Sentencia 2013-00896 de julio 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Expediente 11001-02-03-000-2013-00896-00

Magistrado Ponente

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en sesión de tres de julio de dos mil trece.

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Sombrerillo & Cía. S.A. contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial Buga, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y Jorge Humberto Mena Victoria.

I. Antecedentes

A. La pretensión.

En el libelo introductorio de la presente actuación, la accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por el citado tribunal, al conceder el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida en el juicio de restitución de inmueble arrendado que promovió, sin tener en cuenta que se trata de un trámite de única instancia.

En consecuencia, pretende la revocatoria del auto proferido el 6 de marzo de 2013 por dicha corporación [fl. 32].

B. Los hechos.

1. Sombrerillo & Cía. S.A. presentó demanda contra Jorge Humberto Mena Victoria para que se decrete la terminación del contrato de arrendamiento suscrito el 4 de abril de 2000, sobre un lote de terreno destinado a “la explotación comercial del establecimiento de comercio Rancho Rojo” y, por contera, se le ordene la restitución del inmueble porque “no ha hecho el pago de los cánones de arrendamiento que se obligó en ningún mes de lo corrido de la vigencia del contrato de arrendamiento” [fl. 9, c. 1, Exp. 2009-0072].

2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, que dispuso su admisión el 6 de julio de 2009 [fl. 13, c. 1, Exp. 2009-0072].

3. Una vez se notificó el demandado en el juicio abreviado, se opuso a las pretensiones e interpuso las excepciones que denominó “falta de legalidad del contrato de arrendamiento que se quiere hacer efectivo”, “preexistencia del derecho de tenencia por parte del ejecutado”, “las pretensiones no son acordes con el contenido del contrato”, “abuso del derecho por parte de la “arrendadora”, “presunto fraude procesal en que han incurrido tanto la poderdante como su mandatario judicial” [fl. 60, c. 1, Exp. 2009-0072].

4. Por auto de 4 de diciembre de 2009, la juez de conocimiento tuvo por contestada la demanda [fl. 66, c. 1, Exp. 2009-0072].

5. La tutelante impugnó esta última determinación a través de recurso de reposición y, en subsidio apelación, argumentando, que no podía escucharse al demandado hasta que consignara la totalidad de los cánones de arrendamiento adeudados como lo exige el artículo 424 del Código de Procedimiento Civil [fl. 68, c. 1, Exp. 2009-0072].

6. Mediante proveído de 23 de julio de 2010, el juzgado mantuvo la decisión recurrida porque en su contestación, el demandado en la restitución puso de manifiesto algunas dudas respecto de la existencia del contrato de arrendamiento; corolario, concedió la apelación ante el Tribunal Superior de Buga [fl. 82, c. 1, Exp. 2009-0072].

7. En providencia de 31 de agosto de 2010, la citada corporación inadmitió dicho recurso porque de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 820 de 2003, se trata de un proceso de única instancia, ya que como causal de la restitución solo se invocó la mora en el pago de los cánones de arrendamiento [fl. 2, c. 2, Exp. 2009-0072].

8. Cumplido el trámite de rigor, mediante sentencia de 20 de junio de 2012, el Juzgado 2º Civil del Circuito declaró no probadas las excepciones y en consecuencia, dispuso la terminación del referido contrato de arrendamiento y la restitución del inmueble [fl. 269, c. 1, Exp. 2009-0072].

9. Inconforme, el demandado apeló dicho fallo [fl. 277, c. 1, Exp. 2009-0072].

10. A través de auto de 11 de julio de 2012, la juez de conocimiento precisó, que aunque el tribunal había señalado que ese trámite es de única instancia, “en aras de no vulnerar el derecho defensa (sic), concederá el recurso interpuesto”, ante la corporación accionada [fl. 282, c. 1, Exp. 2009-0072].

11. Contra esta última determinación, el accionante formuló reposición invocando la aplicación del artículo 39 de la Ley 820 de 2003 [fl. 286, c. 1, Exp. 2009-0072].

12. El 8 de agosto de 2012, el juzgado civil del circuito decidió revocar la providencia por la cual había concedido la apelación para en su lugar, negar dicho recurso [fl. 304, c. 1, Exp. 2009-0072].

13. El demandado impugno dicha decisión aduciendo, que la juez no podía desconocer sus propios argumentos y mucho menos, que el contrato de arrendamiento de que trata el proceso se suscribió antes de la entrada en vigencia de la Ley 820 de 2003. En subsidio, solicitó la expedición de copias para surtir el recurso de queja [fl. 310, c. 1, Exp. 2009-0072].

14. En providencia de 21 de septiembre de 2012, se resolvió no reponer la decisión recurrida y ordenar el pago de las expensas necesarias para tomar las copias solicitadas [fl. 320, c. 1, Exp. 2009-0072].

15. Mediante auto de 6 de marzo de 2013, el Tribunal Superior de Buga declaró mal denegada la apelación que se interpuso contra la sentencia de primera instancia, recurso que concedió en el efecto suspensivo [fl. 349, c. 1, Exp. 2009-0072].

16. Lo anterior, porque en su entendimiento, la Ley 820 de 2003 solo se aplica al arrendamiento de vivienda urbana que no al de inmuebles destinados a explotación comercial como el que fuera objeto del proceso; luego, como se trata de un proceso de mayor cuantía, el fallo proferido es de primera instancia y por tanto, susceptible de apelación [fl. 348, c. 1, Exp. 2009-0072].

17. Aunque la tutelante solicitó la aclaración de aquella providencia, el tribunal negó dicha petición porque lo pretendido era modificar la decisión tomada [fl. 52].

18. En criterio de la peticionaria del amparo, en la actuación se vulneraron las garantías invocadas porque al conceder el tribunal la referida apelación, desconoció el criterio que en precedencia había expuesto en el mismo trámite cuando concluyó que se trataba de un proceso abreviado de única instancia empero que versara sobre la terminación del arrendamiento de un inmueble con destinación comercial, contrariando además lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 820 de 2003 y las decisiones de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia sobre el particular [fl. 29, c. 1, Exp. 2009-0072].

C. El trámite de la instancia.

1. El 19 de abril de 2013 se admitió la acción de tutela, y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa [fl. 36].

2. La Juez Segunda Civil del Circuito de Buga hizo un recuento de las actuaciones allí adelantadas y aclaró, que dio trámite a la memorada apelación, en cumplimiento de la decisión de un superior “aunque no estuviere de acuerdo” [fl. 49].

A su turno, el Tribunal Superior de Buga adujo, que no ha vulnerado alguno de los derechos invocados [fl. 50].

3. A través de sentencia de 2 de mayo de 2013, esta Sala de Decisión concedió la protección reclamada y ordenó a la corporación accionada dejar sin efecto el proveído de 6 de marzo de 2013 para que nuevamente se pronunciara frente a la procedencia del memorado recurso de apelación [fl. 56].

4. Jorge Humberto Mena Victoria, demandado en el juicio abreviado objetado por vía de tutela, solicitó que se decretara la nulidad de todo lo actuado, argumentando, que no se le notificó en debida forma del inicio del trámite constitucional [fl. 1, c. 2].

El 20 de junio de 2013 se decretó la nulidad de todo lo actuado con respecto al incidentante y se ordenó, que se efectuara su vinculación como legalmente corresponde [fl. 70, c. 2].

5. Una vez se notificó, Jorge Humberto Mena Victoria se opuso a la solicitud de amparo para lo cual adujo, que como lo expresó en el juicio abreviado, el contrato de arrendamiento allí aportado es simulado tal y como pretende demostrarlo ante el juez de segunda instancia mediante la apelación que impetrara. Agregó, que según el artículo 42 de la Ley 820 de 2003, al contrato no puede aplicársele dicha normativa por ser posterior a su celebración y que las decisiones objetadas a través del mecanismo constitucional, obedecen a una adecuada interpretación de las disposiciones procesales [fl. 49].

II. Consideraciones

1. La jurisprudencia de manera invariable ha señalado que, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situación termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.

