Sentencia 2013-00773 de junio 5 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2013-00773-00

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Discutido y aprobado en sesión de la fecha

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil trece.

Decide la Corte la acción de tutela instaurada, mediante apoderado judicial por Alma Alicia Peláez Mejía contra la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados Hender Augusto Andrade Becerra, Martha Lucía Henao Quintero y Edison Antonio Múnera García.

Antecedentes

1. La promotora del amparo reclama protección constitucional de los derechos al debido proceso, igualdad y al mínimo vital que dice vulnerados con ocasión de la providencia de 21 de noviembre de 2012 que confirmó la sanción impuesta al señor Jairo de Jesús Cortés Arias, gerente general de Cajanal EICE en Liquidación dentro del incidente de desacato iniciado por incumplimiento del fallo de tutela dictado el 6 de junio de 2012, “con la adición consistente en que, por haberse cumplido ya la orden impartida, no se hará efectiva dicha sanción”, sin perjuicio de las sanciones administrativas y/o disciplinarias a las que haya lugar.

Solicita, entonces, dejar sin efecto la anterior decisión y declarar que “todos los actos que se profirieron para el cumplimiento de la decisión de tutela, que son la Resolución UGM-057040 del 9 de octubre de 2012 y la UGM 059017 del 3 de noviembre de 2012, no cumplen con lo establecido por el juez constitucional en la sentencia de tutela y por lo tanto se mantenga la sanción...” (fl. 5).

2. Sustenta, su petición, en síntesis, así:

El Tribunal Administrativo de Antioquia el 1º de agosto de 2002 profirió sentencia condenando a la Nación al reconocimiento y pago a su favor de la bonificación por compensación mensual con carácter permanente, equivalente al 60% de los ingresos que por todo concepto recibieran los magistrados de las altas cortes a partir del 1º de enero de 1999, del 70% a partir del 1º de enero de 2000 y el 80% desde el 1º de enero de 2003. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 1º de noviembre de 2006.

Con Resolución 1774 de 2008 le fue liquidada la bonificación por compensación hasta la fecha en que se produjo su retiro del servicio.

Asevera que al señor José Alberto Giraldo se le reliquidó la pensión por Cajanal EICE en la suma de $ 9.505.514, al paso que a ella dicha reliquidación se hizo un año después en la cantidad de $ 6.180.000, a pesar de que para la fecha en que se produjo su desvinculación devengaba $ 9.356.164.

Debido a lo anterior, interpuso acción de tutela para que se protegiera el derecho a la igualdad, la cual fue resuelta por el Juzgado Segundo Penal de Adolescentes de Medellín, autoridad que mediante decisión de fecha 6 de junio de 2012 concedió el amparo, por considerar que Cajanal EICE estaba incurriendo en una dilación injustificada y en desconocimiento de la prerrogativa reclamada; además, ese despacho, por auto de fecha 19 de septiembre de 2012, declaró que el gerente liquidador de la nombrada entidad incurrió en desacato y lo sancionó(1) con arresto domiciliario de tres (3) días y una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos, ordenado el cumplimiento inmediato del fallo de tutela y compulsando copias a la procuraduría y a la fiscalía.

Con ocasión de la precedente providencia, la accionada Cajanal el 9 de octubre de 2012 emitió la Resolución UGM-0570540, frente a la cual interpuso recurso de reposición ya que no se dio cumplimiento a lo ordenado en los fallos dictados por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, que ordenaron la bonificación por compensación mensual con carácter permanente, equivalente al 60% de los ingresos que por todo concepto recibieran los magistrados a partir del 1º de enero de 1999, del 70% desde el 1º de enero de 2000 y el 80% a partir del 1º de 2001, “como le fue reconocida y pagada al doctor [José] Alberto Giraldo Castaño en valor de $ 6.704.962, mientras que a mi representada solo se le pagó en un valor de $ 2.814.340 cuando son iguales las condiciones de uno y de otro y ambos fueron cobijados por la misma sentencia administrativa del tribunal y conformada por el Consejo de Estado” (fl. 4).

