Sentencia 2013-00868 de octubre 16 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2013-00868-01

CONSEJERA PONENTE:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 5 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: Veeduría Ciudadana de Venecia - Antioquia

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

La causal que se le endilga al señor Juan Yabrudy Flórez Higuita, Concejal del Municipio de Venecia (Antioquia), elegido para el período constitucional 2012-2015, es la prevista en el artículo 48, numeral 2, de la Ley 617 de 2000, el cual consagra:

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

“... 2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso...

“PAR. 1º—

Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. ...”.

El demandado, a través de apoderado, en el recurso de apelación, en esencia, solicita que se declare la nulidad de lo actuado en primera instancia por cuanto no pudo controvertir las pruebas decretadas en la etapa probatoria y las dictadas de oficio.

Lo anterior por cuanto el auto que abrió a pruebas el proceso no fue publicado en el sistema judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia; y de las decretadas de oficio no se corrió traslado a las partes para que las pudieran controvertir.

Adicionalmente, solicita revocar el fallo de primer grado y en su lugar denegar la solicitud de pérdida de investidura, promovida en su contra, por ausencia de prueba respecto de los Proyectos de Acuerdo votados en las sesiones realizadas por el Concejo Municipal de Venecia (Antioquia) en el mes de mayo de 2013, requisito indispensable para que se configure la causal endilgada, y ante la probada fuerza mayor consistente en la enfermedad -lipotimia- que padece a causa de las amenazas y extorsiones de que fue objeto en el Municipio de Yali (Antioquia), conforme a los certificados médicos de 11 y 18 de mayo de ese año, obrantes en el expediente, los cuales, a su juicio, tienen valor probatorio pese a que no fueron transcritos por la EPS, de lo cual se evidencia una situación de fuerza mayor que no lo hace incurso en la causal que se le atribuye.

En cuanto a la nulidad planteada por el Concejal demandado, la Sala estima que la misma no tiene vocación de prosperidad, por lo siguiente:

Como ya se indicó, el señor Juan Yabrudy Flórez Higuita, no contestó la demanda dentro del término concedido para el efecto, lo cual quedó consignado en el proveído de 6 de agosto de 2013(1), que abrió a pruebas el proceso, el cual es del siguiente tenor:

“... Vencido el término de traslado para contestar la demanda, se hace necesario continuar el trámite del presente proceso, así:

I. Pruebas. De conformidad con lo previsto en el artículo 10º de la Ley 144 de 1994, se dispone abrir a pruebas el proceso de la referencia, advirtiendo que la demanda no fue contestada. En consecuencia, se decreta la práctica de las siguientes:

Documental. En su valor legal se apreciarán los documentos aportados con la demanda.

II. Audiencia de pruebas. De acuerdo con lo previsto en los artículos 10º y 11 de la Ley 144 de 1994, se programa audiencia pública...

Se recuerda que durante la citada audiencia las partes podrán intervenir, por una sola vez en el siguiente orden: El solicitante o su apoderado, el agente del Ministerio Público y el Concejal o su apoderado, quiénes podrán presentar, al final de su intervención un resumen escrito...”. (Resaltado fuera de texto).

Dicho auto fue notificado por estado el 9 de agosto de 2013, según consta a folio 54 vuelto.

Conforme consta a folios 60 y 61 del cuaderno principal, el 12 de agosto de 2013, esto es, dentro del término de ejecutoria del auto que abrió a pruebas el proceso, el apoderado del demandado interpuso recurso de reposición no contra el precitado proveído, sino respecto del de 5 de julio de ese año, a través del cual se admitió la demanda, recurso que fue rechazado por extemporáneo mediante providencia de 4 de septiembre del mismo año (folios 88 y 89, ibídem).

Cabe señalar que la situación antes descrita dio lugar a que mediante auto de 31 de marzo de 2014 no se accediera a decretar las pruebas solicitadas por el demandado en segunda instancia(2), por no concurrir los presupuestos del artículo 212 del CPACA, pues, se repite, la contestación de la demanda fue extemporánea y contra el auto que abrió a pruebas, el demandado no interpuso recurso de reposición, procedente frente a dicha providencia, en el cual bien pudo reiterar el decreto y práctica de los testimonios y demás documentos que pretendiera allegar al proceso.

