Sentencia 2013-00833/21783 de marzo 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 15001-23-33-000-2013-00833-01 (21783)

Demandante: Jair Rodríguez Pineda

Demandado: U.A.E. DIAN

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá D.C., cinco de marzo de dos mil dieciocho

Temas: Firmeza de la declaración de IVA en relación con la liquidación privada de renta del mismo período.

Simulación de operaciones de compra de chatarra.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre las ventas presentada por el señor Jair Rodríguez Pineda por el bimestres 4 del año 2009.

1. Problema jurídico.

1.1. En concreto, deberá verificar (i) si la declaración tributaria se encuentra en firme y, en caso de no ser así, (ii) determinará la procedencia del rechazo de la totalidad de los costos e impuestos descontables declarados.

2. Firmeza de la declaración de IVA

2.1. El apelante afirmó que el artículo 705-1 del Estatuto Tributario permite que el término de firmeza del beneficio de auditoría de que goza la declaración de renta del año 2009, se extienda a la liquidación privada de ventas del período 4 del 2009.

Consideró que esa norma debe aplicarse de forma preferente al artículo 689-1 ibidem, porque aquella regula de manera especial la firmeza de la declaración de IVA.

Discutió la interpretación del Consejo de Estado sobre el artículo 705-1 ibidem, porque desconoce que con esa norma, el legislador quiso atar la firmeza del impuesto de renta a las de IVA, sin excluir la aplicación del término especial del beneficio de auditoría.

Además, esa interpretación es posterior a los hechos discutidos y, restringe su aplicación como lo prohíbe el artículo 31 del Código Civil2.

2.2. En relación con la aplicación del término de firmeza de la declaración de renta sobre las declaraciones de IVA del mismo período, la Sala ha precisado3:

(i) Si la declaración de renta se rige por el término de firmeza general —artículos 7144 y 7055 E.T.—, las declaraciones de IVA quedan en firme dentro de los dos años siguientes ala fecha de vencimiento del plazo para declarar el impuesto de renta del mismo período gravable.

Lo anterior, conforme con lo dispuesto en el artículo 705-16, norma que unificó los términos de firmeza de la declaración de renta y de IVA del mismo período, con la finalidad de darle la oportunidad a la administración de modificar el IVA, cuando encontrara hallazgos en la liquidación privada de renta.

(ii) El beneficio de auditoría no se aplica a las declaraciones de IVA que quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar IVA, respectivamente.

Todo, porque la norma que extendía la firmeza especial de la declaración de renta cobijada con el beneficio de auditoría, a las liquidaciones de IVA —inciso 2 del artículo 689-1 del E.T— fue derogada por el artículo 69 de la Ley 863 de 2003.

2.2.1. Esa interpretación no restringe lo dispuesto en la ley, porque parte del contenido de las normas generales y especiales que inciden en los términos de firmeza de las declaraciones de renta y de IVA del mismo período y, que son las siguientes:

Primero, el artículo 705-1 del Estatuto Tributario7 es una norma general con fundamento en la cual el término ordinario de firmeza de las declaraciones de IVA y retefuente, es el mismo que corresponda a la firmeza de la declaración de renta del año gravable.

Esta disposición tiene por objeto unificar el término general de fiscalización de las citadas declaraciones. Y, ello es así porque la extensión del plazo de firmeza de la declaración de renta a la de IVA, solo la contempla el artículo 705-1 sobre los términos ordinarios de firmeza previstos en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario8.

Segundo, el artículo 689-1 del Estatuto Tributario es una norma especial que concede un beneficio tributario reduciendo el término general de firmeza, motivo por el cual debe interpretarse de forma restrictiva.

En efecto, como privilegio tributario a favor de ciertos contribuyentes, el beneficio de auditoría opera bajo el principio de taxatividad, que parte de la existencia de una norma expresa en la que se consagre dicha prerrogativa y restringe su aplicación a los casos que en ella se tipifiquen.

De modo que, si dicha norma no concede expresamente el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA9, no puede interpretarse en el sentido que pretende el actor.

