Sentencia 2013-0797 de abril 29 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Exp.: 110010203000-2013-00797-00

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez.

Discutido y aprobado en Sala de veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013).

Bogotá D. C., veintinueve de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. Corresponde establecer, desde la perspectiva constitucional, si las autoridades censuradas vulneraron los derechos fundamentales del accionante, tanto en el trámite como en la sentencia que acogió las pretensiones de quince personas que, por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas de Montería y Córdoba, solicitaron como víctimas la restitución de varios predios que hacen parte de un terreno de mayor extensión conocido como “Hacienda El Paraíso”.

2. Por consagración constitucional de la autonomía judicial, las providencias de los jueces o funcionarios que administran justicia son, en principio, ajenas al análisis propio de la acción de amparo consagrada en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a dicha regla, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en los que la respectiva autoridad profiere alguna decisión ostensiblemente arbitraria y caprichosa, esto es, producto de la mera liberalidad del funcionario, a tal punto que configure una “vía de hecho”, y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y no tenga o no haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para conjurar la lesión de sus garantías superiores.

3. Para los efectos del análisis que se realiza está acreditado lo siguiente:

a) Que el 25 de octubre de 2012, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Montería admitió a trámite judicial, la solicitud de restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente que elevaron Judith Margarita Zurique, Gladys María Cardozo, Martha Cecilia Bula Bohórquez, Onelis Osiris Ojeda Nerio, Aydee del Carmen Quiroz Bohórquez, Jorge Elías Manchego Peinado, Jorge Adalberto Alarcón Alarcón, Sixto Domingo Huertas Flórez, Fernán Rafael Bula Bohórquez, Nelson Nicanor Negrete Álvarez, Eduardo Enrique Jaraba Arrieta, Eleodoro Manuel Gaviria Vergara y Dámaso Antonio Cogollo Díaz, por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, contra Hever Walter Alfonso Vicuña, respecto de trece (13) parcelas englobadas en la finca “El Paraíso”.

b) Que el Juzgado de conocimiento, en esa misma providencia, ordenó realizar las publicaciones de prensa respectivas, y oficiar al Banco BBVA como acreedor hipotecario (fls. 74 al 82, cdno. 1 de copias).

c) Que el 14 de noviembre de 2012, por intermedio de apoderado judicial, Hever Walter Alfonso Vicuña replicó el pliego genitor, a través de escrito de 89 folios, en el que se pronunció a espacio sobre cada uno de los hechos y pretensiones, y manifestó “oposición específica” (fls. 83 a 171).

d) Que el 2 de diciembre aceptó la acumulación de la petición que efectuaron Ángela Rosa Monterroza Macea y Luis Alberto Franco en relación con dos lotes más (fls. 25 al 34 cdno. 2 de copias).

e) Que el 7 del mismo mes, el funcionario de la causa repuso el auto que dio traslado de las excepciones previas del propietario inscrito, y a cambio las rechazó de plano (fls. 181 y 182).

f) Que el 21 de enero de 2013, esa autoridad, in límine, desestimó la nulidad que el allí accionado planteó con similares argumentos a los de las defensas dilatorias (fls. 191 al 195).

g) Que el 30 de enero pasado, el juzgado se abstuvo de abrir a pruebas el proceso, y ordenó su envío al tribunal por estimar que se daban los supuestos de la presunción de derecho del numeral 1° del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011 (fls. 133 a 137).

h) Que el 28 de febrero de este año, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia avocó el conocimiento de las causas acumuladas, y procedió al decreto de pruebas, entre ellas: tuvo en cuenta los documentos aportados por las partes, dispuso la remisión de varios oficios, determinó escuchar como testigos del opositor a Diana Paulina Quintero Riascos y Ángel Horacio Cardona Rúa, y citó a interrogatorio de parte a Hever Walter Alfonso Vicuña (fls. 198 al 204).

i) Que el 15 de marzo último profirió fallo a favor de los peticionarios, y desestimó la oposición esgrimida por Hever Walter Alfonso Vicuña; en consecuencia, declaró configurada la presunción legal del numeral 2° del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, derivada de los actos de violencia en los predios colindantes, tuvo por inexistentes los contratos contenidos en los instrumentos allí relacionados, decretó la nulidad absoluta del acto de englobe efectuado por Hever Walter Alfonso Vicuña y no reconoció compensación para este último “por no acreditar el obrar de buena fe exenta de culpa” (fls. 219 al 345).

i)(sic) Que el 1º de abril negó la apelación que formuló el actual quejoso, y el 3 posterior la solicitud de aclaración radicada por la Unidad demandante (fls. 346 al 362).

