Sentencia 2013-00798/20959 de septiembre 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 68001-23-33-000-2013-00798-01 (20959)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Universidad Industrial de Santander

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

Tema: IVA - 6º bimestre de 2011

Sentencia segunda instancia

Bogotá, D. C., seis de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, se debe dilucidar si los actos demandados se encuentran falsamente motivados y si la Universidad Industrial de Santander - UIS, tiene derecho a la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes, insumos y servicios para el desarrollo de sus actividades de extensión.

Para decidir, se tienen como relevantes los siguientes hechos:

• El 27 de enero de 2012, la Universidad Industrial de Santander presentó solicitud de devolución y/o compensación del impuesto sobre las ventas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 2627 de 1993.

• Según informe de verificación tributaria del 6 de marzo de 2012(2), la DIAN efectuó el cruce del listado de facturas de compra de bienes y servicios, soporte de solicitud de devolución, contra los respectivos comprobantes de pago, en la que evidenció que algunas facturas incumplen lo dispuesto en los artículos 1º y 4º del Decreto 2627 de 1993 en cuanto a bienes, insumos y servicios adquiridos para uso exclusivo de la institución y no para terceros, por lo que se sugiere el rechazo de $221.858.879.

• Mediante la Resolución 000266 del 7 de marzo de 2012, la DIAN devolvió $2.150.546.538 y rechazó $221.858.879 por estimar que “corresponden a rubros que fueron cancelados pero no corresponden a un bien o servicio como lo exige el artículo 4º del Decreto 2627 de 1993”(3).

• El 4 de mayo de 2012, la demandante presentó el recurso de reconsideración en contra del anterior acto administrativo alegó que la universidad presentó la solicitud de devolución de IVA, acompañada de la certificación expedida por contador público, sobre los aspectos previstos en el artículo 4º del Decreto 2627 de 1993 y que la interpretación de dicha norma no puede ser exegética por cuanto la universidad se encuentra autorizada a adelantar labores de investigación y extensión.

• Con la Resolución 1042 del 2 de abril de 2013, la DIAN confirmó el acto recurrido.

2. Falsa motivación de los actos demandados.

2.1. Según el apelante, los actos acusados se encuentran falsamente motivados, por cuanto si bien la UIS estructura su demanda, y ataca de forma clara la razón en la que se sustenta el rechazo del IVA, ello no corresponde al hecho de encontrarse debidamente motivado el acto que se censura, sino al estudio por parte de la demandante de los antecedentes del acto, esto es, el expediente que contiene la actuación que finaliza con los actos demandados.

2.2 Observa la Sala que a pesar de que la actora se refiere a una falsa motivación de los actos, su discrepancia radica en la falta de motivación, derivada de la alegada ausencia de motivos del rechazo alegado.

2.3 De conformidad con el artículo 42 del CPACA(4), los actos administrativos que contengan decisiones que afecten a los particulares deben motivarse al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión garantizan el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente. Por lo tanto, los motivos de los actos administrativos constituyen un elemento estructural y su ausencia o la falsa motivación generan la nulidad del acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del CPACA.(5)

2.4 En el caso concreto se observa que tanto la Resolución 00266 del 7 de marzo de 2012, que resolvió la solicitud de devolución, como la Resolución 1042 del 2 de abril de 2013, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la primera, se encuentran debidamente motivadas por las siguientes razones:

2.5 La Resolución 00266 del 7 de marzo de 2012 contiene un anexo explicativo en el que la DIAN precisó lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2627 de 1993 y orden administrativa Nº 004 del 30 de abril del 2002, una vez realizada la sustanciación y auditoría de la información suministrada por la sociedad y de acuerdo a lo anteriormente expuesto en el desarrollo de la inspección se rechaza el valor de $221.858.879, toda vez que corresponden a rubros que fueron cancelados pero no corresponden a un bien o servicio como lo exige el artículo 4 Numeral 3 inciso final Literal b) del decreto 2627 de 1993”(6).

2.6 Con fundamento en lo expuesto, la actora presentó el recurso de reconsideración, en el que alegó la procedencia del beneficio fiscal alegado. La resolución que resolvió el recurso interpuesto señaló de manera clara los argumentos por los que a juicio de la DIAN el acto recurrido debe confirmarse, razón por la que la Sala encuentra que los actos acusados se encuentran debidamente motivados y permitieron el debido y oportuno ejercicio del derecho de defensa por parte de la actora. No prospera el cargo.