Ahora, si bien es cierto, como lo afirma el apelante, que de las pruebas decretadas de oficio por el a quo no se corrió traslado a las partes, también lo es que, conforme se indicó en el auto de 15 de octubre de 2013 (folios 120, ibídem), las mismas tuvieron lugar ante la insuficiencia probatoria “para decidir el fondo de la litis... teniendo en cuenta que las pruebas allegadas por la parte demandada lo fueron en forma extemporánea”, ello con el ánimo de determinar si las razones que motivaron la inasistencia del demandado a las sesiones en comento constituían o no fuerza mayor.

Lo anterior pone de manifiesto que las pruebas decretadas de oficio estuvieron encaminadas a garantizar el debido proceso del demandado, esto es, tendientes al esclarecimiento de los motivos que dieron lugar a su inasistencia a las citadas sesiones, ante la ausencia probatoria en tal sentido, frente a las cuales no hubo reproche alguno, pues dentro del término de ejecutoria de las providencias que las decretaron, oportunidad procesal con la que cuentan las partes para contraprobar, de acuerdo con el inciso 3º del artículo 213 del CPACA(3), el Concejal demandado guardó silencio.

Resuelta la nulidad planteada por el demandado, la cual, como ya se indicó, no tiene vocación de prosperidad, la Sala procede a establecer si el Concejal demandado incurrió o no en la causal prevista en el artículo 48, numeral 2, de la Ley 617 de 2000, para lo cual precisa lo siguiente:

Cabe señalar que la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse frente a dicha causal de pérdida de investidura, entre otras, en sentencia de 24 de enero de 2008 (Expediente núm. 2007-00127-01 (PI), Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), que ahora se prohíja, en la que se adujo que para que la misma se configure deben concurrir dos elementos: a) la inasistencia a cinco sesiones o reuniones plenarias o de comisión; y b) que en cada una de tales reuniones se voten proyectos de Acuerdo; y que conforme al parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, no tendrá aplicación la misma cuando medie fuerza mayor.

En efecto, así discurrió la Sala:

“... La Sala considera que los elementos previstos en la norma son, a) la inasistencia a 5 sesiones o reuniones plenarias o de comisión y b), que en cada una de tales reuniones se voten proyectos de acuerdo, en lo concernientes a los concejales. Al respecto, en sentencia de 4 de septiembre de 2003 dijo: “Sea lo primero precisar que la norma, al decir ‘“se voten proyectos de”’, está significando la acción de aprobar o improbar tales proyectos, esto es, decidir si se adopta o no el contenido de los mismos como acto propio y definitivo de la corporación respectiva, como pronunciamiento formal con carácter imperativo en cuanto acto jurídico estatal, que para el caso constituyen actos administrativos una vez sancionados por el ejecutivo”(4).

Asimismo, en sentencia de 23 de mayo de 2002, puso de presente la necesidad de que se dé el segundo elemento mencionado para que se configure la causal, al concluir en ese caso que “La causal del numeral 2 del mencionado artículo 48, relacionada con la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de acuerdo, que es la otra causal que se alega en la demanda, en realidad no está demostrada, por cuanto en las actas allegadas al proceso no consta que durante esas sesiones se hubiere sometido a aprobación algún proyecto de acuerdo(5).

... la regulación de esa causal solo prevé como eximente de la misma la fuerza mayor, en cuanto el parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, prevé que no tendrá aplicación cuando medie fuerza mayor.

... El artículo 64 del C.C., en concordancia con el artículo 1º de la Ley 95 de 1890 define la “fuerza mayor o caso fortuito como el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

A su turno, imprevisto significa “no previsto”; previsto es el participio pasivo irregular de prever, que a su vez significa “ver con anticipación”, “conocer, conjurar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder”, o “disponer o preparar medios contra futuras contingencias”(6). En tanto que resistir es oponerse a la acción o violencia de otra fuerza.

En ese contexto, la fuerza mayor o caso fortuito es la circunstancia o evento que no se pudo ver o conocer con anticipación como algo posible, o de cuya ocurrencia no se tienen señales previas o indicios; esto es, que dentro de lo normal y lo cotidiano no factible intuir o esperar que suceda; y que de llegar a ocurrir no es posible hacer oposición que neutralice o anule sus efectos.