Solicitó, entonces, el envío del expediente al Tribunal Superior de Medellín para desatar el grado de consulta, “acompañado del recurso de reposición interpuesto y la resolución de la reliquidación proferida por Cajanal” al prenombrado Giraldo Castaño. Dicha corporación confirmó la decisión consultada, pero adicionándola en cuanto a que por haberse cumplido ya la orden impartida, no se haría efectiva dicha sanción.

Con la decisión tomada por el tribunal “de dejar sin valor la sanción impuesta en el incidente de desacato, se lleva a una inocua sentencia de tutela y su desacato, pues la acción del tribunal conllevó a la supresión de los efectos de la orden de amparo constitucional, lo que se enmarca en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues no hubo un efectivo cumplimiento de las ordenes proferidas en el escenario de la acción constitucional, y ello llevó a entender al juez constitucional de segunda instancia que en ese momento ya había cesado el desacato por parte de Cajanal, cuando en la resolución proferida se estaba desconociendo todo lo dicho por el juez...”, incurriendo de esa manera en una vía de hecho.

3. La Corte admitió a trámite la demanda de la referencia; dispuso tener en cuenta como prueba la documental aportada por la accionante; requirió copia de las piezas procesales pertinentes; y ordenó librar las comunicaciones de rigor.

4. El tribunal accionado, por intermedio del magistrado ponente, manifestó que luego de analizar el acervo probatorio obrante en el expediente de desacato consideró que la decisión objeto de consulta había sido acertada en la medida en que el señor Jairo de Jesús Cortés Arias, gerente liquidador de Cajanal EICE “no cumplió con los deberes que le impone la Constitución...”; no obstante, señaló, “la decisión debió ser adicionada en razón al hecho nuevo aportado al trámite y concerniente a la respuesta emitida por la entidad accionada a la petición elevada por la actora y con la cual consideró el [d]espacho que aunque de manera posterior, se había acatado el fallo de tutela mediante el cual se le ordenó dar respuesta de fondo a lo peticionado por la accionante, cosa diferente es que la accionante no se encuentre a gusto con lo decidido por el ente accionado y pretenda convertir la acción de tutela en una tercera instancia que satisfaga sus pretensiones...”.

Consideraciones

1. Tal como se ha sostenido de tiempo atrás por la jurisprudencia de esta Sala, en línea de principio, las decisiones jurisdiccionales no son objeto de la acción de tutela, pues todos los jueces están sujetos al imperio de la Constitución y la ley, y sus providencias deben tomar en consideración los derechos fundamentales de los sujetos vinculados al proceso. Solo de manera excepcional, se ha admitido la procedencia del amparo contra providencias judiciales cuando estas hayan sido proferidas de manera arbitraria, abusiva o manifiestamente contraria a la ley, en lo que se ha denominado una “vía de hecho”(2).

La restricción anterior se aplica en mayor medida cuando la determinación atacada fue proferida por un juez constitucional como epílogo del trámite de amparo; de lo contrario, se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertiría ad aeternum lo expresado en el primer fallo(3). En estos casos, de manera extraordinaria se ha admitido la intervención de un segundo juez de amparo cuando en el trámite de la acción se ha incurrido en una vulneración clara y ostensible al debido proceso de algunas de las partes(4).

Esa excepcionalidad, según lo tiene decantado la jurisprudencia, también se predica frente a “las providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato. De esta forma, si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protección de derechos fundamentales, la autoridad pública o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los términos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia”.

“En este caso, el nuevo juez constitucional podrá (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar trámite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanción al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso”(5).

2. Justamente en el caso que ocupa la Sala, la accionante acude a esta nueva acción con el fin de que el tribunal mantenga las sanciones impuestas en primera instancia por el juzgado segundo penal del circuito para adolescentes con funciones de conocimiento, al gerente de Cajanal en Liquidación, ya que la decisión de no hacerlas efectivas, vulnera su derecho al debido proceso, puesto que en su sentir no se ha dado cumplimiento al fallo de tutela primigenio.