2.2.2. Por esas razones, no es procedente que el contribuyente desconozca la especialidad del citado artículo 689-1, para extender a su favor, el término de firmeza del beneficio de auditoría a las declaraciones de IVA.

Esa extensión solo sería posible, si la misma estuviere ordenada en la regulación especial que establece el beneficio de auditoría, como una excepción al término general de firmeza consagrado en los artículos 714 y 705, porque, se repite, al tratarse de un beneficio tributario solo procede su aplicación de forma taxativa y restrictiva. Pero como se advirtió, la posibilidad de extender el término de firmeza especial de la declaración de renta a la de IVA no está contemplada actualmente en la normativa tributaria.

Tampoco el actor puede invocar el artículo 705-1 del Estatuto Tributario para pretender la aplicación de ese plazo especial, porque esa norma solo permite extender el término de firmeza general de la declaración de renta a las declaraciones de IVA.

Ahora, el hecho de que la interpretación del Consejo de Estado se emitiera con posterioridad a los hechos discutidos, no impedía al contribuyente que interpretara y observara en debida forma las normas tributarias.

Más todavía, cuando en este caso, la Ley 863 de 2003 derogó de forma expresa el inciso del artículo 689-1 del Estatuto Tributario que permitía la extensión del término de firmeza especial de las declaraciones de renta con beneficio de auditoría a las declaraciones de IVA. Por lo que no existe duda que desde la vigencia de la citada ley, la extensión del beneficio de auditoría a las declaraciones de IVA desapareció del mundo jurídico.

2.2.3. En consecuencia, la Sala concluye que al haberse derogado la norma que autorizaba el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente, debe entenderse que el legislador limitó el beneficio de auditoría exclusivamente al impuesto sobre la renta y complementarios, por lo cual la firmeza para las declaraciones del impuesto a las ventas y retención en la fuente, opera conforme con las normas generales de los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario.

2.3. Así las cosas, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración de IVA del bimestre 4 del año gravable 2009 era el 11 de septiembre de 200910, esta adquiría firmeza el 11 de septiembre de 2011.

Por consiguiente, el Requerimiento Especial Nº 202382011000032 por el impuesto de IVA del bimestre 4 de 2009, notificado el 8 de septiembre de 201111 fue proferido dentro del término legal.

2.4. No prospera el cargo para la apelante.

3. Procedencia de los costos e impuestos descontables

3.1. Para el apelante no es procedente el desconocimiento de la totalidad de los costos e impuestos descontables, porque la administración, con fundamento en indicios, determinó que esos rubros se habían derivado de operaciones de compra que realizó el contribuyente con proveedores ficticios. Desconociendo, además, el procedimiento para declarar la existencia de dichos proveedores, previsto en los artículos 82, 88 y 671 del Estatuto Tributario.

Afirmó que los indicios se sustentan en una prueba trasladada, que no fue practicada bajo la gravedad de juramento, ni el contribuyente tuvo la oportunidad de controvertir.

Y, concluyó, que en todo caso, la DIAN debió realizar una estimación de los costos, como lo dispone el artículo 82 del Estatuto Tributario.

3.2. En relación con los costos e impuestos descontables el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que para su procedencia se requiere de facturas con el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 617 literales b), c), d), e), f), y g)12 y, 61813 del Estatuto Tributario. Tratándose de documentos equivalentes se deben cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del citado artículo 617.

Así, de acuerdo con el artículo 771-2 ibídem, la factura y los documentos equivalentes que cumplan los citados requisitos del artículo 617 ibídem, son la prueba documental idónea para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta e impuestos descontables en el impuesto a las ventas.

3.2.1. Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario no limita la facultad comprobatoria de la administración.

Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los costos e IVA descontable pueden ser rechazados.

Para ello, cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias14.

