Sentencia 2013-00814 de abril 27 de 2016

 

Sentencia 2013-00814 de abril 27 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., (27) veintisiete de abril de dos mil dieciséis (2016).

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad.: 200011102000201300814 01

Aprobado según acta Nº 34 de la misma fecha.

Ref.: Apelación fallo. Funcionario. Juez promiscuo municipal de Urumita (Guajira).

EXTRACTOS: «EL CASO EN CONCRETO

Se procede a determinar si se confirma o revoca la citada providencia, a través de la cual el Seccional de Instancia sancionó con SUSPENSIÓN de un (1) mes en el ejercicio del cargo al doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA HERNÁNDEZ, en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Urumita (Guajira), al encontrarlo responsable de violar la prohibición consagrada en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996.

Prima facie, cabe recordar que en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyos destinatarios son los servidores de la Rama Judicial, valga decir, funcionarios y empleados, se consagran los deberes, prohibiciones, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses propios de esa clase de servidores(8).

La Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al mismo, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional. De esta manera se pretende que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones.

En este orden de ideas, en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan.

Esta Superioridad, una vez estudiado el acervo probatorio recaudado en este proceso, anuncia desde ahora la confirmación integral del fallo de instancia, pues no existe prueba de descargo ni argumento exculpatorio alguno, que tenga la virtualidad de socavar los sólidos fundamentos que tuvo la Sala de primera instancia para declarar al doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA HERNÁNDEZ, disciplinariamente responsable, e imponerle como sanción la de SUSPENSIÓN por el lapso de un (1) mes en el ejercicio del cargo.

Así pues, en el recorrido de la conducta reprochada, la definición de la falta disciplinaria se encuentra en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos:

“...ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Es por tal razón que, cuando de adecuar una conducta a cargo de un funcionario judicial se trate, se debe recurrir a verificar si con la misma se infringió uno de sus deberes, se incurrió en las prohibiciones, o en infracción al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses a que hacen referencia la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

De manera que, descendiendo al asunto que concita la atención de esta corporación, se tiene que analizar si en su actuar, el doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA HERNÁNDEZ, en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Urumita, incurrió en la conducta por la cual se le corrió pliego de cargos y de la cual fue luego sancionado, en la providencia que es objeto de apelación.

La falta disciplinaria por la cual el a quo formuló el pliego de cargos fue la descrita en el numeral 6° del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 154.—Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido: (...). 

6. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia”. 

Los distintos elementos probatorios allegados al proceso, indican que evidentemente el 11 de noviembre de 2013, después de participar de una misa y una comida fraterna con el sacerdote de la comunidad católica de Media Luna corregimiento de San Diego, (Cesar) la señora SILENE PAOLA CORTÉS SILVA fue agredida por el disciplinado al rehusarse a viajar en su vehículo a la ciudad de Valledupar, situación que lo alteró y de forma descontrolada, escandalosa y perturbadora, se dirigió a ella en tono amenazante, delante de la comunidad católica de Media Luna, asegurándole que esto terminaría en tragedia pues la iba a matar y luego se mataría él, además de haber obstruido el paso en carretera al punto de tener que recurrir al servicio de la Policía Nacional para que pudiesen continuar con la seguridad debida en trayecto rumbo a Valledupar.

Pues bien, para esta corporación es claro que entre otras virtudes que debe ostentar un funcionario judicial, independientemente de si ejerce o no la función a su cargo, están la prudencia, como el hábito de obrar bien, la honorabilidad, entendida como respetabilidad; la honestidad, como cualidad que no se opone a las buenas costumbres; la moralidad, como conjunto de reglas de conducta inherentes a una determinada condición y decoro, entendido este último como dignidad o nivel requerido conforme a una categoría. No entendiéndose cómo las mismas se pueden desligar del funcionario, dependiendo de que si la actividad que desempeñe sea laboral o social.

En asunto similar, la Sala dentro del radicado Nº 500011102000200900036 01 / 2450 F- magistrado ponente José Ovidio Claros Polanco de 2012, se pronunció en los siguientes términos:

“La administración de justicia, que presupone ejercicio con dignidad, decoro, ejemplo, modelo de comportamiento, no puede mantenerse en un valor abstracto, se concreta, y como tal se demanda y exige de quien así sea señor, y se beneficia con tal atributo, en términos de aceptación social, que le conlleva ese doble deber moral y ético de ostentarlo con decoro; faltar a esa confianza con actos que son de la esfera social, constituye una falta que atenta contra las reglas que el colectivo toma como atributos, expectativas, de esa moralidad colectiva y que resulta de mayor exigencia para el funcionario judicial, pues al incurrir en la prohibición, está faltando a la organización a la cual está vinculado y representando en el ejercicio de la administración de justicia; se trata de un reproche social y moral que se ha elevado a la categoría de prohibición normativa. Falta a la dignidad que encarna el cargo que ostenta, genera un reproche, que sanciona la comunidad, como respuesta ética, expresada a través del código disciplinario. 

