Sentencia 2013-00756 de febrero 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 13001-23-33-000-2013-00756-01(AC)

Consejero ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Alejandro García García

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Distrito Militar de Reclutamiento Nº 14

Bogotá, D. C., veintisiete de febrero de dos mil catorce.

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte demandante contra la providencia de 13 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar por medio de la cual negó el amparo solicitado.

Antecedentes

Alejandro García García, por medio de apoderado, interpuso acción de tutela, con el fin de que se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales de petición, educación y trabajo, presuntamente vulnerados el Ministerio de Defensa Nacional – Distrito Militar de Reclutamiento Nº 14 de Cartagena.

Pretensiones

Las concreta así:

1. Ordenar al capitán del ejército Oscar Dario (sic) Sarmiento en su calidad de encargado del Distrito Militar Nº 14 de la ciudad de Cartagena o a quien haga sus veces y a dar respuesta al derecho de petición incoado por mi cliente.

2. Que dicha contestación debe ser de fondo, concreta, clara, suficiente, efectiva y congruente, dando respuesta a todos los puntos relacionados en el escrito y conceder los recursos de ley que procedan según el caso.

Fundamenta su petición en los hechos que a continuación se resumen:

El 17 de septiembre de 2013, en ejercicio del derecho de petición el demandante solicitó al Capitán Óscar Darío Sarmiento del Distrito Militar Nº 14 de Cartagena, le levantara la condición de remiso que se le había impuesto, dado que para el momento de la declaración era menor de edad y por lo tanto no apto, según lo dispone el artículo 42 de la Ley 48 de 1993, por medio de la cual se reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización.

El 24 de septiembre de 2013, el capitán del distrito extendió la invitación al señor García a presentarse en sus instalaciones el 1º de octubre del mismo año, a fin de definir su situación militar. Sin embargo, en dicha fecha no despacharon su solicitud, pues se habían agotado los 200 cupos, que otorgaban para la atención de los usuarios.

El 24 de octubre del mismo año, lo citaron verbalmente y diligenció el formato de remiso, no obstante, a la fecha no ha recibido un respuesta de fondo.

El funcionario está retardando injustificadamente la definición de la situación militar, comoquiera que incumple las citas pactadas y los procedimientos, para retirarle la condición de remiso.

Aclaró que está en total disposición de pagar la cuota de compensación para obtener su libreta militar, pero la sanción de remiso le ha impedido contar con los medios económicos, ya que por esta circunstancia está desempleado, situación que se demuestra con el hecho de que está registrado en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – Sisben.

El actor necesita definir su situación militar, para acreditar los requisitos para graduarse como Comunicador Social de la Universidad de Cartagena.

Contestación

La Segunda Zona de Reclutamiento del Distrito Militar No. 14 del Ejército Nacional, precisó que el señor Alejandro García no asistió a la concentración del 3 de julio de 2013 motivo por el cual fue declarado remiso, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 18 de 1993.

El demandante según su condición de infractor debe asistir a la junta de remisos, para definir su situación militar mediante incorporación salvo excepciones legales, para las cuales en el formulario debe motivar por qué no se presentó a la concentración.

En efecto, el señor García fue citado para el 1º de octubre de 2013, pero por motivos laborales el comandante no pudo asistir, razón por la cual se citó nuevamente mediante Oficio de 24 de octubre de 2013.

Dado que a la fecha no se ha se ha llevado a cabo una nueva junta de remisos, procederá inmediatamente a citarlo para que diligencie el formulario.

Por lo expuesto solicita negar la acción de tutela, pues si bien el actor ostenta la connotación de infractor lo cierto es que no se le ha impuesto multa, hasta tanto no asista a la junta.

La providencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia de 13 de diciembre de 2013, negó el amparo solicitado, y conminó a la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional – Distrito Militar Nº 14 a resolver a la menor brevedad posible la situación del señor Alejandro García García y a este lo exhortó a cumplir todos los requisitos que sean impuestos por la entidad.