3.3. Verificados los antecedentes administrativos, se encuentra que el motivo por el cual la Administración rechazó los impuestos descontables fue la existencia de pruebas que desvirtuaban las facturas por concepto de la compra de chatarra15 que supuestamente realizó el contribuyente a los siguientes proveedores:

Nombre proveedorValor de la compra de chatarra - declarado como Costo-IVA por la compra de chatarra- llevado como Impuesto descontable -
Roberto Mendoza Carreño64.500.00010.320.000
Roberto Mendoza Carreño59.400.0009.504.000
Roberto Mendoza Carreño65.100.00010.416.000
Roberto Mendoza Carreño6.670.0001.067.200
Roberto Mendoza Carreño7.095.0001.135.200

Roberto Mendoza Carreño4.760.000761.600
Roberto Mendoza Carreño47.310.0007.569.600
Roberto Mendoza Carreño63.600.00010.176.000
Roberto Mendoza Carreño77.810.0000
Mary Luz Vanegas Guzmán58.500.0009.360.000
Mary Luz Vanegas Guzmán2.392.000382.720
Mary Luz Vanegas Guzmán2.835.500453.680
Mary Luz Vanegas Guzmán21.483.0003.437.280
Mary Luz Vanegas Guzmán69.650.00011.144.000
Mary Luz Vanegas Guzmán37.950.0006.072.000
Mary Luz Vanegas Guzmán49.910.0000
Johana Hasbleydi Guiza Pirazan9.765.0001.562.400
Johana Hasbleydi Guiza Pirazan17.061.0002.729.760
Johana Hasbleydi Guiza Pirazan2.781.000444.960
Johana Hasbleydi Guiza Pirazan73.278.00011.724.480
Johana Hasbleydi Guiza Pirazan50.220.0000
Johana Hasbleydi Guiza Pirazan87.500.0000
Fernando Mora Alvira17.550.0000
Fernando Mora Alvira4.277.5000
James Albeiro Aguilar Peña75.950.0000
James Albeiro Aguilar Peña71.920.0000
James Albeiro Aguilar Peña77.500.0000
James Albeiro Aguilar Peña68.200.0000
James Albeiro Aguilar Peña71.300.0000
Nerida Liliana Ospina Munza67.500.00010.800.000
Nerida Liliana Ospina Munza69.000.00011.040.000
Nerida Liliana Ospina Munza36.120.0005.779.200
Total1.438.888.000125.880.080

Para ello, se basó en una prueba trasladada16 del IVA de los bimestres 2 y 3 del año 2009 que desvirtuaban la contabilidad del actor, conformada por los siguientes documentos:

— Acta de Libros de contabilidad17, expedida en desarrollo de la inspección contable18. La diligencia fue atendida por el apoderado y la contadora del señor Jair Rodríguez Pineda, en virtud de la autorización otorgada por el mismo contribuyente.

En el acta, los funcionarios dejaron constancia de que en algunas facturas de compra de chatarra del año 2009, expedidas por los proveedores al contribuyente, no se discrimina el impuesto sobre las ventas.

Por su parte, la contadora del contribuyente informó que, aparte de las facturas, no existen otros soportes contables de los costos e impuestos descontables. Además, afirmó que el pago por la compra de chatarra se realizaba en efectivo, por lo que no existe ningún documento de entrega de dinero19.

— Actas de visitas practicadas a los proveedores del contribuyente, en las que constan:

Nombre proveedorAnotación del acta
Roberto Mendoza CarreñoEn la dirección reportada en el RUT se encuentra un taller de mecánica de propiedad de otra persona20.

Mary Luz Vanegas GuzmánLa dirección reportada en el RUT no existe21
Johana Hasbleydi Guiza PirazanLa dirección reportada en el RUT no existe22
Fernando Mora AlviraLa dirección reportada en el RUT no existe23
James Albeiro Aguilar PeñaLa dirección reportada en el RUT corresponde a una casa de habitación, en la que no se encontraban los residentes. Cierto vecino afirmó no conocer al señor Aguilar Peña24.
Nerida Liliana Ospina MendozaLa dirección reportada en el RUT corresponde a una casa de habitación, cuyo residente no la conoce25.

Actas de visita realizadas a algunas de las empresas de tipografía que aparecen en las facturas de los proveedores. En estos documentos se verifica que unas tipografías no estaban ubicadas en la dirección registrada en el RUT26, y aquellas que sí fueron encontradas, declararon bajo la gravedad del juramento que no realizaron actividad comercial con los proveedores del contribuyente27.

