Sentencia 2013-00815 de diciembre 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2013-00815-01

Consejera Ponente,

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Pérdida de investidura de edil

Actor: Víctor Manuel Esquivia Polo

Bogotá D.C., once de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. CONSIDERACIONES

6.1.Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de ediles, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de otra, por decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, que adscribió el conocimiento de estos recursos a la Sección Primera del Consejo de Estado.

6.2.El caso concreto 

Se imputa al demandado la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por incurrir en la prohibición descrita en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, concordante con los artículos 126 y 292 (inciso 2º) de la Constitución Política y 6º de la Ley 190 de 1995.

El tenor del numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 es el siguiente:

«LEY 617 DE 2000 

Artículo 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

[...]

6. Las demás causales expresamente previstas en la ley.

[...]»

La demanda sostiene que el ciudadano Oscar Emilio Marbello Utría se encontraba inhabilitado para la época de su elección como edil de la Localidad 2 de la Virgen y Turística de Cartagena de Indias, pues su cónyuge, la ciudadana Julieth Paola Cavadia Puello suscribió un contrato de prestación de servicios de apoyo a la Alcaldía de Cartagena, Localidad 2 de la Virgen y Turistica, en la cual funge como edil el ciudadano Marbello Utria.

La circunstancia recién comentada configura, a juicio de la demandante, la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003 que a su vez fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, del siguiente tenor:

LEY 617 DE 2000 

«ARTÍCULO 1o. El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 quedará así:

Artículo 49. Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.

[…]»

Para la Sala, la causal alegada no es aplicable a los miembros de las juntas administradoras locales, puesto que al analizar el texto del artículo precitado se deduce que al no incluir la citada normativa a los miembros de juntas administradoras locales en su descripción típica y taxativa, los mismos no son destinatarios de la prohibición allí contenida, por lo que mal podría endilgarse la conducta acreedora de sanción al edil demandado.

Recalca la Sala que las causales de pérdida de investidura de los funcionarios públicos son taxativas y restrictivas, por lo que no pueden aplicarse en forma extensiva a sujetos no comprendidos en su descripción.

Así lo ha precisado esta Sala en reiterada jurisprudencia(1):

“Del texto de la norma transcrita resulta claro para la Sala que la misma contiene una prohibición dirigida, entre otros, a LOS PARIENTES DE LOS DIPUTADOS y a las entidades del sector central o descentralizado del Departamento, Distrito o Municipio, para que entre sí no celebren contratos ni sean designados aquellos funcionarios de éstas; empero la violación de esa prohibición que, como ya se dijo, no tiene por destinatario al Diputado, pues no es éste a quien se le prohíbe ejecutar o realizar tal conducta, no puede, por lo mismo, constituir causal de pérdida de su investidura.”

Lo mismo se predica del artículo 126 de la Constitución Política, el cual establece una prohibición para los servidores públicos consistente en nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.

La Sala en sentencia de 11 de mayo de 2006(2) dijo:

“El artículo 126 de la Constitución Política consagra la prohibición a los servidores públicos de nombrar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente, así como de designar a personas vinculados por los mismos lazos con servidores públicos; esta prohibición también está consagrada en términos similares en el artículo 48 de la Ley 136 de 1994.

Ahora, es cierto que la violación a tal prohibición configura una falta disciplinaria, empero no constituye causal de violación al régimen de inhabilidades como tampoco, por la misma razón, de pérdida de investidura.”

Las mismas razones expuestas en los acápites anteriores, que permiten a la Sala concluir que el artículo 126 de la Constitución Política no constituye una causal de inhabilidad que conlleve a la pérdida de investidura, se predican del inciso 2º del artículo 292 de la Constitución Política, puesto que esta norma dispone que “no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.”

Es oportuno traer a colación que la Sala en sentencia de 13 de febrero de 2014(3) precisó y, ahora lo reitera, que la violación a las prohibiciones previstas en los artículos referidos, no implica violación al régimen de inhabilidades y, por ende, no constituye causal de pérdida de investidura.

En efecto, sostuvo la Sala en la precitada sentencia:

“Esta Sala así lo ha concebido al precisar que la violación de las prohibiciones no está señalada en el artículo 48 de la Ley 136 de 1994 como causal de pérdida de investidura de los servidores públicos mencionados en ese artículo.

Igualmente, en sentencia de 29 de enero de 2009 esta Corporación precisó:

“(…) entre las causales taxativas de inhabilidad que llevan a la pérdida de investidura no se encuentra el hecho de que los concejales participen en una elección y quede elegido un pariente suyo en tal grado de afinidad, en este caso concreto el elegido fue el personero municipal, pariente en segundo grado de afinidad con la demandada(4).  

Estima además la Sala que no procede la interpretación del recurrente en el sentido que cuando el artículo 48 de la ley 617 de 2000 dispone que los concejales perderán la investidura por las demás causales que señale la ley, está indicando que existen otras conductas, como la establecida en el artículo 126 de la Carta, que conllevan tal sanción, pues, como se dijo, la norma de la Carta citada no establece la violación de esa disposición como una causal de pérdida de investidura.

La Sala no encuentra tampoco de recibo la afirmación del apelante que se funda en la precisión de la Corte Constitucional en sentencia C-311 de 2004, conforme a la cual la inhabilidad constitucional del artículo 126 de la Carta recae sobre el servidor público, no solo porque ello no se deriva de la lectura de éste artículo que, como se dijo, establece una prohibición para los servidores públicos y una inhabilidad para sus parientes, sino porque tal manifestación no hace parte de la ratio decidendi de la sentencia citada.

Por lo dicho anteriormente, a juicio de la Sala, resultan insuficientes los argumentos del recurrente cuando afirma que, el hecho de haber nombrado los demandados a un funcionario inobservando lo establecido en el Artículo 126 Superior, sí constituye causal de pérdida de investidura y que contrario a lo expresado en el fallo apelado, en el presente caso no se pide una aplicación extensiva de las causales de inhabilidad.

En consecuencia, considera la Sala, en armonía con el Ministerio Público, que la violación del artículo 126 de la Constitución Política no constituye causal de pérdida de investidura de los servidores públicos de elección popular, entre ellos los concejales municipales.

Así las cosas, colige la Sala que los argumentos que sustentaron los cargos formulados en la presente demanda y en el recurso que se resuelve, no permiten encontrar un planteamiento que permita quebrar el fallo emitido por el a quo, por lo que se impone su confirmación como en efecto de hará en la parte resolutiva del presente fallo.

Por las razones expuestas se confirmará la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA :

CONFÍRMASE el fallo impugnado de 7 de marzo de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

Magistrados: Guillermo Vargas Ayala González—María Elizabeth García, Presidenta —María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Veliulla Moreno.

1 Sentencia de 3 de julio de 2008, Expediente: 2008-00017, M.P. Dr. Marco A. Velilla Moreno. Sentencia de 29 de enero de 2009, Expediente: 2007-0859, M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.

2 Expediente: 2005-02128, M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo.

3 Expediente: 2012-00280, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 29 de enero de 2009. Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón. Referencia: 2008-00643-01(PI). Actor: Germán Darío Naranjo Hurtado y otros.