De modo que ella no solo radica en la irresistibilidad de la acción o violencia que entraña sino también en no poder ser prevista, no se pueda inferir de señal o indicio alguno, y esto dependerá de las circunstancias en que se hallen los sujetos o las personas eventualmente afectadas por ella. ...”.

Con las pruebas allegadas al proceso, se demuestra la calidad del demandado como Concejal del Municipio de Venecia (Antioquia), período constitucional 2012-2015, y que dicho ente territorial sesiona ordinariamente y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, cuatro veces al año y máximo una vez por día, esto es, los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, conforme al artículo 26 del Acuerdo núm. 039 de 2007 -Reglamento Interno del Concejo Municipal de Venecia (Antioquia)-.(7)

Es de resaltar que el artículo 23 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, consagra los períodos de sesiones de los Concejos Municipales, así:

ART. 23.—Período de sesiones. Los concejos de los municipios clasificados en categorías Especial, Primera y Segunda, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias así:

a) El primer período será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año.

El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el primero de marzo y el treinta de abril;

b) El segundo período será del primero de junio al último día de julio;

c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal.

Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio, cuatro meses al año y máximo una vez (1) por día así: febrero, mayo, agosto y noviembre.

Si por cualquier causa los concejos no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente.

PAR. 1º—Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo.

PAR. 2º—Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración. ...”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De la disposición transcrita se colige que el Municipio de Venecia (Antioquia) no se encuentra dentro de los clasificados en categorías especial, primera y segunda, de ahí que sesionen ordinariamente cuatro veces al año y máximo una vez por día, esto es, los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, como lo consagra el artículo 26 del Acuerdo núm. 039 de 2007 -Reglamento Interno del Concejo Municipal de Venecia (Antioquia)-.

Ahora, conforme a la respuesta dada por el Presidente del Concejo del Municipio de Venecia (Antioquia) el 4 de junio de 2013 (folios 5 y 6, ibídem) al derecho de petición elevado por el señor Luis Alberto Bedoya Duque, representante legal de la actora (de acuerdo con la certificación visible a folio 16 del cuaderno principal), se tiene que en el primer semestre del año 2013 el Concejal demandado inasistió a las siguientes sesiones realizadas por el Concejo Municipal de Venecia (Antioquia), en las que se votaron Proyectos de Acuerdo.

En la citada comunicación se lee:

“... Respondiendo a su derecho de petición del 14 de mayo de 2013 nos permitimos atender lo solicitado.

Registro de Concejales que no asistieron a las sesiones de los períodos que van corridos durante el presente año en las cuales se aprobaron Proyectos de Acuerdo.

Febrero 14: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación de los proyectos de acuerdo Nº 001 y 005. Excusa escrita.

Febrero 15: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación de los proyectos de acuerdo Nº 004, 006 y 007. Excusa escrita.

Febrero 28: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación de los proyectos de acuerdo Nº 008, 009 y 011. Excusa escrita.

Marzo 01: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación del proyecto de acuerdo Nº 010. Excusa escrita.

Mayo 10: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación de los proyectos de acuerdo Nº 016 y 017. Excusa escrita.

Mayo 14: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación del proyecto de acuerdo Nº 015. Excusa escrita.

Mayo 20: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación de los proyectos de acuerdo Nº 018, 019, 020 y 024. Excusa escrita.

Mayo 21: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación de los proyectos de acuerdo Nº 022 y 025. Excusa escrita.

Mayo 27: Juan Yabrudy Flórez Higuita. Aprobación del proyecto de acuerdo Nº 026. Excusa escrita.

Por lo tanto se anexan copias de las excusas del Honorable Concejal, que hay por escrito en el archivo del Concejo Municipal...”. (Resaltado fuera de texto)

Lo anterior pone de manifiesto que las sesiones a las que no asistió el demandado corresponden a los dos primeros períodos del año 2013; y conforme a la certificación visible a folio 143, ibídem, dichas sesiones fueron plenarias.

Respecto del primer período, esto es, las realizadas en el mes de febrero, los días 14, 15 y 28 y 1o. de marzo (prórroga), en las que se votaron Proyectos de Acuerdo, y a las que se excusó de asistir el demandado, no se configura la causal de pérdida de investidura endilgada, toda vez que se requiere no concurrir a cinco sesiones plenarias y su inasistencia fue solo por cuatro.