Solo uno de los supuestos tipógrafos, el señor Calixto Vega Blanco, informó que había elaborado las facturas del señor James Albeiro Aguilar Peña y, que su impresión era realizada por el “Taller Estrada”28. Pero, la DIAN verificó que el procedimiento descrito por señor Vega Blanco era irregular porque las facturas aparecen elaboradas por Impresos Asogrilab identificado con el número de NIT del interrogado y sin numeración29.

Adicionalmente, la Administración verificó en la información exógena del año 2009 que los proveedores no reportaron al contribuyente por la compra de chatarra y, en el sistema informático de la DIAN, encontró que dichos vendedores no presentaron declaración de renta ni de IVA por el año 200930.

3.4. Para la Sala, el anterior acervo probatorio no se trata de indicios sino de pruebas directas de carácter documental y de declaraciones de terceros, que desvirtúan la realidad de las supuestas operaciones de compra de chatarra de las cuales se derivan los costos e impuestos descontables solicitados por el contribuyente, por las razones que pasan a explicarse.

3.4.1. Las pruebas fueron trasladadas legalmente del proceso de IVA bimestres 2 y 3 al expediente administrativo de IVA del mismo contribuyente correspondiente al período 4 del año 2009.

El traslado de estas pruebas es procedente porque la Administración cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales que en general permiten efectuar “todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación31”.

En tal sentido, la Sala32 ha señalado que si la Administración, al investigar un impuesto, encuentra inexactitudes que repercuten en otro, lo menos que debe hacer es utilizar estas pruebas para determinar oficialmente los dos gravámenes, siempre que sean conocidas por el contribuyente.

En el presente asunto, para surtir el traslado del acervo probatorio —al proceso de IVA— no era necesario que se requiriera al señor Rodríguez Pineda, por cuanto esas pruebas se practicaron en el proceso de fiscalización de IVA de los períodos 2 y 3 seguido contra el mismo contribuyente y, por tanto, tenía conocimiento de las mismas.

En todo caso, el actor tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas no solo en el procedimiento de determinación de IVA —en la respuesta al requerimiento especial y en el recurso de reconsideración—, sino también ante la jurisdicción, sin que éste hubiere logrado desvirtuarlas como se explicará a continuación.

3.4.2. Las pruebas demuestran que las operaciones de compra de chatarra fueron simuladas por el contribuyente.

i) La realidad de las operaciones de compra fue desvirtuada con las visitas practicadas por los funcionarios de la DIAN a los proveedores de chatarra y a las tipografías que realizaron las facturas de compra.

En esas diligencias se trató de ubicar a los supuestos proveedores y tipografías en las direcciones reportadas en el RUT. Sin embargo, se constató que los mismos o no se encontraban ubicados en esas direcciones, o no eran conocidos por los residentes de los inmuebles.

El único supuesto tipógrafo que sí pudo ser ubicado, el señor Calixto Vega Blanco, manifestó que elaboró las facturas pero quien las imprimió fue el “Taller Estrada”. No obstante, la DIAN desvirtuó la veracidad de esas afirmaciones, al encontrar que dichas facturas fueron elaboradas por la empresa “Impresos Asogrilab” cuyo NIT es la del mismo interrogado. Contradicción que impide que esas declaraciones puedan tenerse como prueba.

Ahora, el hecho de que las pruebas no fueran practicadas en presencia del contribuyente, ni recibidas bajo juramento, no le resta validez a dichos documentos, porque tanto en la vía gubernativa como en la judicial, el contribuyente tuvo la oportunidad procesal para desvirtuarlas mediante los medios de prueba admisibles o con la tacha de falsedad, situación que como da cuenta el expediente, no ocurrió.

En este caso, además, no era necesaria la declaratoria de proveedor ficticio porque como lo ha señalado la Sala33, esta no constituye un requisito previo para el rechazo de los costos por concepto de compras, porque la normas que consagran la admisibilidad e inadmisibilidad de tales factores –Libro I, Título I, capítulos II y V del E.T. no condicionan el eventual rechazo a dicha declaración.

ii) En el expediente se demostró que (a) la compra de chatarra del contribuyente no fue reportada en la información exógena del año 2009, (b) los proveedores de chatarra no presentaron declaración de renta ni de IVA por el año 2009, y (c) las operaciones de compra solo se sustentan en facturas, y alguna de estas no discriminan el IVA.

3.5. Así las cosas, al analizar en conjunto todas las pruebas, la Sala considera que dicho acervo probatorio le resta credibilidad a las facturas, en tanto desvirtúa la operación de compra de chatarra que esos documentos registran.

Es cierto que las facturas son la prueba idónea en materia de costos e impuestos descontables. Pero de conformidad con el artículo 742 del Estatuto Tributario estos documentos pueden ser desvirtuados por otros medios probatorios, directos o indirectos, que no estén prohibidos en la ley, como se presentó en este caso con las pruebas documentales y las visitas de verificación practicadas por la Administración.

Adicionalmente, se observa que los cuestionamientos del actor están dirigidos únicamente a la valoración de las pruebas por parte de la DIAN y al traslado de tales pruebas de una actuación a otra. Empero, no se advierte que el demandante hubiere desplegado actividad probatoria o argumentativa para demostrar la realidad de las operaciones de compra de chatarra.

3.6. Lo que lleva a señalar que no hay lugar a dar aplicación al artículo 745 del Estatuto Tributario, por cuanto las dudas provenientes de vacíos probatorios solo pueden resolverse a favor del contribuyente siempre y cuando no se encuentre obligado a probar determinados hechos, condición que no se presenta en el caso estudiado en el que la carga de la prueba recaía sobre la parte actora.

Tampoco resulta procedente realizar una estimación de los costos, conforme lo señala el artículo 82 ibidem por cuanto el contribuyente no demostró la realidad de las erogaciones, así como tampoco adelantó una actividad probatoria que permitiera soportarlas, evento en el cual no hay lugar a aplicar el costo presunto. Todo, porque el legislador en el artículo 82 ibidem no incluye su no comprobación como un presupuesto que permita la aplicación del costo presunto34.

Además, no puede perderse de vista que la Sala determinó la improcedencia de los costos e impuestos descontables con fundamento en pruebas directas que desvirtúan la realidad de la operaciones de compra de chatarra.

En consecuencia, no procede el cargo para el apelante.

4. Sanción por inexactitud

4.1. Según la demandante, no es procedente la sanción por inexactitud porque los datos declarados son reales. En este caso, se presenta una diferencia de criterio en cuanto a la aplicación del derecho aplicable.

4.2. El artículo 647 del Estatuto Tributario dispone que habrá lugar a la sanción por inexactitud cuando exista omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general, la utilización en las declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

Sin embargo, el contribuyente se puede exonerar de la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o diferencias de criterios entre la autoridad tributaria y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, y siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

4.3. La Sala encuentra que en la declaración presentada, el actor incurrió en una de las conductas tipificadas como inexactitud sancionable, como es la inclusión de costos e impuestos descontables inexistentes, lo que condujo a la determinación de un menor impuesto sobre las ventas35.

Adicionalmente, la Sala encuentra que en este caso no se presenta una diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pretensiones del demandante se despacharon desfavorablemente por falta de soporte.

Por tanto, procede la imposición de la sanción por inexactitud.

4.4. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 201636, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario37, con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que ésta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% —establecido en la legislación anterior— al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

4.5. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

5. En segunda instancia, la Sala no condenará en costas porque no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones en que incurrió la demandada por ese concepto, como lo exige para su procedencia el artículo 365 del CGP, aplicable por disposición del artículo 188 del CPACA.

Por tanto, en segunda instancia no hay lugar a condenar en costas a la demandante.

6. Por lo anteriormente expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, conforme a lo expuesto en esta providencia.

Adicionalmente, ordenará no condenar en costas en esta instancia.

7. En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación de la declaración de IVA del período 4 del año 2009 en el sentido de recalcular la sanción por inexactitud.

IVA Bimestre 4 de 2009 

ConceptoPrivadaDIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto generado4.331.000130.211.000130.211.000
Sanciones0201.408.000125.880.000
Total saldo a pagar4.331.000331.619.000256.091.000
Total saldo a favor000

Liquidación Sanción por inexactitud DIAN CE

Saldo a pagar por impuesto sin sanciones
130.211.000

130.211.000
Menos: Saldo a pagar declarado
4.331.000

4.331.000
Diferencia125.880.000125.880.000
Base sanción125.880.000125.880.000
Valor sanción160%100%
SANCIÓN201.408.000125.880.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFÍCASE el numeral primero de la sentencia apelada, en su lugar:

“1. Declárase la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nº 202412012000012 del 22 de mayo de 2012, y de la Resolución 900.299 del 18 de junio de 2013, expedidas por la Dirección Seccional de Impuestos de Tunja, que modificaron la declaración de IVA presentada por Jair Rodríguez Pineda por el bimestre 4 de 2009, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud.

A título de restablecimiento del derecho, declárase que la sanción por inexactitud y el saldo a pagar a cargo del señor Jair Rodríguez Pineda corresponde a los valores liquidados en la parte motiva de esta providencia”.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

4. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada a la doctora Yadira Vargas Roncancio, de conformidad con el poder que obra en el folio 348 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

2 “ART. 31. Interpretación sobre la extensión de una ley. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación precedentes.

3 Sentencias del 10 de marzo de 2016, C.P. dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente No.20385, del 19 de mayo de 2016 y 20 de septiembre de 2017, C.P. dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expedientes 21185 y 21372, entre otras.

4 El artículo 714 del Estatuto Tributario establece el término de firmeza general de “dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar”, siempre que no se haya notificado requerimiento especial.

5 El artículo 705 ibídem dispone que el requerimiento especial debe notificarse antes de que opere dicho término de firmeza.

6 Adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995.

7 Adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995.

8 El artículo 705-1 del E.T. señala: “Los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable”

9 El beneficio de auditoría fue adicionado por la Ley 488 de 1998 y su aplicación fue limitada a las declaraciones de renta. Fue hasta la expedición de la Ley 633 de 2000 que se extendió el término de firmeza especial a las declaraciones de IVA y retención en la fuente. Pero luego, esa disposición fue derogada expresamente por el artículo 69 de la Ley 863 de 2003.

10 El artículo 23 del Decreto 4680 de 2008 “por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones”, estableció como vencimiento para presentar la declaración de IVA del bimestre 4 de 2009 de los contribuyente cuyo NIT terminará en 7, como el actor, el 13 de septiembre de 2010.

11 Fls 37 c.p. y 209 c.a.

12 b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.

d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e) Fecha de su expedición.

f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g) Valor total de la operación.

13 Los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija.

14 Artículo 742 del Estatuto Tributario. La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con aquéllos.

15 Fls. 26-42 c.a.

16 Fls. 8 y 114 c.a. Autos de Traslado Nº 045 del 23 de mayo de 2011 y 059 del 8 de julio de 2011.

17 Fls. 116-123 c.a.

18 Auto de Inspección Contable Nº 202382012000003 del 13 de junio de 2013. Fl. 115 c.a.

19 Fl. 122 c.a.

20 Fls. 65-66 c.a.

21 Fls. 60-63 c.a.

22 Fls. 70-72 c.a.

23 Fls. 94-95 c.a.

24 Fls. 54-56 c.a.

25 Fls. 74-76 c.a.

26 Fls. 111, 113, 143-148, 169-172, 178-183, 191-192

27 Fls. 101, 104,

28 Fl. 183 c.a.

29 Fl. 205 c.a.

30 Fl. 197 a 199 vuelto. Informe Final de la Acción de Fiscalización del impuesto sobre las ventas período 4 año 2009.

31 Artículo 684 del E.T.

32 Sentencia del 22 de septiembre de 2009, C.P. dra. Ligia López Díaz, expediente 14559.

33 Sentencia del 7 de mayo de 2015, C.P. dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 20680.

34 En igual sentido se pronunció esta Sala en sentencias del 4 de agosto de 2011, C.P. dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 17628 y, del 26 de febrero de 2014, C.P. dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 19090

35 Esta conducta también se encuentra sancionada en el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 647 del Estatuto Tributario.

36 Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones.

37 “ART. 647. Sanción por inexactitud. […]

La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.