fuera del texto original).

34 “ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.

Si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. (...)”. (Negrillas fuera del texto original).

35 Fls. 32 a 37, cdno. ppal.

36 Fls. 85 a 87, cdno. p. 1.

37 Sentencia de 25 de febrero de 2016, Rad. 21115, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

38 Artículos 375 y ss. del estatuto tributario.

39 Estatuto tributario nacional, artículo 376.—Consignar lo retenido. Las personas o entidades obligadas a hacer la retención, deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno Nacional.

40 El artículo 15 de la Ley 1430 de 2010 adicionó al estatuto tributario el artículo 580-1 del estatuto tributario, conforme con el cual las declaraciones de retenciones sin pago total no producen efectos, sin necesidad de acto que así lo declare.

41 Fls. 4 y 7 a 10, cdno. a.

42 Fl. 4, cdno. a.

43 Fl. 6, cdno. a.

44 Fls. 399 y 400, cdno. p 1.

45 Fl. 216, cdno. p. 2.

46 Fls. 27 a 37, cdno. p. 2.

47 Fl. 30, cdno. p. 2.

48 Fl. 36, cdno. p. 2.

49 Sentencias de 30 de julio de 2015, Exp. 19441, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 23 de febrero de 2017, Exp. 21314, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

50 Fl. 89 (anverso), cdno. p. 1.

51 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.