3. Devolución del IVA pagado por los bienes, insumos y servicios que adquieran las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior.

3.1. La DIAN procedió al rechazó parcial de la solicitud de devolución del IVA presentado por la UIS, en $221.858.879, por cuanto estableció que las facturas cuestionadas se refieren a servicios y bienes contratados que no son para uso exclusivo de la institución, sino para terceros, incumpliendo el requisito de la exclusividad previsto en el literal b) numeral 3 del artículo 4 del Decreto 2627 de 1993.

3.2. Según el artículo 92 de la Ley 30 de 1992: “Las instituciones de Educación Superior, los Colegios de Bachillerato y las instituciones de Educación No Formal, no son responsables del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran, mediante liquidaciones periódicas que se realicen en los términos que señale el reglamento”.

3.3. Mediante Sentencia C-925 del 19 de julio de 2000(7), la Corte Constitucional declaró exequible la expresión “estatales u oficiales", del artículo 92 de la Ley 30 de 1992, por considerar que el mismo se justifica en la medida en que hace más eficiente las funciones que en materia educativa la carta ha asignado al Estado.

Manifestó la referida sentencia:

“(…) Para la Corte la norma acusada es exequible, puesto que el diverso trato otorgado a los dos sectores de la educación -el público y el privado- sí goza de justificación, y la ventaja tributaria por ella establecida se convierte en medio idóneo para hacer efectivos los preceptos constitucionales, motivo por el cual se ajusta a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad que deben guiar toda diferencia establecida por la ley.

Si bien es cierto que tanto las instituciones educativas de carácter estatal u oficial como las del sector privado cumplen similar función, y que el artículo 67 de la Carta radicó la responsabilidad de la educación no sólo en el Estado, sino también en la sociedad y en la familia, debe además recalcarse que, la misma norma superior prescribió que la educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado –sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes tengan la capacidad económica para sufragarlos–, y que, aparte de las funciones de inspección, control y vigilancia, es el Estado el encargado de garantizar el adecuado cubrimiento de ese servicio público, y de asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

En otros términos, es mucho mayor, en cuanto a sus dimensiones económicas, la carga que la Constitución ha establecido en cabeza de las instituciones públicas, que la asumida por los particulares, y son también mayores las exigencias que la población puede hacer al Estado en relación con la materia, a lo cual debe agregarse que los tributos que pagan las entidades oficiales van a las mismas arcas del Estado al Tesoro Público lo que explica que, con el propósito de incentivar y fortalecer a sus propios organismos encargados de cumplir los objetivos constitucionales de la educación, el Estado les devuelva, en los términos que indique la ley, todo o parte de lo que, como gravamen, han cancelado. No por eso está obligado a extender semejante beneficio a los particulares contribuyentes que, por concesión y bajo la vigilancia del Estado, desarrollan la actividad educativa, si bien en condiciones diferentes y con una responsabilidad sólo circunscrita a los establecimientos que fundan y administran.

(…) la medida resulta idónea para alcanzar esos cometidos constitucionales, ya que el consagrar la devolución de lo que las instituciones públicas educativas han pagado por el concepto del impuesto al valor agregado por ciertos bienes y servicios, el Estado cuenta con mayores recursos para cumplir de manera más eficiente todas aquellas funciones que, en materia educativa, la Carta le ha asignado”;

(…) En este orden de ideas, la Corte considera que el legislador bien podía consagrar la devolución tributaria en mención sin verse precisado a extender el beneficio a otros sujetos, y que la norma acusada responde a los especiales fines y funciones que, en materia educativa, debe cumplir el Estado (artículos 13 y 67 C.P.). No existe, pues, violación del ordenamiento constitucional y, en consecuencia, se declarará la exequibilidad de las palabras acusadas”. (subrayado fuera de texto).

3.4. Por otra parte, los artículos 6º y 120 de la Ley 30 de 1992 señalan lo siguiente:

“Artículo 6º. Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones:

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a nivel nacional y regional.

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines.

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional.

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica.