En primer lugar conviene precisar que el mandato constitucional impartido en la sentencia de 6 de junio de 2012 dictada por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín, se dirigió al representante legal de Cajanal EICE —en Liquidación— para “que en el término improrrogable de cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación del fallo, responda efectivamente y de fondo la solicitud que le formulara la demandante, el día 8 de julio de 2008, expidiendo el correspondiente acto administrativo que decida de fondo la petición de la actora, reconociendo la reliquidación y pago de la bonificación por compensación mensual y con carácter permanente, equivalente al 60% de los ingresos que por todo concepto reciben los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado a partir de enero 1º de 1999; del 70% a partir del 1º de enero de 2000 y del 80% a partir del 1º de enero de 2001, tal como quedó establecido en el Decreto 610 de 1998 adicionado por el Decreto 1239 del mismo año y acatando el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmado posteriormente por el H. Consejo de Estado, so pena de desacato” (fl. 58).

Así mismo, el despacho de conocimiento sancionó por desacato al gerente de Cajanal en Liquidación porque encontró que “no ha dado cumplimiento a la orden que le impartió este despacho mediante la sentencia fechada el pasado 6 de junio, puesto que a la fecha de esta decisión, pese a contar con el certificado de factores salariales del último año de servicios de la demandante [Alma Alicia Peláez Mejía], no solo el que le remitió este juzgado sino el que entregó personalmente la tutelante en la sede de la entidad accionada, no se ha expedido el correspondiente acto administrativo reconociendo y pagando la bonificación por compensación mensual en la forma que ordenó el H. Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia dictada dentro del radicado 1999-01464” (fl. 70).

También debe verse que el 9 de octubre de la misma calenda la referida dependencia expidió la Resolución UGM 057040, “por la cual se ordena la reliquidación de una pensión vitalicia de vejez”, respecto de la señora Alma Alicia Peláez Mejía, en cuantía de $ 6.180.000, “efectiva a partir del 30 de diciembre de 2002, con efectos fiscales a partir del 8 de julio de 2005, por prescripción trienal”. Entre otras cosas, resolvió que “El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado (a) las diferencias que resultaren de aplicar el artículo anterior y la (s) Resolución (es) número (s) 18924 del 31 de julio de 2001, Resolución 4736 del 10 de julio de 2002 y Resolución 30169 del 22 de octubre de 2002, una vez el área de nómina cuente con las certificaciones del área financiera, jurídica e histórico del Fopep, y teniendo especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con observancia del turno respectivo”; y, en el último numeral la resolución en cita dispuso notificar a la peticionaria, “haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia, puede interponer por escrito el recurso de [r]eposición ante [el liquidador]. De este recurso podrá hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el Código Contencioso Administrativo”.

Aunque el tribunal accionado en su decisión de 21 de noviembre de 2012 encontró “acertada” la providencia del juez a quo constitucional en tanto estableció que Cajanal omitió cumplir con los deberes que le impone la Constitución para colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, consideró “menester adicionar la decisión, atendiendo el hecho nuevo aportado al trámite, consistente en la respuesta emitida por la entidad accionada a la petición elevada por la actora, lo que demuestra que efectivamente la unidad acató posteriormente el fallo de tutela” y, en consecuencia, dispuso no hacer efectivas las sanciones impuestas, sin perjuicio de las administrativas y/o disciplinarias a las que haya lugar.

Esa colegiatura indicó que para el momento de dictar su providencia, ya se había cumplido por parte del órgano accionado la orden de tutela, que entendió había sido para que respondiera “de fondo la solicitud formulada por la accionante”, por lo que cosa diferente era que la actora no se encontrara “satisfecha con la reliquidación que de su pensión de vejez efectuara la entidad accionada”.

3. Analizado el proveído de 21 de noviembre de 2012 antes reseñado, surge claro que para el tribunal fue suficiente que Cajanal hubiese expedido, durante el trámite de la consulta, una resolución respondiendo la solicitud de la interesada, sin verificar si con la mencionada resolución efectivamente se daba cumplimiento a la orden de tutela, pues a este último respecto ninguna consideración realizó, a pesar de ser el punto central del asunto puesto a su conocimiento.

Correspondía, entonces, a esa corporación hacer un juicio comparativo entre lo ordenado en el fallo de 6 de junio de 2012, y lo consignado en el acto administrativo de 9 de octubre de esa anualidad, en aras de corroborar el efectivo cumplimiento de la orden impartida por la jurisdicción constitucional en el caso concreto, labor de ponderación y análisis ausente en la providencia objeto del reclamo actual.

En ese contexto, el derecho al debido proceso de la actora ciertamente resulta afectado ante una motivación aparente de la providencia en cita, donde, como se advirtió, el ad quem se limitó a exponer que la entidad accionada había acatado el amparo con posterioridad a la imposición de sanciones por desacato en primera instancia sin ocuparse de si el acto administrativo de reliquidación de la pensión de vejez de la peticionaria atendía o no la orden del juez segundo penal para adolescentes con funciones de conocimiento impartida el 6 de junio de 2012.

En todo caso conviene aclarar, que el aspecto reprochable de la providencia en cuestión, no radica precisamente en el sentido mismo de la decisión, tópico sobre el cual la Corte —actuando en sede de tutela— no puede inmiscuirse, sino porque en su aparente motivación se omitió pronunciamiento específico en torno al aspecto en que puntualmente se edifica el incidente de desacato y en ese orden, como solo ocurre en oportunidades muy excepcionales, cabe conceder el amparo constitucional, atendiendo que la providencia en mención no es susceptible de recurso adicional alguno.

Hay eventos en los cuales, “a pesar de hallarse la actuación del juez dotada de aparente motivación acorde a los postulados del debido proceso, no resiste un examen constitucional dado que su ropaje es apenas postizo...” (Sent. mayo 22/2009, Exp. 63001-22-14-000-2009-00043-01).

Al respecto “... esta Sala en reiteradas oportunidades ha protegido el derecho fundamental al debido proceso respecto de providencias que a pesar de encontrarse revestidas de una aparente motivación, es en verdad inexistente, deficiente, insuficiente o contradictoria...” (Sent. jun. 9/2008, Exp. 11001-02-03-000-2008-00754-00).

4. Se otorgará, entonces, la protección rogada y, por tanto, se ordenará a la autoridad convocada que tras dejar sin efecto el auto de 21 de noviembre del año próximo pasado, dicte una nueva providencia que resuelva la consulta del auto que impuso sanciones por desacato al gerente de Cajanal en Liquidación, atendiendo lo indicado en precedencia.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo solicitado.

En consecuencia, para salvaguardar el derecho al debido proceso de la ciudadana Alma Alicia Peláez Mejía, se ORDENA a Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del término de diez (10) días, contado a partir de la notificación del presente pronunciamiento, dejar sin efecto la providencia de 21 de noviembre de 2012, dictada en el asunto al cual se contrae la queja constitucional, y proferir una nueva decisión que resuelva la consulta del auto de primera instancia que sancionó por desacato al señor Jairo de Jesús Cortés Arias, gerente general de Cajanal EICE en Liquidación, teniendo en cuenta lo consignado en la parte motiva de esta sentencia.

La referida corporación informará a la Corte sobre el cumplimiento de lo aquí ordenado, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de aquel término.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Rafael Romero Sierra—Jorge Santos Ballesteros—Arturo Solarte Rodríguez, ausencia justificada—Jesús Vall de Rutén Ruiz.

(1) Providencia de 19 de septiembre de 2012.

(2) Ver, entre otras, las sentencias de 8 de febrero de 2010, Expediente 73001-22-13-000-2009-00465-01 y de 8 de febrero de 2010, Expediente 68001-22-13-000-2009-00636-01.

(3) Expedientes 2008-00657-00 y 2008-01018-00.

(4) Sentencia de 25 de junio de 2012, Expediente 5400122130002012-00069-01.

(5) Sentencia T-010 de 2012.