2. En el presente asunto, adujo la empresa accionante, que el juicio de restitución si está regulado por el artículo 39 de la Ley 820 de 2003 y por tanto, debió negarse la apelación que el allí demandado interpuso en contra de la sentencia que accedió a sus pretensiones.

Al respecto, consideró el tribunal en la providencia de 6 de marzo de 2013 refutada en esta sede constitucional, que dicha normativa “no es aplicable en todos los casos en que medie un contrato de arrendamiento, sino únicamente cuando se trate de vivienda urbana”, y en esa línea de pensamiento, concluyó, que “como en el presente asunto se está frente a una relación contractual por medio de la cual se concede la tenencia de un bien en arrendamiento para fines comerciales, no se puede aplicar lo señalado en la Ley 820 de 2003”.

Sucede, sin embargo, que el accionado no tuvo en cuenta en su argumentación, que como de manera uniforme lo ha expresado esta Sala de Decisión y lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-670 de 2004 —por la cual declaró exequible el inciso 2º del artículo 39 de la Ley 820 de 2003— dicha normativa, adjetiva, “se refiere al trámite de única instancia y no se aplica exclusivamente a los contratos de arrendamiento de vivienda sino a todos los contratos de esa índole, sean ellos civiles o comerciales, conforme a lo decidido por la Corte Constitucional, siempre y cuando “la causal de restitución sea exclusivamente mora en el pago del canon de arrendamiento”(1)”.

Y como recientemente se precisó en sentencia de octubre de 2012, Expediente 2012-00199-01, en la memorada sentencia de constitucionalidad, dicha corporación expresó que “la Ley 820 de 2003 se titula ‘Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones’, por lo que, no solo regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana sino que se dictan otras disposiciones, entre ellas algunas de tipo procesal aplicables por supuesto a ‘todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento’, dado que el legislador ha consagrado un solo procedimiento para tramitar la restitución del inmueble arrendado independientemente de la destinación del bien objeto del arrendamiento”.

De manera que, en el proceso abreviado promovido por la tutelante aduciendo como causal exclusiva de restitución la mora en el pago del canon de arrendamiento respecto de un contrato de arrendamiento con fines comerciales —que no sobre un inmueble destinado para vivienda urbana—, la destinación del bien no es óbice para aplicar los preceptos procesales de la Ley 820 de 2003, así como tampoco lo es, el hecho de que el arrendamiento se suscribiera antes de la entrada en vigencia de esa normativa, pues como lo señala el artículo 43 ibídem, “las disposiciones procesales contenidas en los artículos 12 y 35 a 40 serán de aplicación inmediata para los procesos de restitución sin importar la fecha en que se celebró el contrato”, disposición que prima en el sub exámine frente al artículo 42 citado por el señor Jorge Humberto Mena, pues la presente discusión se centra en aspectos adjetivos que no sustanciales.

3. Se deduce de lo anterior, que la interpretación que el tribunal accionado hizo de la norma adjetiva, discrepa con la jurisprudencia que reconoce en el trámite de restitución de inmueble arrendado por la causal de no pago de los cánones, una excepción legítima al principio de la doble instancia, defecto que devino en la vulneración del derecho al debido proceso cuyo amparo habrá de concederse para ordenarle a la citada corporación, que proceda a dejar sin valor ni efecto el proveído de 6 de marzo de 2013 y emita nuevamente la decisión que desate el recurso de queja promovido en el referido proceso abreviado, teniendo en cuenta los razonamientos aquí descritos.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por Sombrerillo & Cía. S.A. contra el Tribunal Superior de Buga.

En consecuencia, se ordena a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Buga, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, deje sin valor ni efecto la providencia signada seis de marzo de dos mil trece, para que en su lugar, proceda a proferir nuevamente dicho pronunciamiento, haciendo un análisis íntegro, claro y razonado de la normatividad procesal aplicable al asunto y de la jurisprudencia sobre el tema, teniendo en cuenta los razonamientos descritos en la parte motiva de esta sentencia.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.

(1) Sentencia de 18 de noviembre de 2008, Expediente 2008-0405-01, reiterada en sentencia de 18 de enero de 2012, Expediente 2011-02693-00.