Vida social, es la que desarrolla la persona usualmente en orden al mejoramiento o cumplimiento de las metas del ser humano y a pesar de no son actos del servicio, ni en ejercicio de sus funciones, terminan vulnerando la dignidad de la justicia, razón por la cual amerita una respuesta disciplinaria punitiva. 

En efecto, la dignidad de la justicia por ser una valor tan elevado y sagrado dentro de la organización social, no permite la más mínima agresión, llegándose al extremo de admitir que quienes ejercen la sacra misión de administrar justicia, les es exigible comportamiento que raya en lo virtuoso, siempre que sus actos en la vida social, pudieran tener los efectos de reproche ético y moral a que hemos venido refiriendo, no así, cuando la condición de funcionario, en situaciones hipotéticas resulte objetivamente idéntica, pero con efectos distintos, por desarrollarlos en espacios sociales en los que no se le reconoce como funcionario judicial, de suerte que el colectivo acepta su comportamiento social acorde con el de los restantes asociados, tolerando conductas inapropiadas de un hombre virtuoso”.

Así para el caso objeto de estudio, nótese que la situación se presentó delante de miembros de la comunidad Católica de Media Luna, quienes se encontraban departiendo con el sacerdote de la comunidad, estaban en un acto “público”, y al quejoso le era conocida su dignidad. Dignidad ésta que lo conduce a tener un comportamiento ejemplar ante la sociedad.

Es que la ley ni la Constitución Política sirven para blindar a un juez de la República frente a eventuales investigaciones, bajo el supuesto de que no estaba ejerciendo la función pública desempeñada, pues de lo contrario no podría reprimirse conductas desaliñadas o irreverentes cometidas por los funcionarios judiciales fuera de su despacho.

Téngase en cuenta que para salvar ese escollo, la no relación ínsita con el servicio público a que está obligado a prestar, es por lo que se erigió en canon legal y en ley estatutaria, la prohibición descrita en el numeral 6º del artículo 154, que justamente prevé situaciones como la antes mencionada, cuando el funcionario, pone en entredicho la dignidad de la administración de justicia en actos que generan desconfianza en el entorno social en el cual se desenvuelve.

Se reitera, tal conducta del juez ciertamente pugna con la consideración y respeto por las personas, comprometiendo así la dignidad de la administración de justicia, cuyos dispensadores están obligados a conservar toda la mesura aún ante provocaciones.

Conveniente se hace recordar al respecto, lo dicho por esta superioridad, dentro del radicado Nº 200700201 02, con ponencia del H. magistrado Jorge Armando Otálora Gómez:

“...es sabido que existe una integración entre las dinámicas personales con la configuración de las relaciones sociales, pues no puede pensarse que la vida cotidiana, se encuentre ajena o no impacte en las dinámicas propias de la racionalidad social, es por ello que el legislador prohibió a los jueces con carácter sancionatorio la realización de conductas que en el ámbito privado afecten la imagen o lesionen la representación simbólica que tenga la sociedad de los operadores judiciales, pues precisamente en la figura del juez se depositan una serie de valores y es a partir de los cuales que se les entrega la posibilidad de resolver conflictos de las personas derivando de tal consolidado sistema axiológico la legitimidad —ética— que se debe predicar del operador judicial. 

Es por esta razón que la conducta del servidor judicial en el ámbito privado importa al derecho disciplinario, siempre y cuando el mismo irradie en la vida social afectando de manera grave la conceptualización que la sociedad posee del juez, pues en caso contrario las mismas escapan a la órbita del derecho disciplinario ya que estas se reservan a la intimidad propia de las personas, en otras palabras a la jurisdicción disciplinaria le interesan aquellas conductas —que pese a ser realizadas en el espacio personal— irradian sus consecuencias en lo social, afectando “la confianza del público” o comprometa “la dignidad de la justicia” y es a partir de tales afectaciones que se configura la existencia de falta disciplinaria, pues aquellos comportamientos que no alcanzan tal entidad colectiva, no tienen por qué ser escrutados por el derecho disciplinario estatal, logrando por dicho conducto una perfecta proporcionalidad entre “lo privado” y “lo público”, encontrado un justo medio entre dichos extremos excluyentes”.