Lo mismo no puede predicarse del segundo período, toda vez que en el mes de mayo de 2013, inasistió a cinco sesiones plenarias en las que se votaron Proyectos de Acuerdo.

En efecto, dejó de asistir a las sesiones plenarias llevadas a cabo los días 10, 14, 20, 21 y 27 de mayo, en las que, como quedó visto, se votaron Proyectos de Acuerdo, entre ellos, los núms. 016 y 017; 015; 018, 019, 020 y 024; 022 y 025; y 026 de 2013, respectivamente. Y si bien es cierto, como lo dice el demandado, en el expediente no obran las actas correspondientes a las citadas reuniones, para corroborar si en efecto en las mismas se votaron Proyectos de Acuerdo, también lo es que la carga de la prueba la tenía aquel para desvirtuar lo afirmado por el Presidente del Concejo Municipal de Venecia en tal sentido, lo cual no hizo, por lo que debe tenerse por cierto tal hecho.

En ese orden de ideas podría afirmarse que en el sub lite se configura la causal de pérdida de investidura endilgada, máxime si de las excusas escritas presentadas por el demandado, visibles a folios 129 a 133 del cuaderno principal, como lo indicó el a quo y el Agente del Ministerio Público, no se vislumbra la existencia de fuerza mayor que le hubiera impedido asistir a las sesiones realizadas el 10, 14, 20, 21 y 27 de mayo de 2013, que de conformidad con el parágrafo primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, es eximente de responsabilidad.

Sin embargo, a folios 135 a 137, ibídem, obran tres certificaciones médicas, expedidas por el doctor Hernán Jaramillo Monsalve (médico-cirujano) de fechas 28 de febrero, 11 y 18 de mayo de 2013,(8) en las que manifiesta que el señor Juan Yabrudy Flórez Higuita requiere incapacidad: la primera de 4 días por migraña, y las dos últimas por lipotimia de 7 y 10 días, respectivamente.

Consultada la página web: www.diagnosticomedico.es/enfermedades/lipotimia-2174, el diagnóstico médico que dio lugar a que incapacitaran al demandado, denominado lipotimia, que también se puede llamar sincope o desmayo, consiste en: “una pérdida breve del conocimiento debida a una anoxia cerebral global, es decir, que no llega suficiente oxígeno a todo el cerebro debido a una disminución transitoria del aporte sanguíneo del mismo”.

Frente a las causas que generan la lipotimia se lee que aunque “en un 5% de los casos se debe a una enfermedad cardíaca, en el 95% de ellos no se encuentra una causa que justifique el síncope. Sin embargo, existen factores desencadenantes de esta pérdida de conciencia: el miedo, el dolor, el estrés, la deglución, la tos o el calor”.

Ahora, si bien en la citada página web se indica que normalmente la recuperación es rápida y completa, es el médico y no el Juez, como lo manifestó el Agente del Ministerio Público, quien debe determinar la gravedad y el tratamiento a seguir para su total recuperación.

Siendo ello así y como quiera que no hay prueba dentro del expediente que desvirtué las certificaciones médicas expedidas al Concejal demandado, el 11 y 18 de mayo de 2013, allegadas al proceso por el Presidente del Concejo Municipal de Venecia con ocasión de las pruebas decretadas de oficio por el a quo, el aquí inculpado estuvo incapacitado desde el 11 al 27 del citado mes y año, lo cual, a juicio de la Sala, justifica su inasistencia a las sesiones ordinarias plenarias realizadas por el Concejo Municipal de Venecia (Antioquia) los días 14, 20, 21 y 27 de mayo, pues tales incapacidades configuran una situación de fuerza mayor que excluye al señor Flórez Higuita de la aplicación de la causal de pérdida de investidura que se le atribuye.