4. No se acogerá la protección solicitada, de conformidad con los siguientes argumentos:

a) La presente acción de tutela, como atrás se relacionó y lo precisó el propio interesado en su escrito de subsanación, persigue la protección de los derechos fundamentales del opositor en el aludido proceso de restitución de tierras.

Bajo ese supuesto, diáfano e indiscutido, el accionante carece de legitimación para censurar las actuaciones u omisiones procesales que, de llegar a ser ciertas, únicamente afectarían al Banco BBVA S.A. y a los “adquirentes de los donatarios de Funpazcor”, por no integrarse el contradictorio con ellos, y a las víctimas, por una indebida representación.

De tal manera que, frente a esos particulares cargos, no se cumple en este caso el presupuesto de “legitimación” establecido en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, dado que quien formula el auxilio no es el “directamente afectado” con las precitadas actuaciones que aduce como viciadas en el juicio de “restitución” en cuestión.

En una providencia en la que se trató el tema, dijo la Corte: “…El principio de la informalidad que impera en estos trámites, no llega hasta el punto de permitir, sin fundamento alguno, que cualquiera pueda alegar por cuenta de otro, como si a él se le violaran las ‘garantías fundamentales’ y no a quien pretende favorecer” (Sent. mayo 23/2011, Exp. 00437-01).

b) La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el trámite de restitución de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su núcleo esencial, los derechos de las víctimas, opositores, intervinientes y terceros.

De ello da cuenta la Sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destacó que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como “una medida necesaria para proteger a las víctimas del empleo de artimañas jurídicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jurídico de los predios”, se definieron en la norma “garantías suficientes para que quienes tengan interés puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas”.

En lo que atañe precisamente a los medios de convicción, indicó dicha Corporación que “el juez no cumple una función notarial o de registro, ni es un convidado de piedra que debe atenerse únicamente lo probado por la Unidad”, pues, “el acervo probatorio recolectado por la Unidad se debe someter a debate”, facultándose incluso al administrador de justicia para, si lo considera necesario, “solicitar pruebas adicionales que le permitan llegar al convencimiento de que el predio inscrito corresponde al predio despojado o abandonado, los hechos que muestran el despojo o abandono forzado, así como los derechos de quienes presentan la solicitud y de quienes se oponen a ella” (resaltado adrede).

c) En el sub exámine, la Corte advierte que las garantías básicas del reclamante no fueron desconocidas en el juicio de restitución que concierne, al punto que se le convocó para que allí participara, lo que efectivamente hizo, realizando actos procesales como contestar la demanda, oponerse, pedir pruebas, invocar excepciones y nulidades e interponer recursos, peticiones que, independientemente del sentido de la decisión, se absolvieron, primero por el juzgado, y luego por el tribunal, en ejercicio de la competencia conferida por la Ley 1448 de 2011, e interpretando las reglas procesales pertinentes, labor en la que gozan de autonomía e independencia por vía del artículo 228 superior.

d) El cómputo del término para replicar el pliego introductor es un asunto de estricto linaje legal, por aparecer reglado en el artículo 88 de la ley en mención: “las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud”.

Las divergencias interpretativas que del mismo emerjan, no compete definirlas al juez de tutela, por ser su tarea exclusiva el amparo de los derechos fundamentales, los que en la respectiva litis se preservaron ya que el demandado concurrió al estrado judicial, allegando un extenso escrito de oposición, en el que adujo los argumentos que en su parecer no permitían acoger las súplicas de las víctimas.