Por eso entonces, para esta instancia no hay duda que el inculpado con su actuar transgredió la prohibición por la cual se le radicó en causa disciplinaria, entendiendo que su conducta pudo o podría afectar la confianza del público en la administración de justicia, pues no se puede olvidar que: primero, los hechos sucedieron en un evento de carácter “público”, en presencia de algunas personas de la comunidad católica de Media Luna.

Además, la solidez y consistencia de las pruebas allegadas al proceso siendo estas testimoniales, destacándose las declaraciones rendidas por el sacerdote Juan Carlos Mendoza Vásquez, Maira Alejandra Cerchiaro Rodríguez y Ana María Arévalo, al ser coincidentes, concordantes y serias, quienes afirmaron que el doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA HERNÁNDEZ el día 4 de noviembre armó un escandaló frente a la casa donde se llevó a cabo una cena para homenajear al párroco por su primer año de sacerdocio, quien agredió y amenazó a la señora SILENE PAOLA CORTÉS SILVA y le obstruyó el paso durante el camino hacia Valledupar, es decir, ratificaron lo mencionado por la quejosa, razón por la cual, se pudo establecer que el disciplinado desplegó la conducta por la cual fue investigado.

Ahora bien, en lo referente a la interrupción del paso en la vía que derivó la intervención de la policía el doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA HERNÁNDEZ en la sustentación del recurso de apelación manifestó que las certificaciones expedidas por los comandantes de los puestos de policía de Media Luna y San Diego dan fe que no se presentó ningún altercado en esa comunidad donde estuviese involucrado. Esta Sala deja claro que valorar las pruebas no necesariamente implica admitir su contenido, es por ello, que teniendo en cuenta los factores internos y externos que son materia de investigación se les resta eficacia probatoria a las certificaciones de los comandantes de policía al tener en cuenta que estos no tuvieron un contacto directo con los hechos es decir carece de eficacia suficiente para desvirtuar al no presenciar el desarrollo de los sucesos y por ende, no existe un real acercamiento a los hechos que se pretenden verificar, de ahí que esta instancia le dé mayor credibilidad a los testimonios de las personas que presenciaron los hechos al otorgar mayor seguridad.

Además, esta superioridad está de acuerdo con el a quo al dejar de lado lo aseverado por el doctor Daza Hernández, pues en mérito de credibilidad sobre lo sucedido proviene de los testimonios de las personas de la comunidad de Media Luna que presenció los hechos, como quedó visto y explicó la sala en primera instancia.

Así las cosas, vemos que el presente caso, se trata de un juez promiscuo, cuya jerarquía en la Rama Judicial es incuestionable, pues se halla en un punto intermedio de la estructura funcional de la judicatura, lo cual le impone un mayor celo y respeto por el ordenamiento jurídico y un compromiso ético más elevado.

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala procederá a confirmar integralmente la decisión consultada, toda vez que la misma atendió con acierto la realidad procesal, y los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos en un Estado social de derecho, al igual que la responsabilidad del investigado frente a los cargos irrogados.

De igual modo, considera esta Colegiatura que la Sala a quo acertó cuando consideró la falta en que incurrió el funcionario disciplinado, como grave dolosa, imponiendo en consecuencia la sanción consistente en SUSPENSIÓN de UN (1) MES en el ejercicio del cargo al doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA HERNÁNDEZ, dada la trascendencia social de la conducta reprochada y la jerarquía del funcionario que la desplegó, y por tal razón es claro que la sentencia apelada debe ser confirmada, pues se encuentra ajustada a derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo proferido el 24 de septiembre de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, por medio del cual sancionó al doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Urumita la Guajira, con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES EN EL EJERCICIO DEL CARGO, al encontrarlo responsable de violar la prohibición consagrada en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996.

2. Por la secretaría judicial de esta Sala, se notificará personalmente esta sentencia, al doctor VLADIMIR ERNESTO DAZA HERNÁNDEZ. De no ser posible, se realizará la notificación subsidiaria de ley.

3. Comuníquese conforme a los parámetros de ley a las instancias respectivas, al igual que se anotará la sanción en el registro correspondiente de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

4. Devuélvase el expediente a la seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: José Ovidio Claros Polanco, Presidente —Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial». 

8 Artículos 150 a 154.