Para adoptar la decisión en tal sentido, precisó que respondió de fondo el derecho de petición, toda vez que de acuerdo con el procedimiento establecido el al (sic) Ley 48 de 1993 le informó que cuando un ciudadano varón es declarado remiso y debe asistir a la junta de remisos con la finalidad de resolver su situación militar, de tal manera que la respuesta no podría ser otra.

Aunque el distrito no aportó copia de la comunicación de 24 de septiembre de 2013, esta fue ratificada por las partes, por lo cual se infiere que fue enviada y notificada en debida forma.

Aclaró que de conformidad con la citada norma ibídem, el documento que demuestra que se definió su situación militar es la libreta militar, por lo que la presentación de la misma si bien no puede ser exigida por los particulares o entidades públicas, sí se debe verificar el cumplimiento de dicha obligación en coordinación con la autoridad competente.

La impugnación

Inconforme con la decisión anterior la parte demandante la impugnó, señalando lo siguiente:

Pese a que la entidad contestó la petición, no es claro que se haya dado respuesta de fondo, comoquiera que lo pretendido consistía en que se levantara la sanción de remiso, sin embargo, lo contestado no fue ni positivo o negativo, con ello solo se dilata la situación militar. A la fecha no se le ha dado cumplimiento a lo expuesto en la sentencia de primera instancia.

Consideraciones

El presente asunto se contrae a establecer si existió vulneración de los derechos constitucionales fundamentales de petición, trabajo y educación, cuya amenaza o violación se examina para adoptar la decisión a que haya lugar, previo el siguiente razonamiento:

La acción de tutela fue concebida en el artículo 86 de la Constitución Política como mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que existiendo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Previo a tomar la decisión a que haya lugar, la Sala hará las siguientes precisiones:

Del derecho de petición

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, el derecho de petición tiene como finalidad acudir ante diferentes autoridades o entes administrativos para obtener una pronta respuesta. Por lo tanto, la ausencia de respuesta, el retraso por parte de la entidad accionada o la falta de comunicación de la misma, constituyen una vulneración a este derecho.

No basta, en consecuencia, con adelantar los trámites o diligencias necesarias para dar respuesta, sino que efectivamente se le debe contestar al administrado y ponerla en su conocimiento. Al respecto la Corte Constitucional(1) ha dicho:

1. Alcance del derecho de petición. La autoridad no lo satisface limitándose a actuar dentro de su competencia. Debe comunicar la respuesta al solicitante

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

Esta corporación ha reiterado que ese derecho fundamental no se satisface con una respuesta meramente formal, sino que es necesaria una verdadera resolución acerca de lo planteado, de modo que se defina de fondo el asunto sometido a consideración de la autoridad, desde luego sobre la base de que ella sea competente.

Pero además debe distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta, en virtud de la garantía constitucional, y el desarrollo interno que, en las dependencias de la administración, tenga el curso de la petición formulada.

En efecto, si la petición busca que la autoridad actúe en el ámbito de sus atribuciones o deberes, cumple su función obrando de inmediato, pero eso no la libera de su obligación de informar al peticionario sobre lo actuado y acerca de los resultados de la actividad emprendida.

Del servicio militar obligatorio

Por disposición constitucional todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Asimismo, la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.

La Ley 48 de 1993 a través de la cual se reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización, señala en su artículo 14 que todos los hombres tienen la obligación de definir su situación militar, a partir de la fecha en que cumplan la mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes la definirán cuando obtengan el título de bachiller. Asimismo, la norma ibídem en sus artículos 14 a 21 definió las etapas que deben surtirse para tal fin, de la siguiente manera:

Es necesario que se inscriban ante el distrito militar respectivo dentro del año anterior al cumplimiento de la mayoría de edad, en seguida se someterán a exámenes médicos con el fin de determinar su condición psicofísica y determinar su estado. Posteriormente los varones que resulten aptos para el servicio pasan a un sorteo y así se eligen los que van a prestar el servicio militar.

De conformidad con el artículo 20 de la mencionada ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, la fecha y la hora determinados por las autoridades de reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para prestar el servicio militar.

Finalmente se clasifican aquellos que por una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación del servicio.

No obstante lo anterior, en los eventos en los que habiendo sido citados no concurrieran se declararán remisos, y en consecuencia, ostentarán la calidad de infractores. Con el fin de definir dicha calidad se citará a junta de remisos de conformidad con el artículo 43 ibídem.

Del asunto en particular

El señor Alejandro García García pretende se le dé respuesta de fondo a la petición de 17 de septiembre de 2013, mediante la cual solicitó al Distrito Militar Nº 14 del Ejército Nacional le levante la condición de remiso, dado que para el momento de la declaración de infractor el 29 de julio de 2008 era menor de edad (cumplió 18 años el 11 de noviembre del mismo año) y por lo tanto debió ser considerado como no apto.

Por su parte, el Distrito Militar Nº 14 de Cartagena señaló que profirió el oficio de 24 de septiembre de 2013, por medio del cual invitó a acercarse a las instalaciones de la entidad el 1º de octubre del mismo año, con el objeto de definir su situación militar.

Ahora bien, pese a que no obra el citado oficio se desprende de los hechos de la demanda y de la contestación del distrito militar, que se le indicó al actor que debía presentarse a junta de remisos, para definir su situación militar.

La entidad afirma que en esta fecha no definieron su situación militar, por razón de los compromisos laborales del comandante, motivo por el cual nuevamente, lo citó a través del oficio de 24 de octubre del mismo año, fecha en la que el actor afirma que no fue atendido, por su parte la entidad admite que no ha llevado a cabo nueva junta de remisos.

Si bien el actor pone de presente que se le declaró remiso cuando aun era menor de edad, motivo por el cual no tenía la calidad de apto, lo cierto es que la entidad precisó que al consultar el Sistema de Información de Reclutamiento - SIR está inscrito en el distrito y no asistió a la cita de concentración de 3 de julio de 2013, es decir, antes de que interpusiera el derecho de petición.

En razón a la naturaleza informal de la acción de tutela, que exige garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, el juez constitucional no solo está sometido a estudiar los derechos de rango constitucional que el actor considera vulnerados sino también los que no fueron invocados, prerrogativa que debe ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando o impidiendo la efectividad de dichos derechos.

No obstante lo expuesto, la Sala considera que si bien el señor García no invocó la protección del derecho fundamental al debido proceso, el mismo se encuentra afectado por las siguientes razones:

De conformidad con el artículo 9º de la Ley 48 de 1993 es obligación del servicio de reclutamiento y movilización definir la situación militar de los colombianos, sin embargo en el presente asunto, como lo afirma la entidad se han presentado demoras en resolver la situación del actor, frente a las cuales no se expuso ninguna justificación, circunstancia que amenaza su derecho fundamental a la educación y trabajo, por cuanto sin el lleno del tal requisito, no es posible graduarse como profesional.

Por lo anterior, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que negó el amparo de la acción de tutela interpuesta por el señor Alejandro García García contra el Distrito Militar de Reclutamiento Nº 14 de Cartagena.

En su lugar se decretará el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, educación y trabajo del señor Alejandro García García. En consecuencia se ordenará al Comandante del Distrito Militar Nº 14 de Cartagena o a quien haga sus veces, que dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia, cite y efectué la junta de remisos con el objeto de definir la situación militar del actor.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVÓCASE la providencia impugnada proferida el 13 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Alejandro García García contra el Distrito Militar de Reclutamiento Nº 14 de Cartagena. En su lugar se dispone:

DECRÉTASE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, educación y trabajo del señor Alejandro García García, en consecuencia:

Se ordena al Comandante del Distrito Militar Nº 14 de Cartagena o a quien haga sus veces, que dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia, cite y efectué la junta de remisos con el objeto de definir la situación militar del señor Alejandro García García.

Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Envíese copia de este fallo al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.

(1) Sentencia T-178-00. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.