Y, en todo caso, la eventual existencia de un error en la apreciación de la norma adjetiva no sería trascedente, porque la contradicción, como elemento ínsito e indispensable del debido proceso se preservó. Al respecto sirve memorar a la Corte Constitucional cuando dijo: “el defecto procedimental se presenta cuando el operador judicial se aparta de manera abierta de las normas procesales que regulan el caso. Debe tratarse de una irregularidad trascendente que afecte de forma grave el debido proceso y que tenga incidencia directa en la decisión judicial impugnada o de la participación de una de las partes en el mismo…” (Sent. T-950/2011).

e) Con independencia de que la Corte comparta o no el criterio fijado por las autoridades censuradas para rechazar de plano de las excepciones previas y la nulidad propuestas por el allí accionado, apoyado en el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011 que prevé “En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni conciliación”; el mismo no comporta un desconocimiento evidente del debido proceso del aquí accionante, si se tiene en cuenta que los fundamentos de aquellas peticiones se descartan, al observar que la indebida representación de los demandantes es asunto que atañe a estos; el agotamiento del requisito de procedibilidad se satisfizo, según los accionados, con el certificado emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de Montería; y la presunta pérdida de competencia de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, por proferir fuera de tiempo el acto administrativo de inclusión de los predios en el “registro de tierras despojadas” es un tópico que debió alegarse en la fase administrativa y no en la judicial.

A lo que se agrega que el término de sesenta días para decidir sobre la “inclusión de un predio en el Registro”, a la luz de los principios que orientan el proceso de restitución, entre ellos, el de “prevalencia constitucional” de los derechos de las víctimas, no podría ser concebido, en principio, como un plazo de caducidad de su acción, sino, mejor, como la prevención para que las autoridades agilicen el trámite de sus aspiraciones de retorno.

f) Ha explicado la Sala que la vía de hecho por defecto fáctico se da, entre otras hipótesis, cuando “sin razón justificada [se] niega el decreto o la práctica de una prueba, omite su valoración o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo” (fallo de 10 de octubre de 2012, exp. 2012-02231-00).

Acá, se aduce que las autoridades atacadas incurrieron en el yerro descrito, al suprimir injustificadamente el periodo probatorio (el juez), y no decretar la totalidad de pruebas solicitadas en el escrito de oposición (la Sala denunciada).

En torno a lo primero, la decisión del juzgado de no abrir a pruebas el proceso, folios 133 a 137, parte de dos premisas concretas: la sentencia penal condenatoria contra Sor Teresa Gómez Álvarez por el delito de concierto para delinquir agravado y la presunción de derecho del numeral primero del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011 que dispone: “Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume de derecho que existe ausencia de consentimiento o causa ilícita, en los negocios y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución, celebrados durante el período previsto en el artículo 75, entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quien conviva, sus causahabientes, con las personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que actúan por fuera de la ley cualquiera que sea su denominación…”. Esos presupuestos le permitieron deducir al juzgador, que el expediente debía remitirse a su superior para resolver la controversia, conclusión que por la manera en la que se argumentó, dista de ser arbitraria, y, de contera, susceptible de censura constitucional.

En cuanto a lo segundo, es preciso indicar que tampoco resulta caprichoso el proceder el tribunal, porque, no obstante que el expediente se le envió para fallo, optó, con apoyo en sus facultades legales, artículo 89, por decretar las pruebas que estimó “conducentes”, circunscribiéndolas a documentos, oficios, dos testimonios y el interrogatorio de parte.

g) Bajo la óptica de los derechos fundamentales y en el marco de una justicia transicional, no se aprecia que la providencia dictada el 13 de marzo pasado por la corporación atacada represente una vía de hecho, pues, allí a espacio y con detalle, se expusieron los motivos que llevaron a acoger las súplicas de las quince víctimas del despojo, y a descartar la oposición del demandado.