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

Artículo 120 La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”.

3.5. El Gobierno Nacional por medio del Decreto 2627 del 28 de diciembre de 1993 reglamentó el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 4º dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 4º. Requisitos de la solicitud de devolución del impuesto a las ventas. La solicitud de devolución del Impuesto a las Ventas deberá presentarse diligenciando el formato correspondiente y cumplir los siguientes requisitos:

1. Que se presente en forma personal por el representante legal de la Institución.

2. Que se presente dentro de la oportunidad señalada y en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente.

3. Que se acompañe los siguientes documentos:

a) Certificación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior “Icfes” en la que se acredite la representación legal de la institución y la calidad de institución estatal u oficial de educación superior, cuya fecha de expedición no debe ser superior a seis (6) meses.

b) Certificación de contador público o revisor fiscal en la que conste:

— Identificación de cada una de las facturas de adquisición de bienes, insumos y servicios indicando el número de la factura, fecha de expedición, nombre o razón social y NIT del proveedor, vendedor o quien prestó el servicio, valor de la transacción y el monto del Impuesto a las ventas pagado.

— El valor total del impuesto pagado objeto de la solicitud de devolución.

— Que en las facturas se encuentra discriminado el Impuesto a las Ventas y cumplen los demás requisitos legales.

Que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva Institución”.

3.6. El aparte subrayado fue demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. y el Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de septiembre de 2007, Exp. 15767(8) señaló lo siguiente:

“A juicio de la Sala, esta disposición [artículo 6º de la Ley 30 de 1992] consagra una serie de enunciados sobre los propósitos de la educación superior, los cuales, naturalmente, se cumplen más fácilmente, si se cuentan con más recursos de los que les corresponden por ser un gasto público social, como son las partidas asignadas dentro del presupuesto nacional (artículos 350 y 356 de la Constitución Política).

También, con mayores recursos, se puede dar mejor cobertura a los programas de extensión autorizados por el artículo 120 de la Ley 30 de 1992, tales como “programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”.

“…

En efecto, la exclusividad que advierte el reglamento debe entenderse en el sentido de que el beneficio no se extienda a personas diferentes a la institución pública, que es la titular, pues si el Estado deja de percibir un ingreso lo hace precisamente porque es un beneficio de una entidad pública de educación superior y no de una persona natural.

Así las cosas, el decreto reglamentario da una correcta interpretación del artículo 92 de la Ley 30 de 1992, pues, es incuestionable que los bienes, insumos y servicios, sobre los que procede la devolución del IVA pagado, los adquiere la institución oficial, para sí, y no para un tercero”.

3.7. De esta forma, el Presidente de la República reglamentó el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 que garantiza la devolución del IVA pagado por las instituciones oficiales de educación superior, causado por la compra de bienes y servicios, con una clara política de atenuar los costos educativos.

3.8. Se debe tener en cuenta que el objetivo del artículo 92 de la Ley 30 de 1992 es el de fortalecer los especiales fines y funciones que, en materia educativa, debe cumplir el Estado, norma que se debe interpretar en concordancia con los artículos 6º y 120 de la misma ley que incluyen dentro de los objetivos de la educación superior y de sus instituciones los de apoyar las labores investigativas y de servicio social que requiere el país y de ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.

3.9. Tales propósitos se cumplen a través de la docencia, la investigación los programas de extensión que según el artículo 120 de la Ley 30 de 1992 comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

3.10. De esta forma, con el decreto reglamentario se asegura que los bienes y servicios que originaron el IVA objeto de devolución sean para uso exclusivo de las universidades oficiales.

3.11. Ahora, de conformidad con la Ley 30 de 1992, el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander UIS, expidió el Acuerdo 166 de 1993, fijando como objetivos de la institución los siguientes:

“ARTÍCULO 5º. Para el cumplimiento de su misión la Universidad Industrial de Santander tiene como objetivos:

a. Formar ciudadanos libres y responsables, consientes y comprometidos con los valores democráticos, la tolerancia de la diversidad, los deberes civiles y los derechos humanos.

b. Estudiar y promover el patrimonio cultural de la humanidad, atendiendo a su diversidad étnica, histórica, regional e ideológica, para contribuir a su conservación y enriquecimiento, en el marco de la unidad nacional.

c. Asimilar críticamente y crear conocimientos en los campos de acción de las ciencias, de la tecnología, de la técnica, de las humanidades, del arte y de la filosofía.

d. Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y humanística, que les permita desarrollar conciencia crítica y criterios personales, para actuar responsablemente ante la sociedad, y para aportar su concurso frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo, especialmente en lo que tenga que ver con los problemas y en el desarrollo regional y nacional.

e. Fomentar la educación, la investigación y la cultura ecológica, para contribuir a la preservación y mejoramiento de la calidad del medio ambiente.

f. Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional, propiciar su vinculación con el sector productivo, los organismos del estado y la comunidad del país y fomentar su articulación con sus homólogos a nivel nacional”.

Y para el logro de esos objetivos, la universidad cumplirá las siguientes funciones:

“a. Docencia, entendida ésta como los procesos de búsqueda de la verdad, sin excluir modalidades o metodología; orientados a formar integralmente a los educandos, dentro del ejercicio libre y responsable de la cátedra y el aprendizaje;

b. Investigación, entendida ésta como los procesos de búsqueda, creación y asimilación del saber, orientados a generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico y social.

c. Extensión, entendida ésta como la proyección de la Universidad hacia la comunidad, aportando la crítica, las ideas y las soluciones a sus problemas y contribuyendo con su actividad académica, cultural e investigativa al bienestar común”. (art. 6º)

3.12. La contadora de la Universidad Industrial de Santander, respecto a la solicitud de devolución en comento certificó: “… que la relación adjunta contiene la información requerida por el Decreto 2627/93, con el detalle exigido en el artículo 4º, literal B, y que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el uso exclusivo de la Institución, como soporte para la devolución del Impuesto a las ventas pagadas (sic) por la suma de dos mil trescientos setenta y dos millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos diecisiete pesos (2.372.405.417) m/cte”.(9)

3.13. Los valores rechazados por devolución del IVA pagado en la adquisición de servicios para el desarrollo de sus actividades de extensión corresponden a los siguientes conceptos:

icon
ver tabla
No
Fact
NitNombreValor
IVA
No.
Comprob
FoliosObjeto
11019.445.868Alberto Ortiz Fernández5.631.7252011020736302/
303/
304
Servicio de asesoría procesos técnicos perforación de pozos
25840830.007.339C&CO
Services

78.272.693201019692314/
315/
316
Servicio de asesoría procesos
Técnicos perforación de pozos
39391.203.408Edgar M. Márquez3.586.2072011019266334/
335/
336
Servicio de asesoría procesos
Técnicos perforación de pozos
45813.835.722Jorge Ernesto Calvete9.655.1722011019172350/
351/
352
Servicio de asesoría procesos
Técnicos perforación de pozos
523900.181.534N&M SAS480.0002011019622356/
357/
358
Consultoría ajustes viales perfiles Portal Norte
6 860.039.988Liberty Seguros S.A.5.944.2412011018887362/
363/
367/
373/
378
Pago pólizas de cumplimiento contrato Nº 7 ANH - UIS
710691.103.650Ernesto Calderón Carrillo3.586.2072011019269384/
385/
386
Servicio de asesoría procesos
Técnicos perforación de pozos
810891.298.464Jhon F. Quintero1.310.4002011019606400/
401/
402
Diseños hidráulicos sanitarios Colegio Aquileo Parra
95841830.007.339C&CO
Services
74.219.5902011018127407/
408/
409
Servicio de asesoría procesos
Técnicos perforación de pozos
105913.835.722Jorge Ernesto Calvete9.655.1722011020921415/
416/
417
Servicio de asesoría procesos
Técnicos perforación de pozos
11797830.025.769SAIP Ltda.1.800.0002011020347420/
421/
422
Consultoría elaboración de los proyectos plan de movilidad municipio de Piedecuesta
1223900.411.285Cedeño Ingeniería2.217.6002011020934430/
431/
433
Elaboración de los diseños de las redes sanitarias, etc. Litoteca Nacional
13379.531.559Hernán Mafla B.1.882.7592011019725439/
441/
442
Coordinación de seguridad contrato
6 y 7 ANH - UIS
14579.531.559Hernán Mafla B.1.882.7592011021649458/
459/
460
Coordinación de seguridad contrato
6 y 7 ANH - UIS
153513.824.739Víctor J. Azuero1.090.3452011021627469/
470/
471
Consultoría técnica para la conexión oriente y occidente calles 54 y 56
161319.445.868Alberto Ortiz Fernández5.631.7252011021611474/
475/
476
Servicio de asesoría procesos
Técnicos perforación de pozos
1718991.200.647Luis A. Rueda R.1.840.0002011021414480/
481/
483
Consultoría diseños geométricos vía Charalá - Coromoro
1831 y 3263.282.432Clara M. Remolina2.017.8002011021244489/
490/
491/
495/
496

Consultoría plan maestro alcantarillado acueducto del municipio de sabana/ asesoría contrato mpio. B/manga.
1918291.200.647Luis A. Rueda R.1.840.0002011021177500/
503/
504
Gastos actividades recopilación de información diseño de la vía Charalá Coromoro
20537800.216.579GGT S.A.1.800.0002011020958509/
510/
511
Consultoría para el plan de movilidad área metropolitana de Bucaramanga
21619.445.868Alberto Ortiz Fernández5.631.7252011020292515/
516/
518
Servicios de asesoría procesos técnicos perforación de pozos
22479.531.559Hernán Mafla B.1.882.7592011020322522/
523/
524
Servicios de asesoría procesos técnicos perforación de pozos
Total221.858.879   

3.14. En el informe presentado por el Grupo Interno de trabajo de devoluciones de la DIAN se indicó que “de acuerdo a la verificación realizada se observan pagos por consultorías los cuales corresponde a contratos interadministrativos y convenios con la ANH ver folios 530 al 543, rubros cancelados por la UIS por conceptos de asesorías para perforación de pozos, para estudios de ingeniería y modelamiento de escenarios de rutas para el transporte público del área metropolitana, etc.”.(10)

Y en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se dijo “que si bien la universidad está facultada para celebrar contratos en desarrollo de programas de extensión de procesos académicos, no implica que los mismos se encuentren cobijados con el beneficio fiscal, ya que la ley de manera restrictiva ordena que para su procedencia los servicios o bienes adquiridos deben ser para uso exclusivo del ente educativo,…”(11).

3.15. En el caso concreto se observa que los valores rechazados corresponden a servicios adquiridos por la UIS en desarrollo de programas de extensión que benefician a la comunidad, se trata de bienes y servicios adquiridos con la finalidad de cumplir el contrato suscrito con terceros.

En los antecedentes administrativos, allegados al proceso, obran diferentes contratos celebrados por la Universidad Industrial de Santander UIS y algunos de los contratistas relacionados en el cuadro antes transcrito, así como las facturas antes citadas y si bien esos documentos dan cuenta de que los servicios y bienes se adquirieron para cumplir con los compromisos pactados en virtud de diferentes convenios, eso no implica que no sean para su uso exclusivo, porque precisamente la Universidad es la parte contratante, quien se compromete con el pago estipulado y los contratistas están prestando el servicio directamente a la entidad educativa.

Así, por ejemplo, en el contrato DC-023 de 2011 suscrito con el señor Alberto Ortiz Fernández se indicó en la parte considerativa que “1. Que la Universidad Industrial de Santander suscribió el Convenio Marco de Cooperación Nº 06, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH, el día 24 de marzo de 2009, con el objeto de “Aunar esfuerzos científicos, técnicos y tecnológicos para realizar el muestreo del subsuelo mediante la perforación de pozos estratigráficos, que permitan identificar áreas prospectivas en el país desde una óptica interdisciplinaria que involucre principalmente aspectos técnicos, sociales y ambientales. Adicionalmente se llevará a cabo la consolidación de grupos de investigación para realizar actividades de perforación y manejar tópicos relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la adquisición y manejo de la información exploratoria de Colombia. 2. Que la Universidad Industrial de Santander, en desarrollo del Convenio Marco de Cooperación Nº 06 de 2009, suscribió los contratos interadministrativos específicos Nº 6 y Nº 7 en septiembre 29 de 2010, para la obtención de muestras del subsuelo y toma de registros de pozo en las cuencas Cauca - Patía y Tumaco, respectivamente. 3. Que en cumplimento de los compromisos adquiridos y descritos anteriormente la Universidad con sujeción a las disposiciones legales, mediante la modalidad de contratación directa (…), adelantó el presente proceso contractual a fin de seleccionar la contratación del líder de Geología de los proyectos de perforación de los pozos de los contratos ANH-UIS No.6 y 7. (…)” y las cláusulas de pactaron así: “CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El contratista en forma independiente se obliga a prestar su servicio profesional especializado como lider de geología del proyecto de perforación de los pozos de los contratos interadministrativos ANH-UIS Nos. 6 y 7. (…) CLÁUSULA TERCERA - Forma de pago: La universidad pagará la totalidad del contrato, previa presentación del informe de actividades y certificación de recibo a satisfacción y aprobación expedido por el interventor del contrato. (…) CLÁUSULA SEXTA - INTERVENTORÍA: La universidad ejercerá Interventoría Técnica y Administrativa del presente contrato”(12).

3.16. Se debe tener en cuenta que el beneficio tributario previsto en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, reglamentado por el artículo 4º del Decreto 2627 del 28 de diciembre de 1993, no distingue la actividad o fin misional, por el contrario, de forma amplia lo consagra para bienes, insumos y servicios adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva Institución, dentro del fin educativo que consagra la ley.

3.17. En consecuencia, toda vez que los bienes y servicios adquiridos responden a los especiales fines y funciones que, en materia educativa, debe cumplir el Estado (artículo 67 C.P y Ley 30 de 1992) y que como lo precisó la Sala: “con mayores recursos, se puede dar mejor cobertura a los programas de extensión autorizados por el artículo 120 de la Ley 30 de 1992”, la Sala considera que los valores rechazados cumplen el requisito contenido en el literal b) del artículo 4º del Decreto 2627 del 28 de diciembre de 1993, razón por la que no procede el rechazo efectuado por la DIAN. Prospera el cargo.

3.18. La demandante pidió que los valores reconocidos fueran devueltos indexados. Al respecto cabe señalar que la norma que regula el procedimiento para la devolución del IVA a instituciones oficiales de educación superior no prevé la actualización del dinero, por lo que tratándose de la devolución de impuestos es aplicable el artículo 863 del Estatuto Tributario, por remisión del artículo 8º del Decreto 2627 de 1993.(13)

Por lo anterior, la Sala ordenará que la suma reconocida en esta providencia sea devuelta a la demandante junto con los intereses corrientes y moratorios de que trata el artículo 863 del estatuto tributario.

Los intereses corrientes causados a partir del 9 de marzo de 2012, fecha en que fue notificada la Resolución 0000266 que rechazó parcialmente el valor reclamado, y hasta la ejecutoria de esta sentencia; y los intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de este fallo “hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación”, a la tarifa establecida en el artículo 864 del estatuto tributario.

4. Condena en costas.

No se condena en costas [gastos o expensas del proceso y agencias del derecho], en esta instancia, porque en el expediente no se probó su causación, como lo exige el numeral 8º del artículo 365 del CGP, aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

ANÚLASE parcialmente la Resolución 0000266 del 7 de marzo de 2012 y la Resolución 1042 del 2 de abril de 2013, expedidas por la DIAN.

A título del restablecimiento del derecho se ordena a la UAE DIAN la devolución a la Universidad Industrial de Santander UIS, sociedad demandante, de la suma de $221.858.879, valor rechazado en los actos acusados, así como los intereses corrientes y moratorios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

2. Se RECONOCE personería para actuar a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y a la abogada Alcira Isabel Ortiz Covelli, como apoderada judicial de la Universidad Industrial de Santander en los términos de los poderes conferidos, que obran en el cuaderno principal.

3. Sin costas.

4. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

1 Folios 1 y 2 c. p.

2 Folio 557 c. a.

3 Folio 570 c. a.

4 Artículo 35 del C.C.A.

5 Artículo 84 del C.C.A.

6 Folio 21 c. p.

7 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

8 C.P. Ligia López Díaz.

9 Folio 86 cuaderno de antecedentes.

10 Folios 558 y 559 c. a.

11 Folios 599-604 c. a.

12 Folios 314-319 c.a

13 Sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente 21211, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.