Ahora, si bien es cierto que el demandado con las excusas presentadas ante el Concejo Municipal de Venecia para no asistir a las sesiones plenarias realizadas en el mes de mayo de 2013, correspondientes al segundo período, no aludió a su situación de salud ni acompañó las certificaciones médicas en comento, las cuales allegó dos días antes de que se admitiera la demanda de la referencia, esto es, el 3 de julio de 2013, conforme consta en el memorial visible a folio 134, ibídem(9), también lo es que la Sala en asuntos similares, entre otras, en providencia de 8 de noviembre de 2001 (Expediente núm. 2001-00161-01 (7451) (PI), Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), ha sostenido que tal situación no tiene incidencia para desvirtuar lo dicho en las constancias médicas(10).

Asimismo, en sentencia de 25 de julio de 2013 (Expediente 2011-00730-01 (PI), Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), adicionalmente, se precisó que el hecho de que no se llevara la incapacidad a la EPS para su respectiva transcripción, no enerva la certificación médica, toda vez que se trata de un trámite requerido para obtener las prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sostuvo la Sala en esa oportunidad:

“... En este orden de ideas, la Sala considera que tal incapacidad configura una situación de fuerza mayor que, conforme al artículo 48 de la Ley 617 de 2000 excluye al inculpado de la aplicación de la causal en que se fundamenta la demanda, sin que al efecto pueda decirse que tenga incidencia el hecho de que no hubiera presentado, en la época, la respectiva certificación al Concejo municipal, como tampoco el hecho de que el demandado no hubiese llevado la incapacidad a la EPS, ya que ello en sí mismo no desvirtúa lo dicho en las constancias médicas, máxime considerando que, como bien lo afirma el Ministerio Público en su intervención, “La trascripción, es un procedimiento que se encuentra a cargo del afiliado, sin el cual no será procedente el reconocimiento de las incapacidades y licencias de maternidad y paternidad, esto es, es un trámite requerido para obtener las prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero en modo alguno le resta valor probatorio a las incapacidades que no han sido expedidas por la EPS, como la expedida por el médico Edgar Alfonso Padilla, la cual se encuentra respaldada por la historia clínica del paciente”.

Como quiera que resultan aplicables las consideraciones transcritas al caso bajo examen, la Sala las prohíja, y, en consecuencia, al no configurarse la causal de pérdida de investidura endilgada por estar acreditada en el proceso una situación de fuerza mayor que impidió al Concejal demandado asistir a las sesiones plenarias del Concejo Municipal de Venecia (Antioquia), llevadas a cabo los días 14, 20, 21 y 27 de mayo de 2013, se revocará el fallo de primer grado para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de octubre de 2014».

1 Folio 54 del cuaderno principal.

2 Esto es, el testimonio del médico doctor Hernán Jaramillo Monsalve, por cuanto si bien en primera instancia lo solicitó, el mismo no fue decretado por cuanto la contestación de la demanda fue extemporánea; y el interrogatorio de parte del demandado por ser improcedente, toda vez que este debe ser absuelto por la parte contraria y no por el poderdante como se pretendía en el caso bajo examen.

3 El artículo 213 del CPACA, prevé: Pruebas de Oficio. En cualquiera de las instancias el juez o magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.
… En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. …”.

4 Sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente núm. 2003 00042 01, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola.

5 Sentencia de 23 de mayo de 2002, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola.

6 Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, vigésima primea edición.

7 Anexo núm. 1.

8 Allegadas al proceso con ocasión del proveído de 15 de octubre de 2013, a través del cual se decretaron pruebas de oficio en primera instancia.

9 En dicho memorial se lee: “… Respetado señor presidente me permito anexarle las constancias solicitadas que justifican mi inasistencia a algunas sesiones del concejo municipal durante el año 2013, correspondiente a los días 28 de febrero de 2013, 1° de marzo de 2013, 14 de mayo de 2013, 20 de mayo de 2013, 21 de mayo de 2013 y 27 de mayo de 2013, para que reposen en el archivo del Concejo…”.

10 Al efecto dijo: “… La Sala considera que tales incapacidades configuran una situación de fuerza mayor que excluye a los inculpados de la aplicación de la causal en que se fundamenta la demanda, sin que al efecto tenga incidencia el hecho de que no hubieran presentado, en la época, las respectivas certificaciones al concejo municipal, como tampoco el hecho de que el señor Emil Yusif Feres Moreno hubiera allegado el 2 de enero a la misma corporación una solicitud de licencia temporal, ya que ello en sí mismo no desvirtúa lo dicho en las constancias médicas …”.