Así, se explicó que “… al opositor no le asiste razón en su dicho, puesto, que en primer lugar, no demostró el carácter de justo del título mediante el cual habría adquirido la propiedad de los quince (15) predios reclamados, toda vez que sus antecesores en la cadena de venta y tradición de tales inmuebles, carecían también de justo título, puesto que no eran verdaderos dueños de los mencionas parcelas…En efecto, quedó probado en el plenario, la configuración de las presunciones consagradas en el numeral 2, literales a) y b), del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, esto es la ausencia de consentimiento en los negocios jurídicos mediante los cuales se pretendió vender los predios solicitados en restitución; produciéndose las consecuencias traídas por la norma, que son, inicialmente, la inexistencia de los primeros contratos de compraventas utilizados para transferir las comentadas parcelas, luego de haber sido donadas por Funpazcor y, por consiguientes, la nulidad absoluta de todos los actos o negocios posteriores, celebrados sobre la totalidad o parte de dichos inmuebles (lit. e), ibídem). Es decir, las compraventas posteriores, hasta llegar a la celebrada por quien ahora se opone a los reclamantes de restitución, están viciadas de nulidad absoluta, con lo cual también quedan sin efecto las respectivas inscripciones efectuadas en el Registro de Instrumentos Públicos de Montería, para la tradición del dominio de los bienes en mención”.

Frente a la calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa invocada por el allí accionado, indicó que “En el caso de autos, no se advierte que esos elementos constitutivos de la buena fe exenta de culpa, concurran en el opositor, pues… conforme al material probatorio obrante en el expediente, Hever Walter Alfonso Vicuña, no podía negar el conocimiento de hecho notorio de la violencia en Córdoba y de Montería; tanto así que en el escrito de oposición, expresamente afirmó que ‘es cierto que los sucesos de violencia por la presencia de grupos paramilitares es de conocimiento público y que puede constituir un hecho notorio'. Manifestación que, al ponérsele de presente en el interrogatorio de parte, el opositor infructuosamente, trató de negar, de manera contradictoria y confusa, lo que le resta credibilidad a cualquier argumentación tendiente a negar su conocimiento acerca de la ruptura de la convivencia pacífica, ocasionada por grupos armados ilegales, denominados paramilitares. Asimismo, ninguna convicción judicial genera el dicho de los testigos, sobre el supuesto desconocimiento de un hecho notorio, quienes al unísono y de una forma tan homogénea', al ser interrogados sobre la situación de violencia en el municipio de Montería y concretamente en la Hacienda Santa Paula', respondieron no conocer dicha situación; de forma, evidentemente planificada, adujeron que la situación de violencia era generalizada en Colombia pero que nada sabían particularmente respecto de la región en la que han vivido por más de treinta años. Específicamente, fue, y es, públicamente sabido que la llamada ‘Casa Castaño’, a través de Funpazcor donó tierras de la Hacienda Santa Paula, a campesinos de la región, quienes posteriormente fueron despojado de las mismas por allegados a dicha fundación; y que el homicidio de Yolanda Yamile Izquierdo Berrio, se produjo como consecuencia de su liderazgo en la campaña de recuperación y restitución de esas parcelas, delito por el cual fue condenada a cuarenta (40) años de prisión Sor Teresa Gómez. Sin embargo, con tales antecedentes, notoriamente conocidos, Hever Walter Alfonso Vicuña adquirió los predios quince (15) solicitados en restitución''.

Viene de dicha transcripción, que la decisión del tribunal se adoptó bajo un criterio de interpretación normativo aceptable, acompañado de la respectiva valoración de las pruebas, dentro de las cuales no se contempló, exclusivamente la documental, sino también testimonios, presunciones y hechos notorios, aspecto que descarta cualquier necesidad de profundizar sobre si debió otorgarse o no mérito a unas copias simples.

En suma, como en otros casos lo ha expuesto la Corte, “…independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis” (Cas. Civil, Sent. abr. 5/2010, Exp. 00006-01, citada el 3 de junio de 2011, Exp. 00527-01).

h) Para finalizar, al no concederse el recurso de apelación frente a la anterior sentencia, ningún derecho se le violó al aquí demandante, pues, la tramitación respectiva se surtió en única instancia, quedándole como único medio de impugnación, artículo 92, “el recurso de revisión ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los términos de los artículos 379 y siguientes…”, escenario idóneo, este último, para replantear varias de las quejas aquí ventiladas, como la alegada supresión injustificada del término probatorio.

5. Por consiguiente, se desestimará la protección deprecada.

Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el resguardo impetrado.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese».